{"id":99080,"date":"2026-06-25T17:53:08","date_gmt":"2026-06-25T17:53:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1120-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:53:08","modified_gmt":"2026-06-25T17:53:08","slug":"stc1120-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1120-2017\/","title":{"rendered":"STC1120-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1120-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01027-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Leidy Tatiana Gonz\u00e1lez Orozco contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, \u00abrepon[er] el auto de fecha 4 de octubre de 2016\u00bb, y como consecuencia de ello, \u00abcontinuar con el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb (fl. 9, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en compendio, que pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, suministr\u00f3 las expensas necesarias para surtir el recurso de apelaci\u00f3n ante el Superior, esto es, el pago de copias y arancel judicial, y, que estuvo pendiente de la remisi\u00f3n del legajo en varias oportunidades tanto en la sede judicial como en las instalaciones del ad quem, el Despacho accionado declar\u00f3 desierto el mecanismo vertical, tras considerar que \u00abno pag\u00f3 el porte de ida y de regreso del expediente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la citada determinaci\u00f3n, pues, dice, nunca se le especific\u00f3 respecto de la mentada carga y se aplic\u00f3 el derogado art\u00edculo 132 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la aludida autoridad judicial mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n y rechaz\u00f3 el recurso subsidiario, circunstancias que, asegura, vulneran los derechos fundamentales invocados (fls. 2 a 9, Cit.).             <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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a.        La titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, luego de memorar las actuaciones que ha conocido dentro de la aludida controversia, puntualiz\u00f3 en lo fundamental, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de la inconforme, pues al tramitar la concesi\u00f3n del recurso de alzada por \u00e9sta interpuesto contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, dio aplicaci\u00f3n a las previsiones del art\u00edculo 125 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 16 y 17, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, tras considerar, en compendio, que si bien \u00aben ninguno de los apartes normativos procesales se alude a la declaratoria de deserci\u00f3n por el no pago del porte de correo, que s\u00ed tra\u00eda el CPC, y tambi\u00e9n, que la obligaci\u00f3n de remitir el expediente se radica, en principio, en el secretario del despacho judicial (Art\u00edculo 324-4, CGP)\u00bb, lo cierto es que, resulta \u00abacertada la determinaci\u00f3n de la jueza accionada de declarar desierta la impugnaci\u00f3n, porque, si ninguna consecuencia deviniera, el incumplimiento del pago del porte de correo implicar\u00eda la suspensi\u00f3n indefinida de su tr\u00e1mite hasta tanto la parte interesada quisiera hacerlo\u00bb (fls. 42 a 51, ib\u00eddem.)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 55 a 58, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo dictado el 21 de octubre de 2016 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal -Risaralda, por medio del cual se dispuso \u00abNO REPONER\u00bb el auto calendado 4 de octubre anterior, que resolvi\u00f3 \u00abdeclar[ar] desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto de fecha 18 de julio del corriente a\u00f1o\u00bb (fls. 33 y 35, \u00eddem), en el marco del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial de hecho que Leidy Tatiana Gonz\u00e1lez Orozco (aqu\u00ed accionante), promovi\u00f3 en contra de Jos\u00e9 Pl\u00e1cido \u00c1lzate Echeverry, pues en sentir de aqu\u00e9lla, se desconocieron las normas procesales que le eran aplicables al tr\u00e1mite del recurso vertical, y que no daban lugar a la citada declaratoria.  <\/span><\/p>\n

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4.        Advertido lo anterior, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo elevado, si en cuenta se tiene que el apoderado de la interesada no atac\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, la providencia del 11 de agosto de 2016, en la que, al conceder la alzada frente al auto que neg\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, igualmente dispuso ordenar a la aqu\u00ed accionante \u00absuministrar igualmente el porte de ida y regreso de las [copias del proceso], en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas que se contar\u00e1n desde el momento en que se dejen las copias en la oficina de correos correspondiente, caso de no hacerlo igualmente se declarar\u00e1 desierto el recurso\u00bb (fls. 27, Cit.), oportunidad id\u00f3nea con que contaba \u00e9sta para debatir la inconformidad aqu\u00ed tra\u00edda, esto es, la imposici\u00f3n de dicha carga y la sanci\u00f3n advertida.  <\/span><\/p>\n

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5.    Ciertamente, no puede perderse de vista que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras STC9485-2014 y STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda a la tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, por ser el proceso el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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6.        Por otra parte, al margen de dichas consideraciones, la Corte encuentra que el amparo implorado igualmente carece de trascendencia ius fundamental, pues nada obsta a la inconforme para elevar nuevamente ante el Despacho convocado las peticiones tendientes a la inscripci\u00f3n de la sentencia en el folio del matricula inmobiliaria del bien adjudicado, y el pretendido levantamiento o cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares que se hayan decretado respecto del mismo en el citado tr\u00e1mite judicial.     <\/span><\/p>\n

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7.        Finalmente, y sobre la posibilidad de conceder el amparo transitoriamente, es menester anotar que, en todo caso, la promotora del amparo no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, es decir, \u00abno se demostr\u00f3 la necesidad de evitar un que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 2011-00162-01; criterio reiterado en STC2336 -2016).  <\/span><\/p>\n

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8.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n constitucional criticada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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