{"id":99078,"date":"2026-06-25T17:52:42","date_gmt":"2026-06-25T17:52:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1116-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:52:42","modified_gmt":"2026-06-25T17:52:42","slug":"stc1116-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1116-2017\/","title":{"rendered":"STC1116-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1116-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2016-00322-01          <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Dagoberto Holgu\u00edn Cardona contra la Superintendencia de Sociedades, Mercasur Ltda en Reestructuraci\u00f3n, el Municipio de Neiva, la Curadur\u00eda Segunda Urbana de la misma ciudad y la Notar\u00eda Cuarta de la misma localidad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Copropietarios del Centro Comercial de Mercadeo Minorista de Neiva \u2013Mercaneiva.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al trabajo, al m\u00ednimo vital, a la dignidad y a la \u00abpropiedad\u00bb, presuntamente conculcados por entidades convocadas, con ocasi\u00f3n de la aprobaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n del cambio de unas \u00e1reas de parqueaderos de la propiedad horizontal Central Minorista de Mercados de Neiva \u2013 Mercaneiva, de libres comunes a libres privadas.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de lo expuesto reclama, entonces, que se ordene i) a la Curadur\u00eda Segunda Urbana de Neiva, \u00abdej[ar] sin efecto la resoluci\u00f3n [No.] 80-270 del 18 de agosto de 2016\u00bb, con que autoriz\u00f3 tal cambio en las zonas comunes, y que en su lugar, \u00abexp[ida] la decisi\u00f3n que se ajuste a derecho\u00bb; ii) a Mercasur, que \u00absometa nuevamente a consideraci\u00f3n de la asamblea de copropietarios si vota positivo o no el [referido] cambio de categor\u00eda de los cupos de parqueaderos\u00bb; iii) al municipio de Neiva, que por intermedio de la Direcci\u00f3n de Planeaci\u00f3n Municipal, revise la precitada resoluci\u00f3n con que se autoriz\u00f3 la licencia de construcci\u00f3n de dichos parqueaderos, y de otro lado, que proceda a solicitar la terminaci\u00f3n por incumplimiento del acuerdo de reestructuraci\u00f3n de Mercasur; iv) a la Notar\u00eda Cuarta de dicha localidad, que se abstenga de otorgar la escritura p\u00fablica de cambio de categor\u00eda de las aludidas \u00e1reas libres comunes, y; v) a la Superintendencia de Sociedades, que \u00abproceda a iniciar una investigaci\u00f3n administrativa para que se ordene llevar a liquidaci\u00f3n judicial a la sociedad Mercasur Ltda en Reestructuraci\u00f3n, por incumplimiento del acuerdo\u00bb (fls. 1 a 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido, aduce en lo esencial, que la mentada copropiedad es administrada por su constructora Mercasur, quien fungir\u00e1 como tal, dice, \u00abhasta que est\u00e9n vendidos el n\u00famero de locales comerciales que representen el 51% del coeficiente de copropiedad seg\u00fan lo estipulan los art\u00edculo 24 y 52 de la Ley 675 de 2001\u00bb; que adquiri\u00f3 un local comercial all\u00ed ubicado mediante escritura p\u00fablica No. 342 del 24 de febrero de 2016, porque le ofrecieron \u00ablas bondades de amplios parqueaderos como zonas comunes, o de pertenencia proporcionalmente a todos los propietarios de locales comerciales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que el 5 de octubre de 2015, Mercasur convoc\u00f3 a una reuni\u00f3n de copropietarios a fin de modificar la zona de parqueaderos de libre com\u00fan a libre privada, para \u00abmeterla como parte de sus activos y proceder a venderla, con lo cual privatiza los parqueaderos y procede a cobrar (\u2026) tanto a propietarios de locales comerciales como a las personas que llevan su veh\u00edculo para comprar su mercado (\u2026), con lo que no solo perjudica [a los copropietarios] porque los locales se deval\u00faan, sino que va a sacar corriendo a las pocas personas que acuden a Mercaneiva propiedad horizontal a hacer mercado de perecederos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indica que a ese encuentro no fueron convocados todos los copropietarios, ni los que asistieron fueron citados como lo establece el art\u00edculo 64 de los estatutos de la copropiedad y el art\u00edculo 39 de la Ley 675 de 2001; y que con el acta que all\u00ed se levant\u00f3, la Curadur\u00eda Segunda Urbana de Neiva emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 80-270 del 18 de agosto de 2016, con que \u00abaprob\u00f3\u00bb el aludido cambi\u00f3 en la categor\u00eda del \u00e1rea de los parqueaderos.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que previo a emitir ese acto administrativo, dicha Curadur\u00eda no exigi\u00f3 a Mercasur \u00abque le demostrara cu\u00e1ntos locales hab\u00eda vendido y si ya hab\u00eda vendido el 51% del coeficiente de copropiedad de \u00e1reas privadas, cuando el Municipio de Neiva ya hab\u00eda comprado m\u00e1s de 1300 locales comerciales (\u2026) es decir, para ese momento Mercasur ya deb\u00eda haber entregado la administraci\u00f3n a los \u00f3rganos de la copropiedad conforme los art\u00edculos 24 y 52 de la Ley 675 de 2001, pero no lo hizo porque ese es el \u00fanico ingreso de Mercasur quien cobra las cuotas de administraci\u00f3n\u00bb, que de parte s\u00f3lo de la ciudad de Neiva ascienden a casi $40\u00b4000.000,oo mensuales.  <\/span><\/p>\n

