{"id":99059,"date":"2026-06-25T17:51:34","date_gmt":"2026-06-25T17:51:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1060-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:51:34","modified_gmt":"2026-06-25T17:51:34","slug":"stc1060-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1060-2017\/","title":{"rendered":"STC1060-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1060-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02079-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Octavio Torres Ria\u00f1o en contra de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz del R\u00edo; fueron vinculados al tr\u00e1mite el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1 y las partes e intervinientes en el proceso penal.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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2.  En soporte de la queja, expone que fue condenado a una pena de 110 meses de prisi\u00f3n por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os, impuesta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz del R\u00edo (Boyac\u00e1) el 14 de agosto de 2012; posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo con fallo del 23 de julio de 2014, confirm\u00f3 dicha sanci\u00f3n.  Manifiesta que el juicio del cual fue objeto \u00ab(\u2026) brill\u00f3 por la desigualdad de armas en mi contra, es decir, la documentaci\u00f3n de Fiscal\u00eda y Juzgado pr\u00e1cticamente se convirtieron en pruebas incontrovertibles (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que las pruebas consideradas por el juez para condenarlo como los testimonios de la madre y la abuela de la presunta v\u00edctima, fueron de o\u00eddas, por el contrario no se tuvieron en cuenta otras evidencias como \u00abcomportamientos m\u00edos, perfiles y otros que sirvieran para demostrar mi inocencia, y solo un ambiente de ataque en mi contra fue lo que se evidenci\u00f3 (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 finalmente que, \u00abla desigualdad contin\u00faa porque ingres\u00e9 por Actos sexuales y no se examina que en el caso del se\u00f1or Melesio Buitrago ingres\u00f3 por lo mismo y termin\u00f3 con responsabilidad en cuanto Acoso sexual, eso debe tener alguna incidencia en mi favor (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En consecuencia, como medida concreta de salvaguarda, pidi\u00f3 se analice su caso en relaci\u00f3n con el de Melesio Buitrago, y \u00abse revoque la sentencia proferida en mi contra sobre actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os (\u2026) y a su vez se profiera una similar a la finalmente dictada en contra del se\u00f1or Melesio Buitrago\u00bb  (ff. 1 a 8, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Juez Segunda Penal del Circuito de Chiquinquir\u00e1, al pronunciarse sobre el tr\u00e1mite judicial que se adelant\u00f3 en contra del ciudadano Melesio Buitrago, inform\u00f3 que, el 28 de septiembre de 2016, el precitado fue condenado a una pena de prisi\u00f3n de 16 meses por el delito de Acoso Sexual agravado; y que, ciertamente, la imputaci\u00f3n inicial fue por actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os pero, fue modificada en virtud de un preacuerdo que sostuvo con la Fiscal\u00eda encargada del caso, el mismo que fue valorado integralmente a fin de resguardar el principio de legalidad y la estricta tipicidad.  Indic\u00f3 que el Ente acusador, en dicho proceso \u00ab(\u2026) coligi\u00f3 que la conducta que verdaderamente se adecuaba a los hechos realizados correspond\u00eda a la tipificada como Acoso Sexual, y en esos t\u00e9rminos el procesado acept\u00f3 su responsabilidad penal en el preacuerdo\u00bb  (f. 68, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz del R\u00edo, se opuso a las pretensiones de la acci\u00f3n indicando que los dichos del accionante no tienen soporte probatorio y debieron haber sido planteados al interior del proceso o a trav\u00e9s de los recursos en todas las instancias,  por lo que la tutela no puede prosperar de acuerdo a su naturaleza residual y subsidiaria (f. 84, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre las decisiones atacadas y la presentaci\u00f3n de la demanda.  Aludi\u00f3 igualmente al criterio de subsidiariedad, debido a la inactividad detectada en el actor al momento de recurrir la providencia de segunda instancia frente a la cual proced\u00eda la casaci\u00f3n que no fue propuesta; destac\u00f3 finalmente que, no se vulneraba el derecho a la igualdad, teniendo en cuenta el principio de autonom\u00eda judicial en las decisiones, y adem\u00e1s, el reproche no se halla sustentado en un \u00ab(\u2026) par\u00e1metro objetivo razonable que permita hacer una comparaci\u00f3n y ponderaci\u00f3n de la cual se infiera una aplicaci\u00f3n normativa discriminatoria en su caso particular\u00bb  (ff. 106 a 123, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el actor se queja que el A quo, \u00ab(\u2026) no ahond\u00f3 en los derechos fundamentales conculcados, sino que se enrut\u00f3 por el aspecto puramente procesal o formal por encima de lo constitucional sin ver que mis argumentos, aunque sencillos, humildes y civilizados apuntaban a justas pretensiones como la readecuaci\u00f3n t\u00edpica edificada sobre la igualdad con relaci\u00f3n al caso del se\u00f1or Melesio Buitrago, tesis central de los hechos (\u2026)\u00bb (ff. 135 y 144, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC8417-2016, 22 jun. 2016, rad. 2016-00139-01).  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que cuando el fallador profiere una trascendente providencia en el proceso, obedeciendo al capricho o a la arbitrariedad, tiende a causar agravio a alguno de los intervinientes e incluso a la propia administraci\u00f3n de justicia, y en esas condiciones la v\u00eda del resguardo deviene id\u00f3nea para desecharlo, conjurar o prevenir el perjuicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        Empero, vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  Frente a la oportunidad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00ab (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, los afectados deben procurar acudir a tiempo a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

