{"id":99075,"date":"2026-06-25T17:52:31","date_gmt":"2026-06-25T17:52:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1112-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:52:31","modified_gmt":"2026-06-25T17:52:31","slug":"stc1112-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1112-2017\/","title":{"rendered":"STC1112-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1112-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02168-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 7 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Augusto Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del juicio penal adelantado en su contra (radicado 2008-00084-00).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El actor demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00ablibertad por pena cumplida\u00bb y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que \u00abdentro del fallo de tutela T-711 de 2013-expedienteT-3.872, espec\u00edficamente en el numeral 6.1. que se encuentra en la p\u00e1gina 23, la Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional considera pertinente advertir que, \u201csi bien es cierto que los fallos condenatorios fueron proferidos el d\u00eda 10 de diciembre de 2008 y el 6 de diciembre de 2010, si se cumple el requisito de inmediatez, dado que la acci\u00f3n fue presentada al mes siguiente a la fecha de captura, momento en que el petente es enterado del proceso penal y de la subsecuente condena en su contra\u201d. Con ello quiero hacer notar al se\u00f1or juez de tutela que la Corte Constitucional ha dictaminado que solo hasta el 15 de enero de 2013 el suscrito fue enterado del proceso penal y de la subsecuente condena que me fue impuesta, lo que quiere decir que el 15 de enero de 2013 hacia atr\u00e1s nunca fui notificado por ning\u00fan operador judicial de los autos y decisiones que profirieron dentro del juicio y por ello me era realmente imposible realizar la correcci\u00f3n aritm\u00e9tica antes de la ejecutoria de la condena, que fue uno de los principales argumentos que esgrimi\u00f3 el juez (\u2026) para negar mi derecho de petici\u00f3n de la correcci\u00f3n aritm\u00e9tica y para no reformar la sentencia penal que profiri\u00f3 en mi contra calendada el 10 de diciembre de 2008 y la misma sentencia de 2\u00aa instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3 Que el 3 de febrero de 2015 radic\u00f3 ante el despacho querellado \u00abun derecho de petici\u00f3n con su correspondiente material probatorio, donde le solicito respetuosamente se sirva reformar la sentencia penal en mi contra calendada el 10 de diciembre de 2008 POR HABER INCURRIDO EN UN ERROR ARITMETICO (\u2026) lo que signific\u00f3 la agravaci\u00f3n en dos (2) a\u00f1os de exceso de la pena de prisi\u00f3n impuesta y de la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, raz\u00f3n por la que requer\u00ed que diera aplicaci\u00f3n integra a lo consagrado en el art\u00edculo 412 de la Ley 600 de 2000 y dem\u00e1s normas concordantes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

2.4. Que mediante auto proferido el d\u00eda 11 del mes y a\u00f1o arriba referenciados, se le neg\u00f3 lo suplicado, determinaci\u00f3n que conoci\u00f3 a trav\u00e9s del Oficio No. 0691 del 27 recibido el 10 de abril posterior, en el que se le inform\u00f3 \u00abde la negaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n donde le solicit\u00f3 aplicar el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo Penal argumentando que dicha solicitud \u201cse debi\u00f3 aplicar al momento de proferir la sentencia de condena para calcular la dosimetr\u00eda punitiva por el delito de PECULADO POR APROPIACI\u00d3N\u201d LO CUAL ERA IMPOSIBLE REALIZAR POR LAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO, AL DERECHO A LA DEFENSA Y A LA LIBERTAD POR INDEBIDA NOTIFICACI\u00d3N OCURRIDA DENTRO DE MI PROCESO PENAL (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que la mencionada decisi\u00f3n resulta equivocada, toda vez, que no se tuvo en cuenta que \u00ab1) solo conoc\u00ed del error matem\u00e1tico el d\u00eda 15 de enero de 2013 que es la fecha del conocimiento del proceso penal y de la sentencia proferida en mi contra por la indebida notificaci\u00f3n en que se incurri\u00f3, como lo comprob\u00f3 la Corte Constitucional en la hoja 23 del fallo T-711 de 2013. 