{"id":99089,"date":"2026-06-25T17:53:46","date_gmt":"2026-06-25T17:53:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1133-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:53:46","modified_gmt":"2026-06-25T17:53:46","slug":"stc1133-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1133-2017\/","title":{"rendered":"STC1133-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1133-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00167-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gilberto Bustamante Fl\u00f3rez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar (Tolima), as\u00ed como la parte pasiva y la otra persona integrante del extremo activo del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la vivienda digna, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia de segunda instancia proferida en audiencia el 22 de noviembre de 2016, dentro del proceso declarativo de pertenencia que instaur\u00f3 junto a su esposa Mar\u00eda del Pilar Rubiano Ortiz contra el se\u00f1or Diego Mauricio Rubio Romero.  <\/span><\/p>\n

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Del escrito de tutela se colige, que lo finalmente pretendido por el actor, es que se deje sin valor y efecto la aludida determinaci\u00f3n y, como consecuencia de ello, se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal de Ibagu\u00e9, resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la parte demandada en el citado juicio, confirmando lo resuelto por el juez de primer grado (fls. 1 a 14).  <\/span><\/p>\n

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2.   Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que en la decisi\u00f3n referida l\u00edneas atr\u00e1s, la Corporaci\u00f3n censurada realiz\u00f3 un raciocinio errado acerca de la prescripci\u00f3n extintiva invocada como soporte de la pretensi\u00f3n subsidiaria incoada, relacionada con la nulidad de la Escritura P\u00fablica No. 1021 de 18 de agosto de 2011, por medio de la cual la liquidada sociedad Promociones y Proyectos Ltda., en liquidaci\u00f3n adicional, adjudic\u00f3 al demandado el bien inmueble objeto del litigio, \u00fanica a la que accedi\u00f3 el juez de primer grado, pues neg\u00f3 la principal bajo el argumento que los poseedores demandantes solo acreditaron tal condici\u00f3n por un tiempo de \u00ab9 a\u00f1os 1 mes y 17 d\u00edas\u00bb, ya que, adem\u00e1s de se\u00f1alar que la referida actuaci\u00f3n no estaba prescrita, estableci\u00f3 que los peticionarios no estaban legitimados para demandar la nulidad de dicho instrumento, por cuanto no son socios ni acreedores de la mentada compa\u00f1\u00eda, planteamiento que, asevera, no solo desconoce la normatividad sustantiva aplicable al asunto, la cual, pese a ser citada, result\u00f3 desconocida por la Colegiatura acusada, sino tambi\u00e9n la jurisprudencia referente al tema, raz\u00f3n por la que considera que dicha autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo (ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 25 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 19).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  El Magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada, luego de rese\u00f1ar las actuaciones que despleg\u00f3 con ocasi\u00f3n de los recursos formulados por las partes contra el fallo de primer grado, dictado en el juicio que se debate y, de compendiar las razones que fundamentaron aqu\u00e9lla, se opuso al \u00e9xito del resguardo solicitado, aduciendo que \u00abno se incurri\u00f3 ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n (\u2026) en violaci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abel actor tuvo a su disposici\u00f3n el ejercicio de la v\u00eda judicial ordinaria dentro de las etapas procesales para ello previstas, sin haber hecho uso de las mismas\u00bb (fls. 26 a 28).  <\/span><\/p>\n

