{"id":99071,"date":"2026-06-25T17:52:17","date_gmt":"2026-06-25T17:52:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1072-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:52:17","modified_gmt":"2026-06-25T17:52:17","slug":"stc1072-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1072-2017\/","title":{"rendered":"STC1072-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1072-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2016-00884-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 6 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Gustavo Alonso Bedoya Agudelo contra los Juzgados S\u00e9ptimo Civil Municipal y Doce Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Imel SAS, Uni\u00f3n El\u00e9ctrica SA, Mineros SA, ARL Positiva y Juan Guillermo Arroyave Garc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, al imponerle y pretender la efectividad de la sanci\u00f3n impuesta por desacato a un fallo de tutela proferido en contra de la empresa que \u00e9l representa.  <\/span><\/p>\n

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2. Como fundamentos f\u00e1cticos expone en su demanda que en virtud a una acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Guillermo Arroyave Garc\u00eda contra la empresa IMEL SAS, mediante fallo proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Medell\u00edn el 21 de junio de 2016, se concedi\u00f3 el resguardo invocado orden\u00e1ndole reintegrarlo a \u00abun cargo que ofrezca iguales o superiores condiciones\u00bb, compatible con su estado de salud, y que \u00abpague de salarios, prestaciones sociales, incluidas las obligaciones al sistema de seguridad social integral y de la sanci\u00f3n establecida en el inciso segundo del art\u00edculo 26 de la ley 361 de 1997 correspondiente a ciento ochenta (180) d\u00edas del salario\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Inform\u00f3 que consecuencia de la impugnaci\u00f3n, la decisi\u00f3n fue confirmada por el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa capital el 13 de julio de 2016, precisando que el amparo \u00abse concede como mecanismo transitorio que regir\u00e1 hasta que la jurisdicci\u00f3n ordinaria resuelva la acci\u00f3n que el actor deber formular o, si no la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que conforme a lo anterior, la empresa IMEL SAS \u00abreintegr\u00f3 al se\u00f1or Juan Guillermo Arroyave Garc\u00eda, le pag\u00f3 todos los rubros adeudados por concepto de salarios, y prestaciones sociales\u00bb, y que \u00ablo \u00fanico\u00bb que dej\u00f3 de cancelar fue lo relativo a la indemnizaci\u00f3n, por cuanto en la parte motiva del fallo de segundo grado se dijo que ese reconocimiento es \u00abcuesti\u00f3n que debe ser sometida a la decisi\u00f3n del Juez Natural\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Adujo que con ese entendimiento, la solicitud de desacato presentada por el accionante respecto al pago de la indemnizaci\u00f3n en comento, el juzgado accionado, a trav\u00e9s de auto del 6 de septiembre de 2016, se abstuvo de dar apertura al incidente; no obstante, en prove\u00eddo del 19 de septiembre del mismo a\u00f1o, cambi\u00f3 su postura al se\u00f1alar que \u00abpese a que de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia se podr\u00eda extraer que la intenci\u00f3n del fallador fue dejar el pago de la sanci\u00f3n\u2026 al juez natural\u00bb, dicha orden \u00abno fue modificada de manea EXPRESA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 finalmente que mediante providencia del 14 de octubre de 2016, el Despacho accionado declar\u00f3 el incumplimiento de la sentencia en cuanto al pago del resarcimiento econ\u00f3mico al trabajador, y sancion\u00f3 al ac\u00e1 accionante con arresto de tres (3) d\u00edas y multa de tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, decisi\u00f3n \u00e9sta que en sede de consulta fue confirmada por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn el 15 de noviembre de 2016, \u00abincurriendo \u00e9ste despacho en abierta contradicci\u00f3n con la sentencia No. 396 por el mismo proferida en julio 13 de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende, que en raz\u00f3n al defecto procedimental absoluto en que incurrieron los jueces de instancia, se revoquen los autos que impusieron y confirmaron, en su orden, la sanci\u00f3n por desacato a la tutela, ordenando \u00abestarse a lo dispuesto a la parte motiva de la sentencia No. 396 de Julio 13 de 2016, en lo que tiene que ver con el otorgamiento de la indemnizaci\u00f3n por el juez natural\u00bb (fls. 1 a 14, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Juez S\u00e9ptima Civil Municipal de Medell\u00edn, tras indicar el tr\u00e1mite procesal dado al asunto a su cargo, precisando que \u00abal interior del incidente de desacato, el Despacho se encuentra adelantando las diligencias pertinentes para efectos de hacer efectiva la sanci\u00f3n impuesta\u00bb, solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n porque la actuaci\u00f3n surtida tanto en la acci\u00f3n principal como en la accesoria, se encuentra ajustada a derecho (fl. 102, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros SA, administrador de la aseguradora de riesgos laborales convocada, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abya que no somos los que debemos responder por las pretensiones del accionante\u00bb, y sobre los hechos de la demanda inform\u00f3 que: \u00abse pudo establecer que el Sr. GUSTAVO ALONSO BEDOYA reporta un evento del 22\/02\/2014, el cual se encuentra calificado por Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros de ORIGEN LABORAL sobre el diagn\u00f3stico de S626 \u2013 FRACTURA DEL 4TO Y 5TO DEDOS DE LA MANO DERECHA\u00bb (fls. 104 y 105, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. El se\u00f1or Juan Guillermo Arroyave Garc\u00eda, contradijo la interpretaci\u00f3n dada por el querellante a la providencia que en segundo grado modific\u00f3 el fallo de tutela concedido a su favor, al indicar que con ella no se revoc\u00f3 el punto de la indemnizaci\u00f3n de 180 d\u00edas de salario, \u00absimplemente modific\u00f3 en la transitoriedad\u00bb del auxilio \u00aby en todo lo dem\u00e1s CONFIRM\u00d3\u00bb, y por tanto se opuso \u00abtotal y absolutamente a lo solicitado por la entidad accionante\u00bb (fls. 108 a 111, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. El se\u00f1or Armando Estrada Salazar, actuando en representaci\u00f3n de Mineros SA, coadyuv\u00f3 la demanda de tutela impetrada y se\u00f1ala que para la \u00e9poca del accidente, el reclamante \u00abno ten\u00eda contrato suscrito ni con IMERL S.A.S., ni con AUNI\u00d3N ELECTRICA S.A., y por tanto no hay ninguna raz\u00f3n o hecho que vincule a MINEROS S.A.\u00bb (fl. 113, id.).  <\/span><\/p>\n

