{"id":99028,"date":"2026-06-25T17:49:07","date_gmt":"2026-06-25T17:49:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1025-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:49:07","modified_gmt":"2026-06-25T17:49:07","slug":"stc1025-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1025-2017\/","title":{"rendered":"STC1025-2017"},"content":{"rendered":"

      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1025-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02608-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 2 de diciembre de 2016 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Arturo Escobar S\u00e1enz contra el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta ciudad, Banco Davivienda S.A. y Titularizadora Colombiana S.A. Hitos, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo atacado.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor, por intermedio de apoderado judicial, en ininteligible escrito reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial y las entidades accionadas (folio 56, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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2.        De la demanda de tutela se infieren los siguientes hechos:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El 6 de mayo de 1998 Blanca In\u00e9s S\u00e1enz Romero tom\u00f3 un cr\u00e9dito por 40 millones de pesos con Davivienda S.A., el cual fue incorporado en el pagar\u00e9 n\u00ba 05700321000029787 con plazo de 15 a\u00f1os y garantizado con hipoteca sobre el inmueble identificado con folio n\u00ba 50S-40161322, recogida en la escritura p\u00fablica n\u00ba 1612 de 22 de mayo de 1998 de la Notar\u00eda 46 de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Que en la semana en que la deudora suscribi\u00f3 el t\u00edtulo valor, la entidad financiera le inform\u00f3 que hab\u00eda ampliado el pr\u00e9stamo en 15 millones 430 mil pesos m\u00e1s, esto es, para un total de 55 millones 430 mil pesos.   <\/span><\/p>\n

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2.2.        El gestor del amparo afirm\u00f3 que el banco no entreg\u00f3 a Blanca In\u00e9s los 55 millones 430 mil pesos, s\u00f3lo hay prueba de que \u00e9sta recibi\u00f3 39 millones 500 mil pesos.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Adujo que como la obligada no pudo pagar las cuotas del cr\u00e9dito, Davivienda la demand\u00f3 por la v\u00eda ejecutiva hipotecaria, correspondi\u00e9ndole tramitarlo al Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y que hoy conoce el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito tambi\u00e9n de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

2.5.        El solicitante se doli\u00f3 de que el banco hubiese iniciado cobro coactivo por la suma de 55 millones 430 mil pesos, cuando los documentos crediticios indicaban que el valor desembolsado fue 40 millones de pesos, circunstancia que consider\u00f3 hac\u00eda imposible librar el mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        As\u00ed mismo, el accionante censur\u00f3 que la acreedora hubiese cobrado dem\u00e1s la cantidad de 138 millones 426 mil 214 pesos, en claro incumplimiento del contrato de mutuo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Reproch\u00f3 que el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta capital hubiese decretado la entrega del inmueble, librando los oficios con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos en el que se dispuso la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n del inmueble, antes de que el auto de 5 de agosto de 2016 cobrara ejecutoria, prove\u00eddo por el cual orden\u00f3 realizar las anotadas comunicaciones y concedi\u00f3 un recurso de apelaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8.        Cuestion\u00f3 que el funcionario accionado antes de disponer la entrega del fundo hipotecado debi\u00f3 decretar pruebas de oficio, en orden a que fueran verificadas las alegaciones del ejecutado en torno a la falta de desembolso de los 15 millones 430 mil pesos, que insiste fueron cobrados dem\u00e1s, con tal prop\u00f3sito expone la pertinencia del fallo de tutela n\u00ba 85888 de 2016, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n rogada, por cuanto las actuaciones de ese despacho se ajustaron a la ley; as\u00ed mismo, inform\u00f3 que Blanca In\u00e9s S\u00e1enz Romero interpuso acci\u00f3n contra ese juzgado por los mismos hechos y pretensiones, la cual fuera negada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 3 de abril de 2014.    <\/span><\/p>\n

