{"id":99045,"date":"2026-06-25T17:50:26","date_gmt":"2026-06-25T17:50:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1042-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:50:26","modified_gmt":"2026-06-25T17:50:26","slug":"stc1042-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1042-2017\/","title":{"rendered":"STC1042-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2016-00592-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintid\u00f3s de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia- Laboral del Tribunal Superior del  Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fern\u00e1n P\u00e9rez Alvis contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y al Fondo Nacional del Ahorro, actuaci\u00f3n en la que se orden\u00f3 vincular a la Inspecci\u00f3n Tercera Urbana de la Polic\u00eda Municipal de Monter\u00eda, al Procurador y Defensor de Familia, a Mayra Lorena Agamez y dem\u00e1s partes e intervinientes dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario conocido con el radicado N\u00b0 2003-00040.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y \u201cvivienda social\u201d,  que estima vulnerados por las accionadas al rematar el bien que es de su propiedad y comunicarle que se llevar\u00e1 a cabo el lanzamiento de entrega forzada de dicho inmueble, sin considerar que en \u00e9l habita con su familia que est\u00e1 integrada, adem\u00e1s, por menores de edad.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita que se ordene suspender la pr\u00e1ctica de la diligencia mencionada. [Folio 2, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El Fondo Nacional del Ahorro, present\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria contra el aqu\u00ed accionante el 10 de marzo de 2003. [Folios 30 -31, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El d\u00eda 12 siguiente, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de la entidad ejecutante por la suma de $9.832.800,oo junto con los intereses respectivos. [Folio 32, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En auto de 17 de marzo de 2003, el despacho acusado, decret\u00f3 el embargo del bien hipotecado identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 140-65296. [Folio 33, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El ejecutado se notific\u00f3 personalmente de la demanda en su contra, el d\u00eda 31 de marzo de 2003. [Folio 32, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Vencido el t\u00e9rmino de traslado al demandado sin que \u00e9ste se pronunciara, el 20 de agosto de ese a\u00f1o el juez de conocimiento decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien hipotecado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 10 de febrero de 2004, la Inspecci\u00f3n Cuarta Urbana de Polic\u00eda Municipal de Monter\u00eda, llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro, en la que qued\u00f3 el bien bajo la custodia del secuestre Luis Acosta Hoyos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En auto de 7 de abril de 2016, se fija fecha para llevar a cabo la diligencia de remate.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Llegada la fecha programada -8 de agosto de 2016-, se adjudica el bien subastado a la oferente Mayra Lorena Agamez D\u00edaz.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Remate que se aprueba en auto de 16 de agosto del mismo a\u00f1o y en consecuencia, se ordena la entrega del bien.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Por solicitud de la rematante, el 20 de octubre de 2016, el juzgado acusado, orden\u00f3 la entrega forzada del bien que le fue adjudicado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Municipal- fij\u00f3 para el d\u00eda 17 de noviembre de 2016 llevar a cabo la diligencia para la que fue comisionada.       <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. En criterio del  peticionario del amparo se vulneraron sus la garant\u00edas fundamentales invocadas, toda vez que cumpli\u00f3 \u00abcon la obligaci\u00f3n que ten\u00eda con dicha entidad, pero no se vio reflejado el pago de los honorarios a su abogado externo\u00bb;  y desalojarlo de la casa que habita, transgrede el derecho a la vida digna de \u00e9l y de su familia, la cual tambi\u00e9n est\u00e1 compuesta por menores de edad como hijos y nietos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 8 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad convocada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n Tercera Urbana de la Polic\u00eda Municipal de Monter\u00eda, al Procurador y Defensor de Familia, a Mayra Lorena Agamez y dem\u00e1s partes e intervinientes dentro del proceso g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n para que dentro del t\u00e9rmino de 2 d\u00edas se pronunciaran sobre el asunto. [Folio 197, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Inspector Tercero Urbano de la Polic\u00eda Municipal de Monter\u00eda, arguy\u00f3 que no ha vulnerado los derechos del accionante, toda vez que s\u00f3lo se limita a cumplir con la comisi\u00f3n encomendada por la autoridad judicial accionada, mediante despacho comisorio N\u00b0 023. [Folio 205, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, Mayra Lorena Agamez D\u00edaz, como rematante del bien cont\u00f3 que ante la demora por parte del secuestre, para atender el requerimiento del juez, le solicit\u00f3 a este \u00faltimo la entrega forzada de aquel.  Expuso que al accionante se le respet\u00f3 el debido proceso y fue \u00e9l quien conociendo la existencia de la acci\u00f3n ejecutiva en su contra, no ejerci\u00f3 sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n y por tanto, dej\u00f3 utilizar los recursos de ley. [Folios 221 -224, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, indic\u00f3 que el promotor del amparo fue notificado personalmente del mandamiento de pago que se libr\u00f3 en su contra; no obstante, guard\u00f3 absoluta inactividad durante todo el proceso, sin que acreditara all\u00ed, los pagos que dice \u2013por este medio-, haber hecho. [Folios 225- 226, c. 1]  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

