{"id":99084,"date":"2026-06-25T17:53:19","date_gmt":"2026-06-25T17:53:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1126-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:53:19","modified_gmt":"2026-06-25T17:53:19","slug":"stc1126-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1126-2017\/","title":{"rendered":"STC1126-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1126-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00706-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de noviembre de 2016, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por R.M.C.M. en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija XXX, frente al Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad, la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n, la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social \u2013Oficina de Control Disciplinario y Jes\u00fas Alexander Rodr\u00edguez, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 tambi\u00e9n a la Defensora de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos a la mentada Comisar\u00eda, las Comisar\u00edas Doce, Trece y Permanente CAPIV de Familia de esta capital, y, a  A.M. y J.M.C.C.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.   La promotora del amparo en la calidad antes citada, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida e integridad personal y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los entes accionados, con las distintas actuaciones adelantadas en torno a la medida de protecci\u00f3n impuesta en contra del se\u00f1or Jes\u00fas Alexander Rodr\u00edguez.  <\/span><\/p>\n

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       De este modo, solicita entonces, que se \u00abordene el cambio de radicaci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n M.P. 425 de 2013 (\u2026); se modifique y adicione la [misma] en el sentido de incluir a [su] hija XXX como beneficiaria (\u2026); se complemente (\u2026) con las medidas se\u00f1aladas en los literales b, e y n del art\u00edculo 17 de la Ley 1257 de 2008\u00bb; y, que se ordene entregarle toda la informaci\u00f3n que en el sistema SIRBE se encuentre registrada \u00absobre las medidas de protecci\u00f3n y las atenciones recibidas en las Comisar\u00edas de Familia\u00bb (fl. 45, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de lo reclamado, acota en lo esencial, que junto con su menor hija XXX, y sus hijos mayores A.M. Y J.M.C.C., ha sido \u00abv\u00edctima de violencia intrafamiliar psicol\u00f3gica\u00bb desde hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os por parte del se\u00f1or Jes\u00fas Alexander Rodr\u00edguez, a trav\u00e9s de publicaciones, mensajes de texto y llamadas insultantes por parte de \u00e9ste, por lo que entre otras actuaciones, el 15 de octubre de 2013, solicit\u00f3 una medida de protecci\u00f3n para ella y sus hijos ante la Comisar\u00eda Primera de Usaqu\u00e9n de esta capital, a la que correspondi\u00f3 el radicado No. 425-13, y fue negada en audiencia de fallo del 9 de abril de 2015, tras declararse no probados los hechos en que se fund\u00f3 su solicitud, e incluso, dice, responsabilizarla por la ocurrencia de los mismos, minimizando y desvalorando lo por ella expuesto \u00aba partir de prejuicios sobre c\u00f3mo deber\u00eda comportarse una mujer\u00bb, siendo denegada tambi\u00e9n la protecci\u00f3n invocada para su menor descendiente, bajo el argumento que ya se hab\u00eda dispuesto una medida en contra de ambos padres, el 1\u00b0 de julio de 2009.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, y a la par present\u00f3 acci\u00f3n de tutela para procurar la protecci\u00f3n negada con la misma, la que fue negada el 21 de mayo de 2015 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1; no obstante, posteriormente aquella determinaci\u00f3n fue revocada por el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 mediante prove\u00eddo del 13 de julio siguiente, para en su lugar, conminar al se\u00f1or Jes\u00fas Alexander Rodr\u00edguez G\u00f3mez a que dejara de realizar las conductas objeto de queja, o cualquier acto de violencia f\u00edsica, verbal o ps\u00edquica, amenaza, agravio o humillaci\u00f3n en contra suya y de sus dos hijos mayores, y, adem\u00e1s, se le orden\u00f3 a \u00e9ste someterse a terapia para corregir las conductas inadecuadas.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que el 31 de julio de 2015, solicit\u00f3 la declaratoria del incumplimiento a la medida en comento, y que se modificara y adicionara la misma para incluir all\u00ed a su hija menor; sin embargo, ese tr\u00e1mite qued\u00f3 suspendido ante la recusaci\u00f3n que el 19 de noviembre siguiente present\u00f3 contra la Comisaria Primera de Familia de Usaqu\u00e9n, el cual fue resuelto por la funcionaria de manera adversa a sus pretensiones con prove\u00eddo de 4 de diciembre siguiente, tras considerar que la queja disciplinaria que contra ella tambi\u00e9n elev\u00f3 la actora con motivo en la forma como hab\u00eda decidido la medida de protecci\u00f3n, no era causal de impedimento para continuar conociendo del asunto, determinaci\u00f3n \u00e9sta que refrend\u00f3 el Juzgado Cuarto de Familia de esta urbe con auto del 19 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que en el transcurso de ese incidente de incumplimiento, el cual se encuentra pendiente de resolver desde el mes de junio del a\u00f1o pasado, el demandado no se ha sometido a las terapias ordenadas por el juzgado accionado, continuando con las agresiones en su contra y de sus hijos, al punto que present\u00f3 una queja disciplinaria en su contra se\u00f1al\u00e1ndola de \u00abfuncionaria corrupta\u00bb; utiliz\u00f3 las redes sociales y radic\u00f3 un documento escrito en su lugar de trabajo para que sus compa\u00f1eros se enteraran de la medida de protecci\u00f3n por ella promovida; llama insistentemente a su hija menor, le escribe correos electr\u00f3nicos donde la hostiga, acusa de delitos, se burla, e incluso cuestiona su paternidad sobre la prenombrada menor; situaci\u00f3n que, dice, ha llevado a \u00e9sta a una situaci\u00f3n de estr\u00e9s y enfermedad.  <\/span><\/p>\n