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Explic\u00f3 que el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 50S-40161322 fue rematado el 12 de agosto de 2015, subasta aprobada el 21 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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Resalt\u00f3 que Blanca In\u00e9s S\u00e1enz Romero demand\u00f3 al ejecutado ante el Juzgado 23 Laboral del Circuito, no obstante el apoderado de \u00e9sta es el mismo de Pedro Arturo Escobar S\u00e1enz, profesional del derecho que se ha dedicado a proponer recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra cualquier providencia que dicte ese estrado judicial, con el fin de dilatar la entrega del inmueble a la rematante; situaci\u00f3n puesta en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura (folio 154, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Banco Davivienda S.A. y la Titularizadora Colombiana S.A. Hitos pidieron desestimar los pedimentos del libelo de amparo, manifestaron que Blanca In\u00e9s S\u00e1enz Romero adquiri\u00f3 la obligaci\u00f3n hipotecaria n\u00ba 05700321000029787 por 56 millones 423 mil 500 pesos, la cual se encuentra en mora desde el 3 de abril de 2008, con saldo de 210 millones 294 mil 863 pesos; iniciaron el cobro coercitivo contra Pedro Arturo Escobar por ser el propietario del inmueble hipotecado, sin que \u00e9ste hubiese solicitado la aprobaci\u00f3n de la entidad financiera para la subrogaci\u00f3n del cr\u00e9dito, dict\u00e1ndose mandamiento de pago el 18 de julio de 2008, notificado al ejecutado en febrero de 2009, quien propuso excepciones que no se encontraron demostradas en sentencia de 2 de septiembre de 2011, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y el remate.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Anotaron, tambi\u00e9n, que el predio se remat\u00f3 el 12 de agosto de 2015 por la suma de 245 millones de pesos, existe un embargo de remanentes del Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que estaba pendiente de informar el valor del cr\u00e9dito all\u00ed exigido. Recalcaron que el accionante ha interpuesto m\u00faltiples recursos desde que se inici\u00f3 el proceso a fin de dilatarlo, tan es as\u00ed que frente al prove\u00eddo de 20 de octubre de 2016 que orden\u00f3 la entrega de t\u00edtulos formul\u00f3 reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, adujeron que la tutela no es el escenario para plantear un an\u00e1lisis de fondo al juicio ejecutivo, comoquiera que el promotor tuvo a su alcance los medios de defensa necesarios para controvertir las decisiones dictadas al interior del mismo, y as\u00ed lo hizo. De manera que so pretexto de la invocaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, no puede convertirla en otra instancia para recomponer el pleito (folios 124 a 126, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La Titularizadora Colombiana S.A. Hitos, adicionalmente, hizo un recuento de las diligencias surtidas en la ejecuci\u00f3n, subrayando que el actor interpuso apelaci\u00f3n contra la sentencia que dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n, pero dicho remedio fue declarado desierto ante la falta del pago de las copias para surtirlo. Cuestion\u00f3 la interposici\u00f3n de la petici\u00f3n tuitiva en la medida en que es muestra del abuso ejercido por el accionante en el uso de los instrumentos judiciales (folios 181 a 183, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 la tutela tras concluir que las quejas relativas a la validez del t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n y el exceso en el cobro de la obligaci\u00f3n carecen de inmediatez y subsidiariedad, puesto que la sentencia que declar\u00f3 improbadas las defensas aducidas por el actor -siendo las mismas que expone en la tutela- data del 31 de agosto de 2012, mientras que la acci\u00f3n constitucional la interpuso el 21 de noviembre de 2016, es decir, pasados m\u00e1s de 4 a\u00f1os desde su pronunciamiento, sin observarse motivo que justifique la tardanza; adem\u00e1s de que el quejoso a pesar de apelar tal decisi\u00f3n el recurso fue declarado desierto ante el no pago de las copias para tramitarlo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo relativo a la expedici\u00f3n de los oficios de cancelaci\u00f3n de las medidas, precis\u00f3 que tal proceder estaba justificado en la aprobaci\u00f3n del remate que databa del 21 de agosto de 2015 (folios 184 a 192, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el apoderado del accionante expresando que el proceso cuestionado adolece de nulidad absoluta, la cual puede invocar hasta antes de que se realice la entrega del inmueble rematado, lo que no ha sucedido, reiterando la queja concerniente a que se cobr\u00f3 m\u00e1s de lo debido, en cuanto \u00abla escritura p\u00fablica n\u00ba 1612 de 22 de mayo de 1998 y el pagar\u00e1 05700321000029787, que amparaban la obligaci\u00f3n, solo indican que la deuda era exclusivamente por $40.000.000\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que el expediente contentivo del juicio coactivo no trae la liquidaci\u00f3n ordenada por la ley 546 de 1999, que la causa se ha tramitado sin verificarse ese imprescindible requerimiento legal; que el juez de conocimiento puede suspender el proceso en forma autom\u00e1tica; que no es posible decir que la queja constitucional adolece de subsidiariedad e inmediatez, en tanto no ha habido pronunciamiento respecto de la apelaci\u00f3n formulada contra el auto de 25 de octubre de 2016; y que nada se dijo sobre la sentencia n\u00ba 85888 de 2016, que \u00abcondicionar\u00eda de demostrar si Blanca S\u00e1enz Romero recibi\u00f3 del Banco Davivienda $40.000.000 y no $55.430.00\u00bb (folios 217 a 221, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Insistentemente ha se\u00f1alado la Corporaci\u00f3n que la tutela es un mecanismo singular establecido por la Constituci\u00f3n de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Mecanismo que en l\u00ednea de principio no procede respecto de providencias judiciales, salvo que sean contentivas de una decisi\u00f3n completamente desviada del ordenamiento jur\u00eddico, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para que sean restablecidos los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando previamente se hayan agotado los mecanismos ordinarios de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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2.        Circunscrita la Corte a los aspectos materia de impugnaci\u00f3n, advierte que el reclamante propone cuatro argumentos as\u00ed: (i) Banco Davivienda S.A. cobr\u00f3 m\u00e1s del capital realmente entregado a la deudora, pues afirma que s\u00f3lo le fueron desembolsados 40 millones de pesos a Blanca In\u00e9s S\u00e1enz Romero, mientras que la ejecuci\u00f3n se inici\u00f3 por 55 millones 430 mil pesos; (ii) el proceso adolece de nulidad absoluta porque no obra en el plenario la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que debi\u00f3 realizar la ejecutante, por lo tanto debe terminarse al carecer de ese imprescindible requisito; (iii) no puede predicarse subsidiariedad e inmediatez de la censura superior porque a\u00fan no se ha entregado el inmueble rematado; y (iv) no dijo nada sobre la interpretaci\u00f3n de la sentencia de tutela n\u00ba 85888 de 2016 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto habr\u00e1 de decirse que el fallo de primera instancia ser\u00e1 confirmado por las siguientes razones:  <\/span><\/p>\n

