{"id":99039,"date":"2026-06-25T17:50:09","date_gmt":"2026-06-25T17:50:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1036-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:50:09","modified_gmt":"2026-06-25T17:50:09","slug":"stc1036-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1036-2017\/","title":{"rendered":"STC1036-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1036-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2017-00134-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de  primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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        Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida Hugo Alberto Duplat Villamizar y Rosa Tulia Berm\u00fadez de Duplat contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la referida ciudad, actuaci\u00f3n a la que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerados por el Tribunal accionado en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo mixto instaurado en su contra, porque pese a que en su sentencia concedi\u00f3 la prescripci\u00f3n de cincuenta cuotas ejecutadas, no dispuso que fuera entregado a favor de los demandados los dineros a los que ascend\u00edan \u00e9stas cuando les correspond\u00eda.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende, que se ordene a la referida Corporaci\u00f3n, adicionar su providencia y pronunciarse con el pago de las sumas de esos valores.  [Folio 33, vto., c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El Banco Ganadero, inici\u00f3 proceso ejecutivo mixto contra los accionantes y la se\u00f1ora Mar\u00eda Antonia Nova, a fin de que \u00e9stos cancelara las sumas incorporadas en un pagar\u00e9, respaldado con una garant\u00eda real.  <\/span><\/p>\n

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3. El Conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta, que en auto de 12 de octubre de 1999, libr\u00f3 mandamiento de pago, en la forma solicitada.  <\/span><\/p>\n

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4. Notificados los ejecutados, unos personalmente y otros por intermedio de Curador Ad-litem, presentaron las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abexceptio plus petitum\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5. Surtido el tr\u00e1mite respectivo, en sentencia de 23 de septiembre de 2003, se declararon no probadas las defensas propuestas y en consecuencia se orden\u00f3 el remate del inmueble objeto de la garant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

7. Inconforme con lo resuelto una de las demandadas apel\u00f3 la decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. En fallo de 8 de marzo de 2005, el Tribunal Superior de C\u00facuta, revoc\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n del a-quo y en su lugar, declar\u00f3 \u00abparcialmente probada con relaci\u00f3n al pagar\u00e9\u2026 las cuotas comprendidas entre el 19 de agosto de 1994 y el 19 de octubre de 1998, es decir, 50 cuotas de las 180 pactadas e incorporadas en el t\u00edtulo valor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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9. Posteriormente, se termin\u00f3 el proceso porque las partes llegaron a un acuerdo de pago dentro de un tr\u00e1mite  liquidatorio seguido en contra de una de las demandadas.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio de los promotores del amparo, el          a-quem vulner\u00f3 sus derechos, porque pese a que declar\u00f3 probada la prescripci\u00f3n de 50 cuotas, nunca entreg\u00f3 los dineros correspondientes a esas prorratas, cuando les pertenec\u00edan a los ejecutados. [Folio 32, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 24 de enero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, orden\u00e1ndose el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 35, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. (CSJ STC, 2 Ago 2007, Rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a esta herramienta excepcional, pues no se puede convertir en generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de otras personas.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, el segundo de los requisitos de procedibilidad del reclamo constitucional, est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, al amparo no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con tal postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso bajo estudio, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, los reclamantes del amparo cuestiona la sentencia que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de 50 cuotas de las cobradas en el proceso ejecutivo que se sigui\u00f3 en su contra y orden\u00f3 la venta del inmueble, providencia que data de 8 de marzo de 2005, en tanto que se acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constitucional el 19 de enero de 2017, luego de transcurrido m\u00e1s de 11 a\u00f1os despu\u00e9s.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior deja en evidencia que los peticionarios del amparo para interponer la tutela dejaron transcurrir un per\u00edodo superior al que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que hubiera demostrado alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n, pues el hecho de que el Tribunal no haya resuelto sobre un asunto que considera la parte debi\u00f3 ser objeto de pronunciamiento, no justifica la tardanza.  <\/span><\/p>\n

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En especial cuando se encuentra, que el proceso ejecutivo mixto, termin\u00f3 por un acuerdo de pago, desde el 29 de enero de 2009.  <\/span><\/p>\n

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3. De igual forma, no ser\u00eda posible acceder a las pretensiones del ciudadano, porque no atienden el comentado principio de subsidiariedad, pues si los tutelantes, consideraban que el Tribunal accionado omiti\u00f3 pronunciarse en su fallo sobre uno de los aspectos materia de las excepciones, espec\u00edficamente de la prescripci\u00f3n, \u00e9stos debieron solicitar la complementaci\u00f3n de la sentencia dentro del t\u00e9rmino para ello, herramienta legal contemplada en el art\u00edculo 311 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma vigente en aquella \u00e9poca, y que fue soslayada por los promotores de la tutela, quienes por el contrario ninguna petici\u00f3n al respecto hicieron..  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Sala determin\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad:  <\/span><\/p>\n

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se infiere que el hoy accionante no solicit\u00f3 adici\u00f3n o complementaci\u00f3n de la sentencia en t\u00e9rminos de lo preceptuado en el art\u00edculo 311 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a cuyo tenor cuando \u2018la sentencia omita la resoluci\u00f3n de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo t\u00e9rmino\u2019 Luego,\u2026 el amparo por este \u00faltimo aspecto carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto la parte interesada tuvo a su alcance un mecanismo id\u00f3neo y eficaz para procurar el restablecimiento del derecho supuestamente conculcado, del cual no hizo uso y, por tanto, le est\u00e1 vedado acudir a esta acci\u00f3n para revivir oportunidades concluidas. (CSJ, STC, 27 Ene. 2011, Rad. 2010-00430-01, reiterado en STC, 13 Sep. 2013, Rad. 2013.00373-01).  <\/span><\/p>\n

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Resulta, entonces, ostensible, que si la promotora del amparo no agot\u00f3 los medios defensivos de que dispon\u00eda, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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4. Con abstracci\u00f3n de lo anterior, tampoco, se encuentra que haya sido arbitrario el Tribunal, al declarar probada la prescripci\u00f3n de las 50 cuotas, sin ordenar la devoluci\u00f3n de dineros, pues lo cierto es que no era procedente realizar tal actuaci\u00f3n en el proceso ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, establece el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil indica que, \u00abla prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De manera, que la prescripci\u00f3n alegada como excepci\u00f3n dentro del proceso ejecutivo, extingue el derecho del demandado a cobrar las sumas frente a las cuales ha pasado el tiempo establecido por la ley para hacerlo, pero de ninguna manera genera el derecho a los ejecutados puedan exigir se les cancele el importe de los t\u00edtulos o cuotas prescritos.  <\/span><\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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