{"id":99052,"date":"2026-06-25T17:51:00","date_gmt":"2026-06-25T17:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1051-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:51:00","modified_gmt":"2026-06-25T17:51:00","slug":"stc1051-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1051-2017\/","title":{"rendered":"STC1051-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1051-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00162-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andr\u00e9s Felipe Medina Vanegas contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y a la Fiscal\u00eda 232 Seccional de Itag\u00fc\u00ed, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El promotor del resguardo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, libertad y \u00abacceso a la justicia\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, se ordene su libertad inmediata.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Contra el accionante se adelant\u00f3 un proceso penal por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego, por hechos acaecidos el 11 de agosto de 2007, \u00aben donde fueron heridos de muerte por disparo de arma de fuego tres personas y heridas otras tres\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, mediante sentencia del 25 de febrero de 2010, absolvi\u00f3 al promotor de la comisi\u00f3n de las aludidas conductas punibles, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Por los mismos hechos, \u00abfue condenado (\u2026), en la modalidad de complicidad (\u2026) ANDRES FELIPE GOMEZ SALAZAR\u00bb, actuaci\u00f3n que se adelant\u00f3 de manera separada, ante diferentes autoridades judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Adujo el quejoso que, \u00abhace aproximadamente tres meses\u00bb, tuvo conocimiento de que \u00ablas pruebas que sirvieron de sustento para que el Tribunal Superior de Medell\u00edn revocara el fallo de primera instancia (\u2026), fueron incorporadas en el juicio que se llev\u00f3 en [su] contra de forma ilegal\u00bb, toda vez que \u00abel ente acusador sustrajo las pruebas del proceso donde fue condenado el se\u00f1or ANDRES FELIPE GOMEZ SALAZAR (\u2026), mutilando el expediente y trasladando la mayor\u00eda de documentos a [su] proceso\u00bb, contingencia que conllev\u00f3 que la fiscal que conoci\u00f3 de su investigaci\u00f3n, fuera denunciada penalmente por parte de la juzgadora que conoc\u00eda del proceso de G\u00f3mez Salazar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Agreg\u00f3 que el Tribunal accionado, acomod\u00f3 \u00ablas pruebas ya ilegales\u00bb, pues dio valor a unos testimonios \u00absin el lleno de los requisitos que ordena el c\u00f3digo del menor y de la adolescencia\u00bb y \u00abno valor[\u00f3] las pruebas en conjunto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 24 de enero de 2017, exclusivamente en lo que ata\u00f1e al \u00abasunto en que fue condenado el accionante\u00bb, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n e inform\u00f3 que \u00abel accionante interpuso una acci\u00f3n de tutela con anterioridad por hechos similares a los ahora expuestos\u00bb, la cual \u00abfue resuelta de manera adversa a los intereses del actor\u00bb por esta misma Sala de Casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso penal objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn inform\u00f3 que \u00abno ha proferido decisiones de fondo en el proceso de la referencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        La Subdirectora Seccional de Fiscal\u00edas y Seguridad Ciudadana de Medell\u00edn y \u00e1rea metropolitana, expres\u00f3 que el accionante \u00abdebe agotar las instancias judiciales y los recursos que sobre el tema [contempla] la Ley 906 de 2004\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        No cabe duda de que el presente reclamo se enfila contra el fallo dictado por el Tribunal accionado, el 24 de septiembre de 2010, mediante el cual se revoc\u00f3 el fallo absolutorio que profiri\u00f3 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed y, en su lugar, encontr\u00f3 responsable al gestor al amparo de los punibles a \u00e9l imputados y lo conden\u00f3 a la pena de 50 a\u00f1os de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Bajo tal premisa, de manera liminar se advierte que esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 respecto de similares hechos y pretensiones elevadas por el accionante, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en aquella oportunidad est\u00e1 Sala precis\u00f3 que el actor manifest\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Sustenta la protecci\u00f3n en los supuestos f\u00e1cticos que pasan a compendiarse:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.-) Que fue absuelto por los referidos il\u00edcitos, decisi\u00f3n impugnada por la Fiscal\u00eda y la Procuradur\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.-) Que el superior la infirm\u00f3 y, en su lugar, lo declar\u00f3 responsable y le impuso cincuenta (50) a\u00f1os de prisi\u00f3n (24 sep. 2010).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.