{"id":99042,"date":"2026-06-25T17:50:17","date_gmt":"2026-06-25T17:50:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1039-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:50:17","modified_gmt":"2026-06-25T17:50:17","slug":"stc1039-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1039-2017\/","title":{"rendered":"STC1039-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1039-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-87968-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Nicol\u00e1s Ferrer Quintana en contra del Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Fiscal\u00eda Primera Seccional y Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, fueron vinculadas al tr\u00e1mite las partes e intervinientes en el proceso penal.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, actuando en nombre propio, acude a la presente acci\u00f3n reclamando la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso presuntamente vulnerado por las autoridades jurisdiccionales convocadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En soporte de lo anterior, relata que fue procesado y condenado a una pena de 26 a\u00f1os por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os, decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de C\u00facuta.   <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala a su ex-compa\u00f1era como la responsable de su actual situaci\u00f3n, pues afirma que interpuso la denuncia en su contra como represalia porque \u00e9l la hab\u00eda dejado por otra mujer; adicionalmente, acusa a la Fiscal\u00eda que tuvo a cargo la investigaci\u00f3n de manipular a la menor a trav\u00e9s de la psic\u00f3loga que la entrevist\u00f3 y de intimidar a la misma denunciante con quitarle a su hija, enviarla al ICBF y procesarla por injuria y calumnia si se retractaba de lo denunciado, situaciones que a la postre, indica, derivaron en la sentencia que hoy cumple.  <\/span><\/p>\n

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3.        Reclama se ordene, \u00abque la menor o supuesta v\u00edctima sea valorada por un psic\u00f3logo o psiquiatra forense para deducir y sacar una verdadera conclusi\u00f3n concreta y transparente de los hechos (\u2026.) que sea investigada la se\u00f1ora Fiscal Sarah In\u00e9s Nava Aldana, por todas las falencias e incoherencias que se presentaron en el proceso judicial dando cuenta de un falso positivo (ff. 1 a 54, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de C\u00facuta, admite haber tramitado el asunto de marras y proferido la correspondiente sentencia condenatoria el 20 de marzo de 2012, imponiendo una pena de 312 meses de prisi\u00f3n el procesado, adjunt\u00f3 la referida decisi\u00f3n (f. 27, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, se pronunci\u00f3 indicando que en efecto, conoci\u00f3 en segunda instancia el asunto del cual se duele el actor, y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado en su integridad, mediante fallo del 21 de junio de 2012, frente al cual no fue interpuesto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n (f. 120, ib.)  <\/span><\/p>\n

