{"id":99088,"date":"2026-06-25T17:53:44","date_gmt":"2026-06-25T17:53:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1131-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:53:44","modified_gmt":"2026-06-25T17:53:44","slug":"stc1131-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1131-2017\/","title":{"rendered":"STC1131-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1131-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00151-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la Titularizadora Colombiana S.A. Hitos, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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1.        El sociedad accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por Colegiatura convocada, al revocar la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que promovi\u00f3 contra Nohelia Real Triana y Juan de Jes\u00fas Duarte Rojas.    <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, i) \u00abDEJAR sin efectos el fallo de segunda instancia de fecha 10 de octubre de 2016\u00bb; ii) \u00abORDENAR al Tribunal Superior (\u2026) de Bogot\u00e1, rehacer la providencia tomando como fundamento las normas procesales reales aplicables para el caso concreto\u00bb; y, iii) \u00abCOMPULSAR copias al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue el hecho de la p\u00e9rdida del expediente\u00bb (fl. 52).   <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar la queja, aduce en compendio, que pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, dice, acredit\u00f3 que agot\u00f3 los medios estipulados procesalmente para notificar el mandamiento de pago al actual propietario del inmueble dado en garant\u00eda, es decir, el se\u00f1or Juan de Jes\u00fas Duarte Rosas, y \u00e9ste, en la diligencia de secuestro del aludido bien, \u00abdio a entender que \u00e9l asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n del pago\u00bb de la acreencia que en principio era titular la se\u00f1ora Noelia Real Triana, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 en todas sus partes la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad, quien hab\u00eda ordenado seguir adelante la ejecuci\u00f3n, para en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u00abprescripci\u00f3n del pagar\u00e9\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque el art\u00edculo 554 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, preve\u00eda que la demanda deb\u00eda dirigirse contra la propietario inscrito del inmueble, tal como sucedi\u00f3, el ad quem consider\u00f3 que \u00abel deudor titular del cr\u00e9dito (\u2026) e[ra] el \u00daNICO que p[od\u00eda] interrumpir la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb, lo cual asegura, resulta il\u00f3gico, en la medida que no es admisible que el actual demandado \u00abpueda alegar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n (\u2026), pero, que no pued[a] interrumpirla\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indica que aunque el expediente contentivo del proceso se extravi\u00f3 por \u00ab9 MESES (noviembre de 2013-julio 2014\u00bb, hasta que fue reconstruido, la aludida Colegiatura no solo pas\u00f3 ello por alto para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de 3 a\u00f1os para notificar al demandado previsto en el art\u00edculo 789 del C.Co., sino que desconoci\u00f3 que en dicho periodo \u00abno fue posible obtener las piezas procesales para culminar el tr\u00e1mite del emplazamiento\u00bb al ejecutado, circunstancias que, asegura, vulneran los derechos fundamentales invocados (fls. 31 a 40).     <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 24 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1, precis\u00f3 que el 10 de octubre pasado profiri\u00f3 la sentencia que se censura, la cual \u00abno responde a arbitrariedad alguna, en la medida que obedece a las razones f\u00e1cticas, jur\u00eddicas y jurisprudenciales, que all\u00ed se consignaron\u00bb (fl. 50).  <\/span><\/p>\n

b.   Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los interesados.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, contra el prove\u00eddo proferido en audiencia el 10 de octubre de 2016, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que cerr\u00f3 el debate planteado, al revocar el fallo de 3 de noviembre de 2015, del Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar, declarar \u00abprobada la excepci\u00f3n nominada; \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DEL PAGAR\u00c9 NO. 2273320121952\u201d\u00bb (fls. 51 a 56), dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que la Titularizadora Colombiana S.A. Hitos promovi\u00f3 en contra de Nohelia Real Triana y Juan de Jes\u00fas Duarte Rojas, pues en sentir de la accionante \u2013all\u00e1 ejecutante, se realiz\u00f3 una errada valoraci\u00f3n probatoria de los documentos adosados a la controversia.  <\/span><\/p>\n

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4.        No obstante, una vez examinada la decisi\u00f3n antes individualizada, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la citada Colegiatura para decidir de la manera como lo hizo, en punto de revocar la decisi\u00f3n de primer grado, la cual hab\u00eda determinado que existi\u00f3 interrupci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria en la medida que el ejecutado, realiz\u00f3 algunas afirmaciones al respecto en la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro, luego de memorar senda jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sobre la materia,  puntualiz\u00f3  lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

\u00abpronto se advierte que la decisi\u00f3n debe revocarse, como quiera que la manifestaci\u00f3n relativa a \u201cInicialmente hice el negocio a do\u00f1a NOELIA con la idea de pagar las cuotas de las que pude pagar hace dos a\u00f1os cumplidos como unos 50.000.000. pague y a la se\u00f1ora NOELIA le di unos 60.000.000 m\u00e1s unos arreglos que vienen a ser unos 130.000.000 la idea es no perder le (sic) inversi\u00f3n que tengo con mi padre tenemos una finca en FUSAGASUG\u00c1 y la idea es que mi pap\u00e1 quede con ella o quedemos de due\u00f1os ambos y no perder la plata que yo he invertido espero no s\u00e9 qu\u00e9 tanto tiempo tendr\u00eda yo para pagarle al banco el total\u201d obtenida en la diligencia de secuestro que se llev\u00f3 a cabo 24 de septiembre de 2013, (\u2026), no puede tenerse en cuenta a efectos de interrumpir el t\u00e9rmino prescriptivo respecto del pagar\u00e9 No. 2273 320121952, no por los argumentos aducidos por el recurrente, sino por una raz\u00f3n, \u00e9sta es, que el demandado no ostenta la calidad de deudor, en otras palabras, no es el obligado cambiario.  <\/span><\/p>\n

