{"id":99066,"date":"2026-06-25T17:51:55","date_gmt":"2026-06-25T17:51:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1067-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:51:55","modified_gmt":"2026-06-25T17:51:55","slug":"stc1067-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1067-2017\/","title":{"rendered":"STC1067-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1067-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01101-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C.,  dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pererira el 14 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y al Procurador Delegado en Acciones Populares, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Alcald\u00eda de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Obrando en su propio nombre, el actor promovi\u00f3 el amparo constitucional de la referencia, tras considerar que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos fundamentales en el procedimiento de las acci\u00f3n popular radicado N\u00ba \u00ab2015-394\u00bb, lo anterior, porque  \u00abNUNCA se ha aplicado los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998\u00bb, adem\u00e1s que \u00abNUNCA aplica el art\u00edculo 121 del C.G.P.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En s\u00edntesis, solicita que se ordene continuar con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (fl. 1 cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La Procuradur\u00eda Regional Risaralda, inform\u00f3 que para dar cumplimiento a lo ordenado en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998 ha designado a diferentes profesionales de esa entidad, en virtud de las acciones populares presentadas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, plantea adem\u00e1s que la situaci\u00f3n arg\u00fcida por el actor es ajena a su funci\u00f3n, por lo cual pide su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite (f. 8 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Municipio de Pereira, a trav\u00e9s de apoderado judicial adujo que el ente territorial carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y que no est\u00e1 llamado a responder por la posible vulneraci\u00f3n que aduce el demandado, por lo cual solicit\u00f3 que fuese negado el amparo y que se condenara en costas al actor por el obstinado e inconcebible abuso de los mecanismos constitucionales (ff. 17 a 19 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El despacho judicial accionado alleg\u00f3 los documentos solicitados (f. 21 \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Neg\u00f3 el amparo con fundamento en que se incumpli\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad, pues el supuesto afectado no agot\u00f3 los mecanismos de defensa con que contaba en el propio proceso, toda vez que dej\u00f3 de interponer recurso de reposici\u00f3n frente al auto de 2 de noviembre de 2016, por medio del cual el despacho judicial accionado resolvi\u00f3 no dar tr\u00e1mite al escrito remitido por la Jefatura de la Oficina Comunicaciones Estrat\u00e9gicas de la Polic\u00eda Nacional, en el que se informaba que la emisora de la entidad ya hab\u00eda transmitido el aviso a la comunidad, decisi\u00f3n que sustent\u00f3 el juzgado advirtiendo que con antelaci\u00f3n se hab\u00eda dispuesto que esa informaci\u00f3n deb\u00eda ser publicada a trav\u00e9s de un peri\u00f3dico de amplia circulaci\u00f3n nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, desestim\u00f3 el amparo solicitado frente al Procurador Delegado, por no estar acreditada lesi\u00f3n alguna a los derechos invocados por el accionante (ff. 38 a 45 \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante manifest\u00f3 que apelaba el fallo y solicit\u00f3 \u00abamparar su acci\u00f3n\u00bb. (f. 47, Cd 1 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 protegida de manera inmediata.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La protecci\u00f3n mediante un procedimiento breve y sumario como es el estatuido por la Carta Pol\u00edtica, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del empleo del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC 8 may. 2012, rad. 0017-01, STC 4 jul. 2013, rad. 0174-01 y, STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Para esta Corte est\u00e1 suficientemente claro que la controversia propuesta por el accionante se encuentra agotada en la sede del control directo y concreto de constitucionalidad, siendo justamente la actuaci\u00f3n de tutela que trajo a colaci\u00f3n el Tribunal de origen, la fuente de dicha clausura jurisdiccional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la pretensi\u00f3n de \u00abcontinuar con el tr\u00e1mite de mi acci\u00f3n popular\u00bb, ya fue atendida en esta excepcional sede, mediante fallo STC17357-2016, proferido el 30 de noviembre de 2016, lo cual impide reabrir el debate en oportunidad posterior.  <\/span><\/p>\n

De manera que a ninguna conclusi\u00f3n diferente puede arribarse, en tanto que el presente tr\u00e1mite reviste las identidades subjetivas, objetivas y causales -que no fueron controvertidas en el escrito introductor ni en la impugnaci\u00f3n que hoy se desata-, y que evidencian el indebido ejercicio del resguardo, de donde surge n\u00edtida la improcedencia de las posteriores actuaciones de similar naturaleza, como quiera que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. A su vez, se torna improcedente el amparo propuesto contra el Procurador Delegado, en tanto que no se observa vulneraci\u00f3n alguna a los derechos invocados por el accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC1067-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01101-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D. C.,  dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}