{"id":99047,"date":"2026-06-25T17:50:32","date_gmt":"2026-06-25T17:50:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1044-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:50:32","modified_gmt":"2026-06-25T17:50:32","slug":"stc1044-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1044-2017\/","title":{"rendered":"STC1044-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1044-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b068001-22-13-000-2016-00775-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en la acci\u00f3n de tutela promovida por Leidy Patricia Archila Rueda, contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Cl\u00ednica San Jos\u00e9 de Barrancabermeja y a la Seccional Sanidad de Santander.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio de la presente acci\u00f3n, la  tutelante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, salud y seguridad social, los cuales considera vulnerados por la autoridades accionada, al no autorizarle la pr\u00e1ctica de unos los ex\u00e1menes  que orden\u00f3 su m\u00e9dico tratante y por el contrario, se\u00f1alarle que los mismos los hiciera por su cuenta en Bucaramanga, ya que el convenio con la cl\u00ednica de Barrancabermeja se termin\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene a la demandada autorizar la realizaci\u00f3n del procedimiento referido y se le conceda tratamiento integral y adecuado, as\u00ed como todos los ex\u00e1menes y tratamientos pertinentes para sus padecimientos que la aquejan. [Folio 2, C.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La agenciada, se encuentra afiliada al subsistema de salud de la Polic\u00eda Nacional, en calidad de beneficiaria y seg\u00fan su historia cl\u00ednica, despu\u00e9s de su embarazo hace cinco a\u00f1os, ha padecido de un fuerte dolor en sus \u00f3rganos reproductivos.  <\/span><\/p>\n

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2. Debido a su problema de salud, el 20 de octubre de 2016, acudi\u00f3 al ginec\u00f3logo, especialista que para poder determinar un diagn\u00f3stico, le orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de varios ex\u00e1menes m\u00e9dicos y una cita de control posterior.  <\/span><\/p>\n

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3. A fin de poder realizarse los an\u00e1lisis dispuestos por el galeno, la tutelante acudi\u00f3 el mismo d\u00eda a la Direcci\u00f3n de sanidad, para que le autorizaran \u00e9stos.  <\/span><\/p>\n

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4. Sin embargo, la entidad le indic\u00f3 que no pod\u00eda autorizarlos por cuanto el convenio con la Cl\u00ednica San Jos\u00e9 de Barrancabermeja hab\u00eda terminado, que si los consideraba necesarios los ex\u00e1menes, acudiera a Bucaramanga.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 9 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la parte accionada y al hospital vinculado para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 24, c 1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Cl\u00ednica San Jos\u00e9 S.A.S, solicit\u00f3 que se le eximiera de toda responsabilidad, pues tal entidad no le ha vulnerado derecho alguno a la tutelante. [22, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Direcci\u00f3n de Sanidad del Departamento de Polic\u00eda de Santander, una vez notificada del tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n, autoriz\u00f3 los an\u00e1lisis requeridos1 y con fundamento en ello, pidi\u00f3 se denegara el amparo, por cuanto ella ya hab\u00eda cumplido con la prestaci\u00f3n del servicio. [Folios 25 y 26, c1]  <\/span><\/p>\n

