{"id":99053,"date":"2026-06-25T17:51:06","date_gmt":"2026-06-25T17:51:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1053-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:51:06","modified_gmt":"2026-06-25T17:51:06","slug":"stc1053-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1053-2017\/","title":{"rendered":"STC1053-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1053-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2016-00368-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de 1\u00ba de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de noviembre de diecis\u00e9is por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 del Carmen Mendoza Parada, contra la Jueza Sexta Civil del Circuito contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la referida ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se ordene al Juzgado revocar la decisi\u00f3n referida y en su lugar, rechazar de plano la reforma de la demanda por ser contraria a lo consagrado en el art\u00edculo 89 del C\u00f3digo de procedimiento Civil. [Folio 3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El se\u00f1or Marco Fidel Suarez \u00c1vila, inici\u00f3 proceso de lesi\u00f3n enorme contra el accionante.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, que mediante auto de 29 de septiembre 2015, admiti\u00f3 la de demanda  y orden\u00f3 darle tr\u00e1mite de verbal de mayor cuant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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3. El demandado qued\u00f3 notificado por aviso, el 20 de mayo 2016.  <\/span><\/p>\n

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4. El 15 de junio de 2016, el demandante present\u00f3 reforma de la demanda, para allegar una nueva prueba de conformidad con el art\u00edculo 93 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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5. En prove\u00eddo de 12 de agosto de 2016, se admiti\u00f3 la anterior modificaci\u00f3n, con fundamento en citado ordenamiento, por cuanto a\u00fan no se hab\u00eda fijado fecha para la audiencia inicial.  <\/span><\/p>\n

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6. Inconforme el accionante, recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, tras considerar que de conformidad con lo establecido en el literal a del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, todas la actuaciones anteriores a la fijaci\u00f3n de la audiencia inicial, deber\u00edan surtirse de conformidad con el anterior estatuto procesal y por ende, como quiera que tal ordenamiento s\u00f3lo permit\u00eda la reforma para pedir pruebas y no aportarlas, la petici\u00f3n debi\u00f3 rechazarse.  <\/span><\/p>\n

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7. En auto de 5 de octubre de 2016, resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su providencia, tras considerar que de conformidad con la Ley 1564 de 2012, la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los procesos por regla general se sujetan a la nueva normatividad y s\u00f3lo se concede la ultractividad del C\u00f3digo derogado en relaci\u00f3n a unas actuaciones expresamente mencionadas, que ven\u00edan surti\u00e9ndose en vigencia de \u00e9ste, pues las mismas deb\u00edan culminar \u00edntegramente bajo su regulaci\u00f3n, como lo establece el art\u00edculo 625 ejusdem; pero las que siguen a continuaci\u00f3n de la entrada en vigencia del actual ordenamiento adjetivo civil, deber\u00e1n gobernarse bajo esas nuevas disposiciones.  <\/span><\/p>\n

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De manera que como en el caso, la reforma de la demanda \u00abes una actuaci\u00f3n procesal, que fue presentada por el apoderado de la parte demandada bajo la aplicaci\u00f3n de la nueva ley, por consiguiente su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n debe adoptarse con fundamento en la misma, y no puede aplicarse la legislaci\u00f3n anterior por no estar expresamente prevista la ultractividad, pues las reglas generales de transici\u00f3n son de aplicaci\u00f3n residual\u00bb.  <\/span><\/p>\n

8. En criterio del peticionario del amparo la anterior determinaci\u00f3n vulner\u00f3 su derecho fundamental invocado, por cuanto de conformidad con el r\u00e9gimen de transici\u00f3n dispuesto en el C\u00f3digo General del Proceso, dentro del proceso verbal de mayor cuant\u00eda iniciado en vigencia del anterior estatuto, todas la actuaciones preliminares a la fijaci\u00f3n de la audiencia inicial, deben surtirse de conformidad con el anterior estatuto procesal, por lo que la reforma de la demanda debi\u00f3 calificarse de conformidad con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y por tanto, rechazarse, pues en \u00e9ste s\u00f3lo se permite solicitar pruebas y no aportarlas como hizo el demandante.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades judiciales querelladas y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 10, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, debido a que no incurri\u00f3 en alguna v\u00eda de hecho en la providencia cuestionada, pues la aceptaci\u00f3n de la modificaci\u00f3n al libelo, para aportar una nueva prueba de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 93 ejusdem, obedeci\u00f3 a una interpretaci\u00f3n que hizo de los art\u00edculos 624 y 625 de la Ley 1564 de 2012, la cual no desconoci\u00f3 derechos de las partes, por lo que no hay lugar al amparo.  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el demandante en proceso verbal indic\u00f3, que las decisiones de la Juzgadora se han ajustado a la normatividad aplicable al caso y tomado dentro del marco legal,  y no de manera inexplicable como lo se\u00f1ala el accionante.  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 36 a 37, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiterado ha sido el criterio adoptado por la jurisprudencia respecto de la improcedencia, por regla general, de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales; por lo que solo en forma excepcional se ha admitido para atacarlas cuando con ellas se causa una evidente vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales de las personas mediante el ejercicio arbitrario, caprichoso, infundado o rebelado de la actividad jurisdiccional.  <\/span><\/p>\n