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a.)        El cuestionamiento dirigido contra el t\u00edtulo ejecutivo, porque la totalidad de la obligaci\u00f3n cobrada no fue desembolsada a la deudora original carece del cumplimiento del requisito de subsidiariedad habida cuenta que tal reproche fue aducido por el actor como excepci\u00f3n de m\u00e9rito en la r\u00e9plica hecha a la demanda1, la cual fue despachada desfavorablemente en la sentencia de 31 de agosto de 2011, dictada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, determinaci\u00f3n esta que qued\u00f3 en firme tras declararse desierta la alzada promovida por el ejecutado, pues no cumpli\u00f3 con la carga de pagar las copias para surtir la impugnaci\u00f3n vertical2.  <\/span><\/p>\n

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En tal virtud, la protecci\u00f3n constitucional resulta improcedente a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de defensa, pues el reclamante desperdici\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que tuvo a su alcance frente a la sentencia que orden\u00f3 seguir con la ejecuci\u00f3n en su contra, escenario en el cual bien pudo exponer las quejas que esboza por v\u00eda de tutela. T\u00e9ngase en cuenta que esta acci\u00f3n p\u00fablica no ha sido instituida como remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, en la medida en que el descuido en el empleo de los mecanismos de controversia que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, puesto que la desidia en el empleo de los mismos trae como consecuencia que las partes queden vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si el promotor de la s\u00faplica \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 0241-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 2 mar. 2011, rad. 00380-01; CSJ STC, 29 jul. 2011, rad. 00582-01; CSJ STC, 20 feb. 2013, rad. 00295-01; CSJ STC, 17 oct. 2013, rad. 01535-01; entre otros).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.)        En lo tocante a que el proceso adolece de nulidad absoluta porque no obra en el plenario la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que debi\u00f3 realizar la ejecutante, debe precisarse que esta queja no fue aducida en el escrito de tutela, de suerte que constituye un hecho nuevo en sede de impugnaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no puede ser abordada en la medida en que se contrariar\u00eda el derecho de contradicci\u00f3n y defensa de los accionados e intervinientes en este asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.)        Ahora bien, en lo ata\u00f1edero a que no puede predicarse desconocimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez en el caso en ciernes, dado que a\u00fan no se ha entregado el bien rematado, menester es se\u00f1alar que la acci\u00f3n de tutela reviste un car\u00e1cter netamente subsidiario y si el quejoso viene censurando actuaciones que bien pudieron cuestionarse en el proceso en cada uno de los estadios procesales debidos y no lo hizo, no puede acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n para rescatar oportunidades concluidas al interior del proceso, pues, se repite, la tutela no puede utilizarse como remedio de \u00faltimo minuto para rescatar oportunidades perdidas por el propio descuido de las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, la interposici\u00f3n de la queja debe compadecerse con el requisito de inmediatez, pues no puede impedirse la consolidaci\u00f3n de las decisiones judiciales y menos que las consecuencias que \u00e9stas irradien no se puedan materializar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la orden de entrega es la consecuencia natural de las actuaciones surtidas en el proceso, m\u00e1s cuando no se encuentren vulnerados otros derechos superiores, pues dicha actuaci\u00f3n deber\u00e1 ser adelantada cumpliendo todas las formalidades legales.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega esta Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u201d (Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencias de 29 de noviembre de 2006, exp. No. 2006-00079-01 y 19 de julio de 2007, exp, 2007–00096-01) (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 01221-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d.)        Finalmente, en lo que se refiere a la interpretaci\u00f3n de la sentencia de tutela n\u00ba 85888 de 2016 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, observa la Corte que esa providencia no tiene aplicaci\u00f3n en el presente por no tratar un asunto similar al de ahora, pues all\u00ed se abord\u00f3 uno relacionado con la imposibilidad econ\u00f3mica de la condenada para reparar el da\u00f1o causado con la comisi\u00f3n de la conducta punible y la facultad que le asiste al juez ejecutor de decretar pruebas de oficio tendientes a corroborar esa situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Lo expuesto impone respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 La excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u00abfalta de claridad en el pagar\u00e9 por falsedad en el mismo y como consecuencia de ello en el monto se\u00f1alado de los intereses y de la obligaci\u00f3n\u00bb fue planteada por Arturo Escobar S\u00e1enz en la contestaci\u00f3n a la demanda (folios 236 y 237, cuaderno principal).    <\/span><\/p>\n

2 Auto de 4 de octubre de 2011 del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 que dijo: \u00aben atenci\u00f3n al informe secretarial que antecede y como se advierte que el recurrente no sufrag\u00f3 las expensas necesarias a efectos de surtir el tr\u00e1mite de la alzada se declara desierto el recurso de apelaci\u00f3n impetrado\u00bb (folio 515, cuaderno principal).      <\/span><\/p>\n

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      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC1025-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02608-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99028","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99028\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}