2) para interponer con \u00e9xito la mentada solicitud de correcci\u00f3n matem\u00e1tica, era necesario que el suscrito demostrara la existencia de pruebas contundentes que demostraran las violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a la libertad por indebida notificaci\u00f3n ocurrida dentro de mi proceso penal; y estas pruebas solo me fueron reconocidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-711 de 2013 y el auto aclaratorio del salvamento de voto del Magistrado Palacio hacia los meses de octubre de 2015 y despu\u00e9s del 18 de febrero de 2016 respectivamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que \u00abas\u00ed las cosas, demuestro que solo hasta el 18 de marzo de 2016 tengo en mi poder todas las pruebas que me dan certeza para preparar mis argumentos jur\u00eddicos y fundamentales para impetrar la presente acci\u00f3n de tutela y de contera para demostrar una preclusi\u00f3n de oportunidad por incumplimiento del principio de inmediatez, que no cabe, porque se me estar\u00eda violando el debido proceso al inadmit\u00edrseme las pruebas recientemente obtenidas y que son contundentes para usarlas en la presente acci\u00f3n de tutela para que me sean amparados los derechos constitucionales que me fueron violados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se ordene \u00abA QUIEN SEA EL COMPETENTE PARA QUE REFORME LA SENTENCIA CALENDADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 POR HABER INCURRIDO EN UN ERROR ARITM\u00c9TICO EN LA MISMA QUE PROVOC\u00d3 EL AGRAVAMIENTO EN DOS (2) A\u00d1OS DE EXCESO DE LA PENA DE PRISI\u00d3N QUE ME FUE IMPUESTA EN EL DELITO DE PECULADO POR APROPIACI\u00d3N EN FAVOR DE TERCEROS Y POR EL AGRAVAMIENTO DE DOS (2) A\u00d1OS DE EXCESO DE LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACI\u00d3N PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES P\u00daBLICAS\u00bb y que se reconozca \u00abMI LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA Y LA EXTINCI\u00d3N DE LA CONDENA IMPUESTA en raz\u00f3n a que a la fecha de 28 de noviembre de 2016 tengo cincuenta y seis (56) meses y un (1) d\u00eda de pena cumplida y este tiempo excede los cincuenta y dos (52) meses de pena de prisi\u00f3n a los que debi\u00f3 conden\u00e1rseme si no se hubiera cometido el error aritm\u00e9tico por el juez y que aval\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, lo que ocasion\u00f3 la grave distorsi\u00f3n de la pena que me impuso y la transgresi\u00f3n de mi derecho fundamental a la libertad por pena cumplida\u00bb (Fls. 1-22).  <\/span><\/p>\n

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4. El presente asunto fue admitido a tr\u00e1mite el 30 de noviembre de 2016 y resuelto en providencia del d\u00eda 7 de diciembre del referido a\u00f1o, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el accionante.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El Fiscal Coordinador-Unidad Administraci\u00f3n Publica sostuvo, que \u00abde los documentos de los cuales se me ha hecho traslado, no se logra advertir la pena que le fuera impuesta al se\u00f1or Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, de tal suerte que no es posible llevar a cabo un an\u00e1lisis, frente a la dosimetr\u00eda penal para el proceso de individualizaci\u00f3n de pena y sentencia. De igual forma la sentencia condenatoria la emiti\u00f3 el Juez Quinto Penal del Circuito, quien en su sabidur\u00eda al emitir el fallo, ha debido tener en cuenta los presupuestos de los art. 60, 61 y dem\u00e1s del C\u00f3digo Penal. Ahora bien la Ley 600\/2000, establece que: \u201cla sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisi\u00f3n que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritm\u00e9tico\u2026\u201d, lo que claramente advierte que es un derrotero que le compete al Juez que profiri\u00f3 el fallo condenatorio o incluso por parte del Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas, y no la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, cuando el fallo qued\u00f3 debidamente ejecutoriado\u00bb (Fl. 234 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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La Fiscal Treinta y Uno Seccional de Santa Marta inform\u00f3, que \u00abpara la fecha de vulneraci\u00f3n de los derechos a que hace referencia el accionante, es decir, diciembre 10 de 2008, ya no me desempe\u00f1aba como Fiscal 13 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta ciudad, no intervine en la audiencia donde se dict\u00f3 sentencia condenatoria, fui trasladada a otra Fiscal\u00eda por el Director Seccional de Fiscal\u00edas a partir del 3 de diciembre de 2007, de la Fiscal\u00eda 13 seccional a la Fiscal\u00eda 6 seccional de Ci\u00e9naga, mediante Resoluci\u00f3n 607, traslado efectivo a partir del 10 de diciembre de 2007; as\u00ed mismo durante el a\u00f1o 2008 me desempe\u00f1\u00e9 en la Fiscal\u00eda 7 de URI, en la ciudad de Santa Marta, a partir del 18 de enero de 2008, posteriormente durante el 2008, fui trasladada a la Fiscal\u00eda 31 seccional de Santa Marta, seg\u00fan consta en las Resoluciones que anexo al presente escrito, por tal motivo no tuve conocimiento de la sentencia impuesta al se\u00f1or GUILLERMO AUGUSTO RODRIGUEZ GONZALEZ, ni los presuntos errores en que se incurri\u00f3 por el juez de conocimiento\u00bb (Fl. 241 y vuelto).    <\/span><\/p>\n