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Explica que ese Municipio es propietario de los mentados locales comerciales, porque los ha venido recibiendo en \u00abdaci\u00f3n en pago\u00bb, dada su condici\u00f3n de acreedor reconocido dentro del tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n empresarial a que se acogi\u00f3 Mercasur ante la Superintendencia de Sociedades bajo los t\u00e9rminos de la Ley 550 de 1999, en virtud del cual en noviembre de 2005, \u00e9sta acord\u00f3 el pago de sus deudas a 10 a\u00f1os, t\u00e9rmino que se prorrog\u00f3 por 4 a\u00f1os m\u00e1s, el 24 de junio de 2016.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1ade que Mercasur a\u00fan adeuda a dicho ente territorial alrededor de tres mil millones de pesos, y no le ha realizado m\u00e1s daciones en pago con locales, porque \u00abas\u00ed logra mantener a un acreedor estrat\u00e9gico que le permita mantener vivo el acuerdo y no irse a liquidaci\u00f3n judicial\u00bb; empero, dice, con tal actuar, esa sociedad \u00abincumple el acuerdo por las causa[les] previstas en el art\u00edculo 35 de la Ley 550 de 1999, y el municipio de Neiva debe pedir a la Superintendencia de Sociedades que declare incumplido el acuerdo y Mercasur (\u2026) se vaya a liquidaci\u00f3n judicial conforme a la Ley 1116 de 2006\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que para cubrir ese saldo a favor del Municipio de Neiva, Mercasur entreg\u00f3 provisionalmente a \u00e9ste unos locales donde funciona el Sistema Estrat\u00e9gico de Transporte de la ciudad y la Central Semaf\u00f3rica, con la promesa de que har\u00eda la daci\u00f3n en pago una vez los avaluara, de manera que, asevera, la demora en esa enajenaci\u00f3n pone en riesgo las inversiones que con dinero p\u00fablico all\u00ed se han realizado, lo que en su sentir amerita una investigaci\u00f3n oficiosa por parte de la Superintendencia de Sociedades, conforme posibilitan los art\u00edculos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995.  <\/span><\/p>\n

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Expresa que por otra parte, con la Resoluci\u00f3n No. 80-270 del 18 de agosto de 2016 de la Curadur\u00eda Segunda de Neiva, la mentada sociedad administradora acudi\u00f3 a la Notar\u00eda Cuarta de esa misma ciudad a que le \u00abexpid[ieran] la Escritura P\u00fablica para perpetrar la apropiaci\u00f3n de los parqueaderos\u00bb, y que la Direcci\u00f3n de Planeaci\u00f3n de dicho municipio, a pesar de ser la segunda instancia de la Curadur\u00eda, \u00abnada ha hecho para revisar a fondo la legalidad de[l mentado acto administrativo]\u00bb, a pesar de que est\u00e1n comprometidos bienes de propiedad del municipio.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente asegura, que Mercasur promovi\u00f3 el comentado cambio en la categor\u00eda de la zona de los parqueaderos, porque, dice, \u00abno tiene otra opci\u00f3n de generar recursos si no es los que le ingresan por cuotas de administraci\u00f3n de los copropietarios\u00bb, y al lograr que \u00e9stos votaran favorablemente el cambio en la categor\u00eda de las zonas de parqueaderos de \u00e1reas libres comunes a libres privadas, \u00abinmediatamente aumentar\u00e1 el coeficiente de copropiedad y no tendr\u00e1 (\u2026) que entregar la administraci\u00f3n de Mercaneiva (\u2026). Esto porque de inmediato el 51% de \u00e1reas privadas aumenta y aparecer\u00e1 como no vendido menos del 51%, por lo que no se cumple el presupuesto normativo de los art\u00edculos 24 y 52 de la Ley 675 de 2001\u00bb, motivos por los cuales estima se vulneraron sus prerrogativas superiores con lo resuelto (fls. 1 a 8, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        El Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuraci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades manifest\u00f3, que no puede tomar directamente la decisi\u00f3n de liquidar a Mercasur Ltda en Reorganizaci\u00f3n, porque ello compete primero al Comit\u00e9 de Acreedores; que la facultad de realizar investigaciones administrativas a sociedades como esa, es potestativa, y el art\u00edculo 87 de la Ley 222 de 1995 establece los requisitos para iniciar tal actuaci\u00f3n a petici\u00f3n de parte; a lo que agreg\u00f3, que en \u00faltimas, la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos de reestructuraci\u00f3n \u00abdeben adelantarla los acreedores a trav\u00e9s del se\u00f1alado cuerpo creado (\u2026), en el acuerdo de reestructuraci\u00f3n suscrito\u00bb (fls. 140 a 142, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b).        