{"id":99081,"date":"2026-06-25T17:53:10","date_gmt":"2026-06-25T17:53:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1121-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:53:10","modified_gmt":"2026-06-25T17:53:10","slug":"stc1121-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1121-2017\/","title":{"rendered":"STC1121-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1121-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00b0 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Diana Carolina, N\u00e9stor Ra\u00fal, Lilian Carolina Casta\u00f1eda Ramos, y Luz Alba Ramos Camacho, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados S\u00e9ptimo Civil Municipal de la mencionada urbe y Promiscuo Municipal de Ch\u00edquiza, as\u00ed como las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito principal.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los accionantes en causa propia, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad jurisdiccional convocada, al revocar la sentencia de primera instancia que hab\u00eda ordenado la terminaci\u00f3n de litigio coercitivo objeto del debate, para en su lugar, ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, ello en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el Banco Av Villas adelant\u00f3 contra Nelson Casta\u00f1eda y los herederos indeterminados de N\u00e9stor Efra\u00edn Casta\u00f1eda Fonseca.  <\/span><\/p>\n

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En raz\u00f3n de lo anterior, solicitaron concretamente, que se \u00abdej[e] sin efecto y eficacia jur\u00eddica LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA del 31 de mayo de 2016 (\u2026) para que en su lugar se ordene que en un t\u00e9rmino no superior a cinco d\u00edas, se adopte un nuevo pronunciamiento dentro del proceso ejecutivo aludido, con fundamento en los art\u00edculos 1411, 1434, 2535 del C.C., 91 y 90 del C.P.C. y 789, 792 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb (fl. 19, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Refieren los promotores del amparo como sustento de lo descrito, y luego de narrar el acontecer procesal surtido desde el 8 de febrero de 2001 \u2013fecha de presentaci\u00f3n de la demanda-, hasta la fecha de la notificaci\u00f3n del \u00faltimo de los herederos que faltaba por notificarse -17 de marzo de 2015-, que habi\u00e9ndose resuelto de fondo la acci\u00f3n ejecutiva antes referida, con la orden de terminaci\u00f3n del litigio ante la prosperidad de las excepciones planteadas, la parte ejecutante propuso  con \u00e9xito recurso de apelaci\u00f3n en contra de tal determinaci\u00f3n, pues el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja la dej\u00f3 sin efecto, reviviendo el proceso, incurriendo as\u00ed en la vulneraci\u00f3n alegada, pues \u00abes claro que la demanda no interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n del t\u00edtulo (\u2026) puesto que [la notificaci\u00f3n de los demandados] se efect\u00fao siete a\u00f1os despu\u00e9s de haberse hecho exigible el cr\u00e9dito y de proferido el mandamiento, hechos que no tuvo en cuenta el ad quem, para revocar err\u00f3neamente la decisi\u00f3n de primera instancia que hab\u00eda declarado probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por los demandados, configur\u00e1ndose un defecto sustantivo y org\u00e1nico en la aplicaci\u00f3n de las normas y valoraci\u00f3n de la prueba que fundament\u00f3 la decisi\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por las que consideran lesionadas sus garant\u00edas ius fundamentales (fls. 3 a 20, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        La Juez Promiscuo Municipal Ch\u00edquiza, solicit\u00f3 la negaci\u00f3n del amparo, tras arg\u00fcir que \u00abaunque descono[ce] el contenido de la providencia atacada (\u2026) consider[a] que no existe afectaci\u00f3n al debido proceso, ya que la decisi\u00f3n de primera instancia no ata al superior, y muy seguramente el se\u00f1or Juez Primero Civil del Circuito, lo hizo de acuerdo al principio de la autonom\u00eda\u00bb (fl. 31, \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.)        El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, se limit\u00f3 a manifestar que conoci\u00f3 \u00ab\u00fanicamente en segunda instancia del proceso EJECUTIVO No. 2004 incoado por el BANCO AV VILLAS en contra de NELSON CASTA\u00d1EDA y HEREDEROS INDETERMINADOS DE N\u00c9STOR EFRAIN CASTA\u00d1EDA FONSECA, donde el 31 de mayo hoga\u00f1o se dictar\u00e1 en forma oral fallo de segunda instancia que revocara la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ch\u00edquiza (fl. 47, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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c.)        