{"id":99101,"date":"2026-06-25T17:54:41","date_gmt":"2026-06-25T17:54:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1189-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:54:41","modified_gmt":"2026-06-25T17:54:41","slug":"stc1189-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1189-2017\/","title":{"rendered":"STC1189-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1189-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-001-2016-00072-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2016 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alcides Hurtado Manrique contra el Juzgado Segundo Civil-Laboral del Circuito de Oralidad de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor, como mecanismo transitorio, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la vivienda digna en conexidad con la vida e igualdad y a la propiedad privada, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo mixto instaurado por Banco Davivienda S.A. en contra del reclamante.  <\/span><\/p>\n

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       En consecuencia, solicit\u00f3 suspender la diligencia de remate programada por el despacho acusado, hasta tanto el inmueble embargado sea debidamente avaluado; se efect\u00faen las correcciones y precisiones sobre el \u00e1rea superficiaria, as\u00ed como los linderos del lote de terreno n\u00ba 1 que hace parte de la Hacienda La Italia, identificada  con folio n\u00ba 264-11912 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Chinacota, Norte de Santander (folio 6, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        El gestor adujo como sustento de su pedimento, los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Banco Davivienda S.A. inici\u00f3 proceso mixto en su contra ante el Juzgado Segundo Civil-Laboral del Circuito de Oralidad de Pamplona, en el cual se pidi\u00f3 el embargo y secuestro del bien ra\u00edz referido a espacio.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Asegura que no est\u00e1 debidamente determinada el \u00e1rea superficiaria del lote n\u00ba 1 que integra la Hacienda La Italia, pues existen incongruencias y diferencias \u00abastron\u00f3micas\u00bb entre la consignada en la escritura p\u00fablica n\u00ba 5914 de 19 de septiembre de 2011, donde se menciona un \u00e1rea de 12 hect\u00e1reas y 2.623 metros cuadrados; y en el c\u00f3digo catastral n\u00ba 01-00-00-00-0063-0049-0-00-00-0000 del Instituto Agust\u00edn Codazzi, en la que figura con 21 mil metros cuadrados.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El aval\u00fao practicado al inmueble hipotecado no se ajust\u00f3 a la realidad y al verdadero precio del metro cuadrado, habida cuenta que el auxiliar de la justicia le dio un valor p\u00edrrico de 29 millones de pesos la hect\u00e1rea, es decir, que el precio del metro cuadrado fue tasado en 2 mil 900 pesos, sin que la autoridad judicial hubiese tratado de \u00abevitar el enriquecimiento sin causa que quiere adelantar el banco ejecutante\u00bb, puesto que el metro cuadrado sin mejora alguna, en la zona en que se localiza el bien, es de 50 mil pesos, adem\u00e1s que no se trajo a valor presente el aval\u00fao practicado el 2 de febrero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Al estrado criticado se le han puesto en conocimiento tales circunstancias, pero hizo caso omiso, en la medida en que se\u00f1al\u00f3 para el 17 de noviembre anterior la diligencia de remate del anotado lote. Se duele de que est\u00e1 a punto de \u00abquedar en la calle\u00bb por un \u00abatropello judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Segundo Civil-Laboral del Circuito de Pamplona pidi\u00f3 negar el amparo por improcedente, aduciendo que el deudor en el ejecutivo pidi\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, la cual est\u00e1 pendiente de pronunciamiento dado que por auto de 6 de septiembre de 2016, previo a resolver lo pertinente, se decretaron algunos medios de prueba; por consiguiente, estima que no se ha conculcado garant\u00eda alguna al actor, dado que el cuestionamiento puesto en conocimiento del juez de tutela lo ha reclamado en el proceso coactivo en el cual se est\u00e1 dando el tr\u00e1mite de rigor (folios 45 a 47, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Banco Davivienda S.A. se opuso a la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n porque el accionante no expuso la raz\u00f3n por la cual no ejerci\u00f3 en tiempo los recursos ordinarios para defenderse de las inconsistencias alegadas en sede constitucional, ello es as\u00ed por cuanto dej\u00f3 de objetar el aval\u00fao del inmueble realizado por el perito designado por el estrado judicial.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el promotor de la queja dej\u00f3 de notificarse personalmente del mandamiento de pago, no propuso excepciones, no interpuso recurso frente a la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, cuyos efectos adversos pretende resarcir en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Finaliz\u00f3 indicando que el objeto de la presente acci\u00f3n de amparo es id\u00e9ntico al de la nulidad formulada el 6 de septiembre de 2016, a la cual el despacho le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente (folios 49 a 53, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo neg\u00f3 el resguardo constitucional tras concluir que \u00abal estar el proceso en curso para resolver sobre la solicitud de nulidad elevada por\u2026 el ejecutado, es all\u00ed donde se resolver\u00e1 lo pertinente y en caso de no ser favorable su petici\u00f3n cuenta el actor con los respectivos recursos\u00bb, de manera que la tutela no puede ser utilizada como instancia adicional ni como un mecanismo supletorio de los instrumentos ordinarios de defensa (folios 69 a 76, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el actor, se\u00f1alando que no comparte los fundamentos del fallo porque debe dejarse de lado tanto formalismo y amparar sus derechos, reiterando los argumentos del libelo inicial (folios 86 a 88, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