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El tribunal encartado, luego de hacer un recuento de la actuaci\u00f3n surtida en segunda instancia, resalt\u00f3 que \u00abla providencia emitida por esta Corporaci\u00f3n reviste de absoluta legalidad y su fundamentaci\u00f3n no constituye una v\u00eda de hecho para que pueda ser censurada a trav\u00e9s de un mecanismo de naturaleza excepcional y residual como lo es la acci\u00f3n de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A su vez, precis\u00f3 que \u00abla \u201ccorrecci\u00f3n aritm\u00e9tica\u201d que pretende el accionante se realice por v\u00eda de la acci\u00f3n residual de tutela, resulta improcedente, pues existen otros mecanismos para lograr ese cometido. Ahora bien, de acuerdo con los hechos planteados por el actor, \u00e9l no pudo ejercer su defensa dentro de las instancias, porque no fue debidamente notificado, sin embargo, como se lee en la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 esta Sala, con ponencia del Magistrado varias veces mencionado, el accionante, design\u00f3 un abogado de confianza, lo que nos lleva a sostener, que se notific\u00f3 por conducta concluyente de la actuaci\u00f3n que se surt\u00eda en su contra, tanto as\u00ed que dicho profesional del derecho fue quien interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Relev\u00f3, que \u00abla \u201ccorrecci\u00f3n aritm\u00e9tica\u201d que solicita el actor, que en \u00faltimas no pretende sino, que se realice una nueva revisi\u00f3n sobre los elementos de prueba que fundamentaron unas decisiones que se encuentran revestidas de cosa juzgada, as\u00ed como de los procesos de dosificaci\u00f3n, se insiste, se torna improcedente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, por \u00faltimo anot\u00f3 que \u00abla exposici\u00f3n efectuada por el accionante en la demanda tutelar, se traduce en una inadmisible pretensi\u00f3n de querer utilizar la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia para reabrir una controversia judicial que ya fue zanjada por los jueces ordinarios en virtud de sus atribuciones y competencias constitucionales y legales\u00bb por lo que \u00abno puede utilizarse esta v\u00eda constitucional como un mecanismo alternativo o paralelo para revocar decisiones adoptadas por los jueces ordinarios, m\u00e1xime cuando el actor no acredit\u00f3 los requisitos generales y espec\u00edficos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, establecidos tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como por la de la Corte Suprema de Justicia\u00bb (Fls. 245-247).  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00aben primer lugar, la censura se produce un a\u00f1o y nueve meses despu\u00e9s de la expedici\u00f3n del \u00faltimo auto controvertido, lapso excesivo y desproporcionado para el caso concreto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, adujo que \u00aba\u00fan si se pasara por alto el incumplimiento de tal presupuesto, encuentra la Sala que aunque el demandante promovi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de primera instancia, no plante\u00f3 la inconformidad que hoy alega a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben caso de haber obtenido decisi\u00f3n desfavorable, el actor pudo controvertir el fallo de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n aduciendo argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela, relacionados con los errores aritm\u00e9ticos, pero no lo hizo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3, que \u00abresulta evidente que el descuido puesto de presente permiti\u00f3 que el fallo del Tribunal accionado cobrara firmeza, situaci\u00f3n que no puede modificarse a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional, ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para acceder al amparo bajo esa modalidad es necesario que el interesado haya hecho uso adecuado de todos los medios ordinarios dispuestos por el legislador -Sentencia SU \u2013 111 de 1997-\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, concluy\u00f3 que \u00abal margen de lo se\u00f1alado, es del caso anotar que el auto de 11 de diciembre de 2015 se encuentra ajustado a derecho. En efecto, respecto de la correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos la autoridad judicial accionada indic\u00f3 que \u00e9sta procede siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los art\u00edculos 310 y 311 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Por ende, resalt\u00f3 que en el caso particular precluy\u00f3 la oportunidad de solicitar la correcci\u00f3n, la cual debe hacerse durante la ejecutoria de la sentencia y decidirse mediante providencia complementaria\u00bb  (Fls. 252-257).