{"id":99035,"date":"2026-06-25T17:49:41","date_gmt":"2026-06-25T17:49:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1032-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:49:41","modified_gmt":"2026-06-25T17:49:41","slug":"stc1032-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1032-2017\/","title":{"rendered":"STC1032-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1032-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00117-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida William Beetar Ramos contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, que considera vulnerados por la autoridad accionada, al revocar la providencia de primera instancia que dispuso dejar sin valor la determinaci\u00f3n de tramitar y dar curso al incidente de objeci\u00f3n al aval\u00fao de uno de los bienes, dentro de un proceso de sucesi\u00f3n del que \u00e9l hace parte.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende se deje sin efectos la referida decisi\u00f3n y todas las actuaciones posteriores, y en su lugar decretar la nulidad por equivocada interpretaci\u00f3n de la norma, dejando en firme la del a-quo. [Folio 11, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El se\u00f1or Ignacio Javier Beetar Zu\u00f1iga, inici\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n del causante Raimundo Beetar Dow, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, autoridad que le dio apertura mediante auto de 24 de julio de 2009.  <\/span><\/p>\n

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2. Juicio liquidatario en el que fueron reconocidos como herederos el accionante y su hermana Margarita Beetar Ramos.  <\/span><\/p>\n

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3. El 11 de julio de 2011, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de inventarios y aval\u00faos, oportunidad en la que el tutelante present\u00f3 un \u00abinventario y aval\u00fao de los bienes sucesorales y social conyugal constituida entre el finado y la se\u00f1ora Elsa Ramos de Beetar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. De ese trabajo, el juez en esa misma diligencia, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 601 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma vigente para dicho momento, corri\u00f3 traslado a los dem\u00e1s herederos por tres d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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6. En auto de 31 de julio de 2012, se abri\u00f3 el respectivo incidente y se decretaron las pruebas, que se consideraron necesarias para resolver las objeciones.  <\/span><\/p>\n

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7. Sin embargo, en prove\u00eddo de 15 de marzo de 2016, el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, al que posteriormente se remiti\u00f3 el expediente, dej\u00f3 sin efectos el prove\u00eddo anterior y todas las providencias que dependieran de \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

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8. Para sustentar su decisi\u00f3n, adujo que s\u00f3lo era correcto dar tr\u00e1mite \u00aba la objeci\u00f3n en lo relativo a la exclusi\u00f3n, de partidas que se consideran (\u2026) indebidamente incluidas\u00bb pero deb\u00eda denegar dicho tr\u00e1mite en lo referente a las discrepancias respecto al aval\u00fao de los bienes inventariados, por cuanto esa oportunidad feneci\u00f3 cuando finaliz\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00fao, de manera que \u00abse permiti\u00f3 de manera errada que el objetante del inventario y aval\u00fao discutiese el aval\u00fao de los activos inventariados de forma inoportuna, esto es, despu\u00e9s de finalizada la diligencia de inventario y aval\u00faos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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9. Inconformes los objetantes interpusieron reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. En providencia de         18 de agosto de 2016, el a-quo mantuvo su decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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11. En determinaci\u00f3n de 13 de octubre de 2016, el Tribunal Superior de la referida ciudad, revoc\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, con sustento en que el art\u00edculo 601 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma vigente para cuando se surtieron las actuaciones dejadas sin valor y efecto, establec\u00eda un traslado de tres d\u00edas, tanto de los inventarios como de los aval\u00faos, de suerte que la objeci\u00f3n sobre \u00e9stos \u00faltimos tambi\u00e9n era procedente presentarla dentro de dicho termino y no \u00fanicamente en la audiencia, contrario a lo afirmado por el a-quo, por lo que no se justificaba acudir a la teor\u00eda de la ilegalidad de los autos, para dejar la providencia que dio tr\u00e1mite al incidente.  <\/span><\/p>\n

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12. En criterio del peticionario del amparo, con la anterior decisi\u00f3n se le vulneraron sus garant\u00edas fundamentales porque al revocar la providencia del a-quo, se hizo una errada interpretaci\u00f3n de los art\u00edculo 600 y 601 de la norma adjetiva civil, como quiera que las objeciones frente a los \u00abaval\u00faos si fueron extempor\u00e1neas\u00bb, pues las mismas ten\u00edan que ser presentadas dentro de la diligencia y no con posterioridad como lo entendi\u00f3 el a-quem, que con esa desafortunada exegesis \u00abrevive algo que podr\u00eda en derecho darse nunca\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. La tutela fue admitida el 20 de enero de 2017 y se orden\u00f3 enterar a los acusados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 13, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad procesal, el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en ese Despacho, indic\u00f3 que ninguna conducta reprochable pod\u00eda ser imputada a esa oficina, por lo que ped\u00eda se denegara el amparo. [Folio 19, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte el Tribunal Superior del referido Distrito Judicial, manifest\u00f3 estarse a lo resuelto en la providencia censurada y alleg\u00f3 una copia de \u00e9sta. [Folio 24, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/span><\/p>\n