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Siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, precis\u00f3 que las anteriores consideraciones estaban dadas, pues ciertamente el se\u00f1or Duarte Rosas, por una parte, \u00abno suscribi\u00f3 el documento b\u00e1culo de la ejecuci\u00f3n pues la acreencia encartada la adquiri\u00f3 la se\u00f1ora Noelia Real Triana \u2013a quien inicialmente se demand\u00f3-\u00bb y, por la otra, no se logr\u00f3 acreditar que \u00aba prop\u00f3sito del negoci\u00f3 que realiz\u00f3 con la deudora a fin de hacerse due\u00f1o del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-74743 se hubiera obligado respecto de la acreencia en cuesti\u00f3n, en otras palabras, la asumiera; es que valga la pena insistir, la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo, supone una actuaci\u00f3n del deudor \u2013titular del derecho a invocarla- o de su representante, tendiente a reconocer la existencia de la deuda, y ello aqu\u00ed no se comprob\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Ahora y en punto de la interrupci\u00f3n legal de la prescripci\u00f3n, destac\u00f3 que ello tampoco tuvo all\u00ed ocurrencia, en la medida que el rito de la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago al ejecutado se surti\u00f3 con posterioridad al t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicable al asunto, como quiera que  <\/span><\/p>\n

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\u00abde cara a las cuotas causadas y no pagadas, tenemos que la demandada incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de pago, seg\u00fan lo advirti\u00f3 el acreedor (\u2026) a partir del 8 de febrero de 2011, data desde la cual debe contabilizarse el t\u00e9rmino extintivo, para concluir que esos valores prescribieron en la misma fecha en el a\u00f1o 2014. An\u00e1lisis extensible al capital insoluto, m\u00e1s se computar\u00e1 desde la presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, el 21 de junio de 2011 (\u2026), pues fue a prop\u00f3sito de que se aceler\u00f3 el plazo que se hizo exigible, de manera \u00e9ste prescribi\u00f3 el 21 de junio de 2014.   <\/span><\/p>\n

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De modo que, si quien est\u00e1 llamado a resistir la pretensi\u00f3n s\u00f3lo fue notificado hasta el 22 de agosto de 2014 (\u2026), es factible predicar (\u2026), que la introducci\u00f3n de la demanda, no cumpli\u00f3 su cometido, puesto que s\u00f3lo ten\u00eda la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, si el ejecutado era puesto a derecho de la orden de apremio notificada por estado el 25 de julio de 2011 (\u2026.), dentro del aludido plazo, y ciertamente esto no ocurri\u00f3. Por consiguiente, para cuando conoci\u00f3 del mandamiento, el citado fen\u00f3meno hab\u00eda aniquilado el derecho del acreedor; todo lo cual tiene como consecuencia, la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cuyo pago se demanda (art. 1625, numeral 10 del C. C.).  <\/span><\/p>\n

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A lo que agreg\u00f3, que las dificultadas que  se presentaron en el asunto para notificar a los ejecutados, \u00abno puede oponerse a la operancia de la prescripci\u00f3n, sencillamente porque la ley no le otorg\u00f3 de cara a este prop\u00f3sito efecto alguno, pues lo que al fin y al cabo importa es que entablada la ejecuci\u00f3n, la respectiva orden de pago se les notifique a los encartados dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n por estado al acreedor de dicho prove\u00eddo y nada m\u00e1s\u00bb (\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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5.        As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 de que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretende la peticionaria  del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer su propio criterio al de la accionada y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ejecutivos, m\u00e1xime cuando, como qued\u00f3 visto, el ad quem s\u00ed tuvo en cuenta los medios probatorios existentes en el asunto y las normas que eran aplicables en el asunto, para determinar en \u00faltimas, que en efecto, la acci\u00f3n coercitiva se encontraba prescrita, al haberse notificado en la oportunidad correspondiente la orden de apremio y que no fue interrumpida ya sea natural o legalmente, tal como fue expuesto.    <\/span><\/p>\n

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6.    En este sentido se ha dicho de manera uniforme y repetida, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso.  De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto  configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (ver entre otras, CJS STC188-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Finalmente, y de cara a la petici\u00f3n de la parte inconforme atinente a que se ordene al Consejo Seccional o Superior de la Judicatura, el estudio de las conductas desplegadas en el proceso censurado y en especial el extrav\u00edo del expediente, resulta pertinente manifestar que, tal como se ha precisado en anteriores oportunidades, puede acudir directamente ante esa Colegiatura para ese fin, \u00abnaturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2013, Rad. 00037-01; reiterada entre otras en STC201-2016), pues ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias, sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 17 feb. 2010, Rad. 00449-01; CSJ STC 16 mar. 2012, Rad. 00037-01; y STC1526-2016 entre otras).  <\/span><\/p>\n

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8.        Con apoyo en las razones que preceden, se concluye que la reclamaci\u00f3n invocada est\u00e1 llamada al fracaso.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1131-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00151-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99088","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99088\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}