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Refiere en cuanto a la medida de protecci\u00f3n promovida en el a\u00f1o 2009 a favor de su hija ante la Comisar\u00eda Primera de Usaqu\u00e9n, bajo el radicado No. 283-2009, que culmin\u00f3 con decisi\u00f3n del 1\u00b0 de julio de ese mismo a\u00f1o, imponi\u00e9ndole obligaciones a ambos padres, y que tras el incumplimiento a la misma alegada por los dos, fue archivada por falta de pruebas, el 17 de diciembre de 2013.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que el 15 de octubre de ese mismo a\u00f1o, hab\u00eda solicitado nuevamente que se declarara el incumplimiento a esa medida de protecci\u00f3n por estar sufriendo junto con sus dos hijos mayores acoso cibern\u00e9tico y llamadas constantes por parte del se\u00f1or Rodr\u00edguez G\u00f3mez, pedimento que en la misma fecha rechaz\u00f3 la citada Comisar\u00eda por falta de requisitos de forma, pero que dio lugar a iniciar el tr\u00e1mite de la nueva medida a que se aludi\u00f3 en l\u00edneas precedentes.   <\/span><\/p>\n

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Finalmente asegura, que debido a la manera como la Comisar\u00eda convocada ha tramitado la medida de protecci\u00f3n, ha acudido en diversas oportunidades ante la Personer\u00eda Distrital, pero ante la falta de garant\u00edas por parte de \u00e9sta, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n asign\u00f3 una procuradora especial para ejercer veedur\u00eda sobre ese tr\u00e1mite, con lo que dice, agot\u00f3 todas las instancias con que cuenta para evitar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que solicita en amparo (fls. 1 a 49, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Comisaria Trece de Familia de Bogot\u00e1, el Comisario Doce de la misma ciudad, y, la Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n social de la misma ciudad, solicitaron, aunque en escritos separados, su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, tras manifestar que no han vulnerado los derechos fundamentales de la promotora del amparo, precisando la \u00faltima funcionaria mencionada, que la entidad que representa ha dado oportuna respuesta a todas las solicitudes y quejas presentadas por \u00e9sta (fls. 74, 75,138 a 148 y 219 y 220, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b).        A.M. y J.M.C.C., hijos mayores de la actora, manifestaron que tambi\u00e9n han sido objeto de las agresiones del se\u00f1or Jes\u00fas Alexander Rodr\u00edguez G\u00f3mez, \u00abas\u00ed como de la displicencia de las Comisar\u00edas de Familia a las que [han] acudido buscando ayuda\u00bb, que, dicen, han llegado al punto de inculparlos por esas agresiones, y les \u00abdeja la percepci\u00f3n de que la conducta que deber\u00eda[n] seguir es quedar[se] callados, aceptar vivir as\u00ed (\u2026) y no acudir m\u00e1s a las instituciones p\u00fablicas\u00bb (fls. 221 a 223, ib.)  <\/span><\/p>\n

