{"id":99070,"date":"2026-06-25T17:52:13","date_gmt":"2026-06-25T17:52:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1071-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:52:13","modified_gmt":"2026-06-25T17:52:13","slug":"stc1071-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1071-2017\/","title":{"rendered":"STC1071-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1071-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01102-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C.,  dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 12 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, tramite al cual fueron vinculadas la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo regionales Valle del Cauca y Santander, y las Alcald\u00edas y Personer\u00edas de Sevilla y Floridablanca, y al que adem\u00e1s se acumul\u00f3 la acci\u00f3n constitucional de radicado N\u00b0 2016-01106-00.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el actor promovi\u00f3 el amparo constitucional de la referencia, tras considerar que la autoridad judicial accionada conculc\u00f3 sus derechos fundamentales en el procedimiento de las acciones populares que corresponden a los radicados N\u00ba 2015-01178-00 y 2015-01334-00, lo anterior, porque  \u00abNUNCA se ha aplicado los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998\u00bb Afirma adem\u00e1s que \u00abse ha NEGADO a notificar a la entidad accionada a su correo electr\u00f3nico, tal como lo manda el C.G.P., tampoco informa a la comunidad tal como lo ped\u00ed en la acci\u00f3n popular, pese a que a saciedad ha informado a trav\u00e9s de la emisora de la polic\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, solicita que se ordene al accionado notificar por correo electr\u00f3nico a la entidad demandada y al procurador judicial delegado en las acciones populares (ff. 1 y 3 cd. 1).+  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Alcald\u00eda de Sevilla (Valle del Cauca), adujo que el ente territorial carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y que no ha vulnerado ning\u00fan derecho del accionante, por lo cual solicit\u00f3 que fuese negado el amparo y desvinculado del tr\u00e1mite (ff. 13 al 15 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El despacho judicial accionado alleg\u00f3 los documentos solicitados (f. 20 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo con fundamento en que es inexistente vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos del actor y que adem\u00e1s \u00abno puede considerarse como un actuar antojadizo o injustificado del juez que vulnere sus derechos, ni refleja una acci\u00f3n tendiente a esquivar el impulso oficioso que le atribuye la ley\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, observ\u00f3 que en los expedientes de las acciones populares no obraban los certificados de existencia y representaci\u00f3n que dieran cuenta sobre la direcci\u00f3n electr\u00f3nica donde las entidades accionadas recibir\u00edan notificaciones judiciales, requisito indispensable, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 291 numeral 2\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso y que adem\u00e1s son inexistentes solicitudes o memoriales del actor en ese sentido (ff. 25 a 31 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 amparar las pretensiones (f. 36, cd 1 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 protegida de manera inmediata, mediante un procedimiento breve y sumario sin que sea un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub j\u00fadice, el amparo tiene origen en la presunta \u00abvulneraci\u00f3n a las garant\u00edas procesales\u00bb en las cuales, a juicio del recurrente ha incurrido el despacho judicial, no obstante, estudiadas las copias allegadas la Corte observa:  <\/span><\/p>\n

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2.1 El accionante plantea que el despacho judicial accionado omiti\u00f3 surtir la notificaci\u00f3n a las entidades demandadas mediante correo electr\u00f3nico, reclamo que est\u00e1 vedado por la apat\u00eda del accionante al no haber propuesto la discusi\u00f3n pertinente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, pues no obran en los expedientes solicitudes al respecto.  <\/span><\/p>\n

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Si bien, el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso dispone las reglas para la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n personal y entre \u00e9stas precept\u00faa la posibilidad de que se surta a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica registrada por las personas jur\u00eddicas de derecho privado y los comerciantes inscritos en el registro mercantil, no es la acci\u00f3n de tutela el escenario id\u00f3neo para plantear \u00e9ste asunto cuando no ha sido suficientemente debatido ante el juez de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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Lo expuesto, supone el fracaso del amparo, de conformidad con lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.en este sentido ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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2.2 Asimismo se torna improcedente el resguardo en relaci\u00f3n con la supuesta vulneraci\u00f3n derivada de la no publicaci\u00f3n de los avisos a trav\u00e9s de la emisora de la Polic\u00eda Nacional, en tanto que la situaci\u00f3n ya hab\u00eda sido discutida mediante recurso de reposici\u00f3n, el cual fue resuelto desfavorablemente al recurrente, por lo cual, advierte esta Sala que la queja planteada no es constitutiva de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional, por cuanto los argumentos plasmados por el juzgador cuestionado, tienen sustento en las normas que regulan el procedimiento de la acci\u00f3n popular, particularmente en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, descartando as\u00ed un actuar caprichoso o arbitrario por parte del mismo, pues se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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