{"id":99093,"date":"2026-06-25T17:54:02","date_gmt":"2026-06-25T17:54:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1138-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:54:02","modified_gmt":"2026-06-25T17:54:02","slug":"stc1138-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1138-2017\/","title":{"rendered":"STC1138-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1138-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00119-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Armando Orjuela Murillo contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y los Juzgados Sexto de Familia y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Asuntos de Familia, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.         El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al modificar el fallo y no dar por terminado el proceso ejecutivo de alimentos que en su contra adelanta Anne Katheryne kekhan Ni\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene \u00abdejar sin valor ni efectos el auto de julio 22 de 2015 (\u2026) del Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 D.C., que disimul\u00f3 la reforma de [la] sentencia vertida en el acta de junio 8 de 2015\u00bb; y, en subsidio, \u00abordenar al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Familia de [la misma localidad], dar traslado [a] la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito de noviembre 6 de 2015 (\u2026) aprobar [sus] liquidaciones de cr\u00e9dito de noviembre 6 de 2015, enero 18, febrero 25 y marzo 9 de 2016 (\u2026), terminar e[se] proceso, [y] dejar sin valor ni efecto los autos del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (\u2026) de agosto 30 y septiembre 12, ambos de 2016, que negaron el recurso de queja y su adici\u00f3n (fls. 5 y 6).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.         En apoyo de su reclamo, aduce en compendio, que mediante fallo del 8 de julio de 2015, el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 dentro del referido juicio coercitivo, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abpago de la cuota alimentaria comprendida entre los meses de diciembre de 2014 a junio de 2015\u00bb, y se orden\u00f3 seguir adelante con el cobro de las cuotas \u00abcausadas entre diciembre de 2015 y junio de 2015\u00bb, decisi\u00f3n que qued\u00f3 ejecutoriada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Narra que tras ser remitido el expediente al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en Asuntos de Familia de la misma ciudad, el 15 de noviembre de 2015 aport\u00f3 liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito en \u00abcero (0)\u00bb, a la cual esa sede judicial no dio tr\u00e1mite, situaci\u00f3n que se repiti\u00f3 con las liquidaciones que por igual valor present\u00f3 ante los requerimientos realizados mediante autos del 18 de diciembre de 2015, 18 de febrero y 3 de marzo de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indica que la autoridad judicial en auto del 17 de marzo de 2016 justific\u00f3 tal actuar, en que \u00ab\u201cno le es entendible (\u2026) las reiteradas manifestaciones del demandado de que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se encuentra en cero (0)\u201d adem\u00e1s en su decir no se pagaron completamente las cuotas causadas del mes de julio de 2015 y hasta febrero de 2016\u00bb, manifestaci\u00f3n que aunque solicit\u00f3 reponer, fue mantenida con providencia del 21 de abril siguiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Se\u00f1ala que aunque apel\u00f3 el auto de 26 de mayo de ese mismo a\u00f1o con que el Juzgado accionado modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito que su contraparte present\u00f3 el 28 de abril anterior, el recurso fue negado por improcedente con prove\u00eddo del 20 de junio siguiente, por lo cual interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja, siendo concedida esta \u00faltimo con decisi\u00f3n del 28 de ese mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Refiere que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n con auto del 30 de agosto siguiente, bajo el argumento que las ejecuciones de alimentos se tramitan en \u00fanica instancia, decisi\u00f3n ante la cual el pasado 22 de noviembre, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n accionado orden\u00f3 entregar dineros a la ejecutada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente asegura, que el d\u00eda 23 de ese mismo mes y a\u00f1o solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n por haber pagado las costas y las cuotas alimentarias causadas hasta el momento, pero la sede judicial accionada la neg\u00f3 el d\u00eda 9 de diciembre pasado, remiti\u00e9ndose para ello a lo que hab\u00eda dispuesto en auto del 22 de noviembre anterior, en cuanto a que previamente deb\u00eda \u00abacredit[ar] el pago de las costas procesales\u00bb, siendo que, insiste, ya hab\u00eda acreditado tal pago, motivos \u00e9stos por los cuales estima que se le vulneraron los derechos fundamentales que solicita amparar (fls. 1 a 23).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 19 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 76).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       a).        El titular del Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3, que el prove\u00eddo con que corrigi\u00f3 la sentencia proferida el 8 de julio de 2015, data del 22 de julio de ese mismo a\u00f1o, por lo que han transcurrido m\u00e1s de 18 meses hasta la interposici\u00f3n del amparo, incumpli\u00e9ndose el requisito de procedibilidad de la inmediatez, lo que impone la negativa a conceder el resguardo, m\u00e1xime porque no se esgrime argumento alguno para evidenciar que el \u00aberror mecanogr\u00e1fico\u00bb no existi\u00f3 (fls. 87 a 89).