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b.   Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en el presente tr\u00e1mite constitucional.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte, con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Gilberto Bustamante Fl\u00f3rez, resulta procedente, pues, es evidente, que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, con la providencia emitida en audiencia el 22 de noviembre de 2016, por medio de la cual resolvi\u00f3, entre otros, \u00abreformar\u00bb la sentencia emitida en igual forma el 11 de abril anterior, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, en el sentido de \u00abrevoc[ar] de [su] parte resolutiva los numerales 2\u00ba, 3\u00ba, 4\u00ba y 5\u00ba\u00bb, para en su lugar, \u00abpor el reconocimiento de la falta de legitimaci\u00f3n de los demandantes\u00bb, \u00abn[egar] la pretensi\u00f3n presentada como subsidiaria\u00bb y, \u00abcondenar en costas, en ambas instancias, [al extremo activo]\u00bb, dentro del proceso declarativo de pertenencia que el accionante impuls\u00f3 junto a su c\u00f3nyuge Mar\u00eda del Pilar Rubiano Ortiz en contra del se\u00f1or Diego Mauricio Rubio Romero (fl. 15), incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por los defectos sustantivo y f\u00e1ctico, al adoptar una decisi\u00f3n que luce arbitraria frente a la normatividad aplicable a este tipo de asuntos y a la prueba incorporada en el citado juicio, como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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2.1.          En efecto, dicha Corporaci\u00f3n, a punto de resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandada contra la declaratoria de nulidad de la Escritura P\u00fablica No. 1021 de 18 de agosto de 2011, por medio de la cual la extinta sociedad Promociones y Proyectos Ltda., en liquidaci\u00f3n adicional, adjudic\u00f3 al demandado, en su calidad de socio, el bien inmueble objeto del litigio, pretensi\u00f3n subsidiaria a la que accedi\u00f3 el a quo ante la negativa de la principal, por no haber cumplido los demandantes con el t\u00e9rmino exigido por la ley para adquirir el dominio por prescripci\u00f3n, precis\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla Sala advierte que en efecto le asiste raz\u00f3n a la parte recurrente y tendr\u00e1 que modificar la sentencia [recurrida], como se explicar\u00e1 adelante. Obviamente, los argumentos que la Sala tiene para llegar a esa conclusi\u00f3n que presentamos de forma anticipada, son los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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Est\u00e1 probado que la sociedad mercantil Promociones y Proyectos Ltda. se liquid\u00f3 por Escritura P\u00fablica 8186 de 29 de octubre de 1999 (fls. 213 a 223 Cd. 1). Segundo, el 18 de agosto de 2011, por Escritura 1021 de la Notar\u00eda Segunda de El Espinal, se realiz\u00f3 el acto de liquidaci\u00f3n adicional de la [aludida] sociedad (\u2026), y en \u00e9l se adjudic\u00f3 el inmueble materia del pleito al se\u00f1or Diego Mauricio Rubio Romero, socio de la citada persona jur\u00eddica y, precisamente, este acto jur\u00eddico fue el atacado por los demandantes (\u2026), quienes reclaman la, seg\u00fan ellos, prescripci\u00f3n extintiva de la liquidaci\u00f3n adicional de la [referida] sociedad (\u2026), argumentando, en resumen, que dicho acto de liquidaci\u00f3n adicional est\u00e1 viciado de nulidad e ilegalidad, porque la empresa (\u2026) ya estaba liquidada (\u2026) y por eso no era posible \u201cla resucitaci\u00f3n o reanudaci\u00f3n de la sociedad, pues ya hab\u00eda expirado el t\u00e9rmino de 6 meses que establece el art\u00edculo 220 del C\u00f3digo de Comercio\u201d (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Se recuerda que la [parte] recurrente explic\u00f3 como motivo concreto de su inconformidad, que no ha transcurrido el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n del derecho inserto en la escritura [atacada], puesto que al no existir un plazo o t\u00e9rmino legal para hacer la liquidaci\u00f3n adicional de una sociedad, la que se asemeja a una liquidaci\u00f3n adicional de una herencia, se debe acudir al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinaria que correspond\u00eda a los 10 a\u00f1os, el que no ha transcurrido para el caso presente.  <\/span><\/p>\n

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Ordena as\u00ed las ideas y el debate que concita la atenci\u00f3n de la Sala, [se] puntualiza de entrada que ciertamente si es posible realizar una adjudicaci\u00f3n adicional despu\u00e9s de terminado el proceso de liquidaci\u00f3n voluntaria de una sociedad mercantil cuando aparecen nuevos bienes de la sociedad o cuando el liquidador haya dejado de adjudicar bienes inventariados, tal como lo establece el art\u00edculo 27 de la Ley 1429 de 2010, vigente para la \u00e9poca de la liquidaci\u00f3n adicional (\u2026) y, por lo mismo, teniendo en cuenta la norma citada (\u2026), como ya hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de 5 a\u00f1os desde la liquidaci\u00f3n de la empresa citada (\u2026), era menester seg\u00fan la norma en cita, que tal liquidaci\u00f3n adicional se hiciera mediando la intervenci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades, quien ha debido designar un liquidador para el correspondiente tr\u00e1mite, el que a su turno ha debido comenzar por solicitud de cualquiera de los acreedores relacionados en el inventario del patrimonio social, en armon\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 27, numeral 2\u00ba de la Ley 1429 de 2010.  <\/span><\/p>\n