2.        En el presente asunto, el accionante se duele de que: (i) el inmueble que se pretende rematar tiene un \u00e1rea mayor a la que el ejecutante afect\u00f3, pues en la escritura de hipoteca n\u00ba 5914 de 19 de septiembre de 2011 aparece con 12 hect\u00e1reas y 2.326 metros cuadrados, mientras que en el IGAC figura con un \u00e1rea de 13 hect\u00e1reas y 6.271 metros cuadrados; y (ii) el aval\u00fao que se realiz\u00f3 al predio no se ajust\u00f3 a la realidad del verdadero valor del metro cuadrado, pues el perito le dio un precio \u00abp\u00edrrico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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a.)        Frente al primer cuestionamiento el resguardo implorado deviene improcedente, comoquiera que de la revisi\u00f3n del expediente contentivo del proceso ejecutivo fuente de reclamo, observa la Corte que la \u00fanica actuaci\u00f3n efectuada por el interesado se circunscribi\u00f3 a la proposici\u00f3n de un incidente de nulidad frente a todo lo actuado1, el cual se encuentra pendiente de pronunciamiento por el despacho accionado2, actuaci\u00f3n que se contrajo a cuestionar en forma id\u00e9ntica a la planteada en esta excepcional sede la divergencia del \u00e1rea superficiaria del bien ra\u00edz materia de remate; situaci\u00f3n que fuerza a concluir lo prematuro del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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En esa medida, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente por encontrarse al interior del tr\u00e1mite censurado un medio procesal pendiente de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial ordinaria, circunstancia que impide al juez de tutela interferir en la \u00f3rbita de tales funciones.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, ha dicho la Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (negrillas fuera del texto, sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. No.1100102030002012-00728-00). (CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01).  <\/span><\/p>\n

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b.)        Igualmente, en lo concerniente al segundo reproche atinente a que el aval\u00fao del predio objeto de remate no estuvo ajustado a la realidad del precio del mercado actual, surge palmaria su improcedencia comoquiera que los medios de convicci\u00f3n arrimados a este tr\u00e1mite tutelar dan cuenta de que, el 2 de marzo de 2016, el estrado criticado corri\u00f3 traslado com\u00fan de la estimaci\u00f3n del inmueble para que dentro del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas se presentaran las observaciones del caso, plazo que transcurri\u00f3 en silencio, el ejecutado no hizo manifestaci\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, en el incidente de nulidad propuesto por \u00e9ste no dijo nada al respecto, por lo tanto, si el actor ten\u00eda la convicci\u00f3n de que la apreciaci\u00f3n del bien ra\u00edz era inferior al precio normal del mercado, ha debido hacer tal reclamaci\u00f3n tan pronto como acudi\u00f3 al juicio, omisi\u00f3n que conlleva la convalidaci\u00f3n de lo actuado sobre ese particular aspecto.  <\/span><\/p>\n

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En esa medida, no se advierte el menoscabo de las prerrogativas esenciales invocadas, toda vez que el interesado no plante\u00f3 ante el funcionario de conocimiento sus inconformidades o los motivos en que ahora funda su reclamo con miras a que en ese escenario se hubieran adoptado las determinaciones correspondientes.   <\/span><\/p>\n

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De modo que,  <\/span><\/p>\n

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\u2026si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la \u201cincuria\u201d, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ, 29 jun. 2011, rad. 2011-00582-01; entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3.        Las anteriores consideraciones, sin m\u00e1s, imponen respaldar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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2 Conforme a la constancia secretarial de 26 de enero de 2017 (folio 34, cuaderno 1).      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1189-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-001-2016-00072-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete).         Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99101"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99101\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}