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       b).        El Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n de Asuntos de Familia de la misma ciudad, tras realizar un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en la ejecuci\u00f3n cuestionada, concluy\u00f3 que no ha vulnerado all\u00ed prerrogativa superior alguna del actor, enviando para todos los efectos el expediente contentivo del asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        De cara a los argumentos planteados por el inconforme, se advierte que las actuaciones aqu\u00ed reprochadas son, puntualmente, i) la correcci\u00f3n que por error mecanogr\u00e1fico realiz\u00f3 el 22 de julio de 2015, el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 a la parte resolutiva de la sentencia que hab\u00eda proferido el d\u00eda 8 del mes inmediatamente anterior, dentro del referido juicio de alimentos; ii) la negativa del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Asuntos de Familia de la misma ciudad, de dar tr\u00e1mite a las liquidaciones de cr\u00e9dito presentadas por el ejecutado (aqu\u00ed interesado), el 6 de noviembre de 2015, 18 de enero, 25 de febrero y 9 de marzo de 2016, respectivamente; iii) las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en autos del 30 de agosto y 12 de septiembre de 2016, con que resolvi\u00f3 un recurso de queja y su adici\u00f3n, y; iv) la negativa del mentado juzgado de ejecuci\u00f3n de dar por terminada dicha ejecuci\u00f3n por pago total; pues en sentir del se\u00f1or Orjuela Murillo, dichas decisiones han sido proferidas con desapego al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        No obstante, una vez revisadas las diligencias, se anticipa el fracaso de lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, teniendo en cuenta que respecto de las dos primeras quejas elevadas, los cuestionamientos est\u00e1n dirigidos contra actuaciones proferidas por los Juzgados Sexto de Familia y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Asuntos de la misma especialidad, ambos de esta ciudad, antes del mes de marzo de 2016, en tanto que la demanda de tutela se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 11 de enero de 2017 (fl.71), de donde deviene claro que la solicitud de amparo respecto de esas puntuales decisiones, fue presentada tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013 diez meses -, sin que el interesado solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dichas actuaciones, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Ahora, en cuanto a los dem\u00e1s reproches, observa la Sala que una vez examinadas las determinaciones atacadas, se revela que aqu\u00e9llas tuvieron como fundamento argumentos que de manera contraria a considerarse caprichosos, absurdos o infundados, son el resultado del an\u00e1lisis normativo y probatorio aplicado al caso controvertido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.1.          Ciertamente, en el auto del 30 de agosto de 2016, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala  de Familia, despu\u00e9s de memorar las actuaciones surtidas en torno a la apelaci\u00f3n presentada contra el auto del 26 de mayo de ese mismo a\u00f1o, con que el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Asuntos de Familia de la misma urbe modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito practicada por la ejecutante, consider\u00f3 que debido al criterio de taxatividad que para la apelabilidad de una decisi\u00f3n ha establecido nuestro ordenamiento adjetivo,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abno es procedente la alzada, toda vez que, de conformidad con el art\u00edculo 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, los Jueces de Familia conocen, en \u00fanica instancia, de los procesos de alimentos y de la ejecuci\u00f3n de los mismos. Adicionalmente, el art\u00edculo 152 del Decreto 2737 de 1989, vigente conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 217 de la Ley 1098 de 2006, dispone que la demanda ejecutiva de alimentos debe ser adelantada mediante el tr\u00e1mite ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda. Es decir que el legislador ha sustra\u00eddo expresamente el proceso ejecutivo de alimentos del conocimiento del superior jer\u00e1rquico a trav\u00e9s de apelaci\u00f3n\u00bb (fl. 14, cdno. 5, proceso ejecutivo de alimentos 2015-0291).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Conclusi\u00f3n que se constata extra\u00edda de manera adecuada de la normatividad procesal aplicable al asunto, la que llev\u00f3 a colegir a la autoridad cuestionada, que las actuaciones emitidas en el tr\u00e1mite del aludido proceso ejecutivo de alimentos no son susceptibles del recurso de alzada, por haber sido voluntad expresa del legislador que se tramitaran \u00edntegramente en \u00fanica instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.2.         Por otra parte, la negativa del mentado Despacho de Ejecuci\u00f3n de culminar por pago la ejecuci\u00f3n por alimentos en comento, que funda la \u00faltima inconformidad expuesta por el accionante ante esta Corte, fue sustentada por esa autoridad judicial en auto del 21 de noviembre de 2016, donde consider\u00f3 que en ese asunto,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abLa \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito fue modificada y aprobada mediante prove\u00eddo del 11 de octubre de 2016 \u2013 fl. 92 \u2013 con fecha de corte al mes de septiembre del a\u00f1o en curso [2016]; que respecto al valor de las cuotas alimentarias debe precisarse que estas se incrementan anualmente en enero de cada a\u00f1o conforme el IPC decretado por el Gobierno Nacional al no haberse pactado en este caso su reajuste anual en el t\u00edtulo ejecutivo \u2013 fl. 2 \u2013 y conforme a lo dispuesto en el art. 