{"id":99041,"date":"2026-06-25T17:50:15","date_gmt":"2026-06-25T17:50:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1038-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:50:15","modified_gmt":"2026-06-25T17:50:15","slug":"stc1038-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1038-2017\/","title":{"rendered":"STC1038-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1038-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00159-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (02) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Patricia Conde Cerquera, contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal (Tolima) y a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada, que estima vulnerados por la sede plural accionada, al revocar el fallo emitido en primera instancia a favor de ella y de su hijo por nacer, cuando la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa al establecer la prevalencia de tales garant\u00edas y la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo id\u00f3neo para reclamar su respeto.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se deje sin efectos la providencia cuestionada, se vincule a la Fundaci\u00f3n Antonio Nari\u00f1o y se le ordene dar cumplimiento a lo ordenado por el fallador de primera instancia en la queja donde se origina la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el mes de septiembre de 2016, la tutelante, promovi\u00f3 acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza, contra la Fundaci\u00f3n Antonio Nari\u00f1o, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, trabajo, m\u00ednimo vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada, con ocasi\u00f3n de la terminaci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios por medio del cual se encontraba vinculada a dicha instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal (Tolima), que mediante fallo de primera instancia emitido el 14 de octubre del mismo a\u00f1o, concedi\u00f3 parcialmente la protecci\u00f3n invocada, por considerar que aunque no se acredit\u00f3 la existencia de un contrato laboral entre la gestante y la Fundaci\u00f3n, era necesario garantizar la pertenencia de la madre y su hijo por nacer al sistema de seguridad social, a trav\u00e9s del pago de las respectivas cotizaciones desde la fecha de su retiro.  <\/span><\/p>\n

3. Inconforme, la entidad demandada impugn\u00f3 la anterior providencia, basada en que en el caso no se cumplen los requisitos para ordenar el amparo, pues el despido no tuvo como origen la discriminaci\u00f3n por el embarazo del que no se conoc\u00eda para la fecha en que expir\u00f3 el contrato, el cual no reun\u00eda las caracter\u00edsticas de una vinculaci\u00f3n laboral, tal como lo reconoci\u00f3 el A quo. As\u00ed, censur\u00f3 la orden de efectuar los pagos a la seguridad social, cuando ello no era carga de la Fundaci\u00f3n, por tratarse de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios.  <\/span><\/p>\n

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4. El 14 de diciembre de 2016, la Sala Civil \u2013Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, revoc\u00f3 la protecci\u00f3n parcial otorgada a la reclamante, por estimar que al no acreditarse la existencia del \u201ccontrato realidad\u201d, no resultaba jur\u00eddicamente viable obligar a la entidad demandada cubrir pagos inherentes al contrato laboral. Por otra parte, el fallador de segundo grado ampar\u00f3 el derecho fundamental de petici\u00f3n de la reclamante, frente a dos solicitudes que elev\u00f3 al Director de la Oficina del Trabajo del Tolima.  <\/span><\/p>\n

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5. Consultada la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, con miras a determinar si actuaci\u00f3n rese\u00f1ada ya fue objeto de revisi\u00f3n por parte de esa Corporaci\u00f3n, se pudo establecer que a\u00fan no se ha adoptado decisi\u00f3n alguna al respecto.  <\/span><\/p>\n

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6. La quejosa acude una vez m\u00e1s a este tr\u00e1mite, porque en su sentir, la argumentaci\u00f3n expuesta por el juez plural Ad quem, desconoce sus prerrogativas superiores y las de su hijo por nacer, en la medida en que pasa por alto la jurisprudencia constitucional elaborada por la Corte Constitucional en materia de protecci\u00f3n para la madre gestante y por ende, pretende que a trav\u00e9s de esta queja se solvente tal trasgresi\u00f3n en la forma vista.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 24 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial accionada, as\u00ed como la vinculaci\u00f3n del juzgador de primera instancia y de los intervinientes en el asunto objeto de reproche para que ejercieran su derecho de defensa.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y el grado jurisdiccional de consulta, cuando se trata de la providencia que impone una sanci\u00f3n por desacato, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando, en el procedimiento seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes o se incurre en lo que la jurisprudencia ha denominado como \u00ab\u2026la cosa juzgada fraudulenta\u00bb (Sentencia SU 627\/2015). Al respecto se ha dicho que \u00aben casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, siempre y cuando se hayan agotado los medios de control propios de las referidas actuaciones judiciales, pues de lo contrario, es en desarrollo de los mismos y ante los jueces constitucionales naturales que deben alegarse los respectivos yerros.  <\/span><\/p>\n

2. En el asunto que es objeto de estudio, la accionante pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, a trav\u00e9s del cual revoc\u00f3 el amparo parcial otorgado por el Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal, situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el criterio jur\u00eddico y valoraci\u00f3n f\u00e1ctica del juzgador, se\u00f1alamientos que debieron ser ventilados en el respectivo procedimiento de la tutela, y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

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La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ 16 sep. 2003, rad. 0561-01; 10 nov. 2003 rad. 0747-01; 23 ago. 2004, rad. 0840-00; 14 oct. 2004, rad. 1120; reiterada el 7 mar. 2013, rad. 00122-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Adicionalmente, es de ver que la decisi\u00f3n objeto de controversia, valga precisar, la sentencia de segunda instancia dictada en aquella acci\u00f3n tutelar, no ha sido evaluada por la autoridad competente a trav\u00e9s del instrumento jur\u00eddico dise\u00f1ado especialmente para ello.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, como qued\u00f3 rese\u00f1ado en el ac\u00e1pite correspondiente de esta providencia, la Corte Constitucional no ha determinado si seleccionar\u00e1 o no el fallo proferido por el fallador de segundo grado en el tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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Luego, la demandante est\u00e1 en la posibilidad de intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela2; mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u201cY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para negar el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia de tutela de 16 de noviembre de 2011, exp. 2011-01315-01. El mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos en los de 14 de octubre de 2008, exp. 2008-01646-00; 16 de febrero de 2009, exp. 2009-00193-00; 21 de enero de 2010, exp. 2009-02355-00.    <\/span><\/p>\n

2 El mismo criterio se expuso en sentencia de 14 de febrero de 2013, exp. No. 2013-00247-00.    <\/span><\/p>\n

3 Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01.      <\/span><\/p>\n

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