{"id":99044,"date":"2026-06-25T17:50:22","date_gmt":"2026-06-25T17:50:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1041-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:50:22","modified_gmt":"2026-06-25T17:50:22","slug":"stc1041-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1041-2017\/","title":{"rendered":"STC1041-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1041-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01061-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de enero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 5 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, y el agente del Ministerio P\u00fablico, tr\u00e1mite al cual fue vinculado la Defensor\u00eda del Pueblo regional Risaralda y al que adem\u00e1s se acumul\u00f3 la acci\u00f3n constitucional de radicado N\u00b0 2016-01062-00.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el actor promovi\u00f3 el amparo constitucional, tras considerar que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos al debido proceso, igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia en el tr\u00e1mite de las acciones populares \u00abN\u00ba 2015-392 y 2015-446\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Sustenta la queja afirmando que debi\u00f3 presentarlas de manera directa, porque la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas no lo hace por \u00e9l y que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira decret\u00f3 en \u00e9stas el desistimiento t\u00e1cito, pese a que esta figura es inexistente en la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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3. En s\u00edntesis, solicita que (i) se amparen los derechos invocados, (ii) se le ordene de manera inmediata dar tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n, (iii) que la Corte Constitucional se pronuncie acerca de si es procedente la apelaci\u00f3n frente al auto que rechaza una acci\u00f3n popular (iv) que le sea ordenado al delegado del Ministerio P\u00fablico se pronuncie (v) que se d\u00e9 impulso a la queja contra la Defensor\u00eda del Pueblo en Caldas, a fin de determinar si viola la Ley 734 de 2002, (vi) y que se escanee copia de la tutela y del fallo al correo electr\u00f3nico suministrado (ff. 1 y 9 cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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2. El despacho judicial accionado alleg\u00f3 las copias requeridas (ff. 23 a 41 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo, con fundamento en que no cumpl\u00eda la regla de subsidiariedad se\u00f1alada en el 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas  advirti\u00f3 que no era del caso estudiar de fondo el asunto puesto que previamente y en varias acciones de tutela  la Corporaci\u00f3n se ha pronunciado respecto de id\u00e9nticas causas, pretensiones, derechos y partes los mismos hechos y derechos.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, frente a la Defensor\u00eda del Pueblo regional Risaralda, desestim\u00f3 el ruego en tanto que, no observ\u00f3 transgresi\u00f3n alguna a los derechos invocados por el actor (ff. 42 a 45 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 \u00abAMPARAR MI ACCI\u00d3N\u00bb (f. 47 cit).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto en estudio, advierte esta Sala que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso en tanto que, la decisi\u00f3n del despacho accionado de declarar el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular aludida no es constitutiva de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional, por cuanto los argumentos all\u00ed plasmados, tienen sustento en las particularidades f\u00e1cticas del caso y en un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas aplicables, descartando as\u00ed un actuar caprichoso o antojadizo por parte del juzgador.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en prove\u00eddos de 28 de julio de 2016 y con sustento en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, que establece los casos en los que se aplica el desistimiento t\u00e1cito, dispuso que la parte actora fuese requerida para que cumpliera con la carga procesal de \u00abpublicar el aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, as\u00ed mismo debe aportar las expensas necesarias con el fin de lograr la notificaci\u00f3n al accionado\u00bb (f.27 cd.1), a efectos de poder continuar con el tr\u00e1mite de la demanda, para lo cual, le concedi\u00f3 treinta d\u00edas; sin que hubiese cumplido con la misma, por lo cual mediante auto de 20 octubre del mismo a\u00f1o, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n de \u00e9stos procesos, decisiones que cuestion\u00f3 el actor en v\u00eda de reposici\u00f3n y que le fueron resueltas desfavorablemente.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo en cuanto a la negativa de la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto frente a dichas providencias, es preciso anotar que la Ley 472 de 1998 dispone que \u00e9sta solo es posible frente a las sentencias, por lo cual se entiende razonable la decisi\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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3. Bajo el contexto que viene de verse, a juicio de la Sala la providencia reprochada conlleva un criterio razonable, por lo que independientemente que la proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda.        <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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4. En el mismo sentido se proceder\u00e1 respecto del amparo contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, en tanto que ya fue atendida en esta excepcional sede, id\u00e9ntica petici\u00f3n, lo cual impide reabrir el debate en oportunidad posterior (STC12552-2016; STC11747-2016; STC13048-2016; STC13062-2016).  <\/span><\/p>\n

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5. De otra parte, en relaci\u00f3n con las peticiones de que se \u00abescanee copia\u00bb del fallo proferido en este asunto y de su tutela, se ordenar\u00e1 por secretar\u00eda remitir esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado.  <\/span><\/p>\n

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6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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