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia \u201cLa cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliaci\u00f3n o en acuerdo privado se entender\u00e1 reajustada a partir del 1\u00ba de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al \u00edndice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de com\u00fan acuerdo, establezcan otra f\u00f3rmula de reajuste de que el juez, o las partes de com\u00fan acuerdo, establezcan la f\u00f3rmula de reajuste peri\u00f3dico\u201d; y no como lo aduce el recurrente de marzo a marzo de cada a\u00f1o, m\u00e1s a\u00fan cuando en el documento base de ejecuci\u00f3n no se pact\u00f3 expresamente la fecha en la cual deb\u00edan incrementarse las cuotas anualmente como ya se dijo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Ahora bien, respecto al cobro de los intereses legales se le indica que los mismos fueron ordenados en la sentencia proferida el 8 de julio de 2015 \u2013 fl. 68 \u2013 a una tasa del 6% anual el cual se encuentra establecido en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, que al momento de efectuar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito este se calcula sobre las cuotas debidas as\u00ed como sobre los dem\u00e1s conceptos causados hasta la fecha que se realiza la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En relaci\u00f3n con los abonos efectuados a la obligaci\u00f3n por parte del demandado, se le indica que los mismos deben aplicarse conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 1653 ib\u00eddem que reza: \u201csi se deben capital e intereses, el pago se imputar\u00e1 primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital\u201d, en consecuencia las sumas consignadas peri\u00f3dicamente por el ejecutado debe imputarse como lo dice la norma y no como lo pretende el interesado\u00bb (fls 202 y 203, cdno. 1 proceso ejecutivo de alimentos 2015-0291).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aparte donde se constata que la autoridad criticada explic\u00f3 de manera detallada y fundada en las normas aplicables, los par\u00e1metros que el aqu\u00ed interesado debe seguir al momento de acreditar el pago total de la obligaci\u00f3n alimentaria objeto de recaudo, los que de ninguna manera lucen desproporcionados o antojadizos, pues con ellos se est\u00e1 procurando el pago \u00edntegro de las cuotas alimentarias ordenadas a favor de un menor, y por ende, la protecci\u00f3n de sus intereses superiores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, como de la revisi\u00f3n minuciosa del proceso que se realiz\u00f3 en sede de este especial mecanismo de protecci\u00f3n, no se extrae que el actor haya atendido tales par\u00e1metros, pues solo se ha limitado a exponer de manera insistente que no adeuda ning\u00fan saldo, sin sustentar tal aseveraci\u00f3n con el rigor que est\u00e1 reclamando el juez del proceso, la decisi\u00f3n de no terminar la ejecuci\u00f3n es razonable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.3.   Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso el aqu\u00ed interesado cuenta con la posibilidad de presentar en el momento que lo estime pertinente, una nueva liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito atendiendo las pautas que, se itera, de manera razonada le est\u00e1 exigiendo el juez de la ejecuci\u00f3n, para que sea \u00e9ste quien determine la viabilidad de su solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, posibilidad \u00e9sta que adem\u00e1s, est\u00e1 contemplada como causal adicional de improcedencia del amparo, conforme el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.    Dicho lo anterior, es evidente que la conducta de los integrantes del Tribunal y del Juez de ejecuci\u00f3n atacados, no merece reproche alguno en el campo de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque el se\u00f1or Jorge Armando no comparta la conclusi\u00f3n a que arribaron, lo resuelto fue justificado y soportado en debida forma por la realidad procesal y la normatividad procesal y sustancial aplicable a la materia, lo que los llev\u00f3 a establecer a trav\u00e9s de una hermen\u00e9utica razonable, que las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n por alimentos seguida en contra del accionante no son susceptibles de apelaci\u00f3n, y que no est\u00e1n dados los requisitos para terminar ese proceso por pago, circunstancias que entonces impiden cualquier tipo de intervenci\u00f3n frente a las mismas por parte del Juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese entonces que, como lo ha mencionado reiteradamente esta Corporaci\u00f3n,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, Rad. 00297-01, reiterada en STC11408-2014 y STC14045-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, esta Sala ha sostenido, que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, Rad. 00514-01, reiterada, entre otros en STC10279-2015 y STC14045-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        Corolario de lo expuesto, y tal como se anunci\u00f3, habr\u00e1 de negarse el amparo suplicado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente         STC1138-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00119-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-         Decide la Corte la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99093"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99093\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}