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5. La sociedad Uni\u00f3n El\u00e9ctrica SA, por intermedio de apoderado judicial conferido por su representante legal, adujo que es improcedente la convocatoria a esta nueva acci\u00f3n de tutela cuando en la inicial fue desvinculada, en tanto no hay factor de \u00absolidaridad laboral\u00bb entre esa entidad como contratante, y la firma Imel SAS como contratista del trabajador afectado, por lo que concluye que la responsabilidad en el cumplimiento de la orden judicial, radica en dicha empresa como \u00abempleador directo\u00bb del se\u00f1or Arroyave Garc\u00eda (fls. 121 a 129, cit.).  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo al observar que las autoridades accionadas, en particular la de primer grado que impuso y est\u00e1 ejecutando la sanci\u00f3n, no incurrieron en defecto alguno de procedibilidad del resguardo, como quiera que al no haberse acreditado el pago de la indemnizaci\u00f3n ordenada en el fallo de primera instancia y confirmado por el de segunda en el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n, dio lugar a la sanci\u00f3n por desacato, la cual es consecuencia de un fallo de tutela frente al cual es improcedente su ataque por medio de otra acci\u00f3n de igual naturaleza jur\u00eddica (fls. 207 a 226, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el mandatario judicial del accionante, acusando una interpretaci\u00f3n \u00aberr\u00f3nea\u00bb o desconocimiento de la sentencia SU-627\/15, sobre la procedencia del amparo contra desacatos y contra sentencias de tutela, pues cuando se trata de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves\u00bb, la cosa juzgada no puede proteger \u00absituaciones espurias\u00bb, en tanto concreta que la intenci\u00f3n del fallador de segundo grado al modificar el que concedi\u00f3 el auxilio, correspond\u00eda a remitir al peticionario a la justicia ordinaria laboral en procura de la indemnizaci\u00f3n, y no la orden de pagarla como se entendi\u00f3 por los accionados, por lo que tal incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva genera la vulneraci\u00f3n que se pretende corregir mediante esta acci\u00f3n (fls. 233 a 237, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, por cuanto al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez del amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.  Bajo las anteriores premisas, observa la Sala que en el presente caso no se abre paso el amparo propuesto, comoquiera que en esta oportunidad, el demandante pretende, con ocasi\u00f3n del ataque a lo resuelto en el incidente de desacato, quebrantar un fallo proferido en virtud de una acci\u00f3n de tutela, lo cual significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad seg\u00fan la cual la providencia contra la que se encamina el resguardo, no debe tratarse de una sentencia de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Ha sostenido esta Sala que las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n, al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones, no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto, pues con ello se \u00ab\u2026evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CJS STC, 22 ago. 2008, rad. 01317-00, reiterada entre otras, en STC13383-2016, 21 sep. 2016, rad. 00616-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de tutela, no puede tener cabida otro para contrarrestarlo, porque de hacerlo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, citada en STC7944-2016, 16 jun. 2016, rad. 00139-01 y STC14658-2016, 13 oct. 2016, rad. 00196-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3. Reitera la Sala que la inconformidad que se suscite frente a la resoluci\u00f3n final de una tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de la invocaci\u00f3n del mismo instrumento jur\u00eddico, pues para el efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 los instrumentos de la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, el de revisi\u00f3n y, a\u00fan el de la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, los cuales proceden ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Significa lo antes esgrimido que la tutela tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual le es inherente, como lo precis\u00f3 esta Sala recogiendo sus precedentes jurisprudenciales, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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\u00abComo no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, citada el 12 mar. 2013, rad. 00070-01, reiterada, entre otras, STC7944-2016, 16 jun. 2016, rad. 00139-01).  <\/span><\/p>\n