A su turno, el apoderado del Fondo Nacional del Ahorro expres\u00f3 que en varias oportunidades dilat\u00f3 la diligencia de remate con el prop\u00f3sito de darle al accionante la oportunidad de llegar a un acuerdo de pago, sin logro alguno;  por tanto, ante su negligencia para la defensa de sus intereses dentro del proceso, le resulta improcedente utilizar este mecanismo para remediar las falencias de las que se duela.  [Folios 232- 235, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, el Defensor de Familia present\u00f3 un informe socio -familiar como observaciones a la visita que realiz\u00f3 al hogar en donde advirti\u00f3 la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica que atraviesan los integrantes de este. [Folios 251- 257, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 22 de noviembre de 2016, la Sala Civil-Familia -Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda deneg\u00f3 por improcedente el amparo, tras considerar que la manifestaci\u00f3n del accionante consistente en haber cancelado la obligaci\u00f3n al ejecutante, debi\u00f3 ventilarlo dentro el proceso ejecutivo que se adelant\u00f3 en su contra, y que se le notific\u00f3 personalmente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto al perjuicio irremediable, observ\u00f3 que el mismo no se vislumbra con la pr\u00e1ctica de diligencia de entrega del bien rematado, pues dicho actuar responde a ordenes leg\u00edtimas de las autoridades jurisdiccionales competentes.  [Folios 258- 268, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, si exponer los motivos de su disenso. [Folio 258, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que la salvaguardia constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que viene de comentarse, pues el querellante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por la v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se encuentra que la queja del promotor del resguardo recae sobre el aviso emitido por la Inspecci\u00f3n Tercera Urbana de Polic\u00eda Municipal que comunic\u00f3 la fecha para llevar a cabo la diligencia de entrega, en cumplimiento al Despacho Comisorio N\u00b0 023 procedente del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, cuando en su sentir, dicha pr\u00e1ctica, vulnerar\u00eda los derechos de \u00e9l y su n\u00facleo familias, integrado adem\u00e1s por menores de edad, pues no tendr\u00eda donde vivir; am\u00e9n, que cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n que ten\u00eda con la parte ejecutante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se observa que el accionante omiti\u00f3 hacer uso oportuno de los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance, puesto que el reparo que aqu\u00ed ventila, esto es, haber realizado el pago de la obligaci\u00f3n que adquiri\u00f3 con el Fondo Nacional del Ahorro, dej\u00f3 de exponerlo a trav\u00e9s de los medios que el ordenamiento procedimental le confiere, pues se observa que pese haberse notificado personalmente de la acci\u00f3n ejecutiva, no despleg\u00f3 ninguna conducta tendiente a probar lo que por esta v\u00eda se\u00f1ala.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, prec\u00edsese que el proceso ejecutivo era el escenario id\u00f3neo para que el accionante ejerciera su derecho de defensa en procura de sus intereses y dem\u00e1s garant\u00edas fundamentales que pretende resguardar por esta v\u00eda, para que all\u00ed tras un debate probatorio se resolviera el asunto sometido a litigio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dicho esto, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en escenarios procesales que no se suscitaron porque el ejecutado no hizo uso de las herramientas que contempla la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el interesado ha desaprovechado debido a su desidia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el contexto natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Ahora, en cuanto al alegato referente a que comparte la vivienda con sus hijos y nietos menores de edad, no constitu\u00eda un impedimento para llevar a cabo la diligencia ordenada en la sentencia debidamente ejecutoriada, tal como ya lo ha definido la jurisprudencia de esta Sala.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente la Corporaci\u00f3n, en relaci\u00f3n a dicho tema ha se\u00f1alado que \u201clos privilegios de los ni\u00f1os no son absolutos, y que la existencia de menores involucrados en la acci\u00f3n no es raz\u00f3n suficiente para conceder la protecci\u00f3n\u2026 En ese sentido\u2026 \u2018mal perspectiva surge cuando, so capa de exaltar el irrefutable apriorismo consistente en que los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes a los dem\u00e1s (art\u00edculo 44 Superior), se presentan situaciones en las cuales se soslayan las m\u00ednimas reglas del debido proceso que, sin duda, se erige en el mayor y mejor baluarte para propender por la defensa de ese inter\u00e9s, en tanto que s\u00f3lo adopt\u00e1ndose las decisiones por parte del juez competente, previo el debate judicial con arreglo a las sendas de la legalidad y circunscrito al tema de conocimiento, es que aqu\u00e9l aserto cobra la fuerza que ing\u00e9nitamente encierra, dado que trat\u00e1ndose de situaciones judiciales en que se debaten asuntos atinentes a menores, los jueces deben velar celosamente porque sus actuaciones no vulneren sus caros intereses, lo que se consigue, desde un principio, mediante la observancia de los b\u00e1sicos pilares sobre los que se edifica la administraci\u00f3n de justicia, uno de ellos, el respeto del derecho fundamental al debido proceso\u2019 (Fallo de 31 de enero de 2011, exp. 00313-01)\u2026\u201d (Sentencias de 1\u00ba de agosto de 2011, exp. 00769-01 y 30 de abril de 2013, exp. 00090-01, criterio reiterado en la sentencia de 11 de julio de 2011, exp. 2013-00108-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Por otra parte, es de anotar que la orden de entrega discutida es la consecuencia natural de la decisi\u00f3n adoptada en el proceso censurado, luego de agotadas las etapas pertinentes, la que, por ende, contrario a lo expuesto por el tutelante, no puede considerarse conculcadora de derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, ha sostenido esta Corte que la acci\u00f3n de tutela:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01; reiterada en STC, 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por los mismos motivos, es evidente que el amparo tampoco se abre paso como mecanismo transitorio, pues como ya lo ha dicho la Sala:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01). (CSJ STC, 13 may. 2011, rad. 00119-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otras palabras, si el promotor de la queja, vio el riesgo inminente que le acechaba, debi\u00f3 haber hecho uso de derecho de defensa y contradicci\u00f3n desde que se dio inicio al proceso ejecutivo en su contra, y no esperar que corrieran m\u00e1s de 10 a\u00f1os para intentar prevenir la entrega que le fue ordenada.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Los argumentos consignados en precedencia se estiman suficientes para concluir que la impugnaci\u00f3n formulada est\u00e1 destinada al fracaso, por lo que se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n revisada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de procedencia y fecha se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2016-00592-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintid\u00f3s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99045"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99045\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}