{"id":99046,"date":"2026-06-25T17:50:30","date_gmt":"2026-06-25T17:50:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1043-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:50:30","modified_gmt":"2026-06-25T17:50:30","slug":"stc1043-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1043-2017\/","title":{"rendered":"STC1043-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1043-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Donaldo N\u00e9stor Aperador Granados contra la Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal y el Juzgado Diecis\u00e9is de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Veintinueve de la igual especialidad de esta capital.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En soporte de la queja, informa que pidi\u00f3 ante los jueces de ejecuci\u00f3n de penas la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de varias sanciones que pesan en su contra, y en principio le fueron acopiadas 2 condenas, que arrojaron un saldo de 74 meses de prisi\u00f3n.  Posteriormente, solicit\u00f3 una nueva en igual sentido, a\u00f1adiendo otra de 100 meses por hechos del 2005, en sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogot\u00e1, y el Juzgado 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, mediante auto de 12 de junio de 2015, admiti\u00f3 la pretensi\u00f3n y concret\u00f3 el acervo punitivo en 160 meses y 27 d\u00edas, producto de la dosificaci\u00f3n de los 74 meses iniciales y los 100 meses de la \u00faltima condena relacionada.  <\/span><\/p>\n

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Rechaza la referida providencia pues alega que el ejercicio de la tasaci\u00f3n de las penas se hizo de manera incorrecta, porque correspond\u00eda partir de la principal de 74 meses y no de los 100 meses, pues \u00e9stos provienen de una sanci\u00f3n posterior, tal como lo contempla el art\u00edculo 460 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal; en su concepto la condena definitiva no debi\u00f3 superar los 130 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia, como medida concreta de protecci\u00f3n, se peticiona que \u00abse ordene al Juzgado 29 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, efectuar nuevamente el estudio y concepci\u00f3n de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de fallos como lo consagra la ley y en su lugar anular lo mandado en el auto interlocutorio 807 de 2015\u00bb (ff. 1 a 6, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado 16 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que, en efecto, se encarg\u00f3 de definir la acumulaci\u00f3n de penas peticionadas por el procesado Donaldo N\u00e9stor Aperador Granados, estableciendo una final de 160 meses y 27 d\u00edas de prisi\u00f3n, mediante auto de 12 de junio de 2015.  <\/span><\/p>\n

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Destaca que la tasaci\u00f3n se ajust\u00f3 a los presupuestos normativos que rigen el instituto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, as\u00ed entonces acogi\u00f3 los dispuesto en el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal \u00abque regula lo relativo a la punibilidad en caso de concurso de hechos punibles, en donde se faculta al juez para imponer como sanci\u00f3n la que establezca la pena m\u00e1s grave aumentada en otro tanto, siempre y cuando su quantum no supere la suma aritm\u00e9tica de las sanciones impuestas en los fallos\u00bb, motivo por el cual, consider\u00f3 correcto partir de la pena m\u00e1s alta a acumular, en este caso, los 100 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente se\u00f1al\u00f3 que \u00abcausa extra\u00f1eza (\u2026) las manifestaciones efectuadas por el accionante (\u2026) cuando afirma que al momento de efectuar la dosificaci\u00f3n de las penas a acumular se debi\u00f3 partir de la pena impuesta en la primer acumulaci\u00f3n, que arroj\u00f3 un quantum punitivo de 74 meses, toda vez que las penas impuestas al prenombrado no hab\u00edan sido objeto de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica en la fase de ejecuci\u00f3n de penas; y muy seguramente el accionante tiene una confusi\u00f3n entre las decisiones adoptadas por esta Sede judicial respecto de la ejecuci\u00f3n de las penas impuestas, y la de su hermano Isidro Andr\u00e9s Aperador Granados, quien igualmente es sujeto procesal dentro de las presentes diligencias y respecto de quien se emitieron dos decisiones respecto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas\u00bb (ff. 19 a 22, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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2.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal, inform\u00f3 que no ha resuelto ning\u00fan recurso interpuesto por el actor; s\u00ed lo hizo en cambio respecto de Isidro Andr\u00e9s Aperador Granados, hermano del demandante, mediante auto de 21 de octubre de 2015.  Pidi\u00f3 entonces su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n, pues \u00abno vulner\u00f3 ni puso en peligro los derechos fundamentales del actor o las partes que intervinieron en el proceso\u00bb (ff. 48 y 49, ib.).  <\/span><\/p>\n