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3.  En sentencia de 23 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Bucaramanga, concedi\u00f3 el amparo, tras considerar que la mera autorizaci\u00f3n de los ex\u00e1menes, no conllevaba a una prestaci\u00f3n efectiva del servicio y por tanto, no se hab\u00eda superado la vulneraci\u00f3n, adem\u00e1s le otorg\u00f3 un \u00abtratamiento integral\u00bb y los gastos de traslado si para su atenci\u00f3n era necesario su desplazamiento de ciudad. [Folios 58, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4. Inconforme, la Direcci\u00f3n de Sanidad impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, para lo cual adujo que el 25 de noviembre de 20116, le fueron practicados los an\u00e1lisis a la tutelante y agreg\u00f3, que no era procedente el suministro de transporte, alojamiento y alimentaci\u00f3n de la accionante y el tratamiento integral en el caso, pues el mismo s\u00f3lo era procedente en enfermedades catastr\u00f3ficas, seg\u00fan jurisprudencia constitucional. [Folios 46 y 47, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2. Est\u00e1 fuera de discusi\u00f3n, que el derecho a la salud es susceptible de ser protegido mediante la acci\u00f3n de tutela por tratarse de un derecho fundamental aut\u00f3nomo, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional de manera reiterada en diversos pronunciamientos, entre otros, la sentencia T-644 de 2014, donde al respecto, precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026el derecho a la salud tiene rango de fundamental, a pesar de su faceta prestacional. Ello, en raz\u00f3n de que esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 en la sentencia T-760 de 2008 que eliminar el car\u00e1cter de fundamental de un derecho a partir de su cualidad prestacional es un error de categor\u00eda, puesto que esta caracter\u00edstica se predica de algunas de sus facetas y no del derecho considerado como un todo. Entonces, el concepto de derecho fundamental es una denotaci\u00f3n compleja que cuenta con m\u00faltiples dimensiones adem\u00e1s de facetas que implican acciones positivas y negativas del Estado, las cuales no restan el car\u00e1cter fundamental del mismo.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

La conceptualizaci\u00f3n de la fundamentabilidad del derecho a la salud tambi\u00e9n hace parte del consenso de los instrumentos internacionales, los cuales consideran esta garant\u00eda como elemento esencial e inherente de la persona. Estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, entre las que se encuentran el art\u00edculo 25 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y el art\u00edculo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, \u00f3rgano autorizado para interpretar el pacto citado, se estableci\u00f3 que: \u201c[l]a salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los dem\u00e1s derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, se debe garantizar la protecci\u00f3n de los derechos a la vida, salud y seguridad social, de ah\u00ed que sea un deber inexcusable para las entidades encargadas de prestar los tales servicios, garantizar la efectiva atenci\u00f3n, as\u00ed como la pr\u00e1ctica de ex\u00e1menes, la entrega completa y oportuna de los f\u00e1rmacos y de los controles m\u00e9dicos requeridos.  <\/span><\/p>\n

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3. De las pruebas aportadas se extrae que el 20 de octubre de 2016, m\u00e9dico tratante orden\u00f3 practicar a la paciente de manera urgente unos ex\u00e1menes para poder diagnosticar a la tutelante y darle un tratamiento que aliviara esas dolencias.  <\/span><\/p>\n

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De las pruebas aportadas se extrae que \u00fanicamente con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de la presente tutela, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Seccional Santander procedi\u00f3 a autorizar los servicios m\u00e9dicos requeridos por la tutelante relacionados con los an\u00e1lisis ordenados por el galeno, empero no acredit\u00f3 que hubiera adelantado gesti\u00f3n alguna para que \u00e9sta de verdad pudiera practic\u00e1rselos, en perjuicio de las garant\u00edas constitucionales del quejosa.  <\/span><\/p>\n

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Por tales motivos, el Tribunal consider\u00f3 que el resguardo deb\u00eda concederse, con la finalidad de que fueran efectivamente realizados los respectivos procedimientos, junto con la atenci\u00f3n integral de la patolog\u00eda se\u00f1alada, por cuanto la vida y el estado de salud del paciente se encuentran en riesgo a causa de la gravedad de esa enfermedad.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, la entidad p\u00fablica impugnante se\u00f1al\u00f3 que ya cumpli\u00f3, pues a la promotora del amparo se le efectuaron los ex\u00e1menes y, por tanto, no era posible impartir una orden de protecci\u00f3n, adem\u00e1s en el caso no era procedente el tratamiento integral.  <\/span><\/p>\n

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De lo que se colige, que la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes se dio despu\u00e9s de proferido el fallo de primera instancia, por lo que el proceder del a-quo en conceder el resguardo fue acertado, en tanto que hasta ese momento no se hab\u00eda prestado de manera efectiva el servicio, en relaci\u00f3n a los an\u00e1lisis ordenados a la accionante.  <\/span><\/p>\n