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        Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/span><\/p>\n


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        2. Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la autoridad de segunda instancia para revocar la decisi\u00f3n adoptada por el  dentro del proceso sucesi\u00f3n  instaurado del que hace parte el accionante, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para adoptar su determinaci\u00f3n, la autoridad  accionada, luego de establecer que la apelabilidad del auto que resolvi\u00f3 dejar sin efecto aqu\u00e9l que dio tr\u00e1mite a una objeci\u00f3n contra un aval\u00fao, tras considerar que ello conllevaba a rechazar un incidente, indic\u00f3 que no era posible interpretar de manera restrictiva el art\u00edculo 601 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, e indicar que la objeciones a las estimaciones de valor que se hicieran de los bienes, solo era posible hacerla en la audiencia, cuando la misma norma otorga un t\u00e9rmino de traslado para ello, ni menos dejar sin efectos una providencia debidamente ejecutoriada, que se ajusta a derecho con la teor\u00eda de la ilegalidad.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed que para sustentar esa decisi\u00f3n indic\u00f3 \u00abdebe se\u00f1alarse, de entrada, que la providencia recurrida, dictada el 15 de marzo de 2016 por el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, ciertamente era pasible de apelaci\u00f3n, como quiera que, al dejarse sin efectos el auto de 31 de julio de 2012, impl\u00edcitamente se deneg\u00f3 la tramitaci\u00f3n de la objeci\u00f3n presentada contra los aval\u00faos allegados dentro de la sucesi\u00f3n de marras, la cual, a la luz del art\u00edculo 601 del C. de P. C., deb\u00eda ser resuelta a trav\u00e9s de incidente. Para decirlo en breve, al no admitirse la objeci\u00f3n de los aval\u00faos, se dej\u00f3 de adelantar un incidente que estos eventos debe evacuarse, de suerte que en \u00faltimas, se configur\u00f3 el rechaz\u00f3 de plano del incidente, hip\u00f3tesis prevista en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 351 del C. de P.C.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Sentado lo anterior, continu\u00f3 \u00abahora bien, el art\u00edculo 601 ib\u00eddem, se\u00f1ala que \u201cDel inventario y los aval\u00faos se dar\u00e1 traslado a las partes por tres d\u00edas, para que puedan objetarlos y pedir aclaraciones o complementaci\u00f3n del dictamen pericial\u201d, al cual a\u00f1ade, m\u00e1s adelante, que \u201ctodas las objeciones al inventario se tramitaran en un solo incidente\u00bb, por lo que cab\u00eda duda que no \u00abel traslado en menci\u00f3n, ordenado por la ley, se refiere que en ese t\u00e9rmino cabr\u00eda presentar, puede versar sobre cualquiera de esos aspectos tanto a los inventarios como a los aval\u00faos, de suerte que la objeci\u00f3n \u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y agreg\u00f3 \u00abes que, si no fuera as\u00ed, ning\u00fan efecto \u00fartil tendr\u00eda la norma que ordena el traslado, tanto m\u00e1s si el legislador se\u00f1al\u00f3 de manera clara que deb\u00eda surtirse respecto de \u201cdel inventario y los aval\u00faos\u201d, sin detenerse a precisar si las partes asistieron o no a la audiencia de que trata el art\u00edculo 600 del C. de P. C., o si durante su desarrollo guardaron silencio o respecto de dichas materias\u00bb, de manera que l claridad de la norma, as\u00ed como la interpretaci\u00f3n que propende por su efecto \u00faltil, armonizan, adem\u00e1s, con la rpevalencia de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, sostuvo, \u00abes preciso anotar que el auto de 31 de julio de 2012 en su momento no fue controvertido por ninguna de las partes, am\u00e9n de que en ese pronunciamiento no se advierte un desali\u00f1o grosero y protuberante que justifique acudir oficiosamente a la teor\u00eda de la ilegalidad de los autos, mucho menos cuando han transcurrido m\u00e1s de 4 a\u00f1os de4sde que se dict\u00f3 tal providencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Argumentaci\u00f3n que no se manifiesta caprichosa, como tampoco las razones expuestas merecen el calificativo de absurdas, ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela para imponer al sentenciador un determinado criterio jur\u00eddico, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, en especial cuando se encuentra que sus argumentos tienen respaldo en lo establecido en el art\u00edculo 601 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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3.  De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a subjetivos disensos frente a las razones en que el fallador accionado se soport\u00f3 para arribar a su conclusi\u00f3n, inconformidades que, naturalmente, exceden el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed que no existe duda, por consiguiente, que no fue por defecto sustantivo o procedimental, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante.  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se denegar\u00e1 el amparo constitucional que aqu\u00ed se implora.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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