A su turno, el representante legal para asuntos judiciales y extrajudiciales del Banco AV Villas S.A., manifest\u00f3, en suma, que \u00abcedi\u00f3 a la sociedad Restructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda., en liquidaci\u00f3n, en adelante Refinancia (RCC), las obligaciones derivadas del cr\u00e9dito hipotecario No. 91407, el d\u00eda 31 de junio del a\u00f1o 2007\u00bb, entidad a la que entreg\u00f3 \u00abtoda la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n disponible del cr\u00e9dito objeto de ejecuci\u00f3n, por lo que lo relacionado con las actuaciones procesales que se hayan generado a partir de esta fecha solo le constan a dicha entidad en su calidad de cesionaria\u00bb (fls. 88 a 90, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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d.)        Por otro lado, el apoderado general de Sistemcobro S.A.S., sociedad que act\u00faa como apoderada general del Fideicomiso Activos Alternativos Beta cuya vocer\u00eda es ejercida por Alianza Fiduciaria S.A., respecto de las obligaciones adquiridas por la sociedad Restructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia, quien obr\u00f3 como cesionaria del cr\u00e9dito ejecutado a trav\u00e9s del proceso objeto de an\u00e1lisis constitucional, adujo en s\u00edntesis, que dicha cartera fue cedida a Covinoc, quien a la fecha \u00abrealiza la respectiva gesti\u00f3n de cobranza\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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e.)        Asimismo, el representante legal de Alianza Fiduciaria S.A., actuando como vocera y administradora del Fideicomiso Conciliarte, actual titular de la cartera dentro de la cual se incluy\u00f3 la obligaci\u00f3n hipotecaria objeto de debate, adujo en lo esencial, que el amparo pretendido es improcedente, pues la decisi\u00f3n de la que se duelen los accionantes se ajusta a derecho, y el s\u00f3lo hecho que les hubiere resultado desfavorable, no abre paso a la acci\u00f3n excepcional, m\u00e1s a\u00fan cuando la misma no fue instituida como una tercera instancia (fls. 187 a 193, Cit).  <\/span><\/p>\n

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f.)        Finalmente, Nubia Amanda Ramos de Pe\u00f1a, Luz Natalia y M\u00f3nica Alejandra Pe\u00f1a Ramos, quienes obran como ejecutadas, y en calidad de vinculadas, dijeron coadyuvar la solicitud de amparo, luego de hacer un recuento del acontecer procesal acaecido en el marco del proceso ejecutivo mixto memorado y blanco de las quejas, tras acotar, en suma, que \u00abla demanda se present\u00f3 el 8 de febrero de 2001, se profiri\u00f3 un primer mandamiento de pago el 21 de febrero de 2001 y sin revocarlos se profiri\u00f3 un segundo mandamiento de pago el 21 de noviembre de 2007 y este \u00faltimo se notific\u00f3 personalmente a Luz Alba Ramos el dieciocho (18) de diciembre de dos mil nueve (2009), a Diana Carolina Pe\u00f1a el 25 de junio de 2010, y por aviso a Luz Alba, N\u00e9stor Ra\u00fal y Lilian Carolina Casta\u00f1eda Ramos el dos (2) de junio de 2010, y por curador ad litem a Nelson Andr\u00e9s Casta\u00f1eda \u00c1vila el 17 de marzo de 2015, quedando integrado el litis consorcio necesario solo hasta esta fecha final, quienes propusieron excepciones de fondo dentro del t\u00e9rmino legal y de las cuales se le corri\u00f3 traslado a la demandante quien guard\u00f3 silencio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Puestas de ese modo las cosas, aseguraron, \u00abla demanda no interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y el t\u00edtulo valor ejecutado estaba prescrito, pero en gracia de discusi\u00f3n si se tiene en cuenta que el 14 de enero de 2009, se notific\u00f3 por conducta concluyente a DIANA CAROLINA PE\u00d1A RAMOS, entonces tenemos que desde que se hizo exigible la obligaci\u00f3n (9 de febrero de 2001) hasta la fecha de la notificaci\u00f3n (14 de enero 2009) transcurrieron ocho (8) a\u00f1os, y si tenemos en cuenta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (de febrero de 2001) hasta la segunda orden de apremio (11 de octubre de 2008), igual trascurrieron m\u00e1s de siete a\u00f1os, no se debe perder de vista la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda ni la calidad en que fue convocada al proceso\u00bb (fls. 228 a 249, Id.).  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab2. Atendiendo los comentarios expuestos en torno a la lesi\u00f3n del debido proceso por la presencia de v\u00edas de hecho, del an\u00e1lisis del caso particular no halla la Sala en la decisi\u00f3n adoptada por el Juez de segunda instancia ninguna de las circunstancias que conforme a la jurisprudencia transcrita conduzca a la presencia de un error de la naturaleza requerida para la prosperidad de la v\u00eda de amparo, a efecto de poner fin a la lesi\u00f3n de los derechos fundamentales invocados.