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d).        Jes\u00fas Alexander Rodr\u00edguez G\u00f3mez, afirm\u00f3 que el asunto objeto de reproche est\u00e1 siendo vigilado por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Secretar\u00eda de la Mujer, quienes han sido garantes del mismo; que la decisi\u00f3n del aludido incidente ha sido retrasada por la misma accionante, quien presenta reiteradas solicitudes y quejas que implican el traslado del expediente a los organismos de control, e inicia acciones en contra de los funcionarios p\u00fablicos que han atendido sus denuncias (fls. 313 y 314, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primer grado neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir de la revisi\u00f3n del expediente contentivo de la medida de protecci\u00f3n cuestionada, que \u00abno se evidencia v\u00eda de hecho que amerite la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante, pues de las actuaciones no se advierte la falta de diligencia por parte de las instituciones encartadas, pues debe tenerse en cuenta en primer lugar, que el incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n interpuesto por la aqu\u00ed accionante no ha sido resuelto por la comisar\u00eda competente, por lo que no corresponde al juez de tutela hacer juicios o tomar decisiones que tienen que ser resueltas por la autoridad competente con conocimiento de causa, dado que existe una discusi\u00f3n que debe ser resuelta por la autoridad competente investida competencia (sic), sin que exista una decisi\u00f3n en firme para entrar a dilucidar si se han vulnerado los derechos reclamados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a la recusaci\u00f3n presentada contra la Comisar\u00eda accionada estim\u00f3, que en ejercicio de la competencia establecida en el art\u00edculo 39 del Decreto 2591, aplicable al tr\u00e1mite criticado por remisi\u00f3n del art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 neg\u00f3 de manera razonada la misma.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte estim\u00f3, que no era procedente adicionar la medida de protecci\u00f3n impuesta al interior del tr\u00e1mite con Radicado 425-2013, para que se incluyera a la menor hija de la tutelante como beneficiaria de la misma, porque \u00abel asunto ya hab\u00eda sido objeto de pronunciamiento por parte de la Comisar\u00eda Primera de Familia de car\u00e1cter policivo de la ciudad, de suerte que proceder conforme lo solicitado ser\u00eda adentrarse en situaciones ya definidas (cosa juzgada) desatender el principio non bis in \u00eddem y de paso vulnerar el debido proceso a que se refiere el art. 29 dela norma superior\u00bb; que de considerarse la continuidad de la perturbaci\u00f3n, es decir el incumplimiento de la medida all\u00ed impuesta, debe proceder la accionante a promover el incidente respectivo.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente consider\u00f3 sobre el cambio de radicaci\u00f3n solicitado, que \u00abla accionante deber\u00e1 acudir a los mecanismos ordinarios que sobre el particular ofrece nuestro nuevo estatuto adjetivo\u00bb (fls. 320 a 339, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promovi\u00f3 la gestora del amparo, esgrimiendo, en suma, similares argumentos a los del escrito inicial, a m\u00e1s de se\u00f1alar, que los motivos expuestos por el a quo constitucional para negar el resguardo solicitado, \u00abs\u00f3lo hacen referencia al cumplimiento de la ritualidad y formas procesales, m\u00e1s no a la eficacia y materialidad de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que es verdaderamente el fin \u00faltimo de la administraci\u00f3n de justicia y en particular de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, desconociendo que el incidente de incumplimiento se encuentra en tr\u00e1mite, pero la necesidad de protecci\u00f3n inmediata de sus derechos y los de su hija, justifican la concesi\u00f3n del amparo de manera transitoria fls. 370 a 375, ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n, y circunscrita la Corte a la inconformidad esgrimida con la impugnaci\u00f3n, una vez revisadas las diligencias se anticipa el fracaso de lo pretendido por la se\u00f1ora R.M.C.M. a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, como quiera que acude al mismo para que i) se ordene el cambio de radicaci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n de radicado No. 425 de 2013 que actualmente conoce la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n; ii) se incluya en la misma como sujeto de protecci\u00f3n, a su menor hija XXX; y, que iii) se adicione a favor de la peque\u00f1a, las medidas se\u00f1aladas en los literales B, E y N del art\u00edculo 17 de la Ley 1257 de 2008.  <\/span><\/p>\n

