{"id":99083,"date":"2026-06-25T17:53:17","date_gmt":"2026-06-25T17:53:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1124-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:53:17","modified_gmt":"2026-06-25T17:53:17","slug":"stc1124-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1124-2017\/","title":{"rendered":"STC1124-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1124-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02170-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 5 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mauricio Alberto Holgu\u00edn Mu\u00f1oz frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abuna vez cumplidos los requisitos requeridos dentro del factor objetivo realiz[\u00f3] solicitud ante la oficina del \u00e1rea de jur\u00eddica de este penal, para que empezara todos los tr\u00e1mites que a lugar tiene para efectos de ser enviada la propuesta favorable ante el Juzgado Catorce (14) de E. P. M. S. de Bogot\u00e1 qui\u00e9n vigila mi pena con el objetivo de estudiar la aprobaci\u00f3n del beneficio administrativo de 72 horas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00abla Oficina Jur\u00eddica mediante Oficio 113-COMEB-ASUR-ERON 72 01132 de fecha 11 de abril de 2016 envi\u00f3 oficiosamente toda la documentaci\u00f3n requerida y exigida para tal fin\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que el despacho querellado \u00aben decisi\u00f3n fechada 22 de abril de 2016 neg\u00f3 mi petici\u00f3n elevada por considerar que yo incurr\u00ed en faltas descritas en el art. 121 de la Ley 65 de 1993 \u201cdurante los \u00faltimos cinco (5) a\u00f1os de reclusi\u00f3n\u201d\u00bb afirmando que \u00abcumplo con los requisitos establecidos en los numerales 1\u00b0 al 5\u00b0 del art. 147 de la Ley 65 de 1993, pero que registro sanci\u00f3n disciplinaria ocurrida 14\/04\/2009 con Resoluci\u00f3n No. 000259 con la suspensi\u00f3n de 02 visitas y otra 21\/01\/2015 con Resoluci\u00f3n No. 188 con la suspensi\u00f3n de 06 visitas consecutivas. Y que por consiguiente mi conducta sufri\u00f3 una calificaci\u00f3n de mala-regular del 26\/12\/2014 al 25\/03\/2015. Adem\u00e1s argumenta el se\u00f1or juez Catorce (14) E. P. M. S. que no labor\u00e9 durante los a\u00f1os 2004 al 2009\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00abla negativa de un beneficio administrativo vulnera los principios de reserva judicial de la libertad, y de reserva legal de la condiciones de acceso a los mencionados beneficios como es el de permiso de 72 horas, de contera, se vulnera el derecho a que tenemos libertad los penados en cuanto se obstruye su acceso a los beneficios que el orden jur\u00eddico me otorga dentro del r\u00e9gimen del tratamiento penitenciario progresivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pide, en consecuencia, que \u00abquede sin efecto las decisiones tomadas por el Juzgado Catorce (14) de E. P. M. S. de Bogot\u00e1 D. C., y de la Sala de decisi\u00f3n del H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D. C., Sala Penal, donde se me niega el beneficio administrativo del permiso de 72 horas\u00bb y que \u00abse me otorgue conforme a lo anteriormente expuesto, el beneficio administrativo de permiso de salida por 72 horas, dispuesto en el art\u00edculo 147 de la Ley 65\/93\u00bb (Fls. 1-8).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El presente asunto fue admitido a tr\u00e1mite el 30 de noviembre de 2016 y resuelto en providencia del d\u00eda 5 de diciembre del referenciado a\u00f1o, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el accionante.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El magistrado ponente del tribunal encartado, sostuvo que \u00aben relaci\u00f3n con los hechos expuestos y las pretensiones del accionante, debo se\u00f1alar que son los mismos presentados en su recurso de alzada, en el que pretende justificar su ausencia de estudio o trabajo durante el tiempo que hab\u00eda permanecido privado de la libertad en un presunto actuar il\u00edcito de las autoridades penitenciarias; y a la vez, minimizar el efecto legal de las sanciones disciplinarias que se conoce se le impusieron\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adujo, que \u00aben su momento la Sala valor\u00f3 los medios de convicci\u00f3n allegados al expediente y verific\u00f3 que, en efecto, al ahora accionante se le calific\u00f3 su conducta como regular y mala en dos oportunidades, circunstancia que descarta la concesi\u00f3n del aludido beneficio administrativo; adem\u00e1s, se demostr\u00f3 que sus estudios dentro del centro carcelario los inici\u00f3 5 a\u00f1os despu\u00e9s que se iniciara su privaci\u00f3n de la libertad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00abel demandante HOLG\u00cdN MU\u00d1OZ, dentro del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto del juez ejecutor, aleg\u00f3 que los elementos que le fueron incautados no eran de su propiedad