{"id":99030,"date":"2026-06-25T17:49:22","date_gmt":"2026-06-25T17:49:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1027-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:49:22","modified_gmt":"2026-06-25T17:49:22","slug":"stc1027-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1027-2017\/","title":{"rendered":"STC1027-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1027-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2016-00326-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 23 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Stiven Alejandro D\u00edaz Baham\u00f3n contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso de aumento de cuota de alimentos n\u00ba 2012-00643.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, actuando en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba tener una vida digna\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al dictar fallo negando el reajuste de la cuota alimentaria que se encuentra fijada a su favor.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, expuso que el 13 de diciembre de 2012, su progenitora M\u00f3nica Marcela Baham\u00f3n, quien en ese entonces lo representaba en raz\u00f3n a su minor\u00eda de edad, instaur\u00f3 contra su padre Jhorman Alfonso D\u00edaz Artunduaga, una demanda para que se aumentara la mesada de alimentos, haciendo ver que como ella no trabajaba y \u00e9l adelantaba sus estudios acad\u00e9micos, los gastos en que incurr\u00eda mensualmente \u00abexced\u00edan la cuota alimentaria aportada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que seg\u00fan el desprendible de n\u00f3mina expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, el demandado  devenga $3\u00b4553.000, frente a lo cual el juzgado realiz\u00f3 \u00abuna err\u00f3nea interpretaci\u00f3n\u00bb del \u00abmaterial probatorio\u00bb, en especial \u00abfrente a los recibos aportados en ese entonces por mi se\u00f1ora madre\u00bb, quien asumi\u00f3 sola sus necesidades, pese a que su progenitor \u00abno tiene obligaci\u00f3n alguna, por cuanto es soltero y solo se dedica a malgastar un dinero que bien har\u00eda pag\u00e1ndome la universidad y d\u00e1ndome una manutenci\u00f3n digna\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende, que por contener errores f\u00e1cticos, sustanciales y procedimentales, se proceda a \u00abrevocar la sentencia de \u00fanica instancia proferida por el juzgado segundo de familia de Neiva Huila, el d\u00eda 27 de junio de 2016\u00bb, y en su lugar \u00abincrementar la cuota alimentaria para con el suscrito\u00bb (fls. 1 a 5, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Segundo de Familia de Neiva se remiti\u00f3 a las decisiones contenidas en el expediente, el cual fue enviado al Tribunal para su inspecci\u00f3n (fl. 33, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n- Regional Huila, a trav\u00e9s de apoderado judicial respondi\u00f3 que no le constaban los presupuestos de hecho esbozados en la demanda (fls. 34 a 36, ib\u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el resguardo al encontrar que la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso \u00abno fue una actuaci\u00f3n caprichosa o arbitraria de parte del Juez accionado\u00bb que configurara el defecto f\u00e1ctico denunciado, y record\u00f3 que fue mediante auto anterior a la sentencia que se desestimaron los recibos por \u00abdatar de 3 a\u00f1os con anterioridad a la demanda y en alguno de ellos, no figurar el nombre de la persona que realiz\u00f3 la compra\u00bb con los que pretend\u00eda acreditar gastos, y \u00ab[c]ontra esta decisi\u00f3n no se interpuso recurso\u00bb. Agreg\u00f3 que como en esa clase de asuntos el fallo solo revista \u00abefectos de cosa juzgada formal\u00bb, al variar las condiciones personales y econ\u00f3micas de las partes, puede volverse a intentar el incremento de la cuota (fls. 60 a 63, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La impetr\u00f3 el promotor del amparo para reiterar sus pretensiones, aduciendo que la resoluci\u00f3n cuestionada es contraria a lo previsto en la ley 1098 de 2006, porque \u00abexiste prueba m\u00e1s que suficiente para que se aumente la cuota alimentaria, adem\u00e1s en raz\u00f3n a que me encuentro cursando estudios universitarios los que generan gastos que de dif\u00edcil forma puedo sufragar\u00bb, y se desconocieron \u00abtodas las pruebas aportadas por mi se\u00f1ora madre donde da constancia de los gastos en que ha incurrido ella y que exceden el pago de la cuota dada por mi se\u00f1or padre\u00bb (fls. 70 y 71, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.  Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional, de la revisi\u00f3n de las piezas procesales allegadas, en especial del acta de fallo y de la descripci\u00f3n que de la misma hiciera el Tribunal al momento de realizar inspecci\u00f3n judicial al expediente, la Sala advierte que no es procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n cuestionada, lejos est\u00e1 de tornarse arbitraria o caprichosa, porque fue el resultado de un estudio ponderado tanto del material probatorio como de la normativa aplicable al caso, y se soport\u00f3 en un criterio jur\u00eddicamente razonable.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, por cuanto la salvaguarda se motiv\u00f3 por una supuesta omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n probatoria para configurar as\u00ed un defecto f\u00e1ctico, la Corte proh\u00edja el an\u00e1lisis que al respecto esgrimi\u00f3 el a-quo, en tanto los documentos que en su momento aport\u00f3 la madre del hoy querellante, fueron objeto de desestimaci\u00f3n desde mucho antes de proferirse el fallo, y lo resuelto en la sentencia obedeci\u00f3 al estudio de las dem\u00e1s, entre ellas las de oficio tendiente a establecer los emolumentos percibidos y los descuentos practicados al demandado como miembro del Ej\u00e9rcito Nacional, y que se ampliara la versi\u00f3n del demandante mediante un interrogatorio de parte.  <\/span><\/p>\n