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4.   No obstante, no cabe duda que lo reclamado resulta ajeno al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la protecci\u00f3n excepcional s\u00f3lo es viable cuando quien la implora ya se dirigi\u00f3 ante las autoridades censuradas para poner de presente su reclamo y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable y arbitraria, lo cual no ha ocurrido en el presente asunto, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, tal y como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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4.1.   Ciertamente, para hacer efectiva la primera pretensi\u00f3n elevada en sede de tutela, esto es, que se realice el cambio de radicaci\u00f3n de la aludida medida de protecci\u00f3n, la accionante no se ha dirigido ante la autoridad judicial competente para poner de presente esa solicitud, la que en su opini\u00f3n procede en el asunto cuestionado, en procura de imparcialidad en el tr\u00e1mite de incumplimiento que se adelanta ante la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n, por lo que no puede el juez constitucional adelantarse a un pronunciamiento que compete primero al juez ordinario, pues como esta Sala ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo extraordinario puede acudirse \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (STC10423-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.2.   Del mismo modo, para hacer efectiva la protecci\u00f3n a la menor XXX, la v\u00eda procesal adecuada no es la ampliaci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n impuesta dentro del asunto con radicado No. 425-2013, sino la presentaci\u00f3n del respectivo incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n que el 1\u00b0 de julio de 2009, impuso la Comisar\u00eda Primera de Familia de Car\u00e1cter Policivo de esta capital, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996 con la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000; situaci\u00f3n que por dem\u00e1s, fue advertida por el Juez Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 en prove\u00eddo del 3 de julio de 2015, con que impuso la medida de protecci\u00f3n que se solicita ampliar, y fue el motivo por el cual no cobij\u00f3 con \u00e9sta a la menor XXX (fl. 98, cdno. 1), sin que tal decisi\u00f3n pueda tildarse de antojadiza, caprichosa o infundada, pues no solo fue el resultado del an\u00e1lisis normativo aplicable al caso controvertido, enmarcado en la precitada normatividad, sino que con ella evit\u00f3 inmiscuirse en situaciones ya definidas por otra autoridad, respetando con ello el principio procesal de la cosa juzgada.  <\/span><\/p>\n

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4.3.  Ahora, si la aqu\u00ed interesada considera que la situaci\u00f3n de violencia intrafamiliar que amerit\u00f3 la referida medida de protecci\u00f3n impuesta por parte de Comisar\u00eda Primera de Familia de Car\u00e1cter Policivo de esta ciudad, cambi\u00f3 en detrimento de los intereses superiores de su descendiente, y por ello la orden all\u00ed dada resulta actualmente insuficiente para garantizar el bienestar y la integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica de \u00e9sta, y por ello es necesario imponer las medidas establecidas en los literales B, E y N del art\u00edculo 17 de la Ley 1257 de 2008, puede acudir en el momento que lo estime pertinente ante esa autoridad a ampliar tales motivos, acompa\u00f1ando las pruebas del caso, para que previo agotamiento del procedimiento respectivo, ciertamente con intervenci\u00f3n del supuesto victimario, se decida su solicitud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        As\u00ed pues, no cabe duda que le est\u00e1 vedado a la actora acudir a esta acci\u00f3n excepcional\u00edsima, como quiera que la misma no fue instituida para anticiparse a los pronunciamientos de los accionados, puntual tem\u00e1tica sobre la cual  la Corte ha se\u00f1alado que,  <\/span><\/p>\n

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\u00absi el actor considera que alg\u00fan acto concreto de los acusados le est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales, debe dirigirse a ellos para que se pronuncien al respecto; es decir, el quejoso debe plantear sus inconformidades ante los demandados, para que \u00e9stos, de ser pertinente, tomen una determinaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n, sin que con este mecanismo pueda anticiparse a las decisiones de dichas entidades\u00bb (CSJ STC, 13 nov. 2012, rad. 00135-01; reiterada en STC4605-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC10423-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Adicionalmente, la Sala no aprecia tampoco la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n, pues sin desconocer la existencia de  actos de violencia por parte del se\u00f1or Jes\u00fas Alexander Rodr\u00edguez, conforme a lo reconocido por autoridad competente, no est\u00e1 probado que los mismos ameriten una intervenci\u00f3n m\u00e1s pronta que la que brinda el ya de por s\u00ed expedido tr\u00e1mite de una medida de protecci\u00f3n o de incumplimiento a la misma, en aras de evitar la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de las caracter\u00edsticas antes aludidas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha puntualizado que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00absi no se demostraron las circunstancias necesarias para otorgarlo en esos t\u00e9rminos, es decir, no se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC, 18 may.  2011, Rad. 00216-01; reiterada en STC4498-2014 y STC8258-2015).  <\/span><\/p>\n

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7.   Sin perjuicio de lo anterior, la Corte conmina a la Comisar\u00eda Primera de Usaqu\u00e9n para que resuelva en el menor tiempo posible el incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n de radicado No. 425-2013, teniendo en cuenta las previsiones que sobre el particular establece art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996 con la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, pues seg\u00fan el informe rendido por esa misma autoridad, en ese tr\u00e1mite no ha habido actuaciones procesales desde el 22 de junio del a\u00f1o inmediatamente anterior (fl. 309, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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8.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, y por lo previamente considerado, se impone ratificar el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1126-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00706-01      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de noviembre de 2016, proferido por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99084","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99084","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99084"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99084\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99084"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99084"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99084"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}