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la sentencia que decidi\u00f3 la segunda instancia, proferida en audiencia que contiene el CD visto a folio 21 del cuaderno de segunda instancia, el Juez Primero Civil del Circuito de Tunja, una vez plante\u00f3 los aspectos que fueron los motivos de la apelaci\u00f3n por el ejecutante y que concret\u00f3 en los siguientes cuestionamientos: 1) si la parte demandada por no tener la calidad de deudora sino de propietaria o copropietarios del inmueble hipotecado, tiene la facultad para proponer la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria? Y, 2) si dicho advenimiento extintivo de la acci\u00f3n cambiaria tuvo lugar desde cuando la obligaci\u00f3n fue acelerada mediante la promoci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario, como lo declar\u00f3 el fallo de primera instancia, o no lleg\u00f3 a consolidarse por haber sido oportunamente interrumpido, como lo esgrime el apelante?, al resolver sobre el segundo aspecto, cuya decisi\u00f3n es la que se controvierte por v\u00eda de tutela, consider\u00f3 que vinculados \u201cde forma definitiva el tr\u00e1mite procesal, a quienes ostentan la titularidad del derecho real de dominio respecto del inmueble, objeto de la garant\u00eda real (\u2026), para el caso concreto, teniendo en cuenta que la presentaci\u00f3n de la demanda se hizo de forma temporaria, el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n cambiaria obtenido del ejercicio de la cl\u00e1usula aceleratoria, no se hab\u00eda extinto por el paso del tiempo, descrito en el art\u00edculo 789 del C. de Co., am\u00e9n de que se notici\u00f3 de la existencia del proceso y del mandamiento de pago en el periodo de tiempo requerido para la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, a por lo menos uno de los demandados\u201d, para lo cual refiri\u00f3 que basta observar al interior del plenario que la demandada DIANA CAROLINA PE\u00d1A RAMOS, conforme a las diligencias que all\u00ed obran, se tuvo por notificada por conducta concluyente, a partir del 14 de enero de 2009, concluyendo entonces, \u201cque si bien los demandados estaban legitimados para formular la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, la misma no lleg\u00f3 a consolidarse, pues fue interrumpida eficazmente con la notificaci\u00f3n que se hizo a una de las integrantes del extremo demandado, dentro del a\u00f1o siguiente al proferimiento del mandamiento de pago de fecha 11 de octubre de 2008\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, precis\u00f3 el Juez cuestionado, dentro de sus argumentaciones, que los se\u00f1ores NESTOR EFRAIN CASTA\u00d1EDA FONSECA y MIGUEL ALFONSO PE\u00d1A CASTELLANOS (fallecidos) adquirieron el inmueble objeto de la garant\u00eda real, cuando quien se reputa la calidad de deudor exclusivo de la obligaci\u00f3n cambiaria es otro, quien ya hab\u00eda constituido la hipoteca abierta y sin l\u00edmite de cuant\u00eda a favor de AV VILLAS, consistiendo en tal caso para que se d[\u00e9] aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2440 y 2453 del C.C., a m\u00e1s de que la subrogaci\u00f3n del cr\u00e9dito nunca lleg\u00f3 a producirse y que el tr\u00e1mite del proceso sus legitimarios se vincularon como herederos responsables de la obligaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del Art. 1434 del C\u00f3digo Civil, esto es, no se les convoc\u00f3 como deudores sino como propietarios del inmueble hipotecado, para la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n dineraria insatisfecha. Agreg\u00f3, igualmente, que la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n lograda con respecto de una de las propietarias del bien, hace que pueda efectivizarse con la venta en p\u00fablica subasta, atendiendo las previsiones de los art\u00edculos 51, 81 y 554 del C. de P.C., cuyos titulares del derecho real de dominio, al haber adquirido el inmueble con la garant\u00eda constituida, sin lograr extinguirla, como tampoco la obligaci\u00f3n principal a la que acceden, deben soportar de manera ineludible la venta de su derecho, teniendo en cuenta que de conformidad con el Art. 2433 del C.C., la hipoteca es indivisible.  <\/span><\/p>\n

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Como agregado de lo anterior, la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en antecedentes jurisprudenciales aplicables al tema de controversia y consultando lo f\u00e1ctico que informa la actuaci\u00f3n\u00bb (fls. 251 a 263, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACION  <\/span><\/p>\n

