{"id":99051,"date":"2026-06-25T17:50:57","date_gmt":"2026-06-25T17:50:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1050-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:50:57","modified_gmt":"2026-06-25T17:50:57","slug":"stc1050-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1050-2017\/","title":{"rendered":"STC1050-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1050-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2016-02605-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el treinta de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por N\u00e9stor Dar\u00edo Pulido Aranda contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medell\u00edn, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Instituto Colombiano Agropecuario y a todas las personas que participaron en la Convocatoria n.\u00b0 324 de 2014 \u2013 ICA.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo, que estima vulnerados por las entidades p\u00fablicas accionadas al obtener un puntaje bajo en la prueba de valoraci\u00f3n de antecedentes y al ser resuelta negativamente la reclamaci\u00f3n contra esa puntuaci\u00f3n, dentro del concurso de m\u00e9ritos mencionado.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se ordene a los organismos encausados que califiquen en debida forma los certificados educativos y laborales por \u00e9l aportados.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, mediante el Acuerdo n.\u00ba 529 de 17 de diciembre de 2014, convoc\u00f3 a \u00abconcurso abierto de m\u00e9ritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano Agropecuario, Convocatoria n.\u00ba 324 de 2014 \u2013 ICA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Mediante el Acuerdo n.\u00ba 532 de 22 de enero de 2015, la entidad accionada suspendi\u00f3 la convocatoria anterior hasta que el Instituto Colombiano Agropecuario ajustara su Manual Espec\u00edfico de Funciones y Competencias Laborales y actualizara y adecuara la informaci\u00f3n reportada en la Oferta P\u00fablica de Empleos de Carrera \u2013OPEC\u2013.  <\/span><\/p>\n

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3. El 18 de marzo de 2015, la autoridad p\u00fablica querellada levant\u00f3 la suspensi\u00f3n y reanud\u00f3 la convocatoria aludida, a trav\u00e9s del Acuerdo n.\u00ba 535.  <\/span><\/p>\n

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4. La Universidad de Medell\u00edn y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil suscribieron el Contrato de Prestaci\u00f3n de Servicios n.\u00ba 311 de 10 de noviembre de 2015, cuyo objeto es desarrollar el proceso de selecci\u00f3n para la provisi\u00f3n de empleos vacantes de la planta de personal del instituto mencionado, desde la etapa de verificaci\u00f3n de requisitos m\u00ednimos hasta la consolidaci\u00f3n de la informaci\u00f3n para la conformaci\u00f3n de la lista de elegibles.  <\/span><\/p>\n

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5. El se\u00f1or Pulido Aranda se inscribi\u00f3 al cargo de Profesional Especializado, identificado con el n\u00famero de empleo 207817, al cual fue admitido.  <\/span><\/p>\n

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6. El 7 de octubre de 2016, se publicaron los resultados de la prueba de valoraci\u00f3n de antecedentes, en donde los documentos que soportaron la historia acad\u00e9mica y laboral del aspirante fueron calificados negativamente.  <\/span><\/p>\n

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7. El aqu\u00ed quejoso present\u00f3 reclamaci\u00f3n la decisi\u00f3n anterior.  <\/span><\/p>\n

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8. El 8 de octubre de 2016, la Universidad de Medell\u00edn confirm\u00f3 la puntuaci\u00f3n en la prueba cuestionada, dado que se evidenciaron errores en la misma.  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que las entidades acusadas no valoraron en debida forma los documentos que \u00e9l aport\u00f3 para certificar su formaci\u00f3n educativa y experiencia laboral adicionales, sin que se le asignara el puntaje correspondiente para el cargo del concurso abierto de m\u00e9ritos en el que se encuentra participando. [Folios 36-52, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 22 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a los organismos querellados y se dispuso vincular al Instituto Colombiano Agropecuario y a todas las personas que participaron en la Convocatoria n.\u00b0 324 de 2014 \u2013 ICA, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n. [Folios 54, c. 1]  <\/span><\/p>\n

       2. Dentro de la oportunidad concedida, el Instituto Colombiano Agropecuario se opuso a la prosperidad del resguardo, debido a que no es la entidad encargada del concurso de m\u00e9ritos cuestionado ni tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable contra el quejoso.  [Folios 58-63, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil inform\u00f3 que el actor cuenta con mecanismos de defensa judicial a su alcance para debatir la determinaci\u00f3n censurada, sin que se causara un perjuicio irremediable contra esa persona, y finalmente se\u00f1al\u00f3 que los documentos allegados por el reclamante fueron apreciados conforme a las reglas previstas en la convocatoria referida. [Folios 69-77, c. 1]  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, la Universidad de Medell\u00edn indic\u00f3 que dio plena observancia a los criterios establecidos en el concurso de m\u00e9ritos, debido a que los t\u00edtulos educativos presentados por el actor no fueron convalidados por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, entre tanto los certificados restantes no se ajustaron a los presupuestos exigidos. [Folios 93-101, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 30 de noviembre de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que las entidades p\u00fablicas accionadas no vulneraron los derechos fundamentales del accionante, puesto que la valoraci\u00f3n de los certificados educativos y laborales del aspirante no cumplieron los requisitos previstos en el concurso de m\u00e9ritos, sin que esa determinaci\u00f3n resulta caprichosa ni arbitraria y, por ende, no es procedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela. [Folios 101-110, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 116-120, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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5. Durante el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n, el ciudadano Jaime Tabares R\u00edos intervino, a fin de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superior, por cuanto \u00e9l se encuentra en una situaci\u00f3n similar a la del aqu\u00ed reclamante, dado que su reclamaci\u00f3n a la valoraci\u00f3n de antecedentes tambi\u00e9n fue decidida de manera desfavorable. [Folio 5, c. 2]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Los concursos de m\u00e9ritos son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n, de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.  <\/span><\/p>\n

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Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de esta instancia, los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que tanto el accionante, como el interviniente, pueden acudir a otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya conculcaci\u00f3n alegaron, pues para tal fin contempl\u00f3 el legislador la posibilidad de atacar la actuaci\u00f3n administrativa en sede judicial.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, aquellas personas tienen a su alcance los medios de control ordinarios ante los jueces naturales para cuestionar las decisiones de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medell\u00edn, adoptadas durante el tr\u00e1mite de la Convocatoria n.\u00b0 324 de 2014 \u2013 ICA, para la provisi\u00f3n definitiva de los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano Agropecuario, especialmente los resultados de la prueba de valoraci\u00f3n de antecedentes, cuyas reclamaciones fueron resueltas desfavorablemente los d\u00edas 8 y 28 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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De manera que si el tutelante y el interviniente no han agotado todos los recursos ordinarios con los que cuentan, no resulta dable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de unos litigios que han de ser dirimido, de manera exclusiva, por el juzgador que est\u00e1 legalmente investido de la competencia para ello.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la presente, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Igualmente, la Corte advierte que el resguardo constitucional no procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ello porque, dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos cuestionados, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, la alegaci\u00f3n de los inconformes respecto a que \u00fanicamente cuentan con este mecanismo para hacer valer sus derechos de manera urgente e id\u00f3nea y que presente impedir la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, queda desvirtuado, pues all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, para evitar la configuraci\u00f3n de los da\u00f1os que se puedan causar como consecuencia de las decisiones administrativas abiertamente ilegales. (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 2011-00201-01).  <\/span><\/p>\n

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5. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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