{"id":99082,"date":"2026-06-25T17:53:13","date_gmt":"2026-06-25T17:53:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1123-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:53:13","modified_gmt":"2026-06-25T17:53:13","slug":"stc1123-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1123-2017\/","title":{"rendered":"STC1123-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1123-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00556-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Milena Mar\u00edn Serna contra la Cl\u00ednica La Toscana de la Polic\u00eda de Caldas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas el \u00c1rea de Sanidad de Polic\u00eda del citado departamento y la Direcci\u00f3n de Sanidad de la aludida instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.    La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana, presuntamente vulnerados por la entidad convocada, al no haberle autorizado la realizaci\u00f3n de los ex\u00e1menes m\u00e9dicos ordenados por sus m\u00e9dicos tratantes, dentro de los tratamientos que viene recibiendo en relaci\u00f3n a las patolog\u00edas denominadas \u00abquistes de la tiroides\u00bb y \u00abbacteria Helicobacter Pylori\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Pretende entonces, que se le conceda el resguardo implorado, ordenando a la Cl\u00ednica accionada, \u00abautorizar: i) la biopsia (\u2026), ii) los ex\u00e1menes de EVDA (esofagogastroduodenoscopia EGD con biopsia cerrada SOD) de control de erradicaci\u00f3n (\u2026), y iii) el procedimiento o examen de Tr\u00e1nsito col\u00f3nico con marcadores\u00bb; brindarle \u00abuna atenci\u00f3n integral (\u2026), es decir, citas m\u00e9dicas con las mismas u otras especialidades, tratamientos, procedimientos, medicamentos, y dem\u00e1s atenciones m\u00e9dicas necesarias que se requieran para poder seguir (\u2026) el tratamiento de las dos enfermedades que pade[ce]\u00bb; y, suministrarle \u00ablos gastos de viajes, alimentaci\u00f3n, estad\u00eda y acompa\u00f1amiento, cuando por fuera de[l] municipio [de Manizales], en otros centros m\u00e9dicos se deba llevar a cabo parte o todo (\u2026) los tratamientos\u00bb, as\u00ed como \u00abtodos aquellos medicamentos, tratamientos, citas m\u00e9dicas y con especialistas y dem\u00e1s atenciones m\u00e9dicas, que se encuentran por fuera del POS\u00bb (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de su reparo, aduce en s\u00edntesis, que pese a que los galenos que vienen tratando las enfermedades que padece le sugirieron, frente a la primera, realizarse una biopsia, ya que \u00abpuede tratarse de un bocio o posiblemente de algo maligno\u00bb, la instituci\u00f3n acusada, asevera, \u00abno tiene contrato con la red externa de salud\u00bb, por lo que no puede autorizar la realizaci\u00f3n de dicho procedimiento, situaci\u00f3n que igual se presenta con la segunda patolog\u00eda, no obstante tener en sus manos, dice, una orden expedida por la especialidad de gastroenterolog\u00eda para efectuarse los ex\u00e1menes de \u00abEVDA\u00bb y \u00abTr\u00e1nsito col\u00f3nico\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que le han sido vulneradas las garant\u00edas superiores invocadas (fls. 6 y 7, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  El Jefe \u00c1rea de Sanidad Caldas, se opuso al \u00e9xito del auxilio suplicado, con sustento en que con antelaci\u00f3n a su presentaci\u00f3n, las \u00f3rdenes m\u00e9dicas solicitadas por la accionante se encontraban \u00abauditadas y autorizadas\u00bb; empero, no fueron reclamadas en su debida oportunidad por aqu\u00e9lla.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo indic\u00f3, que en caso de no ser atendido lo anterior, debe permit\u00edrsele recobrar al Fosyga \u00abpor todas aquellas atenciones que eventualmente deba[n] asumir\u00bb (fls. 18 y 19, ejusdem).   <\/span><\/p>\n