Ovidia Navarro, Mar\u00eda Orfir Marroqu\u00edn, Orfali Mar\u00eda Cuadrado, Celia Bautista, Luz Mery Camacho, Deicy Cruz Rodr\u00edguez, Jos\u00e9 Ricardo Rodr\u00edguez, Felisa Herrera, Gloria Esther Rojas, Blanca Edith Peralta, Mar\u00eda Elcira Bonilla, Mery Campos Salcedo, Luz Alba D\u00edaz, Ferm\u00edn Ospina Guerrero, Oscar Iv\u00e1n Fl\u00f3rez, Alexander Trujillo Ram\u00edrez, Pablina Barrero, Lucila Guti\u00e9rrez, Gloria Luc\u00eda Soto Toledo y Carmen Ram\u00edrez, quienes manifestaron ser propietarios de locales comerciales del Centro Comercial de Mercadeo Minorista de Neiva \u2013Mercaneiva, se\u00f1alaron en escritos separados, que la Curadur\u00eda Segunda de dicha ciudad debi\u00f3 revisar que lo aprobado en acta de reuni\u00f3n de copropietarios del 5 de octubre de 2015, compromet\u00eda bienes del municipio y por ende requer\u00eda autorizaci\u00f3n del Concejo, y, que \u00absi Mercasur logra la apropiaci\u00f3n de la zona de parqueaderos, [sus] familias estar\u00edan en riesgo de perder el sustento\u00bb (fls. 145 a 182 y 186 y 187, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c).        El Director del Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Municipal de la mentada urbe, indic\u00f3 que no conoci\u00f3 de ning\u00fan recurso que haya sido interpuesto contra la Resoluci\u00f3n No. 80-270 de 18 de agosto de 2016, expedida por la Curadur\u00eda Urbana Segunda de esa misma ciudad, que modific\u00f3, entre otras, la Licencia de Urbanismo y Construcci\u00f3n No. 273 de 10 de noviembre de 1997, y,  tampoco ha recibido solicitudes de revocatoria directa en contra de aquel acto administrativo.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, afirm\u00f3 que iniciar\u00e1 las investigaciones tendientes a establecer el cumplimiento de los requerimientos legales para la modificaci\u00f3n de la mentada licencia urban\u00edstica, \u00aben cuanto a la divisi\u00f3n, cuadro de \u00e1reas, planos arquitect\u00f3nicos de la propiedad horizontal del proyecto denominado Mercaneiva, en especial lo concerniente al cambio de categor\u00eda de los cupos de parqueaderos pasando de \u00e1reas libres comunes a \u00e1reas libres privadas\u00bb (fls. 189 a 192, \u00eddem.)  <\/span><\/p>\n

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d).        La Curadora Urbana Segunda de Neiva refiri\u00f3, que no ha quebrantado derecho fundamental alguno del actor, porque \u00abobra en el expediente con Radicaci\u00f3n 41001-2-15-0435 [de esa Curadur\u00eda] el Acta No. 1 de Asamblea Extraordinaria General de Copropietarios de (\u2026) Mercaneiva de fecha 5 de octubre de 2015, documento en el cual consta la verificaci\u00f3n del quorum, mayor\u00eda calificada para decidir y dem\u00e1s circunstancias de la Asamblea realizada\u00bb, en la que ella por dem\u00e1s, no intervino, y cuya acta no fue impugnada en los t\u00e9rminos de la Ley 675 de 2001.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3 que el accionante adquiri\u00f3 el local en Mercaneiva con posterioridad a la celebraci\u00f3n de la comentada asamblea de copropietarios, y adem\u00e1s, no demuestra que con lo decidido en la misma se la haya causado alg\u00fan perjuicio injustificado (fls. 197 a 201, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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e).   La Notaria Cuarta del C\u00edrculo de esa ciudad expres\u00f3, que aunque recibi\u00f3 el oficio O.A.J.M. No. 1263 de 25 de octubre de 2016, procedente del Asesor Jur\u00eddico de la Alcald\u00eda municipal, en el que le solicitaron suspender el tr\u00e1mite de escrituraci\u00f3n solicitado por Mercasur para la modificaci\u00f3n de que trata la Resoluci\u00f3n No. 80-270 del 18 de agosto de 2016, el 27 de octubre siguiente procedi\u00f3 a correr la Escritura No. 2647 con que modific\u00f3 el reglamento de propiedad horizontal de Mercaneiva, debido a la insistencia que present\u00f3 Mercasur, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 960 de 1970 (fls. 218 a 221, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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f).        