La jurisprudencia constitucional ha sido igualmente enf\u00e1tica al exponer la tem\u00e1tica que viene desarroll\u00e1ndose, en sentencia T-060 de 2016, reiter\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa Corte ha indicado que una de las caracter\u00edsticas principales de la tutela es la inmediatez. Es decir, la interposici\u00f3n de la demanda no admite espera o dilaci\u00f3n para la oportuna activaci\u00f3n del mecanismo de protecci\u00f3n de un derecho fundamental presuntamente conculcado. Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido prima facie que la tutela no tiene t\u00e9rmino de caducidad (CP, 86). Por lo cual, en algunos casos, el juez constitucional no puede rechazarla in limine argumentado un lapso excesivo en su presentaci\u00f3n, sino que por el contrario debe entrar a estudiar el asunto de fondo en la medida que concurran otros elementos que justifiquen la moratoria. En efecto, esta Corporaci\u00f3n en sentencia de unificaci\u00f3n de tutelas SU-961 de 1999, se\u00f1al\u00f3, al respecto, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201cLa posibilidad de interponer la acci\u00f3n de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene t\u00e9rmino de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligaci\u00f3n de entrar a estudiar el asunto de fondo. Sin embargo, el problema jur\u00eddico que se plantea en este punto es: \u00bfquiere decir esto que la protecci\u00f3n deba concederse sin consideraci\u00f3n al tiempo transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la violaci\u00f3n del derecho fundamental?. Las consecuencias de la premisa inicial, seg\u00fan la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental de la acci\u00f3n, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia.  Todo fallo est\u00e1 determinado por los hechos, y dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acci\u00f3n, como puede que sea irrelevante.\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, aquello no implica que el juez constitucional pueda conceder la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales se\u00f1alados como vulnerados cuando aquella se solicit\u00f3 de manera manifiestamente tard\u00eda. El principio de inmediatez busca que la acci\u00f3n de tutela se ejerza dentro de un t\u00e9rmino razonable desde la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental. En ese sentido, este Tribunal, a trav\u00e9s de sus distintas Salas de Revisi\u00f3n ha acogido el criterio de determinar el t\u00e9rmino razonable con base en las caracter\u00edsticas especiales de cada caso en concreto, por lo cual, en algunas ocasiones un plazo de seis (6) meses podr\u00eda resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en otros eventos, un t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os se podr\u00eda considerar razonable para ejercer la acci\u00f3n de tutela. Dicha ponderaci\u00f3n para el ejercicio oportuno de la acci\u00f3n depende de la casu\u00edstica del proceso, como lo consider\u00f3 la Sala Quinta de Revisi\u00f3n en la Sentencia T-328 de 2010 M.P. Jorge Iv\u00e1n Palacio Palacio)  <\/span><\/p>\n

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En este caso, como lo sostuvo la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, resulta evidente que el transcurso de un t\u00e9rmino superior a los 2 a\u00f1os desde el proferimiento de la sentencia de segunda instancia, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo \u2013 23 de julio de 2014 \u2013 es circunstancia que evidencia una desatenci\u00f3n que contrar\u00eda la naturaleza del auxilio, desvirtuando la gravedad de la vulneraci\u00f3n afirmada o dando cuenta de la aceptaci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica estructurada y, en todo caso, reabriendo un debate injustificado en detrimento de la seguridad jur\u00eddica y menoscabo de los leg\u00edtimos intereses de los involucrados como v\u00edctimas en la actuaci\u00f3n penal, as\u00ed como de los dem\u00e1s terceros.  <\/span><\/p>\n

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3.        Por otra parte, junto a la raz\u00f3n antes destacada, por s\u00ed sola determinante del fracaso del resguardo, se advierte que el examen propuesto sobre la legalidad del tr\u00e1mite y la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica de la condena penal, est\u00e1 irremediablemente vedado por el desperdicio del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que tambi\u00e9n recalc\u00f3 el A quo.  <\/span><\/p>\n

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De manera que la improcedencia del resguardo deriva igualmente del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria; en este sentido ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, respecto al derecho de igualdad sobre el que el actor en la censura, en relaci\u00f3n con el proceso que se sigui\u00f3 en contra de otro ciudadano (Melesio Buitrago), donde se afirma fue investigado por hechos similares pero condenado por un delito de menor punibilidad, cabe resaltar que, las sentencias judiciales dentro de un proceso determinado s\u00f3lo tienen efectos en relaci\u00f3n con las partes que intervienen en el.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, de lo aportado al expediente constitucional no se acredita que el accionante haya sido discriminado por las autoridades demandadas en relaci\u00f3n con otras personas o, que se le haya dado una interpretaci\u00f3n normativa a los hechos que lo involucraron abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, debe quedar claro que cada juicio cuenta con su propio escenario de valoraci\u00f3n, el cual est\u00e1 determinado por los hechos fundantes de la investigaci\u00f3n, que son \u00fanicos en cada proceso; es cierto, puede existir similitud en la facticidad pero, el discurrir procesal va delimitando los contornos de la decisi\u00f3n final, tal como sucedi\u00f3 en el asunto tra\u00eddo a colaci\u00f3n por el demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre aquel proceso \u2013 el de Melesio Buitrago \u2013 el resultado de la variaci\u00f3n t\u00edpica fue producto de un preacuerdo propuesto por las partes verificado por la juez de conocimiento, actuaci\u00f3n que en todo caso se encuentra, en principio, provista de la presunci\u00f3n de legalidad, y adem\u00e1s, amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica; de manera que, tal como lo explic\u00f3 el A quo, sus efectos son exclusivamente inter partes.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC1060-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02079-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99059","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99059"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99059\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99059"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}