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La propusieron los accionantes, con argumentos similares a los expuestos en la demanda inicial (fl. 283 a 293, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al caso de cuyo estudio se ocupa esta Corporaci\u00f3n, es palpable que el punto objeto de inconformidad dentro del presente debate, es concretamente, la sentencia emitida el 31 de mayo de 2016, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, a trav\u00e9s de la cual, en sede de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 \u00edntegramente el fallo de primer grado que hab\u00eda declarado probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, dentro del proceso ejecutivo hipotecario seguido por el Banco Av Villas S.A. en contra de los aqu\u00ed accionantes; sin embargo, para la Corte dicha determinaci\u00f3n no encierra un yerro may\u00fasculo que comprometa el derecho fundamental al debido proceso, raz\u00f3n por la que se anticipa que la determinaci\u00f3n constitucional de instancia habr\u00e1 de ser mantenida.  <\/span><\/p>\n

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1. En efecto, en la providencia antes individualizada, el ad quem accionado consider\u00f3 que, de un lado, i) la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva s\u00ed puede ser interpuesta por los demandados en calidad de titulares de dominio del bien hipotecado \u2013como quiera que fueron vinculados al proceso ejecutivo, a trav\u00e9s de la sustituci\u00f3n de demanda, al hab\u00e9rseles transferido el bien inmueble afectado, luego de librado el mandamiento de pago en contra de los deudores cambiarios y la inscripci\u00f3n de la medida de embargo-, pues es lo cierto que deben ser obligatoriamente citados al proceso coercitivo en la que se haga valer una garant\u00eda de ese tipo, de acuerdo al art\u00edculo 554 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2013norma aplicable al caso sub lite-; a m\u00e1s que, ese tipo de defensa es de car\u00e1cter real, pues es inherente a la obligaci\u00f3n principal1, sin importar cu\u00e1l de los obligados la plantee, pues \u00e9stos \u00abno alegan su excepci\u00f3n, sino la excepci\u00f3n\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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1. Como se observa, para el Tribunal accionado la prescripci\u00f3n si bien puede ser alegada por los demandados, los cuales, pese a que no suscribieron el t\u00edtulo valor que contiene la compromiso crediticio, fueron convocados al proceso en su condici\u00f3n de titulares de dominio del predio que sirve de garant\u00eda a tal obligaci\u00f3n, hecho \u00e9ste que los habilita para alegarla; pese a ello, tambi\u00e9n encontr\u00f3 que el fen\u00f3meno de extinci\u00f3n logr\u00f3 interrumpirse, al haberse notificado a uno solo de los demandados, a quienes, al reputarse como litisconsortes necesarios a luz de lo dispuesto en el precepto 554 antes citado, se les comunic\u00f3 dichos efectos \u2013inciso final art\u00edculo 90 ib\u00eddem-.  Tras ese entendimiento, la autoridad judicial querellada orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n real respecto de los demandados.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        As\u00ed las cosas, para la Corte los anteriores razonamientos en manera alguna resultan arbitrarios o caprichosos, aun cuando pudiera o no compartirlos, al existir una hermen\u00e9utica que adopte una posici\u00f3n distinta, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n del accionante, as\u00ed la conclusi\u00f3n eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra l\u00ednea interpretativa admisible, o con elementos de persuasi\u00f3n distintos a los que les sirvi\u00f3 al Tribunal convocado de apoyo para la formaci\u00f3n de su convencimiento sobre los puntos objeto de cuestionamiento.  <\/span><\/p>\n

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6.        En la materia, reiteradamente se ha pregonado que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (citado entre otras, en CSJ STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        Con soporte en las razones que preceden, y sin m\u00e1s precisiones por innecesarias, tal y como se anunci\u00f3, se mantendr\u00e1 la sentencia confutada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia censurada, dictada en el tr\u00e1mite de tutela del ep\u00edgrafe.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Cita el Juez convocado en la audiencia de fallo adiada 31 de mayo de 2016, como sustento de su posici\u00f3n, las sentencias proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Exp. 1996-8665-01 Mag. Ponente Edgardo Villamil Portilla y sentencia del 16 de marzo de 2009 Exp. 2595 Mag. Ponente Ana Luc\u00eda Pulgar\u00edn; as\u00ed como la dictada por la Sala de casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela STC-9743-2014.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1121-2017   (Aprobado en primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00b0 de diciembre de 2016, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99081","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99081\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}