El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Municipio de Neiva manifest\u00f3, que la actual administraci\u00f3n se opone a la modificaci\u00f3n aprobada en el acta de copropietarios de Mercaneiva del 5 de octubre de 2015, \u00aby la considera ilegal como quiera que esa decisi\u00f3n compromete \u00e1reas de un inmueble afecto a la mencionada copropiedad donde el municipio de Neiva es el mayor copropietario, con lo que se ven menguados intereses p\u00fablicos, acto que a [su] juicio, requiere de la autorizaci\u00f3n del Con[c]ejo de Neiva, por virtud de los numerales 3 y 4 del par\u00e1grafo 4\u00ba del art\u00edculo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012\u00bb (fls. 260 a 263, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primer grado neg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar que \u00abel art\u00edculo 49 de la Ley 675 de 2001 faculta al administrador, al revisor fiscal y los propietarios de bienes privados, para impugnar las decisiones de asamblea cuando no se ajusten a la prescripciones legales o al reglamento de propiedad horizontal, recurso legal cuyo adelantamiento no se demostr\u00f3 durante el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n, significando ello que el accionante y los vinculados est\u00e1n acudiendo a esta instancia constitucional que es excepcional\u00edsima, obtener decisi\u00f3n judicial de asunto que por los mecanismos ordinarios pueden resolverse en la forma prevista en la ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       A lo cual agreg\u00f3, que \u00abla improcedencia se presenta tambi\u00e9n con respecto a la Curadur\u00eda Urbana Segunda de Neiva por la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 80-270 de 2016, mediante la cual se aprob\u00f3 la modificaci\u00f3n al proyecto de divisi\u00f3n, cuadros de \u00e1reas y planos arquitect\u00f3nicos de propiedad horizontal del proyecto denominado Mercaneiva (fls, 117 y 118), pues se observa que la aprobaci\u00f3n del proyecto de divisi\u00f3n, cuadros de \u00e1reas y planos arquitect\u00f3nicos de propiedad horizontal, en su art\u00edculo segundo resolutorio, indic\u00f3 que frente a la decisi\u00f3n adoptada proced\u00edan los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del Decreto 1077 de 2015 en concordancia con lo preceptuado en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que igualmente fueron desaprovechados por los interesados\u00bb (fls. 299 a 302, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, alegando similares argumentos a los expuestos en su escrito de tutela, a m\u00e1s de reiterar, que el representante del Municipio de Neiva en la reuni\u00f3n de copropietarios de cuyo resultado se queja, \u00abnecesitaba de la autorizaci\u00f3n del Con[c]ejo de Neiva para poder votar positivo el cambio de la zona de parqueaderos como \u00e1reas libres comunes a \u00e1reas libres privadas, lo que representa un robo a las arcas p\u00fablicas, pues el municipio de Neiva es propietario de m\u00e1s de 1.300 locales comerciales\u00bb (fl. 331 \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Por consagraci\u00f3n constitucional y legal, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para la regular composici\u00f3n de los litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a menos que proceda la tutela en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha destacado que al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la legitimaci\u00f3n para ejercer la acci\u00f3n constitucional radica en cabeza de la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o por conducto de su representante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, contra i) la Superintendencia de Sociedades por no haber iniciado una investigaci\u00f3n administrativa que lleve a liquidaci\u00f3n judicial a la Sociedad Mercasur Ltda en Reestructuraci\u00f3n, y; ii) contra dicha compa\u00f1\u00eda, el Municipio de Neiva, la Notar\u00eda Cuarta y la Curadur\u00eda Urbana Segunda, ambas de la misma ciudad, por haber permitido que se profiriera la Resoluci\u00f3n No. 80-270 del 18 de agosto de 2016 de la mentada Curadur\u00eda, pues en sentir del actor, con las actuaciones u omisiones de los accionados, viabilizaron el cambio de las zonas de parqueadero de la propiedad horizontal Central Minorista de Mercados de Neiva \u2013Mercaneiva, de libres comunes a libres privadas, generando con ello la devaluaci\u00f3n del local de que es propietario, y la eventual afectaci\u00f3n en el flujo de clientes de ese mercado minorista, en detrimento de sus prerrogativas ius fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        De cara a lo anterior, se precisa en punto a la primera queja esbozada, que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha destacado que al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la legitimaci\u00f3n para ejercer la acci\u00f3n constitucional radica en cabeza de la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o por conducto de su representante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.  