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el querellante, argumentando, que \u00abhaber presentado una acci\u00f3n de tutela inmediatamente despu\u00e9s de conocer el auto de 11 de febrero de 2015 del Juez 5 Penal del Circuito de Santa Marta sin tener conocimiento del fallo T-711 de 2013 con la aclaraci\u00f3n y rectificaci\u00f3n al salvamento de voto que me fue notificado en el mes de marzo de 2016, me llevaba jur\u00eddicamente a no poder controvertir ante usted como juez de tutela de forma certera los infundados argumentos que tuvo el Juez Quinto Penal del Circuito de Santa Marta para negar las peticiones inmersas en mi solicitud de febrero 3 de 2015; y es aqu\u00ed que debe tenerse en cuenta dentro del an\u00e1lisis de cumplimiento del principio de inmediatez, que se escapaba de mi \u00f3rbita de control que la Corte Constitucional se hubiera demorado m\u00e1s de dos a\u00f1os en proferir y en notificarme el fallo T-711 de 2013, el salvamento y aclaraci\u00f3n de voto a que me he referido, que era necesario para demostrarle a usted que debido al error de indebida notificaci\u00f3n que en mi contra ocurri\u00f3 y que convalidado por los fiscales, el propio Juez  5 del circuito de Santa Marta y los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta que propici\u00f3 que me enterara tard\u00edamente despu\u00e9s de dos (2) a\u00f1os de haberse ejecutado la sentencia, de la existencia del proceso penal en mi contra y de subsecuentes condenas que se me impusieron, desconocimiento que por ser ajeno a la responsabilidad del suscrito y que era necesario comprobar DEMUESTRA el porque me era IMPOSIBLE PODER INVOCAR LA CORRECCI\u00d3N DEL ERROR MATEMATICO ANTES DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA, QUE FUE LO QUE ARGUMENTO EL JUEZ PARA NEGARME EL DERECHO DE PETICI\u00d3N\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirm\u00f3, que \u00abera imposible promover la inconformidad que estoy alegando por v\u00eda constitucional y que tambi\u00e9n me era imposible controvertir el fallo de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n aduciendo argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela, porque como lo demostr\u00e9 en la sustentaci\u00f3n del cumplimiento principio de inmediatez del punto anterior, fui v\u00edctima de los fiscales, jueces y magistrados que actuaron en las etapas de instrucci\u00f3n y juzgamiento en primera y segunda instancia de mi proceso penal, quienes al incurrir o convalidar las indebidas notificaciones al suscrito a una direcci\u00f3n errada, inexistente y muy diferente a la correcta de mi ubicaci\u00f3n, impidieron mi enteramiento del proceso penal en tiempo y esa es la raz\u00f3n de no haber podido ejercer las acciones legales conducentes por la v\u00eda constitucional o a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n para lograr la correcci\u00f3n matem\u00e1tica de los errores cometidos en mi sentencia condenatoria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3, que el auto de 11 de diciembre de 2015 \u00abest\u00e1 viciado de legalidad (sic) y constri\u00f1e mis derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la libertad, por la demostrada indebida notificaci\u00f3n que en mi contra se present\u00f3 dentro del proceso penal, que solo permiti\u00f3 mi enteramiento del proceso penal y de la subsecuente condena el d\u00eda 15 de enero de 2013 cuando fui capturado, que es una fecha posterior en dos (2) a\u00f1os a la firmeza de la sentencia (diciembre 2010), lo que explica y demuestra, que por causas ajenas al suscrito (violaci\u00f3n de mis derechos y garant\u00edas constitucionales), me era realmente imposible haber realizado oportunamente y antes de la ejecutoria de la sentencia la solicitud de correcci\u00f3n aritm\u00e9tica cumpliendo los requisitos de los art\u00edculos 310 y 311 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a efecto de que se decidiera mediante providencia complementaria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que \u00abel error matem\u00e1tico se constituye en un perjuicio irremediable porque agrav\u00f3 mi pena de prisi\u00f3n y mi pena accesoria de inhabilidad de funciones y derechos p\u00fablicos en dos (2) a\u00f1os de exceso, provoc\u00e1ndoseme la transgresi\u00f3n de mis derechos constitucionales a la libertad por pena cumplida, al debido proceso y a la defensa\u00bb (Fls. 264-275).   