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b.  El Director de Sanidad (E) de la Polic\u00eda Nacional, aunque de manera extempor\u00e1nea, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa entidad del presente tr\u00e1mite constitucional, tras indicar que \u00abla tutela del asunto es de competencia del \u00c1rea de Sanidad Caldas\u00bb (fls. 34 y 35, \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia, luego de hacer una s\u00edntesis de la jurisprudencia constitucional referente a los temas de la salud, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar, en lo que toca con las autorizaciones de los servicios m\u00e9dicos y el tratamiento integral requeridos, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abSi bien el \u00c1rea de Sanidad de Caldas manifest\u00f3 que con anterioridad al incoamiento de la acci\u00f3n ya hab\u00eda expedido las autorizaciones pero la actora no las reclam\u00f3, no se encuentra prueba de ello en el dosier (fls. 18 a 19 vto. C.1). Al contrario, existe la manifestaci\u00f3n de la petente (no desvirtuada) en torno a que le fue informado que no exist\u00eda contrato vigente para su realizaci\u00f3n (fls. 6 y 7, ib\u00eddem); y aparecen nuevas autorizaciones pero expedidas luego de la medida provisional decretada (fls. 9 y 21 a 22 vto. Ib); las cuales si bien originaron programaci\u00f3n de los procedimientos en los pr\u00f3ximos d\u00edas, seg\u00fan lo manifestado por la actora (para los d\u00edas jueves 24, viernes 25 y lunes 28 de noviembre de 2016; fl. 24, Ib), no constituye garant\u00eda de su realizaci\u00f3n efectiva como tantas veces ocurre infortunadamente. Adem\u00e1s, a la demanda de tutela se agregaron otras pretensiones (tratamiento integral, vi\u00e1ticos y transporte). Todo lo anterior hace viable el acogimiento del amparo deprecado.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, no es admisible bajo ning\u00fan pretexto la dilaci\u00f3n desarrollada por el ente accionado para el suministro de los servicios de salud que requiere la actora; oblig\u00e1ndola a soportar cargas administrativas y de contrataci\u00f3n que no le corresponden y que no le son atribuibles\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Mientras que, en relaci\u00f3n a los gastos de transporte y estad\u00eda, precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla H. Corte Constitucional ha dicho que \u201c(e)l marco jur\u00eddico del Sistema Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional solo estipul\u00f3 el traslado en ambulancia del paciente. Ante esta situaci\u00f3n, la Sala reitera que en los modelos especiales de seguridad social el grado de protecci\u00f3n de los derechos y de los servicios no puede ser inferior al sistema general. Por ello, en los casos de transporte y vi\u00e1ticos se aplicaran las reglas jurisprudenciales con las cuales el Tribunal ha ordenado la remisi\u00f3n de los pacientes\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Ante lo precedente se proceder\u00e1 a ordenar el suministro de los gastos de transporte y vi\u00e1ticos para la accionante, puesto que la parte accionada no logr\u00f3 demostrar que aqu[\u00e9]lla cuenta con los recursos econ\u00f3micos suficientes para sufragar los costos por estos conceptos. Cabe aclarar que en el concepto de vi\u00e1ticos, va incluida (adem\u00e1s del alojamiento), la alimentaci\u00f3n, dado que no es ni mucho menos igual el gasto de [\u00e9]sta en la propia casa, que tomada en una ciudad diferente y a los precios de restaurantes y hoteles, al punto que esta circunstancia puede llegar a hacer viable el acceso al servicio de salud cuando se recibe en lugar distinto al del domicilio del usuario\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente apunt\u00f3, que no se accede a la solicitud de recobro ante el Fosyga, ya que \u00abla entidad accionada posee un r\u00e9gimen especial, expresamente excluido por el art\u00edculo 279 de la Ley 100 de 1993; su regulaci\u00f3n se encuentra en el Decreto 1795 de 2000 y la Ley 352 de 1997, los cuales no consagran dicha facultad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y al \u00c1rea de Sanidad de Caldas, i) \u00abpracticar en las fechas ya programadas (\u2026) los procedimientos denominados \u201cBACAF DE TIROIDES GUIADO POR ECOGRAF\u00cdA (BIOPSIA)\u201d, \u201cEVDA (ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA GD CON BIOPSIA CERRADA SOD) DE CONTROL DE ERRADICACI\u00d3N\u201d y \u201cTR\u00c1NSITO COL\u00d3NICO CON MARCADORES\u201d a la [accionante]. De igual manera le garantizar[\u00e1]n el TRATAMIENTO INTEGRAL que demande la actora en virtud de sus patolog\u00edas consistentes en \u201cQuistes de la tiroides y Estre\u00f1imiento Cr\u00f3nico\u201d\u00bb y, ii) \u00abautori[zar] y cubr[ir] los gastos de transporte y vi\u00e1ticos (alojamiento y alimentaci\u00f3n) en que incurra la [tutelante] cuando deba trasladarse a una ciudad distinta a Manizales, para recibir atenci\u00f3n en relaci\u00f3n con sus patolog\u00edas\u00bb (fls. 25 a 29, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El Jefe \u00c1rea de Sanidad Caldas se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, reiterando los mismos planteamientos que expuso al replicar la solicitud de amparo (fls. 36 a 38, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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1.     El derecho a la salud ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental aut\u00f3nomo que tiene una doble connotaci\u00f3n, esto es, como derecho constitucional fundamental y como servicio p\u00fablico; por tanto, \u00abtodas las personas deben poder acceder al mismo y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad\u00bb (CC T-1036\/07; citada en CSJ STC, 16 May. 2014, Rad. 00042-01, STC10192-2014, STC404-2015 y en STC269-2016).  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que, en materia de amparo del mencionado derecho fundamental,  <\/span><\/p>\n