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3.        El Juzgado 29 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, informa que asumi\u00f3 el conocimiento de los procesos del demandante desde el 16 de julio de 2016, provenientes de su hom\u00f3logo el Diecis\u00e9is de ejecuci\u00f3n; y destac\u00f3, \u00abel condenado alega que la Sala Penal del Tribunal, desat\u00f3 el recurso el 21 de octubre de 2015, pero ello no obedece a la realidad por cuanto el pronunciamiento se realiz\u00f3 en torno a la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas decretada al copenado Isidro Andr\u00e9s Aparedor Granados\u00bb (ff. 64 y 65, \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la tutela y como primer fundamento de su veredicto descart\u00f3 la presencia de los presupuestos jurisprudencialmente decantados sobre la procedencia de la acci\u00f3n frente a sentencias judiciales, adicionalmente agreg\u00f3 que, al no haber hecho uso de los medios de impugnaci\u00f3n la tutela no pod\u00eda erigirse para reemplazarlos, ya que, concretamente el interesado no interpuso recurso frente al auto 806 de 12 de junio de 2015; finaliz\u00f3 destacando el principio de inmediatez, por cuanto el prove\u00eddo que ataca data del 12 de junio de 2015, \u00aby el 8 de noviembre de 2016, el actor formul\u00f3 la presente solicitud.  (\u2026) [N]o existe justificaci\u00f3n alguna que lo habilite a demandar en esta sede, casi diecis\u00e9is (16) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n que reprocha, pues si consideraba que el prove\u00eddo cuestionado era constitutivo de causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, ten\u00eda la carga de actuar ante la jurisdicci\u00f3n constitucional de forma inmediata\u00bb (ff. 143 a 159, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El censor, insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial y agreg\u00f3 que, el hecho de no haber interpuesto recursos frente a las decisiones que discute en esta sede se debe esencialmente a \u00ab(\u2026) la ignorancia jur\u00eddica que poseemos los trasgresores de la ley, y por culpa de esta ignorancia o falta de conocimiento de la ley el procesado cuando es capturado pr\u00e1cticamente deja todo en manos de un profesional del derecho, [y], la persona procesada hace todo lo que le dice su defensor (\u2026) e insisto que por mi ignorancia jur\u00eddica y el poco conocimiento que tengo, no sab\u00eda que el procesado o condenado tambi\u00e9n puede presentar y sustentar estos recursos de ley\u00bb (ff. 164 a 167, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las actuaciones de las autoridades de la jurisdicci\u00f3n, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones en el proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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2.        Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  Frente a la oportunidad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00ab (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01).  <\/span><\/p>\n

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De esta manera, el eventual afectado debe procurar acudir a tiempo a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente caso, tal cual lo sostuvo la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, resulta evidente que el transcurso de un t\u00e9rmino superior a 16 meses desde el proferimiento de la resoluci\u00f3n censurada, es circunstancia que evidencia una desatenci\u00f3n que contrar\u00eda la naturaleza del auxilio, desvirtuando la gravedad de la vulneraci\u00f3n afirmada o dando cuenta de la aceptaci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica estructurada.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, no pueden acogerse las explicaciones ofrecidas para justificar el desconocimiento del aludido condicionamiento temporal ni tampoco el de la posibilidad de cuestionar de manera directa los fallos que le son desfavorables, pues un principio esencial del derecho impone una carga a todos los asociados precisando que, la ignorancia no exime ni puede erigirse como sustento v\u00e1lido para admitir la inobservancia de la ley o de una regla de procedibilidad determinada.  <\/span><\/p>\n

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En el caso de los condenados a pena de prisi\u00f3n, \u00e9stos tienen a disposici\u00f3n en cada centro carcelario defensores p\u00fablicos, profesionales del derecho especialistas en asuntos penales, quienes tienen la obligaci\u00f3n de asesorarlos y asistirlos jur\u00eddicamente; y debe asegurarse que todos los internos de esos Establecimientos est\u00e1n enterados de dicha alternativa brindada por el Estado, dada esa relaci\u00f3n de sujeci\u00f3n que se adopta una vez son privados de la libertad, por tanto, lo arg\u00fcido por el censor resulta impertinente como argumento de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo del amparo, es criterio que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, motivo por el cual sobra an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, tales como la razonabilidad y juridicidad de la providencia cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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5.        Los razonamientos precedentes se imponen id\u00f3neos, para confirmar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC1043-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99046","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99046"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99046\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}