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que el quejoso solicita se ordene \u00abA QUIEN SEA EL COMPETENTE PARA QUE REFORME LA SENTENCIA CALENDADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 POR HABER INCURRIDO EN UN ERROR ARITM\u00c9TICO EN LA MISMA\u00bb y que se reconozca \u00ab[su] LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA Y LA EXTINCI\u00d3N DE LA CONDENA IMPUESTA\u00bb al estimar que se incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. Sentencia proferida el 10 de diciembre de 2008 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta que conden\u00f3 a Guillermo Augusto Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez (aqu\u00ed accionante) por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n y prevaricato por acci\u00f3n a la pena de 76 meses de prisi\u00f3n (Fls. 37-45).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Fallo de 6 de diciembre de 2010 dictado por el tribunal cuestionado mediante el cual confirm\u00f3 el de primer grado (Fls. 188-195).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

3.4. Derecho de petici\u00f3n presentado por el apoderado judicial del querellante solicitando al despacho cuestionado la correcci\u00f3n aritm\u00e9tica de la sentencia de primera instancia (Fls. 24-36).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.5. Auto de 11 de febrero de 2015 emitido por el juzgado encartado negando la solicitud de correcci\u00f3n de la sentencia, elevada por el quejoso, al considerar que \u00abfue formulada por los interesados el 3 de febrero de los corrientes, es decir, seis a\u00f1os despu\u00e9s de pronunciada la sentencia en cuesti\u00f3n, la cual de tiempo atr\u00e1s cobr\u00f3 firmeza despu\u00e9s de haberse decidido la apelaci\u00f3n legal, oportunamente interpuesta y confirmada la decisi\u00f3n en segunda instancia por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (sic), que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, habiendo entonces precluido la oportunidad para solicitar su correcci\u00f3n que, como lo indica la normatividad, debe hacerse durante la ejecutoria de la sentencia y decidirse mediante providencia complementaria\u00bb, frente al cual no se interpuso recurso alguno (Fls. 50-58).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.6. Prove\u00eddo de 14 de marzo de 2016 por el que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 otorg\u00f3 al quejoso el subrogado de la libertad condicional (Fls. 89-91).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, toda vez que ha trascurrido un holgado lapso desde cuando el funcionario acusado profiri\u00f3 el prove\u00eddo  censurado (febrero 11 de 2015), dado que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 29 de noviembre de 2016, a\u00fan si se tiene en cuenta la fecha que aduce el accionante en que fue enterado de la correcci\u00f3n al salvamento de voto manifestado en la tutela T-711 de 2013 y que fuere notificado, seg\u00fan afirma, el 16 de marzo de 2016, evidenci\u00e1ndose as\u00ed que se super\u00f3 el t\u00e9rmino que se ha consagrado para acudir a este mecanismo excepcional de amparo de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el principio de inmediatez la Sala tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[S]i bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (Sentencia T-797\/02 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante…\u201d (CSJ STC 2 Ago. 2007, Rad. 00188 -01, reiterada, entre otros, en STC7139-2015 5 Jun. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Al margen de lo anterior, es del caso destacar que tambi\u00e9n concurre la causal de improcedencia de la subsidiariedad, pues, el gestor debi\u00f3 acudir a los medios de resguardo judicial que consagra la ley penal para exponer los motivos en que apoya su queja, contra el auto de 11 de febrero de 2015, concretamente, el recurso de apelaci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) mecanismo que dej\u00f3 de interponer y, por supuesto, que no puede v\u00e1lidamente acudir a este excepcional tr\u00e1mite, luego de dilapidar el instrumento procesal id\u00f3neo, dado su car\u00e1cter esencialmente subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Al respecto, ha reiterado esta Corporaci\u00f3n que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[E]l reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando se dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (CSJ STC, 29 May. 2012, Rad. 01014-00; reiterada, entre otros, en STC, 6 abr. 2015 rad. 2015-001369-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC1112-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02168-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99075","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99075"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99075\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}