{"id":99091,"date":"2026-06-25T17:53:54","date_gmt":"2026-06-25T17:53:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1136-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:53:54","modified_gmt":"2026-06-25T17:53:54","slug":"stc1136-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1136-2017\/","title":{"rendered":"STC1136-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1136-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03609-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jaiver Aldana Salazar, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes de la causa penal a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, supuestamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas, con ocasi\u00f3n de las providencias de 2 de julio de 2015 y 11 de mayo de 2016, mediante las cuales se orden\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal adelantada en contra de Edgar Ricardo Correa Gamboa.    <\/span><\/p>\n

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Pretende, entonces, que se conceda la protecci\u00f3n constitucional invocada, ordenando a los estrados accionados, \u00abrevocar\u00bb las decisiones mencionadas (fl. 3, vto.).  <\/span><\/p>\n

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2.    En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el Banco Caja Social BCSC S.A. por la falta de respuesta a un derecho de petici\u00f3n que formul\u00f3 a fin de que le fuesen informados los nombres de las personas que hab\u00edan realizado dep\u00f3sitos de dinero en su cuenta de ahorros, amparo que fue concedido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva en sentencia de 13 de noviembre de 2013, ordenando a dicha entidad bancaria brindar contestaci\u00f3n a tal solicitud.  <\/span><\/p>\n

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Relata que como el fallo de tutela referido no se cumpli\u00f3, promovi\u00f3 incidente de desacato que fue decidido favorablemente a sus intereses, pues en prove\u00eddo del 22 de julio de 2014, el Despacho en menci\u00f3n sancion\u00f3 al Gerente Regional de la Zona Andina del Banco Caja Social BCSC S.A. con multa de diez (10) s.m.l.m.v. y cinco (5) d\u00edas de arresto, decisi\u00f3n que al surtir el grado de consulta, fue revocada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la ciudad referida, en auto del 21 de agosto siguiente.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que con ocasi\u00f3n de esta \u00faltima determinaci\u00f3n, instaur\u00f3 denuncia penal en contra de Edgar Ricardo Correa Gamboa, titular del Juzgado Civil del Circuito prenombrado, por la posible comisi\u00f3n del delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb; no obstante, en escrito del 13 de mayo de 2015, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal, por \u00abatipicidad del hecho investigado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que en providencia del 2 de julio siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva orden\u00f3 la preclusi\u00f3n solicitada, tras considerar que la revocatoria de la sanci\u00f3n impuesta por desacato en contra del Gerente Regional de la Zona Andina del Banco Caja Social BCSC S.A, se encontraba ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, decisi\u00f3n que impugnada, fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en auto del 11 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que los estrados judiciales convocados incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que, en su opini\u00f3n, el sindicado s\u00ed cometi\u00f3 la conducta punible de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb. al revocar la sanci\u00f3n impuesta por desacato, si en cuenta se tiene que la referida entidad bancaria ten\u00eda la obligaci\u00f3n de dar respuesta de fondo a la petici\u00f3n que le formul\u00f3 y, en esa medida, deb\u00eda castigarse al no as\u00ed hacerlo (fls. 1 a 4).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a)   La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva remiti\u00f3 copia de la providencia de 2 de julio de 2015, objeto de revisi\u00f3n constitucional (fl. 44 a 62).  <\/span><\/p>\n

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b)   El Banco Caja Social BCSC S.A., solicit\u00f3 denegar el amparo reclamado, tras precisar que las decisiones cuestionadas est\u00e1n ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, y que si bien no resolvi\u00f3 positivamente el derecho de petici\u00f3n formulado por el accionante, ello ocurri\u00f3 porque \u00abno es cierto que exista una obligaci\u00f3n legal que le imponga al Banco el deber de recopilar aquella documentaci\u00f3n que contenga la identificaci\u00f3n de las distintas personas que puedan haber consignado dineros en las distintas cuentas bancarias que el p\u00fablico contrata con \u00e9ste\u00bb (fls. 64 a 69).  <\/span><\/p>\n