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\u00abuna vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar cu\u00e1les son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las v\u00edas de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepci\u00f3n pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela para lograr la efectiva protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de vulneraci\u00f3n o haya sido conculcado\u00bb (C. C. T-919\/08 citada en CSJ STC, 16 May. 2014, Rad. 00042-01, STC10192-2014, STC11770-2015 y STC237-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso bajo estudio, de entrada advierte la Sala que el fallo impugnado merece ser confirmado respecto de la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes m\u00e9dicos requeridos por la accionante, pues tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, no solo las autorizaciones de los mismos se produjo con posterioridad a la medida provisional aqu\u00ed decretada (fls. 9, 21, 22 y 22 reverso, cdno. 1), sino que con \u00e9stas no hab\u00eda garant\u00eda acerca de la realizaci\u00f3n de los mismos, teniendo en cuenta que para ese momento no exist\u00eda contrato con las IPS autorizadas por el \u00c1rea de Sanidad de Polic\u00eda de Caldas (E.S.E. Hospital de Caldas \u2013 Diagnostimed), conforme se desprende de las misivas visibles a folios 21 reverso y 23 del expediente, donde dicha entidad invita a aqu\u00e9llas a efectuar los ex\u00e1menes autorizados a la peticionaria, no obstante no tener contrato vigente con ellas, raz\u00f3n por la que la orden finalmente impartida es a todas luces procedente.  <\/span><\/p>\n

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3.   Sin embargo, disiente la Sala de las \u00f3rdenes impartidas por el Tribunal para que se le garantice a la tutelante un tratamiento integral en relaci\u00f3n con las patolog\u00edas que padece y se le proporcionen los gastos de transporte y estad\u00eda que requiera cuando deba trasladarse a una ciudad distinta a Manizales, para recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica por las aludidas enfermedades, puesto que adem\u00e1s que a la aqu\u00ed interesada se le vienen prestando los servicios m\u00e9dico asistenciales que ha requerido por parte de la Seccional de Sanidad de Polic\u00eda accionada, tal y como se puede corroborar de la historia cl\u00ednica aportada por \u00e9sta, no existe en el plenario orden m\u00e9dica alguna que autorice un servicio o examen fuera del lugar de su residencia, frente a la cual se hayan negado por parte de aqu\u00e9lla los mencionados gastos.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, si frente a estas situaciones no hab\u00eda evidencia de amenaza o da\u00f1o alguno sobre las garant\u00edas iusfundamentales invocadas por la gestora del reclamo, mal hizo el Juez constitucional de primer grado en impartir los referidos mandatos en aras de contrarrestar un agravio inexistente, que seg\u00fan el dicho de la propia peticionaria, era eventual.        <\/span><\/p>\n

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4.   Por lo anterior, conviene recordar que para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de protecci\u00f3n debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza, carece de sentido hablar de la necesidad de amparo, criterio igualmente sostenido por la jurisprudencia constitucional al se\u00f1alar que  <\/span><\/p>\n

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\u00abes indispensable un m\u00ednimo de evidencia f\u00e1ctica, de suerte que sea razonable pensar en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o o en el menoscabo material o moral del derecho cuya efectividad se solicita a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Por consiguiente, quien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u00bb (C.C. T-864\/99, reiterado en T-088\/08).  <\/span><\/p>\n

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5.    Finalmente, basta reiterar para negar el recobro solicitado contra el Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda -Fosyga, lo que ha indicado esta Corporaci\u00f3n en asuntos de similares perfiles:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno es del caso conceder el recobro ante el Fosyga, dada la inexistencia de norma que lo permita, toda vez que quienes est\u00e1n facultadas para solicitarlo son las entidades promotoras que incurrieron en los gastos, y por cuanto el subsistema de salud de las Fuerzas Militares [y de la Polic\u00eda Nacional] no est\u00e1[n] sujeto[s] a lo previsto en la Ley 100 de 1993 y, \u2018adem\u00e1s, cuentan con los llamados \u2018fondos-cuenta\u2019 que funcionan en forma semejante al primeramente citado que les permite obtener la financiaci\u00f3n de los diversos gastos que deban asumir en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud al personal adscrito y a sus distintos beneficiarios\u2019\u00bb (CSJ STC, 24 May. 2011, Rad. 00117-01, citada en CST, 20 Feb. 2014, Rad, 2013-00539-01, STC12644-2014, STC6626-2015 y STC13774-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.    Corolario de lo anterior, se modificar\u00e1 el fallo de tutela de primer grado, a fin de indicar que la salvaguarda concedida garantizar\u00e1 \u00fanicamente la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes autorizados por el \u00c1rea de Sanidad de Polic\u00eda de Caldas, conforme se anot\u00f3 en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia de fecha y procedencia previamente anotada, y en este sentido, se REVOCA la parte final del ordinal segundo (tratamiento integral) y el ordinal tercero de su parte resolutiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo dem\u00e1s se mantiene inc\u00f3lume lo resuelto.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente   STC1123-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00556-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99082","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99082"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99082\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}