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4. Por otra parte, respecto del tratamiento integral solicitado otorgado por el a-quo, ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, que la atenci\u00f3n que debe brind\u00e1rsele a quien padece de una afecci\u00f3n f\u00edsica debe ser global y dirigida al restablecimiento total del estado de salud del paciente.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, ha precisado la Sala que la tutela debe hacerse extensiva al \u201ctratamiento integral que surja como consecuencia del grave estado de salud (\u2026), si se tiene en cuenta\u2026 la patolog\u00eda que aqueja a la paciente, seg\u00fan consta en los documentos allegados a la actuaci\u00f3n\u2026 y la falta de capacidad econ\u00f3mica para sufragar el costo del tratamiento, circunstancia que no fue desvirtuada por la\u2026 demandada, es m\u00e1s que razonable concluir que resulta necesario suministrarle el  tratamiento integral, incluyendo procedimientos, ex\u00e1menes m\u00e9dicos e intervenciones no enlistados dentro de las coberturas del POS\u2026\u201d2  <\/span><\/p>\n

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Como con la historia cl\u00ednica aportada se acredit\u00f3 el delicado estado de la tutelante, quien tiene m\u00faltiples patolog\u00edas que la aquejan y, por otra parte, la accionada no desvirtu\u00f3 su falta de capacidad econ\u00f3mica para asumir el costo de su tratamiento, se impon\u00eda emitir la orden tendiente a garantizarlo de manera integral, con el fin de brindarle el mayor grado de bienestar y recuperaci\u00f3n posible.  <\/span><\/p>\n

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Conforme a lo anterior, se concluye, que no ofrecer la atenci\u00f3n que requiere la paciente, pone en peligro sus derechos esenciales, cuyo amparo no se puede condicionar a las dilaciones de la entidad prestadora del servicio, por respeto a su dignidad humana y a su vida e integridad f\u00edsica y por tanto, en este aspecto ser\u00e1 confirmada la sentencia recurrida.  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, la solicitud elevada por la instituci\u00f3n accionada de que se vinculara a la Secretar\u00eda de Salud de la  Alcald\u00eda y al Fosyga, ser\u00e1 denegada, pues ha sido enf\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n en establecer que la entidad accionada:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026es un organismo que pertenece al Sistema Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, regulado por la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000, mientras que el Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda fue creado por la Ley 100 de 1993 (arts. 218 y ss.) como una cuenta especial adscrita al Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, cuya funci\u00f3n principal es la de administrar y distribuir entre los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud (art. 155) los recursos destinados, entre otras, a la subcuenta de solidaridad del r\u00e9gimen de subsidios en salud, de manera que no siendo aplicable esta ley a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, por disposici\u00f3n expresa de su art\u00edculo 279, lo mismo debe acontecer con la normatividad reguladora del FOSYGA, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que su sistema de salud est\u00e1 regido por un r\u00e9gimen especial, dentro del cual no figura precepto alguno que autorice el recobro a esa cuenta del medicamento entregado por la entidad accionada\u201d.3  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que resulta jur\u00eddicamente inviable acceder al pedimento subsidiario de la demandada.  <\/span><\/p>\n

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6. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en la primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Autorizaciones pueden apreciarse a folios 37 de la actuaci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

2 Sentencia de marzo 10 de marzo de 2009, exp. 00241-02, citada en Sentencia de 25 de noviembre de 2011, exp. 2011-416-01.    <\/span><\/p>\n

3 sentencias de 17 de abril de 2012, exp. 2012-00007-01; 21 de junio de 2012, exp. 2012-00130-01; 6 de junio de 2012, exp. 2012-00877-01; 21 de enero de 2013, exp. 2012-00549-01, 2 de octubre de 2013, exp. 2013-00219-01, entre otras.      <\/span><\/p>\n

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