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4.  Ahora, en trat\u00e1ndose de tutela contra disposiciones adoptadas al interior de un incidente de desacato propuesto en acci\u00f3n de similar rango constitucional, tambi\u00e9n se hace necesario abordar la impertinencia que al respecto ha reiterado esta Corte, en la medida que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno.  <\/span><\/p>\n

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Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras en STC12273-2016, 1\u00b0 sep. 2016, rad. 00126-01, Y STC14658-2016, 13 oct. 2016, rad. 00196-01).  <\/span><\/p>\n

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Pese a lo anterior, el precedente constitucional se\u00f1ala que la definici\u00f3n de un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda tutelar en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia, la conculcaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05).  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente ese alto tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb, se\u00f1alando que inclusive la cosa juzgada constitucional, \u00abno es un fin en s\u00ed mismo, sino un medio para alcanzar el valor de la justicia\u00bb, en la medida en que \u00ablas instituciones del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoci\u00f3n de los valores democr\u00e1ticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias  , bajo el argumento de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14).   <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s recientemente, recogiendo sus propios precedentes mediante sentencia SU-627\/154, entre otras conclusiones se\u00f1al\u00f3 que \u00ab\u2026Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que si la providencia reviste algunas de las caracter\u00edsticas vulneradoras de derechos fundamentales, entre las que est\u00e1 la ausencia de notificaci\u00f3n del accionado luego de que el afectado hubiera agotado la instancia para hacer ver el yerro y este persiste, el mecanismo excepcional tambi\u00e9n deviene procedente (sentencia del 8 de febrero de 2008, exp. 00344-01, reiterada el 3 de marzo de 2010, rad. 00082-01).  <\/span><\/p>\n

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5. En el caso bajo estudio, no observa la Sala que se configure alguno de los presupuestos f\u00e1cticos que se acaban de exponer, en tanto la supuesta actuaci\u00f3n fraudulenta que el impugnante podr\u00eda atribuirle al querellante, con el material probatorio que se logr\u00f3 recoger en las instancias y que mereci\u00f3 el soporte jur\u00eddico necesario para conceder el resguardo invocado, no ha sido reprochado en el escenario penal, o por lo menos no est\u00e1 demostrado que as\u00ed haya acontecido.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que las autoridades accionadas, en particular la de primer grado que impuso y est\u00e1 ejecutando la sanci\u00f3n, no ha incurrido en alguno de los defectos de procedibilidad de la tutela, comoquiera que la orden relativa al pago de la indemnizaci\u00f3n por 180 d\u00edas de salario que se orden\u00f3 por el juez a-quo, no sufri\u00f3 modificaci\u00f3n en sede de impugnaci\u00f3n de dicho fallo de tutela, situaci\u00f3n que fue ratificada por el ad-quem al resolver la consulta de la providencia sancionatoria, pues all\u00ed no consider\u00f3 situaci\u00f3n distinta que declarar la procedencia de la responsabilidad subjetiva del accionado, por cuanto no acredit\u00f3 \u00abel cumplimiento pleno de lo que fuera ordenado tanto en primera instancia como en segunda\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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6. As\u00ed las cosas, carece de vocaci\u00f3n de prosperidad la acci\u00f3n tendiente a que se revoque la actuaci\u00f3n cuestionada, porque \u00e9sta no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada por el reclamante, ya que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso judicial no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela, porque \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01).  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de las anteriores precisiones, se impone respaldar el fallo denegatorio del amparo.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            Magistrado Ponente      STC1072-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2016-00884-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99071","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99071","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99071"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99071\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99071"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}