{"id":99034,"date":"2026-06-25T17:49:39","date_gmt":"2026-06-25T17:49:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1031-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:49:39","modified_gmt":"2026-06-25T17:49:39","slug":"stc1031-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1031-2017\/","title":{"rendered":"STC1031-2017"},"content":{"rendered":"

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               LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

               Magistrado ponente           <\/span><\/p>\n

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STC1031-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2016-00435-01  <\/span><\/p>\n

         (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 6 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Lauren Eugenia Sierra Tamara, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad; siendo citados los intervinientes en el juicio verbal de nulidad de contrato de cesi\u00f3n o venta de acciones n\u00ba 2015-00376 y la Procuradora de Familia.     <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en la calidad anotada, la accionante solicita la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada al proferir sentencia el 8 de abril de 2016 acogiendo las pretensiones en el referido asunto instaurado por Arielle Elizabeth S\u00e1nchez Barroso en contra suya como representante de su descendiente.    <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta, en resumen, que el Despacho querellado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho porque le dio efectos de confesi\u00f3n a la manifestaci\u00f3n que hizo su apoderada durante la audiencia inicial de que la cesi\u00f3n de las acciones de la sociedad Elizabeth S\u00e1nchez e Hijos S en C a su hija fue a t\u00edtulo gratuito, a pesar de que fue un \u00ablapsus de memoria\u00bb que  corrigi\u00f3 \u00abese mismo d\u00eda y por escrito\u00bb. Asimismo, pas\u00f3 por alto las pruebas que daban cuenta de que dicha transmisi\u00f3n fue onerosa y las actas que conten\u00edan la cesi\u00f3n estaban suspendidas como medida cautelar dentro de otro pleito.  <\/span><\/p>\n

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Aduce que su apoderada \u00abinstaura los recursos de ley, pero debido al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n y por haberse tramitado el proceso bajo las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no sustenta el recurso dentro del t\u00e9rmino que le indica el C\u00f3digo General del Proceso, y se le declara desierto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia (fls. 1 a 14, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Primero Civil del Circuito de Cartagena detall\u00f3 las actuaciones surtidas en el litigio y dijo que el 21 de junio de 2016 el Tribunal declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n presentada por la quejosa contra la sentencia y que, en todo caso, la providencia censurada fue debidamente sustentada (fls. 228 a 231, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. Rodrigo S\u00e1nchez Barroso, guardador de la interdicta Arielle S\u00e1nchez Barroso, se opuso al amparo porque la convocante desatendi\u00f3 el requisito de subsidiariedad para ejercer la tutela (fls. 212 y 213, ib).  <\/span><\/p>\n

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3. La Procuradora 115 Judicial II de Familia expuso que si bien el referido guardador \u00abpublicit\u00f3 su designaci\u00f3n con la respectiva inscripci\u00f3n en el registro civil\u2026intervino en la confecci\u00f3n del inventario\u2026prest\u00f3 la cauci\u00f3n respectiva\u2026y finalmente tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo que es el acto que legalmente lo autorizaba para su ejercicio\u2026tal evidencia no fue agregada a la actuaci\u00f3n\u00bb (fls. 224 a 227, cit).        <\/span><\/p>\n

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                FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque la interesada no controvirti\u00f3 la decisi\u00f3n reprochada a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, pues, a pesar de que su abogada lo interpuso durante la audiencia \u00abno precis\u00f3 de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb y ello trajo como consecuencia su deserci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que el juez hizo una valoraci\u00f3n probatoria bajo los criterios de la sana cr\u00edtica  (fls. 232 a 237, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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       IMPUGNACI\u00d3N                  <\/span><\/p>\n

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La quejosa y su abogada Rosario Bueno Buelvas, quien adujo coadyuvar el resguardo, manifestaron que agotaron los mecanismos de defensa \u00abporque realmente se acudi\u00f3 al recurso de s\u00faplica contra la sentencia del juez, y no fue resuelto. Y la valoraci\u00f3n que de las pruebas realiza el juez\u2026EST\u00c1N APARTADAS DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO\u00bb (fls. 239 Y 240, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Corresponde a la Corte establecer si el Despacho enjuiciado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por acceder a las pretensiones de la demanda verbal de nulidad de contrato de cesi\u00f3n o venta de acciones de Arielle Elizabeth S\u00e1nchez Barroso contra la hija de la ac\u00e1 accionante, quien es menor de edad.    <\/span><\/p>\n

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2. Las providencias jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarias y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y se hayan agotado todos los medios de defensa que se tengan al alcance, pues, son las autoridades judiciales las que deben manifestarse sobre las irregularidades advertidas y, de ser el caso, tomar los correctivos pertinentes.  <\/span><\/p>\n

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3. Ese \u00faltimo requisito no fue atendido por la  accionante, ya que una vez el Juez Primero Civil del Circuito de Cartagena termin\u00f3 de leer el fallo que le fue adverso en audiencia de 8 de abril de 2016, su apoderada se limit\u00f3 a manifestar que apelaba la decisi\u00f3n, sin precisar \u00abde manera breve, los reparos concretos que le hace\u00bb, como lo prev\u00e9 el  inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, trayendo como consecuencia la deserci\u00f3n del recurso.  <\/span><\/p>\n

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Tampoco acredit\u00f3 que hubiera cumplido esa exigencia por escrito dentro de los tres d\u00edas siguientes a la finalizaci\u00f3n de la audiencia, como lo contempla la norma en comento: \u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Dicha exigencia lejos de ser arbitraria, busca que la parte inconforme con un pronunciamiento judicial delimite desde el inicio el alcance de su recurso, para que de esta manera el superior cuente con los elementos suficientes para establecer cu\u00e1les fueron los yerros concretos de la primera instancia que deben ser corregidos y a ello se circunscriba el an\u00e1lisis.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, la querellante omiti\u00f3 emplear adecuadamente el mecanismo id\u00f3neo que la legislaci\u00f3n le brindaba para exponer todos los reparos que ac\u00e1 hace, referentes a la supuesta valoraci\u00f3n indebida de las pruebas, el alcance dado a la confesi\u00f3n y dem\u00e1s irregularidades que en su criterio se presentaron, permitiendo que la providencia atacada cobrara ejecutoria e impidiendo que en su oportunidad se postularan ante el ad-quem, las razones por las cuales deb\u00eda dejar sin efecto lo resuelto por el funcionario de primer grado. En relaci\u00f3n con el tema esta Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios regulares de control judicial, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4.        Resta se\u00f1alar que la actuaci\u00f3n desplegada por la promotora dentro del proceso civil impide analizar de fondo el fallo all\u00ed proferido, tal como pretende en la impugnaci\u00f3n, en tanto para ese cometido es necesario superar el an\u00e1lisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, que en el presente caso no pueden entenderse allanados, tal como se refiri\u00f3 con antelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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