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c)   Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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1. En el caso que se somete a examen, el accionante cuestiona los autos de 2 de julio de 2015 y 11 de mayo de 2016, mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas ordenaron, en ambas instancias, la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal adelantada por aqu\u00e9l contra Edgar Ricardo Correa Gamboa, en calidad de Juez Tercero Civil del Circuito de Neiva, por la posible comisi\u00f3n del punible de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb; no obstante, para la Corte las determinaciones en menci\u00f3n estuvieron soportadas en argumentos que no lucen caprichosos ni arbitrarios, lo que impide su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de este especial mecanismo, y anticipa entonces, el fracaso de lo reclamado.    <\/span><\/p>\n

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2.1.  En efecto, para confirmar lo decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, quien orden\u00f3 la preclusi\u00f3n de la mentada investigaci\u00f3n, la Sala Especializada en lo Penal de esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el caso sub examine, se somete a examen de preclusi\u00f3n por atipicidad del hecho investigado, la providencia del 21 de agosto de 2014 por medio de la cual el Dr. EDGAR RICARDO CORREA GAMBOA en su calidad de Juez Tercero Civil del Circuito de Neiva, en grado de consulta revoc\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta al representante de la zona andina del Banco Caja Social.  <\/span><\/p>\n

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El motivo principal y fundante expuesto por el funcionario investigado para adoptar la decisi\u00f3n, consisti\u00f3 en que para la entidad accionada (Banco Caja Social) era materialmente imposible entregar el detalle de la persona que consign\u00f3 sumas de dinero en la cuenta bancaria del denunciante por cuanto no ten\u00eda en su poder dicha informaci\u00f3n, pues no era su obligaci\u00f3n recaudarla, de modo que consider\u00f3 que dicha negativa no era arbitraria ni caprichosa y as\u00ed, mal podr\u00eda emitir una sanci\u00f3n de \u00edndole disciplinario. Tesis que fue ratificada tanto por el representante de la Fiscal\u00eda como por el juzgador de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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Si bien el recurrente no atac\u00f3 directamente el anterior argumento, es decir la imposibilidad material del Banco Caja Social de dar la informaci\u00f3n requerida sobre el consignatario, expuso que era obligaci\u00f3n de la entidad bancaria conocer y certificar qui\u00e9n realiz\u00f3 consignaciones a la cuenta de su cliente y para ello refut\u00f3 en primer lugar que no fue dilucidada la clase de cuenta bancaria de su cliente.  <\/span><\/p>\n

Respecto del anterior reproche, el recurrente pas\u00f3 por alto que no existe ninguna discusi\u00f3n acerca de si es una cuenta de n\u00f3mina o no, lo cual es irrelevante, pues lo cierto es que en todo caso se trataba de una cuenta bancaria respecto de la cual no se recaudaba la identificaci\u00f3n del consignatario y ello fue el motivo por el cual no existe f\u00edsicamente la informaci\u00f3n que requiere, circunstancia que desecha de plano su argumento impugnatorio expuesto contra la decisi\u00f3n sometida a examen.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, en lo referente a una equivocada aplicaci\u00f3n del pronunciamiento de la Superintendencia Financiera, debe advertirse que no se trata de un concepto en estricto sentido sino una respuesta a informaci\u00f3n solicitada por el se\u00f1or Alberto Donadio bajo radicado No. 2013072873 del 21 de agosto de 20131 en el cual, la Entidad si bien hace referencia al valor probatorio de los recibos de consignaci\u00f3n bancaria, tambi\u00e9n expone que:  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn ese contexto, frente a su inquietud puntual procede se\u00f1alar que la normatividad legal que regula los contratos de dep\u00f3sito bancario no establece la exigencia de dejar constancia del nombre de la persona que realiza una consignaci\u00f3n en el correspondiente recibo de dep\u00f3sito.  <\/span><\/p>\n