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En este orden de ideas, es claro afirmar, de un lado, que la petici\u00f3n de adjudicaci\u00f3n adicional en materia societaria est\u00e1 en cabeza, se repite, de cualquiera de los acreedores de la sociedad y, de otro lado, que las acciones de responsabilidad contra socios y liquidadores frente a los actos de liquidaci\u00f3n se rigen por las normas legales vigentes, las cuales no se\u00f1alan que los asociados y terceros puedan demandar al liquidador de la sociedad por actos que generen perjuicios por violaci\u00f3n o negligencia en el cumplimiento de sus deberes como liquidador (Art. 255 C. Co.), todo lo cual, explica, que en el caso presente los demandantes carezcan de legitimaci\u00f3n en causa para invocar su pretensi\u00f3n subsidiaria, puesto que no acreditan su calidad o condici\u00f3n de acreedores de la [rese\u00f1ada] sociedad, con el agregado que su petici\u00f3n no est\u00e1 fundada en la imputaci\u00f3n de hechos u omisiones que comporten violaci\u00f3n o negligencia en el cumplimiento de los deberes del liquidador de tal empresa, liquidaci\u00f3n primigenia realizada por el se\u00f1or demandado, no como propietario inscrito del fundo en disputa, sino en calidad de socio liquidador de la [misma], como se evidencia en la Escritura P\u00fablica 8186 de 29 de octubre de 1999 y, liquidaci\u00f3n adicional que fue acordada por los antiguos socios de la misma empresa, se\u00f1ores Diego Mauricio Rubio Romero y Miriam Yolanda Mendoza Pedraza, seg\u00fan se infiere del Acta No. 31 de la reuni\u00f3n de socios (\u2026) (fls. 234 y 235 Cd. 1), circunstancias f\u00e1cticas acreditadas en el plenario, que adem\u00e1s, colocan de presente, se repite, que los demandantes no est\u00e1n legitimados para reclamar lo que pretenden como pretensi\u00f3n subsidiaria en su demanda, en otros t\u00e9rminos, los actores no est\u00e1n legitimados para pretender la nulidad o invalidez sustancial del negocio jur\u00eddico contenido en la Escritura 1021 de 18 de agosto de 2011, (\u2026) porque no son socios ni acreedores de la mencionada persona jur\u00eddica y, adem\u00e1s, de las pruebas obrantes en el proceso la Sala concluy\u00f3 que tampoco acreditaron tener en rigor la calidad de poseedores de la finca en disputa, legitimaci\u00f3n en causa que en rigor puede y debe ser declarada de oficio por constituir un elemento o requisito de la pretensi\u00f3n\u00bb (fl. 15, CD, Min. 4:25 a Min. 12:08).  <\/span><\/p>\n

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2.2.  Como se puede observar, si bien el Tribunal acert\u00f3 en que la prescripci\u00f3n extintiva alegada por los demandantes no estaba configurada, aunque por motivos de los que difiere la Sala, al estudiar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de aqu\u00e9llos, invocada por el recurrente, para demandar la nulidad del acto jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica de la que se ha venido haciendo alusi\u00f3n, se atuvo a lo preceptuado en el art\u00edculo 27 de la Ley 1429 de 20101, haciendo alusi\u00f3n, adem\u00e1s, de manera abstracta, de las normas que rigen las acciones de responsabilidad contra socios y liquidadores, cuando lo correcto era analizar dicha situaci\u00f3n a partir de lo previsto en los art\u00edculos 1740 a 1743 del C\u00f3digo Civil, normatividad a partir de la cual esta Corporaci\u00f3n ha determinado que existe una excepci\u00f3n a la regla general, seg\u00fan la cual, solo las partes del contrato y el Ministerio P\u00fablico podr\u00edan demandar la nulidad absoluta del acto jur\u00eddico, al permitir que un tercero con inter\u00e9s para obrar pueda tambi\u00e9n hacerlo, conforme lo dispone el art\u00edculo 1742 ib\u00eddem, el cual se ha dicho, \u00abdebe ser concreto, deducible de las circunstancias particulares del caso, serio o traducible en un eventual beneficio econ\u00f3mico o moral, y actual, esto es, existir al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb (CSJ, Sentencia del 17 de noviembre de 1998, exp. 5016)2, caracter\u00edsticas que hall\u00f3 demostradas en su decisi\u00f3n el Juez Segundo Civil del Circuito de Melgar, no obstante la normativa con que fundament\u00f3 su an\u00e1lisis.  <\/span><\/p>\n