De este modo, y descendiendo al caso concreto, se advierte de entrada que el accionante Dagoberto Holgu\u00edn Cardona, no es parte ni intervino como un tercero con inter\u00e9s reconocido en el tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n empresarial que ante la Superintendencia de Sociedades adelanta la sociedad Mercasur Ltda en Reestructuraci\u00f3n, por lo que resulta claro, entonces, que carece de inter\u00e9s leg\u00edtimo para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha ejecuci\u00f3n universal, y pedir se impartan \u00f3rdenes tendientes a que se inicie una actuaci\u00f3n administrativa que culmine con la orden de liquidaci\u00f3n de dicha sociedad comercial, m\u00e1xime cuando no se advierte c\u00f3mo una eventual orden en el sentido reclamado por el actor, conjurar\u00eda el quebrantamiento superior que alega, por las supuestas defectuosas actuaciones que aqu\u00e9lla viene adelantando en calidad de administradora, para el cambio del r\u00e9gimen de propiedad horizontal de Mercaneiva, en cuanto a la categor\u00eda de las zonas de parqueaderos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2.   En asunto de contornos similares, la Sala expuso que  <\/span><\/p>\n

\u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC9309-2014; CSJ STC9724-2014; CSJ STC-10770-2014; CSJ STC-10491-2014; STC2987-2016).  <\/span><\/p>\n

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En estas mismas determinaciones se sostuvo, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abal ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 01168-01; reiterada STC2987-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.        Ahora, en cuanto a la segunda queja del promotor del amparo, se revela que la misma no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por incumplirse con el presupuesto general de la subsidiariedad que gobierna este tipo de acciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y ello es as\u00ed, porque si lo que se busca es controvertir la legalidad de la Resoluci\u00f3n No. 80-270 del 18 de agosto de 2016, a trav\u00e9s de la cual la Curadur\u00eda Urbana Segunda de Neiva aprob\u00f3 la \u00abmodificaci\u00f3n del proyecto de divisi\u00f3n, cuadros de \u00e1reas, y los planos arquitect\u00f3nicos de propiedad horizontal del proyecto denominado Mercaneiva (\u2026) la cual consta del cambio de categor\u00eda de los cupos de parqueaderos pasando de \u00e1reas libres comunes a \u00e1reas libres privadas\u00bb (fls. 117 y 118, cdno. 1), los mecanismos id\u00f3neos y eficaces para ello lo son las acciones contencioso administrativas consagradas en los art\u00edculos 93 a 97, 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437\/11), escenarios donde adem\u00e1s, el interesado podr\u00e1 invocar como medida cautelar, entre otras, la suspensi\u00f3n provisional del supuesto acto ilegal, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 229 y siguientes del citado Estatuto Procesal, circunstancia que configura la causal de improcedencia de la tutela de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1.  As\u00ed mismo, t\u00e9ngase en cuenta que el aqu\u00ed interesado tiene tambi\u00e9n a su alcance la acci\u00f3n de revocatoria directa, que trat\u00e1ndose de una licencia urban\u00edstica, cuenta con un procedimiento espec\u00edfico regulado en el art\u00edculo 43 del Decreto 1469 de 20101, la cual puede impetrarse de manera conjunta con las mentadas acciones ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, siempre que no se haya notificado el auto admisorio de la demanda (art. 95 Ley 1437\/11).  <\/span><\/p>\n

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4.2.   Sobre el particular, la Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abpor tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho (\u2026). Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1, (\u2026) la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2011, Rad. 00330-01, reiterada \u00faltimamente en STC5738-2016, STC12203-2016 y STC7266-2016).  <\/span><\/p>\n

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       5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 \u201cPor el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urban\u00edsticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funci\u00f3n p\u00fablica que desempe\u00f1an los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.\u201d      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1116-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2016-00322-01           (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99078","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99078"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99078\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}