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3.        La Fiscal Primera Seccional de la Unidad CAIVAS de San Jos\u00e9 de C\u00facuta, se\u00f1al\u00f3 que no son ciertas las afirmaciones del accionante, por el contrario, durante el tr\u00e1mite penal se le respet\u00f3 el debido proceso, fue asistido constantemente por un abogado defensor y ejerci\u00f3 en todo momento el derecho de contradicci\u00f3n, de manera que, \u00ab (\u2026) no se dan los presupuestos alegados por \u00e9l (\u2026)\u00bb (fls. 94 a 97, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el fallo reiterando los argumentos del escrito inicial, solo agregando que, contrario a lo manifestado por la Fiscal\u00eda acusada, \u00e9l no cont\u00f3 con un abogado defensor que lo asistiera en debida forma, pues \u00e9ste constantemente le insist\u00eda que aceptara los cargos porque, \u00ab(\u2026) no hab\u00eda nada que hacer \u00ab(\u2026) dej\u00e1ndome condenar a una sentencia injusta, y como soy una persona de bajos recursos no tuve como pagar un abogado que me hiciera una defensa digna de un ser humano\u00bb (ff. 4 a 7, cd.2).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC8417-2016, 22 jun. 2016, rad. 2016-00139-01).  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que cuando el fallador profiere una trascendente providencia en el proceso, obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda del resguardo deviene id\u00f3nea para desecharlo, conjurar o prevenir el perjuicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        Empero, vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  Frente a la oportunidad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00ab (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, los afectados deben procurar acudir a tiempo a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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La jurisprudencia constitucional ha sido igualmente enf\u00e1tica al exponer la tem\u00e1tica que viene desarroll\u00e1ndose, en sentencia T-060 de 2016, reiter\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa Corte ha indicado que una de las caracter\u00edsticas principales de la tutela es la inmediatez. Es decir, la interposici\u00f3n de la demanda no admite espera o dilaci\u00f3n para la oportuna activaci\u00f3n del mecanismo de protecci\u00f3n de un derecho fundamental presuntamente conculcado. Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido prima facie que la tutela no tiene t\u00e9rmino de caducidad (CP, 86). Por lo cual, en algunos casos, el juez constitucional no puede rechazarla in limine argumentado un lapso excesivo en su presentaci\u00f3n, sino que por el contrario debe entrar a estudiar el asunto de fondo en la medida que concurran otros elementos que justifiquen la moratoria. En efecto, esta Corporaci\u00f3n en sentencia de unificaci\u00f3n de tutelas SU-961 de 1999, se\u00f1al\u00f3, al respecto, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201cLa posibilidad de interponer la acci\u00f3n de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene t\u00e9rmino de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligaci\u00f3n de entrar a estudiar el asunto de fondo. Sin embargo, el problema jur\u00eddico que se plantea en este punto es: \u00bfquiere decir esto que la protecci\u00f3n deba concederse sin consideraci\u00f3n al tiempo transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la violaci\u00f3n del derecho fundamental?. Las consecuencias de la premisa inicial, seg\u00fan la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental de la acci\u00f3n, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia.  Todo fallo est\u00e1 determinado por los hechos, y dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acci\u00f3n, como puede que sea irrelevante.\u201d  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, aquello no implica que el juez constitucional pueda conceder la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales se\u00f1alados como vulnerados cuando aquella se solicit\u00f3 de manera manifiestamente tard\u00eda. El principio de inmediatez busca que la acci\u00f3n de tutela se ejerza dentro de un t\u00e9rmino razonable desde la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental. En ese sentido, este Tribunal, a trav\u00e9s de sus distintas Salas de Revisi\u00f3n ha acogido el criterio de determinar el t\u00e9rmino razonable con base en las caracter\u00edsticas especiales de cada caso en concreto, por lo cual, en algunas ocasiones un plazo de seis (6) meses podr\u00eda resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en otros eventos, un t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os se podr\u00eda considerar razonable para ejercer la acci\u00f3n de tutela. Dicha ponderaci\u00f3n para el ejercicio oportuno de la acci\u00f3n depende de la casu\u00edstica del proceso, como lo consider\u00f3 la Sala Quinta de Revisi\u00f3n en la Sentencia T-328 de 2010 M.P. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio)  <\/span><\/p>\n

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En este caso, como lo sostuvo la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, resulta evidente que el transcurso de un t\u00e9rmino superior a los 4 a\u00f1os desde el proferimiento de la sentencia de segunda instancia, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta \u2013 21 de junio de 2012 \u2013 es circunstancia que evidencia una desatenci\u00f3n que contrar\u00eda la naturaleza del auxilio, desvirtuando la gravedad de la vulneraci\u00f3n afirmada o dando cuenta de la aceptaci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica estructurada, y en todo caso, reabriendo un debate con injustificado detrimento de la seguridad jur\u00eddica y menoscabo de los leg\u00edtimos intereses de los involucrados como v\u00edctimas en la actuaci\u00f3n penal, as\u00ed como de los dem\u00e1s terceros  <\/span><\/p>\n

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3.        Por otra parte, junto a la pot\u00edsima raz\u00f3n destacada, por s\u00ed sola determinante del fracaso del resguardo, se advierte que el examen propuesto sobre la legalidad del tr\u00e1mite y la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica de la condena penal, est\u00e1 irremediablemente vedado por el desperdicio del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que tambi\u00e9n recalc\u00f3 el A quo.  <\/span><\/p>\n

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De manera que la improcedencia del resguardo deriva igualmente del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria; en este sentido ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo del amparo y la desatenci\u00f3n del deber de ejercitar los mecanismos de protecci\u00f3n disponibles, son criterios que conducen indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n del auxilio rogado, motivo por el cual no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de las anteriores materias.  <\/span><\/p>\n

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5.        Los razonamientos precedentes se imponen id\u00f3neos, para confirmar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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