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2.3.  Adem\u00e1s, n\u00f3tese, que, aunque la calidad de poseedores de los demandantes no fue controvertida por el apelante en la alzada, como obligadamente ten\u00eda que hacerlo, precisamente, por ser la condici\u00f3n de la cual aqu\u00e9llos derivan su inter\u00e9s respecto de lo pretendido subsidiariamente, el Tribunal, para ahondar en razones para declarar la falta de legitimaci\u00f3n denunciada por aqu\u00e9l, se\u00f1al\u00f3, sin m\u00e1s, que los peticionarios \u00abtampoco acreditaron tener en rigor la calidad de poseedores de la finca en disputa\u00bb, desbordando con ello los l\u00edmites de sus facultades de instancia, al pronunciarse sobre una situaci\u00f3n que no fue objeto de la apelaci\u00f3n, queriendo desconocer, en total rebeld\u00eda con el ordenamiento jur\u00eddico, lo que ya hab\u00eda sido definido y quedado ejecutoriado.       <\/span><\/p>\n

2.4.  Por \u00faltimo, cabe acotar, que si bien el aqu\u00ed interesado y su consorte optaron por invocar una causal de nulidad distinta a las previstas en el ordenamiento jur\u00eddico, cierto es que el canon referido con antelaci\u00f3n prev\u00e9, que \u00ab[l]a nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, a\u00fan sin petici\u00f3n de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato\u00bb, situaci\u00f3n que se presenta en este particular asunto, al haberse omitido el requisito o formalidad prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 27 de la Ley 1429 de 2010, para poder realizarse una liquidaci\u00f3n adicional despu\u00e9s de transcurridos cinco (5) a\u00f1os desde la aprobaci\u00f3n de la cuenta final de liquidaci\u00f3n o desde que el liquidador no puede justificadamente adelantar el tr\u00e1mite, esto es, la designaci\u00f3n de un nuevo liquidador por parte de la Superintendencia de Sociedades para tal fin (fls. 225 a 235, cdno. copias, Rad. 2014-00029-00), deber que igualmente desconoci\u00f3 la Colegiatura acusada, pese a haber advertido, tenuemente, lo anterior.  <\/span><\/p>\n

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3.  As\u00ed las cosas, es claro para la Sala que las deducciones efectuadas en relaci\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n por activa alegada y la ausencia de la calidad de poseedores de los demandantes invocadas por el demandado en el recurso anteriormente comentado, dentro de la memorada actuaci\u00f3n, no son razonables y, por ende, las mismas lucen defectuosas, lo que justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer los derechos fundamentales conculcados.    <\/span><\/p>\n

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4.         Por tanto, se conceder\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n, a fin de que el Tribunal censurado proceda nuevamente a resolver sobre el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la parte demandada en el litigio de la referenciada, teniendo en cuenta las razones aqu\u00ed esbozadas.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONCEDE el amparo incoado por Mar\u00eda Cristina Miranda. En consecuencia se dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto la sentencia proferida en audiencia el 22 de noviembre de 2016, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dentro del proceso declarativo de pertenencia que el accionante instaur\u00f3 junto a su esposa Mar\u00eda del Pilar Rubiano Ortiz contra el se\u00f1or Diego Mauricio Rubio Romero, con radicado No. 2014-00029-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, profiera nuevamente la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, en relaci\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n presentado por el demandado contra la sentencia de primera instancia proferida el 11 de abril de 2016, dentro del citado tr\u00e1mite, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 \u201cPor la cual se expide la Ley de Formalizaci\u00f3n y Generaci\u00f3n de Empleo.\u201d    <\/span><\/p>\n

2 Ver al respecto, en un caso de similares contornos al estudiado, CSJ, sentencia del 2 de agosto de 1999, exp. 4937. As\u00ed mismo, en otras hip\u00f3tesis, CSJ STC1182-2016.      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1133-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00167-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99089","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99089","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99089"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99089\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99089"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99089"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99089"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}