{"id":99076,"date":"2026-06-25T17:52:34","date_gmt":"2026-06-25T17:52:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1113-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:52:34","modified_gmt":"2026-06-25T17:52:34","slug":"stc1113-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1113-2017\/","title":{"rendered":"STC1113-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1113-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02526-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Gearly Sonsoles Trujillo S\u00e1nchez contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de ejecuci\u00f3n de esta capital, \u00abque dentro del t\u00e9rmino de 48 horas siguientes (\u2026) [a la fecha en que] se le notifique la decisi\u00f3n, adopte las medidas necesarias para [dar] respuesta a [su] solicitud\u00bb (fl. 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pedimentos, aduce en compendio, que el 15 de septiembre de 2016 present\u00f3 la referida petici\u00f3n, \u00abdando alcance al fallo de segunda instancia de la tutela instaurada en contra de[l juzgado aqu\u00ed accionado]\u00bb, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo se haya emitido una respuesta, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 4 y 5,  ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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       El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que la petici\u00f3n a que alude la accionante fue presentada dentro del proceso ejecutivo hipotecario con radicado No. 1997-0689, promovido por Gonzalo Tibat\u00e1 S\u00e1nchez (hoy cesionaria Gearly Sonsoles Trujillo S\u00e1nchez) contra Jorge Arturo Contreras y otra, sin que hubiese sido \u00abadvertida (\u2026) [porque] el proceso se encontraba al despacho a fin de definir dos recursos de reposici\u00f3n subsidiarios en apelaci\u00f3n, y hacer nuevo control de legalidad a fin de evaluar el adecuado acatamiento de los fallos de primera y segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Jos\u00e9 Ricardo Rodr\u00edguez S\u00e1nchez\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifest\u00f3 que en todo caso, no ten\u00eda la obligaci\u00f3n de emitir respuesta a la misma, pues \u00abexistiendo la normatividad civil y procesal que gobiernan el tr\u00e1mite ejecutivo con garant\u00eda real, as\u00ed como la interposici\u00f3n, tr\u00e1mite y definici\u00f3n de las actuaciones incidentales, dichos medios no pueden ser desplazados de manera alguna por la figura del derecho de petici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo, expuso la anterior postura al petente mediante auto del pasado 18 de noviembre, donde adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3, que una vez ejecutoriado ese prove\u00eddo deb\u00eda ingresar  inmediatamente el expediente al Despacho para resolver \u00abde manera \u00edntegra los recursos incoados bajo los referentes estimados en los fallos de primera y segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela No. 11001-22-03-000-2016-01229-01 que instaurara el se\u00f1or Jos\u00e9 Ricardo Rodr\u00edguez S\u00e1nchez contra [esa] sede judicial\u00bb (fls. 14 a 16, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, precisando para el efecto, que el accionante carece de legitimaci\u00f3n en la causa para procurarla, pues \u00abel se\u00f1or Diego Armando S\u00e1nchez Ord\u00f3\u00f1ez manifest\u00f3 en la petici\u00f3n tutelar actuar como apoderado de la se\u00f1ora Gearly Sonsoles Trujillo S\u00e1nchez, empero, de acuerdo con la documental allegada al tr\u00e1mite y pese al requerimiento efectuado por este Tribunal en el auto admisorio para que aportara el poder que acreditara dicha calidad, \u00e9ste no satisfizo dicha exigencia, lo que impide abrir paso a su reclamaci\u00f3n, amen que \u201cla calidad de apoderado no genera ipso facto la suplantaci\u00f3n del titular del derecho\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A lo que agreg\u00f3, que aunque se hiciera abstracci\u00f3n de lo anterior, el derecho de petici\u00f3n \u00aben l\u00ednea de principio, no es procedente ante las actuaciones judiciales, dado que para el desarrollo de las relaciones de los sujetos intervinientes en los juicios (partes, jueces, terceros), en asuntos relacionados con la litis, se han de estar a las reglas que para cada proceso ha dispuesto el legislador, sin perjuicio de aquellas actuaciones eminentemente administrativas que pudieran presentarse, que no es el caso sub judice, pues lo pretendido es obtener un pronunciamiento sobre el tr\u00e1mite mismo del juicio ejecutivo hipotecario No. 1997-689 que all\u00ed cursa, para el cumplimiento de un fallo de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente acot\u00f3, que en todo caso con auto del 19 de septiembre de 2016, se inform\u00f3 a la aqu\u00ed tutelante acerca \u00abde la improcedencia de la formulaci\u00f3n de derechos de petici\u00f3n para el impulso de las actuaciones judiciales\u00bb, y se le advirti\u00f3 que en firme ese prove\u00eddo, se resolver\u00edan los recursos incoados dentro de los t\u00e9rminos de los aludidos fallos de tutela de primera y segunda instancia, \u00abpor lo que si bien podr\u00eda afirmarse que existi\u00f3 alguna mora en la resoluci\u00f3n de la \u201cpetici\u00f3n\u201d formulada, en el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n el Despacho accionado subsan\u00f3 la omisi\u00f3n, cesando as\u00ed la transgresi\u00f3n, generando lo que jurisprudencialmente se ha denominado un hecho superado\u00bb (fls. 30 a 34, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la accionante, aportando el poder especial echado de menos por el a quo constitucional, pero  sin esgrimir ning\u00fan argumento adicional (fls. 48 a 50, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces, una pronta resoluci\u00f3n, la respuesta de fondo, y, la notificaci\u00f3n efectiva de \u00e9sta al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sin embargo, en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; reiterada e STC9447-2015).  <\/span><\/p>\n