-) Que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n (30 jul. 2014).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d.-) Que luego, desestim\u00f3 el mecanismo de insistencia planteado por su abogado (26 ago.).     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e.-) Que la resoluci\u00f3n del ad quem lo ubica en un <<franco perjuicio irremediable>>, en la medida que carece de cualquier otro medio ordinario de defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- Pide que se decrete la nulidad del fallo de segunda instancia <<seg\u00fan los hechos y los conceptos de violaci\u00f3n enunciados>>. (CSJ STC1021-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y ante esas contingencias la Corte resolvi\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1.- La controversia se centra en establecer si la Corporaci\u00f3n censurada conculc\u00f3 el derecho invocado por el gestor, al penalizarlo con cincuenta (50) a\u00f1os de prisi\u00f3n por homicidio agravado, lesiones personales y porte ilegal de arma, por indebida valoraci\u00f3n probatoria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La vinculaci\u00f3n de la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia, deviene de inadmitir la demanda extraordinaria de Casaci\u00f3n formulada por el querellante y no acceder al instrumento de <<insistencia>>.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.- Por la consagraci\u00f3n constitucional de la autonom\u00eda judicial, las determinaciones de la judicatura son, en inicio, ajenas al an\u00e1lisis propio de la salvaguarda prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica; salvo, en los eventos en que se emita alguna ostensiblemente arbitraria y caprichosa, producto de su liberalidad, a tal punto que configure una \u201cv\u00eda de hecho\u201d, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no tenga o no haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para conjurar el agravio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- No se acoger\u00e1 el amparo por los siguientes motivos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.-) Para hacer procedente y cierto el requerimiento de prontitud, consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha fijado un plazo de seis (6) meses, para que aquella pueda ejercerse, de tal manera que no deja al arbitrio de los litigantes ni del juzgador establecerlo, lo que no implica que sea inamovible ante excepcionales circunstancias que el afectado debe invocar y acreditar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

En el caso concreto, el citado principio de celeridad no se encuentra satisfecho, ya que entre la fecha de la sentencia del a quo (25 feb. 2010), la de segunda instancia (24 sep.), el auto que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n (30 jul. 2014), la desestimaci\u00f3n de la insistencia (26 ago. 2014), y la del escrito genitor (27 ene. 2016), se super\u00f3 por mucho el semestre que se ha estimado como razonable para intentar la tutela, lo que torna improcedente el estudio de fondo del asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el reclamante no aleg\u00f3, ni menos demostr\u00f3 que por circunstancias ajenas a su voluntad, estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al medio residual, activ\u00e1ndolo, se itera, superado el per\u00edodo antes se\u00f1alado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.-) Finalmente, es inane detenerse en la alegaci\u00f3n del <<perjuicio irremediable>> aducido por el demandante, como quiera que, el presupuesto de este es la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, que en este evento no se ha verificado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si el menoscabo se apuntala a la condena impuesta por la Sala censurada, es claro que ello por s\u00ed solo no genera da\u00f1o alguno, pues, es consecuencia natural de su propio accionar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se trata, entonces de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un  compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Ahora, en lo que ata\u00f1e a la ilegalidad de las pruebas que fundaron la condena del accionante, hecho que no esgrimi\u00f3 en la primera acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3, se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que aquel tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en los art\u00edculos 192 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004), a fin de aportar los elementos probatorios que, seg\u00fan \u00e9l, conllevar\u00edan su absoluci\u00f3n, sin que lo anterior quiera decir que el interesado no deba cumplir las cargas m\u00ednimas contempladas en la normatividad para acceder al mecanismo de defensa en menci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, al verificarse la improcedencia del amparo reclamado, as\u00ed deber\u00e1 declararse, al existir ese otro mecanismo de defensa para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1051-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00162-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}