sino el resultado de una maniobra fraudulenta de los funcionarios del INPEC quienes le arrojaron los objetos prohibidos; sin embargo, ahora en la acci\u00f3n de amparo pretende disminuir la gravedad de su accionar, al se\u00f1alar que se trataba de un simple aparato para escuchar m\u00fasica \u2013memoria digital que conten\u00eda m\u00fasica-; pero lo extra\u00f1o es que eso no fue lo que afirm\u00f3 ante las instancias\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y , afirm\u00f3 que \u00aben la decisi\u00f3n adoptada por la Sala que preside el suscrito, se valor\u00f3 debidamente la existencia de su mala conducta dentro del centro carcelario; y junto con ella, la ausencia de estudio o trabajo durante el tiempo que ha permanecido privado de la libertad, para confirmar la decisi\u00f3n del juzgado de ejecuci\u00f3n de penas que neg\u00f3 el beneficio administrativo en cuesti\u00f3n\u00bb por lo que \u00abla providencia proferida por esta Corporaci\u00f3n no s\u00f3lo es ajustada a la ley, sino que en derecho, se puede afirmar que ning\u00fan principio o norma constitucional ha vulnerado\u00bb (Fls. 26-28).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Inpec, de forma extempor\u00e1nea, requiri\u00f3 \u00abnegar el amparo tutelar deprecado por el accionante frente a la DIRECCI\u00d3N GENERAL DEL INPEC, toda vez que no se advierte conducta alguna que pueda colegirse la vulneraci\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales referidos; en consecuencia, solicito se desvincule a la DIRECCI\u00d3N GENERAL DEL INPEC de la presente acci\u00f3n de tutela; por cuanto la competencia funcional le corresponde a la DIRECCI\u00d3N REGIONAL CENTRAL a su vez a la DIRECCI\u00d3N COMEB LA PICOTA BOGOT\u00c1 atender los requerimientos del se\u00f1or interno MAURICIO ALBERTO HOGUIN MU\u00d1OZ\u00bb (Fls. 52-56).      <\/span><\/p>\n

El juzgado cuestionado, luego de proferido el fallo de primera instancia, efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de la queja, expuso, que \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede ser considerada como una instancia m\u00e1s en el tr\u00e1mite jurisdiccional, ni como un camino excepcional para remediar yerros u omisiones de las partes o para corregir etapas vencidas en los procesos. En efecto dado que en el \u00e1mbito de los procesos ordinarios tambi\u00e9n se concreta la protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos de los ciudadanos, la tutela contra decisiones judiciales no puede ser concebida como un escenario adicional para el estudio de una controversia ya desatada bajo la \u00e9gida jurisdiccional, o como una tercera instancia en materia procesal. Es una acci\u00f3n a la que se debe acudir exclusivamente en situaciones en las que efectivamente una determinaci\u00f3n judicial implique una vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales de las personas, y no en los casos en que se pretendan solventar oportunidades procesales p\u00e9rdidas o discutir argumentos que nunca fueron objeto del del debate judicial en su sede natural\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que \u00ablos argumentos para improbar el permiso de hasta 72 horas a juicio del despacho fueron razonables y no configuraron un error funcional que haya vulnerado el derecho al debido proceso del accionante, pues se realizaron de acuerdo con la documentaci\u00f3n allegada y en aplicaci\u00f3n de los requisitos exigidos por la Ley 65 de 1993 y art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 232 de 1998\u00bb (Fl. 89 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00absi bien es cierto la autoridad competente para otorgar el permiso administrativo de hasta 72 horas es el INPEC, a trav\u00e9s de los respectivos centros penitenciarios, previo a estudiar la procedencia de dicho beneficio administrativo, el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas debe emitir un concepto favorable al respecto, despacho que en el caso sometido a estudio advirti\u00f3 que no era procedente impartir su aprobaci\u00f3n en tanto no se cumple con el presupuesto que se\u00f1ala el numeral 6\u00ba del art\u00edculo del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, esto es, \u201cHaber trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante la reclusi\u00f3n y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostuvo, que \u00abno se remite a duda entonces que las autoridades judiciales demandadas, observaron la normatividad relativa a la concesi\u00f3n del permiso administrativo solicitado, de manera que la decisi\u00f3n de no emitir un concepto favorable y negar el beneficio por ausencia de los requisitos consagrados en las normas que regulan la materia, no estructura v\u00eda de hecho que amerite el amparo constitucional, en cuanto est\u00e1 debidamente sustentada en el ordenamiento jur\u00eddico vigente, cimentada en los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el proceso y que permitieron