{"id":99065,"date":"2026-06-25T17:51:52","date_gmt":"2026-06-25T17:51:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1066-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:51:52","modified_gmt":"2026-06-25T17:51:52","slug":"stc1066-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1066-2017\/","title":{"rendered":"STC1066-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1066-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02148-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 5 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Jimmy Romero Rodr\u00edguez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Quince Penal del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En soporte de la queja, el abogado defensor expone una serie de irregularidades en las que habr\u00eda incurrido el Tribunal demandado al interior del tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de la sentencia que conden\u00f3 a su prohijado por el delito de Uso ilegal de los servicios de telecomunicaciones, a la pena de 30 meses de prisi\u00f3n y multa de 550 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La decisi\u00f3n de primera instancia en la causa penal fue proferida por el Juez 15 Penal del Circuito de Cali, el 12 de noviembre de 2014, confirmada en su integridad por el Superior mediante sentencia de 3 de agosto de 2015.  El 11 de agosto siguiente, el defensor del procesado present\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n del referido fallo, por error en el nombre del enjuiciado y \u00abporque no se hab\u00edan expuesto los motivos para no pronunciarse respecto de atipicidad de la conducta (\u2026) y la incongruencia que se advert\u00eda en la decisi\u00f3n al no pronunciarse respecto de unos de los principales argumentos esgrimidos en las alegaciones de la defensa de la segunda instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que a pesar de haber interpuesto la referida solicitud, la Secretar\u00eda de la Sala Penal de esa Corporaci\u00f3n, fij\u00f3 por edicto constancia mediante la cual se comenz\u00f3 a dar curso a los t\u00e9rminos para interponer el recurso de casaci\u00f3n, con inicio el 14 de agosto y finalizaci\u00f3n el 4 de septiembre de 2015.  Luego, la misma secretar\u00eda dispuso el env\u00edo de una parte del expediente al Magistrado Sustanciador para el estudio de la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n, y resalta \u00abque en reiteradas oportunidades  (\u2026) intent\u00f3 obtener conocimiento sobre el estado actual del proceso, no obstante no logr\u00f3 acceder al expediente puesto que se encontraba al Despacho, por tal motivo no fue posible establecer que arbitrariamente, la secretar\u00eda penal del Tribunal, estaba contabilizando t\u00e9rminos de ejecutoria de una decisi\u00f3n que no se encontraba en firme, debido a la solicitud de aclaratoria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Resuelta la aclaraci\u00f3n del fallo en cuanto al nombre del encausado \u2013 auto de 15 de septiembre de 2015 \u2013 el apoderado invoc\u00f3 la nulidad de las actuaciones de la Secretar\u00eda de la Sala, en el entendido que dicho despacho no tuvo en cuenta que mientras no fuese definida la aclaraci\u00f3n de la providencia \u00e9sta no pod\u00eda cobrar ejecutoria a la luz del art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, el discutido proceder de la Secretar\u00eda fue avalado con el auto que neg\u00f3 la nulidad propuesta \u00abgenerando de suyo una vulneraci\u00f3n palmaria del debido proceso sustantivo y de segunda mano en el derecho de defensa del accionante\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En consecuencia, como medida concreta de protecci\u00f3n, pide que se revoquen \u00ab(\u2026) los autos de veinte (20) de junio y dieciocho (18) de octubre de 2016, teniendo en cuenta la configuraci\u00f3n de v\u00edas de hecho por defecto procedimental absoluto y sustantivo por indebida interpretaci\u00f3n de la norma aplicada\u00bb; y, que se ordene al Tribunal cuestionado declare la nulidad de la constancia secretarial de 14 de agosto de 2015 y se le d\u00e9 tr\u00e1mite al recurso de casaci\u00f3n interpuesto el 8 de octubre de 2015 (ff. 1 a 16, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, hizo un recuento del discurrir procesal que le correspondi\u00f3 conocer y que deriv\u00f3 finalmente en la sentencia de condena en contra del gestor.  No se refiri\u00f3 a los hechos expuestos en la tutela (ff. 58 y 59, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, aport\u00f3 las decisiones reprochadas por el actor, sin hacer ning\u00fan tipo de consideraciones sobre el sustento de la acci\u00f3n (ff. 61, ib.)  