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Una de las causas que justifican la procedencia del amparo contra las decisiones proferidas por los juzgadores, se configura cuando \u00e9stos se apartan de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, situaci\u00f3n que termina produciendo vulneraci\u00f3n de los derechos de quienes someten sus controversias a la resoluci\u00f3n de los funcionarios competentes.  <\/span><\/p>\n

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Ese desconocimiento de la ley adjetiva o procesal debe ser, sin embargo, un error trascendente que por tener una influencia directa en la determinaci\u00f3n de fondo que se emite, afecta de manera grave el debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto bajo estudio, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el juzgador para admitir la reforma de la demanda de conformidad con el C\u00f3digo General del Proceso y  no reponer tal providencia, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la autoridad judicial, para tomar sus determinaciones luego de hacer referencia a los art\u00edculos 624 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso, vigentes a partir del 1\u00ba de enero de 2016, indic\u00f3 que de conformidad con las reglas de vigencia temporal de las leyes y el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n previstos en tales normas, la petici\u00f3n de modificaci\u00f3n de la demanda con posterioridad a la referida fecha, se reg\u00eda por el nuevo estatuto y por ende deb\u00eda admitirse.  <\/span><\/p>\n

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Para sustentar su determinaci\u00f3n expuso, \u00abEn cuanto a los procesos que se hayan iniciado bajo el imperio del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, o con el esquema de oralidad previsto en la Ley 1395 del a\u00f1o 2010 y que se encuentren en curso al momento en que entra en vigencia el C\u00f3digo General del Proceso, deben ajustarse al nuevo dise\u00f1o de las reglas dadas en el art\u00edculo 625 del CGP\u00bb para el caso, \u00abestamos frente a un proceso verbal\u2026, y en la entera en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, se encontraba en su etapa inicial \u2013notificaci\u00f3n y contestaci\u00f3n de demanda- y para tal efecto el literal b), numeral 2 del art\u00edculo 625 del CGP, establece que debe proseguirse la actuaci\u00f3n prevista en la legislaci\u00f3n anterior y llegado el momento de convocar a audiencia, no se realizar\u00e1 la prevista en art\u00edculo 432 CP, sino inicial de que trata el art\u00edculo 372 del CGP, y continuar\u00e1 el tr\u00e1mite con la nueva legislaci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Luego, entonces, indic\u00f3 \u00aben lo concerniente a las actuaciones procesales, es de puntualizarse que las que hayan tenido principio de ejecuci\u00f3n bajo el imperio de la ley anterior, se sujetaran y deben concluir \u00edntegramente con arreglo a la ley anterior , aun cuando deban concluir en vigencia de la nueva ley, que comprende los recursos interpuestos, las pruebas decretadas, las audiencias y diligencias empezadas, los t\u00e9rminos que hubieren empezado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo\u00bb. Sin embargo, anot\u00f3 \u00abcomo el efecto ultractivo de la nueva ley, solo tiene cabida en relaci\u00f3n con las actuaciones expresamente mencionadas, es que las que siguen a continuaci\u00f3n de la entrada en vigencia de la nueva ley, deber\u00e1n gobernarse con base a estas disposiciones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, concluy\u00f3, que como la solicitud de reforma, se present\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n debe adoptarse con fundamento en la misma, y no puede aplicarse la legislaci\u00f3n anterior por no estar expresamente prevista la ultractividad, pues las reglas generales de transici\u00f3n son de aplicaci\u00f3n residual, pues se itera.  <\/span><\/p>\n

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3. Consideraciones que no evidencian capricho del juzgador accionado, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, de modo que no se amerita el otorgamiento del amparo invocado, en especial,  cuando se encuentra que la decisi\u00f3n del juzgador tiene respaldo en lo establecido en los art\u00edculos 624 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso, que establecen un car\u00e1cter inmediato de tal normatividad y por ende, la aplicaci\u00f3n de \u00e9sta incluso a aquellas situaciones que han estado gobernadas por una norma procesal anterior, pero cuyos efectos jur\u00eddicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       Al respecto \u00e9sta Corporaci\u00f3n, en un incidente de nulidad, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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Es claro que la Ley 1564 de 2012, por ser una norma de orden p\u00fablico, se debe aplicar a partir del momento de su entrada en vigencia a todas las situaciones jur\u00eddicas y de hecho, incluso a aquellas que han estado gobernadas por una norma procesal anterior, pero cuyos efectos jur\u00eddicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposici\u00f3n, y ello se explica, por el car\u00e1cter inmediato que se estableci\u00f3 en su art\u00edculo 624, modificatorio del art\u00edculo 40 de la Ley 183 de 1887. (CSJ, AC4706-2016, 27 de Jul.2016, Rad. 2015-01782-00)  <\/span><\/p>\n

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No existe duda, por consiguiente, que no fue por flagrante desconocimiento de la ley sustancial o del precedente jurisprudencial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituye una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias y, por tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la tutelante.  <\/span><\/p>\n

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4. Las anteriores razones se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n estaba avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento.  <\/span><\/p>\n

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II. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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