a los funcionarios optar por emitir un juicio negativo frente al instituto reclamado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abla aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la norma y la interpretaci\u00f3n ponderada del juez al resolver un asunto dentro del \u00e1mbito de su competencia, pertenece a su autonom\u00eda como administrador de justicia y no puede controvertirse su criterio a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, aduciendo supuesto desconocimiento de garant\u00edas fundamentales, al considerar que debe obviarse el comportamiento inadecuado que tuvo al interior del centro carcelario y que devino en la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n disciplinaria, cuando las autoridades judiciales demandadas est\u00e1n obligadas en verificar no solo los requisitos objetivos sino los subjetivos para conceder o no el beneficio reclamado, dentro de los cuales, sin duda, corresponde evaluar el comportamiento que ha tenido durante el tiempo que ha permanecido privado de la libertad en el centro carcelario, sin que sea procedente excluir las acciones generadoras de falta disciplinaria por el mero trascurrir del tiempo, como quiera que el operador judicial debe comprobar su conducta durante todo el tratamiento penitenciario a fin de determinar si a partir de ella puede suponer fundadamente que ha comprendido que debe cumplir unas m\u00ednimas normas de comportamiento a fin de lograr una arm\u00f3nica convivencia\u00bb (Fls. 40-51).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el gestor sin que a la fecha haya expuesto los argumentos de su inconformidad (Fl. 91).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Observada la inconformidad planteada, surge que el actor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila su inconformismo contra el prove\u00eddo de 1\u00b0 de noviembre de 2016 que confirm\u00f3 el auto de 22 de abril del mismo a\u00f1o, dictado por el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, que le neg\u00f3 el beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00abmaterial\u00bb, al estimar que re\u00fanen los requisitos para acceder a tal beneficio.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Auto de 22 de abril de 2016 mediante el cual el despacho censurado neg\u00f3 al actor el permiso administrativo de salir hasta por 72 horas (Fls. 3-5 cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Decisi\u00f3n de 1\u00b0 de noviembre anterior, proferida por el tribunal acusado confirmando la providencia atr\u00e1s referenciada (Fls. 29-39 cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizadas las providencias cuestionadas, en especial la de 1\u00b0 de noviembre de 2016 mediante la cual el ad quem accionado ratific\u00f3 la de primer grado, advierte la Sala, que no se observa proceder constitutivo por \u00abdefecto material\u00bb, que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb toda vez que la argumentaci\u00f3n que la fundamenta, se sustent\u00f3 en las particularidades del caso y en un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan esta materia (Leyes 65 de 1993 y 504 de 1999), descartando un actuar caprichoso o antojadizo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el Colegiado enjuiciado, al examinar el caso concreto, estim\u00f3 que \u00abdentro del encuadernamiento allegado a esta Sala, reposa una cartilla biogr\u00e1fica del sentenciado, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC-, que certifica las calificaciones de conducta de grado regular y mala en contra del solicitante, seg\u00fan las actas n\u00fameros 113-0026, 113-0013, 285 y las resoluciones 29 y 188. En estas se observa el incumplimiento del deber de acatar buena conducta en su reclusi\u00f3n; requisito que es exigido para ser beneficiado del permiso de las 72 horas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Puntualiz\u00f3, que \u00abrespecto a la obligaci\u00f3n de trabajar o estudiar durante la reclusi\u00f3n, se puede se\u00f1alar que, conforme a la constancia de redenci\u00f3n del 16 de agosto de 2011, es claro el sentenciado inici\u00f3 sus estudios en el mes de septiembre del a\u00f1o 2009, es decir, 5 a\u00f1os despu\u00e9s de que inicia su privaci\u00f3n de libertad, por lo que no puede afirmarse el cumplimiento pleno de lo establecido en la ley frente al proceso de redenci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, refiri\u00f3 que \u00abno es admisible conceder el permiso solicitado, ya que es indiscutible que su comportamiento no se aviene a lo establecido como bueno por el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993; por esa raz\u00f3n, la decisi\u00f3n apelada debe ser confirmada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En definitiva el ad-quem encartado no encontr\u00f3 que se cumplieran con los presupuestos exigidos por el legislador, esto es, no se acredit\u00f3, trabajo, estudio ni calificaciones buenas de la