{"id":99029,"date":"2026-06-25T17:49:17","date_gmt":"2026-06-25T17:49:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1026-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:49:17","modified_gmt":"2026-06-25T17:49:17","slug":"stc1026-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1026-2017\/","title":{"rendered":"STC1026-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1026-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02618-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 2 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Amanda Lizarazo Zabala contra la Direcci\u00f3n General de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Instituto Latinoamericano de Neurolog\u00eda y Sistema Nervioso (ILANS).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La solicitante quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, pide la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la salud presuntamente vulnerado por la autoridad de sanidad accionada, en raz\u00f3n a que se niega a practicar nuevamente a su descendiente, el examen denominado \u00aban\u00e1lisis de marcha\u00bb, en el Instituto Latinoamericano de Neurolog\u00eda y Sistema Nervioso (ILANS).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como sustento de su reclamo se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que su hijo fue diagnosticado con neumon\u00eda en \u00fatero y par\u00e1lisis cerebral esp\u00e1stica, por lo que para garantizar la prestaci\u00f3n del servicio que requiere, debi\u00f3 iniciar una acci\u00f3n constitucional, que fue fallada de manera favorable por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 11 de marzo de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, cuando el m\u00e9dico tratante le orden\u00f3 unos ex\u00e1menes de laboratorio, si bien las realizaron, los resultados no fueron concluyentes, situaci\u00f3n que impidi\u00f3 al especialista continuar con el tratamiento, pues seg\u00fan \u00e9l \u00abCON LOS HALLAZGOS INCONSISTENTES DEL ANALISIS DE MARCHA NO ME ES POSIBLE INDICAR PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR\u00bb en consecuencia recomend\u00f3 \u00abREPETIR ANALISIS DE MARCHA O DE LO CONTARIO REMITIR A OTRO PROFESIONAL DE LA INSTITUCI\u00d3N DONDE SE REALIZO EL ANALISIS PARA CONTINUAR ALL\u00cd SU TRATAMIENTO\u00bb (sic para toda la cita).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Narra que acudi\u00f3 en dos oportunidades a las oficinas de salud de la Polic\u00eda Nacional con la finalidad de que autorizara la pr\u00e1ctica del referido examen en el \u00abInstituto Latinoamericano de Neurolog\u00eda y Sistema Nervioso de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, que s\u00ed cuenta con los equipos id\u00f3neos y personal experimentado para ejecutarlo, pero en ambas ocasiones la respuesta fue adversa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Pretende en consecuencia, se ordene a la demandada emitir autorizaci\u00f3n en los t\u00e9rminos referidos (fls. 17 a 22, cd 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1. La Direcci\u00f3n General de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La representante legal de \u00abJEMARZ SAS ILANS\u00bb, inform\u00f3 que \u00abno tiene convenio con la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional para los estudios de An\u00e1lisis de Marcha\u00bb, de forma tal \u00abque no es procedente para esta IPS pronunciarnos, por lo cual no tenemos injerencia de hecho ni de derecho en cuanto a lo que se est\u00e1 tutelando\u00bb (fls. 30 a 32, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada tras verificar \u00abque en el plenario no obra prueba contundente sobre la falta de idoneidad del servicio m\u00e9dico ofrecido por la Direcci\u00f3n de Sanidad, o que la atenci\u00f3n brindada en cuanto a la prueba necesitada, ponga en riesgo el estado de salud del paciente, o incida negativamente en su mejor\u00eda\u00bb, sumado al hecho de que la entidad prestadora del servicio tiene autonom\u00eda para \u00abcontratar a la entidades que considere id\u00f3neas para su labor\u00bb (fls. 41 a 48, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 la quejosa, aduciendo que los resultados de la prueba practicada a su hijo menor de edad no son concluyentes, tienen graves defectos t\u00e9cnicos que evidencian la falta de idoneidad de los equipos con los que se practic\u00f3, afirmaci\u00f3n que sustenta con lo dicho por el m\u00e9dico tratante del infante en cita de control, seg\u00fan el cual se hace necesario repetir el estudio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, insiste en que el examen debe ser realizado en el \u00abInstituto Latinoamericano de Neurolog\u00eda y sistema Nervioso\u00bb, que tiene la capacidad e infraestructura para prestar el servicio que requiere el ni\u00f1o (52 a 63, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Verificado el expediente se tiene que la salvaguarda constitucional se concreta en establecer si existe quebranto de las prerrogativas invocadas, porque la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional no accede a autorizar que el procedimiento de \u00aban\u00e1lisis de marcha\u00bb que necesita el hijo de la tutelante, se realice en la IPS que ella demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De entrada, se anuncia que dicha prerrogativa, como todas las libertades, no es de car\u00e1cter absoluto, pues existen