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Da cuenta el expediente que desde el auto calendado el 21 de septiembre de 2015, el juzgado indic\u00f3 que \u00abNo se tiene como prueba los recibos visto a los folios 12 al 51, por improcedente e inconducente para demostrar la capacidad econ\u00f3mica de las partes, adem\u00e1s son recibos con 3 a\u00f1os de anterioridad a la demanda, y otros no tienen el nombre de la persona que hizo la compra\u00bb, y sin que se presentara oposici\u00f3n alguna al respecto, en audiencias posteriores recogi\u00f3 esos elementos de prueba, al cabo de los cuales llev\u00f3 a cabo la recepci\u00f3n de alegatos de conclusi\u00f3n, y el 27 de junio de 2016, ya habiendo asumido el rol de directo demandante y contando previamente con la representaci\u00f3n judicial de un abogado, el Despacho dict\u00f3 el fallo censurado por esta extraordinaria v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, toda vez que el juzgador de instancia no encontr\u00f3 demostrados los elementos plausibles para el reajuste de la mesada, por deficiencia probatoria atribuible a la parte demandante, pues era \u00e9sta quien ten\u00eda la carga de demostrar los supuestos de hecho que llenaran de convicci\u00f3n al juez, la actividad oficiosa no alcanz\u00f3 para atender favorablemente lo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que tras haberse dispuesto que no se tendr\u00edan en cuenta los \u00abrecibos\u00bb que daban cuenta del pago de sus gastos, la parte interesada no gestion\u00f3 la reposici\u00f3n de ese auto ni la manera de remediar la situaci\u00f3n, allegando actualizaci\u00f3n de los mismos, entre otras oportunidades, al momento de absolver el cuestionario propuesto por el juzgado, y esa incuria no puede solucionarse por este excepcional sendero.  <\/span><\/p>\n

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3. Esta Sala ha se\u00f1alado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso judicial no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ya que: \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01).  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, esta Corte ha dicho que al juez constitucional:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada en STC17004-2016, 24 nov. 2016, rad. 01565-02).  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que el juez de tutela no est\u00e1 llamado a decirle al de la causa que su raciocinio sobre la validez de la prueba es o no el acertado, pues ese reproche solo ser\u00eda aceptable en la medida que tal proceder constituyera un defecto f\u00e1ctico por no valorar un medio de prueba o por haberlo realizado indebidamente, lo cual ac\u00e1 no acontece, como tampoco se abre paso un eventual yerro sustantivo o procedimental, pues la decisi\u00f3n censurada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico y al respecto la Corte ha reiterado que no constituye causal del auxilio \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, rad. 00106-01, citada en STC9182-2015 y STC18376-2016, 15 dic. 2016, rad. 00653-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Aunado a lo anterior, se se\u00f1ala que en este asunto no se cumple el requisito de la subsidiariedad de la tutela, como quiera que el accionante est\u00e1 facultado legalmente para demostrar la variaci\u00f3n de las circunstancias que dieron origen a la tasaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria, en particular el punto de la necesidad en raz\u00f3n a su actual condici\u00f3n de estudiante universitario, as\u00ed como la posible inexistencia de otro tipo de obligaciones de similar talante por las que debiera responder el demandado.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior por cuanto la decisi\u00f3n que en esta oportunidad se cuestiona, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material sino \u00fanicamente formal, y bajo esa perspectiva jur\u00eddica, no puede despreciarse ese instrumento so pretexto de la incursi\u00f3n en defectos de procedibilidad, cuyo estudio se condiciona a que se hayan superado los presupuestos generales, entre ellos el atinente a haber agotado todos los medios de defensa que la ley prev\u00e9.  <\/span><\/p>\n

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En este orden, toda vez que la reclamante puede acudir a un procedimiento breve y sumario que defina su pretensi\u00f3n, el cual se muestra con total aptitud y eficacia para la salvaguarda de los derechos invocados, el juez constitucional no puede arrogarse facultades que le compete decidir a otro funcionario.  <\/span><\/p>\n

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5. A tono con el precedente constitucional, esta Corte  ha enfatizado que el procedimiento estatuido en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa ordinariamente consagrados por el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual, seg\u00fan esta Corte, se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, STC 2618-2016, 3 mar. 2016, rad. 2015-02472-01 y STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Corolario de lo anteriormente discurrido, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se neg\u00f3 la protecci\u00f3n implorada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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               LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC1027-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2016-00326-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99030"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99030\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}