conducta del peticionario para acceder al rese\u00f1ado beneficio administrativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De tales elucidaciones, se observa que el prove\u00eddo cuestionado, como ya se anot\u00f3, no luce injusto, por lo que independientemente que la Sala proh\u00edje el criterio hermen\u00e9utico aplicado, no puede tildarse de abiertamente caprichoso para que sea objeto de reproche en sede constitucional, cuando reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte que al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb, por lo que, no puede aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, que sea el fallador de amparo el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos del funcionario judicial o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, la revisi\u00f3n oficiosa del caso, como si fuese un juzgador de instancia.  <\/span><\/p>\n

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        A prop\u00f3sito del tema la Corte sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) Considera, entonces, la Sala, que el rechazo a las decisiones cuestionadas radica en una diferencia de interpretaci\u00f3n, tema frente al cual le est\u00e1 vedado al Juez constitucional inmiscuirse, pues ello atentar\u00eda contra los principios de autonom\u00eda e independencia judicial aludidos previamente. Respecto de un asunto con perfiles semejantes al aqu\u00ed analizado la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u201cel Juez Constitucional no puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n\u201d (sentencia del 11 de enero de 2005, exp. 1451).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, si bien pueden existir otras interpretaciones sobre la materia, no por ello debe concluirse que las decisiones ahora revisadas en sede constitucional carecen de raz\u00f3n, o son fruto del capricho, eventos en los cuales s\u00ed devendr\u00eda procedente el amparo incoado, pero s\u00f3lo para remover la arbitrariedad, o reclamar de los falladores una hermen\u00e9utica acorde al ordenamiento jur\u00eddico, y no para imponer una visi\u00f3n en concreta de la correspondiente norma legal\u2026\u201d  (CSJ STC, 25 Nov. 2011, Rad. 02143-01).  <\/span><\/p>\n

Asimismo, ha reiterado la Sala, que:  <\/span><\/p>\n

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[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado …\u201d (Sent. del 11 de mayo de 2001, exp. 0183), situaci\u00f3n que como qued\u00f3 visto, no se avizora en el sub judice (CSJ STC de 22 de febrero de 2008, exp. 2007-03702-01, reiterada en STC7985-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, en otra oportunidad sobre el caso en particular puntualiz\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] que los prove\u00eddos que no comparte el actor  tuvieron sustento objetivo en razonamientos que no pueden tildarse de arbitrarios, pues concluyeron que el beneficio impetrado no pod\u00eda otorgarse debido a que aqu\u00e9l no cumpl\u00eda con los presupuestos del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, tal como fue modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999, normativa esta que \u201cno ha sido modificada ni derogada\u00bb, y as\u00ed resulta entonces evidente, que los juicios de valor del Juez y del Tribunal convocados est\u00e1n cimentados en la facultad de interpretaci\u00f3n de las respectivas normas aplicables y los hechos del caso concreto de que est\u00e1n investidos por la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb (Ver, entre otras de la CSJ, STC, 19 Abr. 2010, Rad.-00518-01; 4 Dic. 2012, rad. 01629-01; 11 Feb. 2013, radicado 02296-01; y 15 Mar. 2013, radicado-02826-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Finalmente, en relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, observa la Corporaci\u00f3n que no basta con la simple enunciaci\u00f3n sino que debi\u00f3 demostrar que a una persona, en id\u00e9nticas condiciones, la autoridad acusada le hubiese concedido el beneficio que reclama.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Finalmente, en cuanto al derecho a la igualdad, no se cuenta con sustentos ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, debido a que el actor no demostr\u00f3 un tratamiento distinto o preferente al que a \u00e9l se le prodig\u00f3 en alg\u00fan caso similar al suyo, requisito indispensable para efectuar el parang\u00f3n correspondiente\u00bb. (CSJ STC, 14 May. 2012, rad. No. 00082-01, reiterado, entre otras, en  CSJ STC, 9 May. 2014, rad. No. 00159-01). CSJ STC, 30 sep. 2015, rad, 2015-00514-01.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC1124-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02170-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)           Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99083","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99083\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}