{"id":99043,"date":"2026-06-25T17:50:20","date_gmt":"2026-06-25T17:50:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1040-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:50:20","modified_gmt":"2026-06-25T17:50:20","slug":"stc1040-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1040-2017\/","title":{"rendered":"STC1040-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1040-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00164-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Herminso Cruz Cruz contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Yopal y el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima vulnerados por las autoridades judiciales al proferir sentencias penales condenatorias en su contra por el delito de homicidio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 2 de septiembre de 2004 fue asesinado Oswaldo Ar\u00e9valo Vargas Pinto (q.e.p.d.) por dos individuos utilizando armas de fuego, en un establecimiento de comercio ubicado sobre la v\u00eda que de Yopal conduce al corregimiento El Morro.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 19 de julio de 2006, la Fiscal\u00eda Diecis\u00e9is Seccional de la Unidad de Fiscal\u00edas de Reacci\u00f3n Inmediata, dispuso la apertura de instrucci\u00f3n y la captura, entre otros, de Jos\u00e9 Herminso Cruz Cruz.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El ente investigador, mediante decisi\u00f3n adiada el 28 de septiembre siguiente, acus\u00f3 al implicado por la conducta punible de homicidio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal, en fallo de 16 de julio 2015, declar\u00f3 que el se\u00f1or Cruz Cruz fue autor del delito de homicidio de la persona citada atr\u00e1s y, en efecto, lo conden\u00f3 a la pena de prisi\u00f3n de 180.  <\/span><\/p>\n

5. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el condenado interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El Tribunal Superior de Yopal, en fallo de agosto 27 de 2015 del Tribunal Superior de Yopal, confirm\u00f3 la providencia apelada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Contra la decisi\u00f3n anterior, el procesado formul\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en prove\u00eddo fechado el 30 de marzo de 2016, inadmiti\u00f3 la demanda extraordinaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 11 de abril de la anualidad citada, fue notificada personalmente la determinaci\u00f3n precedente al recurrente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que las sentencias penales condenatorias proferidas en su contra por los despachos accionados le han generado toda clase de perjuicios materiales y morales, pues se valoraron indebidamente los elementos materiales probatorios y f\u00e1cticos, ya que no se demostr\u00f3 su responsabilidad en la comisi\u00f3n del homicidio del se\u00f1or Vargas Pinto (q.e.p.d.), motivo por el cual se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho. [Folios 1-25]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 25 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los despachos accionados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 36]  <\/span><\/p>\n

       2. Al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n en el presente asunto, los convocados no hab\u00edan efectuado ninguna manifestaci\u00f3n frente a la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con los principios de inmediatez y subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El primero de los mencionados, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Respecto al segundo presupuesto aludido, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con ese postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En el caso que se examina, para la Corte es claro que la providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, de fecha 30 de marzo de 2016, notificada personalmente al aqu\u00ed quejoso el 11 de abril siguiente, a trav\u00e9s de la cual inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por \u00e9l contra la sentencia del Tribunal Superior, en la que se confirm\u00f3 su condena penal; la petici\u00f3n de tutela no atiende el primer postulado que se comenta, toda vez que los hechos sobre los cuales edifica sus alegaciones de quebranto de garant\u00edas fundamentales, tuvieron lugar 8 meses antes de que formulara la presente acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed que el amparo se instaur\u00f3 luego de superado el t\u00e9rmino que la jurisprudencia, seg\u00fan lo que se explic\u00f3, ha indicado que es razonable a efectos de la formulaci\u00f3n del resguardo constitucional, sin que se acredite alguna causa atendible para justificar dicha omisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, al pronunciarse sobre el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado contra el fallo proferido por el ad quem, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n decidi\u00f3 inadmitirlo, con fundamento en la siguiente argumentaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