l\u00edmites frente a su ejercicio ya sea en t\u00e9rminos normativos, por la regulaci\u00f3n aplicable, o f\u00e1cticos, por las condiciones materiales de recursos y entidades existentes, tal es el caso de los convenios suscritos por las EPS, que si bien otorgan a los usuarios la posibilidad de preferir la Instituci\u00f3n Prestadora de Servicios de Salud que deseen, al mismo tiempo los limita a que aquellas hagan parte de su red prestadora de servicios y, excepcionalmente, les da la facultada de exigir el cambio en la atenci\u00f3n ofrecida, cuando aparezca demostrado que los servicios le han sido negados o su prestaci\u00f3n es deficiente, poniendo en peligro el derecho a la vida y a la salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        As\u00ed las cosas, se encuentra que en principio no es posible acceder estrictamente a lo pretendido por Mar\u00eda Amanda Lizarazo Zabala, en el sentido de obligar a la acusada a realizar la prueba ordenada a su descendiente en la IPS que reclama, y con la cual la DISAN no tiene v\u00ednculo contractual, por cuanto contravendr\u00eda el ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad de la respectiva entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Sin embargo, la Corte no pasa por alto que los derechos del agenciado son prevalentes e incondicionales, en tanto se trata de un menor de edad que adem\u00e1s padece una grave enfermedad, lo que implica para el Estado en desarrollo de la funci\u00f3n protectora que le es natural, el deber de conservar su salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema la Corte Constitucional en la Sentencia T-862 de 2007, dice:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

 \u00abEl tratamiento preferencial del menor como inter\u00e9s jur\u00eddico relevante encuentra un claro reconocimiento no solamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sino tambi\u00e9n en la ley, los tratados internacionales y la jurisprudencia constitucional en donde se ha resaltado que los derechos de los menores no s\u00f3lo prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s, sino que adem\u00e1s tienen el estatus de sujetos de protecci\u00f3n constitucional reforzada, condici\u00f3n que se hace evidente en el car\u00e1cter superior y prevalente de sus derechos e intereses, cuya satisfacci\u00f3n debe constituir el objetivo primordial de toda actuaci\u00f3n tanto particular como oficial que les concierna y que en relaci\u00f3n con los discapacitados prev\u00e9 la obligaci\u00f3n de los Estados de asegurar la atenci\u00f3n m\u00e9dica y especial que su condici\u00f3n requiere\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n dice esa sentencia que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abla salud de los ni\u00f1os se erige como un derecho fundamental, y que trat\u00e1ndose de menores con discapacidad el Estado tiene la obligaci\u00f3n de brindar un tratamiento integral dirigido a alcanzar la integraci\u00f3n social del menor. En esta medida, no solamente debe ofrecerse al infante todos los medios disponibles con el prop\u00f3sito de lograr su rehabilitaci\u00f3n, teniendo en consideraci\u00f3n, adem\u00e1s, que este proceso puede tener ingredientes tanto m\u00e9dicos como educativos\u00bb (resaltado fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En igual sentido la sentencia T-650 de 2009, de la citada Corporaci\u00f3n habla sobre las obligaciones internacionales del Estado frente a personas con discapacidad:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abA nivel de instrumentos internacionales ha sido amplia la normatividad que sobre el tema se ha dictado (\u2026) resalt\u00e1ndose la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra las Personas con Discapacidad\u201d, que [fue] ratificada por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante Ley 762 de 2002 y declarada ajustada al Ordenamiento Constitucional por esta Corte.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Los objetivos de la citada Convenci\u00f3n est\u00e1n orientados a la prevenci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra las personas con discapacidad, propiciando la plena integraci\u00f3n de estos sujetos en la sociedad para lo cual el Estado Colombiano se compromete a (i) adoptar medidas de car\u00e1cter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra \u00edndole, necesarias para eliminar la discriminaci\u00f3n de la que es objeto esta poblaci\u00f3n y (ii) trabajar prioritariamente en labores de prevenci\u00f3n de todas las formas de discapacidad prevenibles, incluida la detecci\u00f3n temprana e intervenci\u00f3n, tratamiento, rehabilitaci\u00f3n, educaci\u00f3n, formaci\u00f3n ocupacional, sensibilizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n a trav\u00e9s de campa\u00f1as educativas encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atenten contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad (Arts. 2\u00b0 y 3\u00b0)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo dicho surgen dos conclusiones principales, i) negarle a un ni\u00f1o en condici\u00f3n de discapacidad el tratamiento m\u00e9dico que requiere para su rehabilitaci\u00f3n, es una forma de discriminaci\u00f3n proscrita por el derecho internacional de los derechos humanos, en tanto que atenta contra el inter\u00e9s superior de los menores de edad y configura un incumplimiento de la obligaci\u00f3n estatal de propender por la plena integraci\u00f3n social de las personas con alg\u00fan tipo de discapacidad, temporal o permanente ; y (ii) el tratamiento m\u00e9dico integral a cargo de las EPS, en tales circunstancia, debe incluir servicios m\u00e9dicos de calidad (preventivos, curativos y paliativos), que permitan lograr el restablecimiento de la calidad de vida del paciente.