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que no observaba en el actuar de la secretar\u00eda del Tribunal denunciado arbitrariedad alguna que constituyera una v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que el despacho acusado se ajust\u00f3 a los t\u00e9rminos previstos en la normativa procesal aplicable \u2013 art\u00edculo 210, Ley 600 de 2000 \u2013 ; seguidamente, desatiendi\u00f3 los argumentos del quejoso, por cuanto en este espec\u00edfico caso \u00aben manera alguna dicho tr\u00e1mite [el de la aclaraci\u00f3n de la sentencia] puede comportar la interrupci\u00f3n de los t\u00e9rminos de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia del 3 de agosto de 2016 (sic), pues aunque dicha decisi\u00f3n integra el alcance y contenido de la decisi\u00f3n inicial, para efectos procesales es un auto interlocutorio independiente cuyo proceso de notificaci\u00f3n se surte de manera aut\u00f3noma, en consonancia con las reglas que rigen la comunicaci\u00f3n de ese tipo de decisiones a los sujetos procesales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que la secretar\u00eda prob\u00f3 que el expediente siempre estuvo a disposici\u00f3n de los sujetos procesales, salvo el original n\u00b0 3, que se encontraba a Despacho en tr\u00e1mite de la aclaraci\u00f3n, y concluy\u00f3, \u00ab(\u2026) [a]s\u00ed las cosas, al tratarse de dos decisiones que corr\u00edan t\u00e9rminos independientes, no podr\u00eda se\u00f1alarse que hizo mal el tribunal en tener como t\u00e9rmino de ejecutoria de la sentencia emitida el 3 de agosto de 2015, el 4 de septiembre de la misma anualidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, si el actor se duele de no haber presentado el recurso de casaci\u00f3n, esa omisi\u00f3n solo le es atribuible a \u00e9l mismo, quien dej\u00f3 fenecer los t\u00e9rminos y oportunidades de impugnaci\u00f3n dentro de la actuaci\u00f3n penal\u00bb (ff. 124 a 138, Cd. 1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El apoderado del accionante censura el fallo de primer grado por cuanto insiste que, \u00ab(\u2026) la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de mi representado, se configura en la medida en que se desconoci\u00f3 el tr\u00e1mite que debe darse en cuanto a la solicitud de aclaraci\u00f3n de una providencia, lo que a su turno, trajo consigo que se aceptara por ambos extremos la posibilidad que un expediente sea desmembrado para que en un mismo periodo de tiempo pueda encontrarse surtiendo un tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n en cuanto al fallo de segunda instancia, y de otro lado al Despacho considerando una aclaraci\u00f3n respecto del mismo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego subraya, \u00ab(\u2026) los tr\u00e1mites que se pretenden aceptar fueron realizados de forma paralela comprend\u00edan una misma providencia la cual se encuentra en un solo cuaderno, que fue el realmente remitido al Despacho, situaci\u00f3n que de suyo produjo la imposibilidad de acceder al expediente para interponer el recurso de casaci\u00f3n respectivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Finaliz\u00f3 el reproche aludiendo a la inaplicabilidad del art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso, que no estaba vigente en el momento de la decisi\u00f3n, pero, aduce, s\u00ed lo estaba el 331 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que en igual sentido, condiciona la firmeza del fallo a la ejecutoria del auto que resuelva la aclaraci\u00f3n (ff. 149 a 154 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, tambi\u00e9n se ha instituido que excepcionalmente, puede acudirse a esta herramienta, en los casos en los que el funcionario respectivo adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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De esta forma, la concesi\u00f3n del amparo estar\u00eda supeditada a que aparezca probada la ocurrencia de alguna de las causales espec\u00edficas de procedibilidad, a saber: defecto org\u00e1nico, defecto procedimental absoluto, defecto f\u00e1ctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente o violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n (CC C-590\/05 y T-488\/14, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2.        Desde ya, debe indicarse que la Sala encuentra las aseveraciones del recurrente insuficientes de cara al objetivo que persigue, esto es, no conducen a que se revoque la providencia de primer grado, pues de ninguna manera podr\u00edan atribu\u00edrsele al Tribunal acusado las fallas que se\u00f1ala cometidas y de manera concreta a la Secretar\u00eda de la Sala Penal de \u00e9se cuerpo Colegiado, como pasar\u00e1 a explicarse.  <\/span><\/p>\n