En igual sentido, se ha precisado que   <\/span><\/p>\n

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\u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9447-2015).  <\/span><\/p>\n

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Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto observa la Corte, que la se\u00f1ora Gearly se\u00f1ala que el 15 de septiembre pasado, radic\u00f3 escrito ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, con el fin que dentro del tr\u00e1mite del proceso ejecutivo hipotecario que adelanta en contra de Jorge Arturo Contreras y Martha Isabel Rodr\u00edguez S\u00e1nchez, se sirviera \u00abdar estricto cumplimiento a la sentencia de segunda instancia de la tutela interpuesta por este [ejecutado], para [dicho] proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.   No obstante, para la Sala tal asunto, sin lugar a dudas se refiere a temas propios del tr\u00e1mite de la aludida ejecuci\u00f3n, pues como qued\u00f3 visto, se est\u00e1 reclamando observar lo dispuesto en un fallo de tutela que fue instaurado contra la sede judicial aqu\u00ed accionada, y con motivo del memorado proceso, raz\u00f3n por la cual es improcedente que esa solicitud sea resuelta bajo la perspectiva del derecho de petici\u00f3n, y la viabilidad del presente mecanismo de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5.        Ahora, haciendo abstracci\u00f3n de lo anterior, y para ahondar en argumentos desestimatorios del amparo pretendido, advierte la Corte que aun cuando al Juez accionado no le correspond\u00eda pronunciarse frente a la petici\u00f3n radicada por la promotora del amparo, \u00e9ste brind\u00f3 respuesta congruente y de fondo a la misma con auto del 18 de noviembre de 2016, exponiendo a la interesada los motivos para no acceder a lo reclamado en el marco del citado proceso judicial, y adem\u00e1s, que \u00abejecutoriado e[se] prove\u00eddo, (\u2026) resolver\u00e1 de manera \u00edntegra los recursos incoados, bajo los referentes estimados en los fallos de primera y segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela No. 11001-22-03-000-2016-01229-01, que instaurara el se\u00f1or Jos\u00e9 Ricardo Rodr\u00edguez S\u00e1nchez contra [esa] sede judicial\u00bb (fl. 18, cdno. 1),  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no cabe duda que en la data citada, esto es, de manera previa a que se emitiera el fallo constitucional de primer grado (24 de noviembre de 2016), la sede judicial accionada ya hab\u00eda emitido una respuesta concreta a la solicitud de la actora, lo que impone ratificar lo decidido sobre el asunto por el a quo constitucional, pues ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales (CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 00244-01, reiterada en STC5302-2014 y STC16526-2014, 5 dic, rad 00670-01 y STC15375-2016).  <\/span><\/p>\n

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Sobre ese particular, la Sala ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 12 sept. 2011, Rad. 00081-01, reiterado en CSJ STC, 12 oct. 2012, Rad. 01606-01-01 y STC15375-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener la sentencia controvertida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y a los dem\u00e1s intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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