{"id":99086,"date":"2026-06-25T17:53:30","date_gmt":"2026-06-25T17:53:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1129-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:53:30","modified_gmt":"2026-06-25T17:53:30","slug":"stc1129-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1129-2017\/","title":{"rendered":"STC1129-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1129-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-0172-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C. dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jes\u00fas Antonio Herr\u00e1n Quesada contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la colegiatura convocada, con ocasi\u00f3n de la providencia proferida el pasado 15 de noviembre, a trav\u00e9s de la cual deneg\u00f3 la nulidad de que trata el art\u00edculo 121 del C. G. del P., ello en el marco del proceso de pertenencia que instaur\u00f3 contra Diana Milena Carrillo Valero, Yuly Johana, Marisol y Sandra Roc\u00edo Carrillo Valero en calidad de herederas determinadas del se\u00f1or Numael Carillo Jim\u00e9nez, y dem\u00e1s personas indeterminadas.    <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita concretamente, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal de Ibagu\u00e9, revocar tal determinaci\u00f3n, para que en su lugar, \u00abremit[a] el expediente al Magistrado que le sigue en turno\u00bb con el fin que resuelva sobre la alzada interpuesta contra el fallo de primer grado, y, adem\u00e1s, que de ello se informe al Consejo Superior de la Judicatura (fls. 60).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, refiere en lo que interesa para resolver el presente asunto, que present\u00f3 demanda de pertenencia agraria referida en l\u00edneas anteriores, con el fin de adquirir por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio, los predios denominados \u00abLOTE 3A, LOTE 3B y LOTE 3C de la manzana \u201cB\u201d, LOTE 4A, LOTE 4B y LOTE 4C de la manzana \u201cC\u201d, LOTE 5, LOTE 6, LOTE 7, LOTE 8 y LOTE 9 de la manzana \u201cB\u201d, Lote 12A, LOTE 12B, LOTE 12C, LOTE 12D, LOTE 12E y LOTE12F de la manzana \u201cC\u201d, todos (\u2026) ubicados en la Parcelaci\u00f3n Torca, ubicada en [la]Vereda Bolivia del Municipio de Carmen de Apical[\u00e1]\u00bb; la que fue admitida el 11 de octubre de 2013 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, el que, tras adelantar el tr\u00e1mite pertinente, frente al cual ninguna oposici\u00f3n present\u00f3 el extremo demandado, dict\u00f3 sentencia el 18 de diciembre de 2014, denegando las pretensiones incoadas.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que apel\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, con sustento en que \u00aben el expediente se hallaban situaciones probatorias contundentes [para] el \u00e9xito de las pretensiones, tales como el texto mismo de la demanda, los certificados de libertad y tradici\u00f3n de cada uno de los predios causa de las pretensiones, la escritura p\u00fablica n\u00famero 2223 del 20 de Junio de 1990 corrida en la Notar\u00eda 37 del C\u00edrculo Notarial de Bogot\u00e1, mediante la cual el se\u00f1or NUMAEL CARRILLO JIMENEZ (q.e.p.d.) adquiri\u00f3 tales predios, el informe pericial rendido por la auxiliar de la justicia (\u2026), la diligencia de inspecci\u00f3n judicial a cada uno en los predios realizada por el juzgado de conocimiento y los testimonios rendidos por los deponentes se\u00f1ores JHON JAIRO ARIAS, CARLOS CARDENAS y BAUDILIO TORRES BERMUDEZ\u00bb, medios de convicci\u00f3n que, dice, no fueron valorados en debida forma.  <\/span><\/p>\n

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Aduce que no obstante lo anterior, el Tribunal convocado confirm\u00f3 la sentencia censurada en prove\u00eddo del 15 de abril de 2016, con similares argumentos a los esgrimidos por el Juez a quo, momento para el cual el magistrado ponente que a cargo ten\u00eda el negocio, ya no era competente para resolver sobre la alzada, de conformidad a lo dispuesto en el precepto 121 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Aduce que por tales circunstancias, propuso incidente de nulidad, el cual fue decido a trav\u00e9s de la providencia censurada, el 15 de noviembre de 2016, deneg\u00e1ndose tal declaratoria, con el argumento que la causal invocada fue saneada, lo que a todas luces, dice, vulnera las prerrogativas ius fundamentales invocadas (fls. 2 a 10).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante auto del pasado 26 de enero esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto se cuestiona la decisi\u00f3n adiada 15 de noviembre de 2016, a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, declar\u00f3 no probada la causal de nulidad formulada por el aqu\u00ed accionante, con base en lo normado en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.        Puestas as\u00ed las cosas, en el caso que se examina, y luego de analizar la actuaci\u00f3n desplegada por la autoridad jurisdiccional en contra de la que se enfil\u00f3 el reclamo tutelar, no se advierte la existencia de causal de procedibilidad que haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues contrario a lo esgrimido por el se\u00f1or Herr\u00e1n Quesada, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n antes individualizada, se advierte que no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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3.1.  En efecto, para adoptar aquella decisi\u00f3n, la Colegiatura accionado, luego de citar un precedente jurisprudencial emitido por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil1, precis\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAs\u00ed puestas las cosas y como quiera que efectivamente la providencia proferida en esta instancia tiene como fecha el 15 de abril de 2016, ser\u00eda del caso decretar su nulidad, empero se debe tener en cuenta que dicha irregularidad se encuentra saneada, pues la parte interesada no la aleg\u00f3 oportunamente, esto es, inmediatamente feneci\u00f3 el t\u00e9rmino para decidir la segunda instancia, y ni siquiera recurri\u00f3 el auto de agosto 5 de 2015, mediante el cual este despacho prorrog\u00f3, hasta por seis meses m\u00e1s, la competencia para proferir fallo, y de paso, se interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que fue negado por auto del 30 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Con base en lo anterior, se afirma, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda que la solicitud de nulidad deprecada carece de fundamento, pues, como se dijo, la misma aparece saneada por la actitud de la parte actora, raz\u00f3n suficiente para negar la nulidad invocada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.2.  Conclusiones que no pueden ser catalogadas como arbitrarias o caprichosas, en tanto que parten de una debida interpretaci\u00f3n de la normatividad procesal aplicable, de donde el fallador de segunda instancia extrajo, que el saneamiento de la nulidad que con sustento en el art\u00edculo 121 del C. G. del P. invoc\u00f3 la parte demandada en la actuaci\u00f3n, en efecto se materializ\u00f3, pues una vez emitida la sentencia, el quejoso dej\u00f3 de manifestar la inconformidad que ahora trae al presente tr\u00e1mite excepcional, esto es, no aleg\u00f3 tal vicio, y contrario a ello, a lo que procedi\u00f3 fue a presentar recurso extraordinario de casaci\u00f3n, momento en el que ninguna acotaci\u00f3n expuso sobre el particular.  <\/span><\/p>\n

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3.3.   De este modo, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el Juzgado, como aqu\u00e9lla se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda excepcional para imponer al juzgador una determinada interpretaci\u00f3n o enfoque de la normatividad que coincida plenamente con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia, y se reitera, en el presente asunto el funcionario judicial no desbord\u00f3 la potestad de administrar justicia.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed lo ha sostenido la jurisprudencia:  <\/span><\/p>\n

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\u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. Jun. 2004, rad. 142-01, reiterada en STC 12567-2016)  <\/span><\/p>\n

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4.  Queda claro, entonces, que lo pretendido por el peticionario del amparo es anteponer su propio criterio al del accionado y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 STC9706-2016.      <\/span><\/p>\n

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