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Lo primero, frente a la argumentaci\u00f3n del censor que trae a colaci\u00f3n una normativa del C\u00f3digo General del Proceso cuyo contenido no viene al caso, procurando con ello exponer que se incurri\u00f3 en un error al no aplicarla seg\u00fan su interpretaci\u00f3n, debe desestimarse por cuanto, tal como lo advirti\u00f3 el Magistrado accionado en una de las decisiones cuestionadas, \u00abla aplicaci\u00f3n que por virtud del principio de integraci\u00f3n normativa pretende el defensor del C.G.P., es aqu\u00ed jur\u00eddicamente improcedente pues tal principio \u00fanicamente opera frente a aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb (ff. 41 a 46, ib.).  <\/span><\/p>\n

Y es que emerge razonable la comprensi\u00f3n dada por la autoridad judicial censurada en cuanto precisa que, no puede ser aplicable una regla tra\u00edda de otro cuerpo normativo cuando el que rige el tr\u00e1mite in situ  contiene el precepto ajustable al supuesto presentado, es decir, existe una norma especial.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que la Ley 600 de 2000 prev\u00e9 en su art\u00edculo 412, lo relacionado con la posibilidad de aclarar o corregir la sentencia dictada, \u00abIRREFORMABILIDAD DE LA SENTENCIA. La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisi\u00f3n que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritm\u00e9tico, en el nombre del procesado o de omisi\u00f3n sustancial en la parte resolutiva.  Solicitada la correcci\u00f3n aritm\u00e9tica, o del nombre de las personas a que se refiere la sentencia, la aclaraci\u00f3n de la misma o la adici\u00f3n por omisiones sustanciales en la parte resolutiva, el juez podr\u00e1 en forma inmediata hacer el pronunciamiento que corresponda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La previsi\u00f3n citada no alude a interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos de ejecutoria de la decisi\u00f3n que se corrige o aclara, lo cual, evidentemente el Legislador no previ\u00f3 en materia penal si es que dicha circunstancia se presentara en el proceso; por ello, resulta impertinente la referencia por integraci\u00f3n normativa a una norma de otra especialidad, pues aquello, solo ser\u00eda v\u00e1lido si la hip\u00f3tesis que se pretende dilucidar no tiene regulaci\u00f3n propia, pero, como ya se verific\u00f3, \u00e9ste no es el caso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El A quo constitucional, para darle soporte a lo que viene indic\u00e1ndose cit\u00f3 un pronunciamiento de \u00e9sa Sala Especializada en el que se precis\u00f3 que: \u00ab(\u2026) la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n formulada, as\u00ed como el tr\u00e1mite de su resoluci\u00f3n por la Corporaci\u00f3n, no tienen la virtud para reabrir t\u00e9rmino procesal alguno, ni afectan la ejecutoria de la decisi\u00f3n de fondo emitida por aquella\u00bb (CSJ AP, 21 abr. 2010, rad. 32789). Negrillas fuera texto.  <\/span><\/p>\n

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Zanjada esa discusi\u00f3n, al impugnante solo le quedaba atenerse a los plazos que sobre el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n est\u00e1n dispuestos en la precitada ley 600 de 2000, art\u00edculo 210:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl recurso se interpondr\u00e1 dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la \u00faltima notificaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia y en un t\u00e9rmino posterior com\u00fan de treinta (30) d\u00edas se presentar\u00e1 la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si la demanda se presenta extempor\u00e1neamente, el tribunal as\u00ed lo declarar\u00e1 mediante auto que admite el recurso de reposici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Es decir, err\u00f3neamente el censor presumi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de una norma improcedente para el caso, pues, it\u00e9rese, la ley 600 de 2000 no contempla interrupci\u00f3n de t\u00e9rmino alguno mientras se surte la aclaraci\u00f3n de la sentencia. En ese aspecto, acierta el juez A quo, al precisar que para efectos procesales, el auto que aclara el fallo, \u00abes un auto interlocutorio independiente cuyo proceso de notificaci\u00f3n se surte de manera aut\u00f3noma (\u2026) m\u00e1xime cuando se advierte (\u2026) tan solo se corrigi\u00f3 el nombre del sentenciado, es decir, no se introdujo ning\u00fan cambio de fondo en relaci\u00f3n con lo resuelto a trav\u00e9s de la apelaci\u00f3n y en esa medida est\u00e1 fuera de lugar pensar