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De esta forma, comoquiera que el afectado es un infante con un dif\u00edcil padecimiento, que adem\u00e1s est\u00e1 en condici\u00f3n de discapacidad, lo que significa que tiene una doble condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, en raz\u00f3n a su edad e inhabilidad f\u00edsica, se hace necesaria la protecci\u00f3n inmediata por parte del juez de tutela, con el objetivo de preservar sus derechos a la vida, salud e integridad personal, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 la realizaci\u00f3n de otro an\u00e1lisis de marcha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, por cuanto demostrado est\u00e1 que los resultados arrojados por el examen inicialmente tomado son en t\u00e9rminos del especialista, \u00abinconsistentes (\u2026) en las gr\u00e1ficas no se puede diferenciar derecho de izquierdo (\u2026). No hay cin\u00e9tica ni podometria y los problemas reportados no coinciden con los hallazgos cl\u00ednicos\u00bb, al punto que \u00abcon los hallazgos inconsistentes (\u2026) no [l]e es posible indicar procedimientos complementarios a realizar\u00bb raz\u00f3n por la cual recomienda \u00abrepetir an\u00e1lisis de marcha\u00bb (fl. 16, cd 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, con base en el concepto trascrito es posible evidenciar que la instituci\u00f3n asignada por la accionada no puede garantizar en forma integral el examen requerido, generando en el paciente una amenaza o deterioro para su salud y la interrupci\u00f3n en el tratamiento que se debe seguir, circunstancias que obligan a esta Sala a conceder el amparo, en el sentido de ordenar la pr\u00e1ctica del examen especializado denominado \u00abestudio de marcha\u00bb en la IPS, respecto de la cual encuentre acreditada la idoneidad de los equipos m\u00e9dicos y el personal, necesarios para el tratamiento y diagn\u00f3stico exacto de la patolog\u00eda del infante, incluso si no es de la red de prestadores de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la protecci\u00f3n del derecho a la salud implica la continuidad en la prestaci\u00f3n de los servicios para mantenerla. Esto, significa que el Sistema de Seguridad Social en Salud debe asegurar la permanente atenci\u00f3n m\u00e9dica requerida por los usuarios hasta obtener el restablecimiento de su salud. Espec\u00edficamente, la Corte Constitucional ha advertido que: \u00abEl derecho constitucional de toda persona a acceder, con continuidad, a los servicios de salud que una persona requiere, no s\u00f3lo protege el derecho a mantener el servicio, tambi\u00e9n garantiza las condiciones de calidad en las que se acced\u00eda al mismo\u00bb (CC T-824 de 2010).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        En consecuencia, y teniendo en cuenta que se trata de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, que padece de una enfermedad catastr\u00f3fica y se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, esta Sala ordenar\u00e1 a la direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional que de manera inmediata autorice la realizaci\u00f3n del examen denominado \u00aban\u00e1lisis de marcha\u00bb del agenciado, seg\u00fan las indicaciones determinadas por su m\u00e9dico tratante, en una IPS que tenga las herramientas id\u00f3neas, t\u00e9cnicas y de personal que garanticen el diagn\u00f3stico de la enfermedad. Ahora bien, en caso que la EPS no cuente dentro de su red de prestadores con una IPS con las referidas exigencias, deber\u00e1 autorizarlo en el lugar que considere necesario para permitir al infante la efectiva, inmediata e integral prestaci\u00f3n del mencionado estudio de laboratorio con calidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Conforme a lo anterior, se revocar\u00e1 la providencia censurada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en consecuencia, RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero.-CONCEDER el amparo reclamado por la Mar\u00eda Amanda Lizarazo Zabala como representante de su hijo menor de edad y en esa medida tutelar sus derechos a la salud y vida digna.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Segundo.- ORDENAR a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, autorice para el menor de edad, la realizaci\u00f3n del examen especializado \u00aban\u00e1lisis de marcha\u00bb en una IPS que cuente con los equipos m\u00e9dicos y el personal id\u00f3neo, necesarios para el tratamiento y diagn\u00f3stico de la patolog\u00eda del infante. En el evento de no contar con una IPS con las referidas exigencias dentro de su red de prestadores, debe contratar con una que tenga las mismas condiciones y est\u00e1ndares de calidad.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC1026-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02618-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99029","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99029"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99029\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}