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Tampoco el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero contempla una exigencia de tal naturaleza en las disposiciones especiales relativas a las operaciones de los establecimientos bancarios (art\u00edculos 7, 8, 9, 124 Y siguientes), ni la misma se encuentra consagrada en el Decreto 2555 de 2010.\u201d (Subraya la Sala)  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan se observa, contrario a lo afirmado por el recurrente, el pronunciamiento de la Superintendencia Financiera expone claramente que el establecimiento bancario no se encontraba obligado a registrar el nombre del depositante en la cuenta ya sea de ahorros o corriente, luego no existe raz\u00f3n para que se hubiese dejado de tener en cuenta o se hubiere mal interpretado dicha fuente auxiliar normativa como herramienta para resolver el asunto examinado, tanto por el funcionario judicial denunciado o por el Tribunal de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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De modo que el argumento seg\u00fan el cual se interpret\u00f3 equivocadamente la pauta de la Superintendencia Financiera de Colombia antes citada, no es acertado y por el contrario es atinado su uso como fuente jur\u00eddica interpretativa para considerar que el Banco accionado no contaba materialmente con la informaci\u00f3n solicitada por el cuentahabiente.  <\/span><\/p>\n

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De lo anterior se concluye que el Juez Tercero Civil del Circuito de Neiva no adecu\u00f3 su conducta al tipo penal consagrado en el art\u00edculo 413 de Ley 599 de 2000 bajo su denominaci\u00f3n de prevaricato por acci\u00f3n, toda vez que al revocar la sanci\u00f3n por desacato impuesta al gerente de la zona andina del Banco Caja Social, soport\u00f3 su decisi\u00f3n en argumentos v\u00e1lidos y ajustados a derecho, con base en elementos probatorios recaudados, circunstancia que hace que se pregone de su conducta la atipicidad tal y como lo expresaron en su momento el Fiscal solicitante de la preclusi\u00f3n y el Tribunal de Primera instancia, pues la determinaci\u00f3n no emerge de ning\u00fan modo contraria a la ley\u00bb (fls. 45 y 46).  <\/span><\/p>\n

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2.2.  De este modo, los estrados judiciales querellados apreciaron que el funcionario sindicado acudi\u00f3 a los elementos probatorios obrantes en el plenario y a una fuente jur\u00eddica interpretativa, para considerar que el Banco accionado no contaba materialmente con la informaci\u00f3n solicitada por el cuentahabiente (aqu\u00ed accionante), por lo que aqu\u00e9lla no incurri\u00f3 en desacato a la orden constitucional dispuesta en la sentencia de tutela de 13 de noviembre de 2013, lo que les  permiti\u00f3 ultimar que la decisi\u00f3n de revocar la sanci\u00f3n por desacato impuesta en contra del Gerente Regional de la Zona Andina del Banco Caja Social BCSC S.A., se encontraba ajustada al ordenamiento jur\u00eddico y, en esa medida, se descartaba que la conducta denunciada se adecuara al tipo penal de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.  Luego se desprende de lo expuesto, que las decisiones que se reprochan por esta v\u00eda se motivaron adecuadamente, y se soportaron en una razonada interpretaci\u00f3n, que con independencia de que se comparta o no por la parte accionante, se itera, no se muestran irrazonables y por ende, no quebrantan las garant\u00edas reclamadas, lo que descarta cualquier posible intervenci\u00f3n del juez de tutela para modificarlas, pues a \u00e9ste  <\/span><\/p>\n

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\u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC12953-2014 y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7  mar. 2008, Rad.  00514-01, reiterada, entre otros en STC7950-2014; STC8572-2014; STC8880-2014; STC9717-2014; STC11408-2014; STC12953-2014; y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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4.  Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Fls. 7-6 Cuaderno anexos No. 3.      <\/span><\/p>\n

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