La demanda no re\u00fane los presupuestos de t\u00e9cnica que permitan disponer su admisi\u00f3n, en raz\u00f3n a que incumple con los requisitos formales y materiales previstos en los art\u00edculos 207 y 212 de la ley 600 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El casacionista se equivoca en la v\u00eda seleccionada para proponer la censura. Al denunciar la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial por exclusi\u00f3n evidente o falta de aplicaci\u00f3n, estaba obligado a respetar los hechos declarados probados en la sentencia y la valoraci\u00f3n probatoria del Tribunal, pues cuando se aduce tal clase de infracci\u00f3n, el discurso a trav\u00e9s del cual se desarrolla el reproche es estrictamente jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora si lo discutido es el \u201csentido de la valoraci\u00f3n de las pruebas\u201d, debi\u00f3 alegar la infracci\u00f3n indirecta de la norma de derecho sustancial, dado que ella se presenta cuando se incurre en errores probatorios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Estos se dividen en errores de hecho y de derecho. Los primeros son conocidos como falsos juicios de existencia, identidad y raciocinio, mientras los segundos falsos juicios de legalidad y de convicci\u00f3n. Dependiendo de la naturaleza del error, es imperativo que el impugnante precise su g\u00e9nero, su especie dentro de \u00e9l y despu\u00e9s proceda a desarrollarlo de acuerdo con la t\u00e9cnica requerida en esta sede para el que sea propuesto en la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En vez de proceder en la forma indicada, ya que seg\u00fan lo avizorado en el libelo su inconformidad guarda relaci\u00f3n con la prueba, el recurrente desconociendo el car\u00e1cter de la casaci\u00f3n con sustento en un fallo de tutela discurre sobre el defecto f\u00e1ctico como causal espec\u00edfica de procedibilidad de esa acci\u00f3n contra las providencias judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A partir de dicha conceptualizaci\u00f3n, desarrolla el cargo a trav\u00e9s de fundamentos legales y consideraciones de hecho y de derecho, as\u00ed titula el cap\u00edtulo, que a su juicio mostrar\u00edan que la sentencia no re\u00fane los presupuestos requeridos por el art\u00edculo 232 de la ley 600 de 2000 para proferir la condena contra el acusado, por hallarse edificada en la sospecha y en dos hechos: haber sido encontrada el arma homicida en su poder d\u00edas despu\u00e9s y hacer parte de un grupo armado ilegal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se colige de lo dicho, que el recurrente en ninguna parte de la demanda precisa ni concreta la clase de error en la que incurri\u00f3 el Tribunal, pues su discurso est\u00e1 dirigido a mostrar que la sentencia atacada constituye una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, alegaci\u00f3n extra\u00f1a al recurso extraordinario y propia de la acci\u00f3n de tutela que como mecanismo residual procede contra las providencias judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Ante las manifiestas deficiencias presentadas por el libelo la Sala lo inadmitir\u00e1, sin que supere sus defectos para disponer su tr\u00e1mite de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 217 de la Ley 600 de 2000, porque no observa la violaci\u00f3n de garant\u00edas de los sujetos procesales ni se da ninguno de los supuestos que permita su intervenci\u00f3n oficiosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De modo que, la citada conclusi\u00f3n es producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y valoraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal, circunstancias que, a juicio del juzgador colegiado encausado, conllevaron a que no se tuvieran por reunidos los presupuestos de t\u00e9cnica que permitan disponer la admisi\u00f3n, en raz\u00f3n a que se incumplieron con los requisitos formales y materiales previstos en los art\u00edculos 207 y 212 de la ley 600 de 2000, ni se observ\u00f3 la violaci\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales o alguno de los supuestos que permita la intervenci\u00f3n oficiosa, y por tanto, se inadmitiera la demanda de casaci\u00f3n formulada por el aqu\u00ed quejoso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a la que lleg\u00f3 el despacho accionado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por el promotor del amparo es anteponer su propio criterio al de la sede judicial accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para negar la tutela deprecada.  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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