que es una providencia complementaria de la que resolvi\u00f3 la alzada y que por ende, la fecha de su emisi\u00f3n o las de su notificaci\u00f3n cambian el d\u00eda en el cual adquiri\u00f3, firmeza la sentencia o los t\u00e9rminos de ejecutoria de la misma\u00bb (ff. 134, \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De esta forma, habr\u00e1 de resaltarse que, el proceder de la Secretar\u00eda de la Sala del Tribunal se aprecia igualmente acorde a los preceptos ya decantados, quiere decir que cumpli\u00f3 con la labor de notificar eficazmente a todos los sujetos procesales y controlar los t\u00e9rminos discutidos por el actor, pues no hab\u00eda fundamento jur\u00eddico alguno que se lo impidiera.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente la resoluci\u00f3n de 20 de junio de 2016, que neg\u00f3 la nulidad invocada y la de 20 de octubre siguiente, que no repuso dicha negativa, tienen por com\u00fan denominador la exhibici\u00f3n de apropiados argumentos jur\u00eddicos, todo lo cual conlleva a descartar la presencia de actuaci\u00f3n que pueda calificarse como desviada, caprichosa o subjetiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A ese respecto, se ha considerado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, conviene traer a colaci\u00f3n lo dicho por la Sala cuando reitera que no constituye causal de procedencia del amparo constitucional directo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (ver entre otras, CSJ STC9182-2015, STC10081-2015 y STC728-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Sumado a lo anterior, y dadas las precisiones precedentes, cabe destacar que como factor adicional para el fracaso de la salvaguarda se presenta el desperdicio del medio impugnatorio extraordinario, pues, el apoderado del sentenciado no interpuso dentro del plazo el recurso de casaci\u00f3n lo cual conllev\u00f3 inevitablemente a la ejecutoria del fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, al asumir la suspensi\u00f3n o interrupci\u00f3n de los t\u00e9rminos, el defensor del enjuiciado dej\u00f3 pasar los quince d\u00edas que establece la norma para interponer la casaci\u00f3n, que acabaron el 4 septiembre de 2015, sin que el recurso se hubiese presentado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, arg\u00fcir que dicha incuria se debi\u00f3 exclusivamente a que el expediente principal del proceso no se hallaba a disposici\u00f3n de las partes en la secretar\u00eda de la Sala sino en el Despacho surtiendo el tr\u00e1mite de la aclaraci\u00f3n no puede ser de recibo para la Sala pues, para la interposici\u00f3n de \u00e9se instrumento bastaba con manifestar su inconformidad y expresar la voluntad de sustentar dentro del t\u00e9rmino que seguidamente comenzar\u00eda a correr, el de los 30 d\u00edas h\u00e1biles, momento en el cual s\u00ed pod\u00eda exigir el acceso al expediente del proceso en su totalidad, aunque el cuaderno resultaba innecesario solo con miras a indicar que se interpon\u00eda el referido medio de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo ha referido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014).  <\/span><\/p>\n

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Deviene entonces ostensible que si el peticionario de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 correctamente los mecanismos de defensa contemplados por el ordenamiento adjetivo respecto de la sentencia penal de segundo grado, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimirse en la jurisdicci\u00f3n ordinaria a trav\u00e9s del medio que dej\u00f3 de formular.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 destinada a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo proceso no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como una herramienta apta para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la resoluci\u00f3n de las controversias judiciales.  <\/span><\/p>\n

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4.        Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo invocado mediante la presente acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC1066-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02148-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99065","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99065","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99065"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99065\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99065"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99065"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99065"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}