{"id":99102,"date":"2026-06-25T17:54:44","date_gmt":"2026-06-25T17:54:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1190-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:54:44","modified_gmt":"2026-06-25T17:54:44","slug":"stc1190-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1190-2017\/","title":{"rendered":"STC1190-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1190-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2016-00383-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lina Mar\u00eda Zapata Rivillas contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de Cartago, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, por intermedio de apoderado judicial, reclam\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente conculcado por las autoridades judiciales acusadas con el pronunciamiento de las sentencias de instancia, respectivamente, dictadas el 16 de diciembre de 2015 y 3 de noviembre de 2016, en el proceso ejecutivo hipotecario iniciado en su contra por Jos\u00e9 Rogelio Gonz\u00e1lez, toda vez que efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n arbitraria del art\u00edculo 2455 del C\u00f3digo Civil, al no tener en cuenta la limitaci\u00f3n de la hipoteca aducida por la ejecutada; y desconoci\u00f3 el material probatorio aportado con la contestaci\u00f3n de la demanda, al no valorar la tacha de falsedad propuesta contra la escritura p\u00fablica n\u00ba 460 de 1\u00ba de marzo de 2012.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 revocar las sentencias de 16 de diciembre de 2015 y 3 de noviembre de 2016, respectivamente, dictadas por las funcionarias de instancia criticadas, y en su lugar, disponer que las acusadas \u00abcumpl[an] con los ordenamientos jur\u00eddicos\u2026 la limitaci\u00f3n de la hipoteca art\u00edculo 2455 del C\u00f3digo Civil\u2026 y la tacha de falsedad C.P.C. arts. 289 y ss\u00bb (folios 1 y 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Los supuestos f\u00e1cticos que soportan la petici\u00f3n tuitiva se sintetizan as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Jhon Roque Alvis \u2013deudor- (anterior propietario del inmueble identificado con folio inmobiliario n\u00ba 375-62758) y Jos\u00e9 Rogelio Gonz\u00e1lez \u2013acreedor- suscribieron contrato de hipoteca el 28 de julio de 2011, el cual fue recogido en la escritura p\u00fablica n\u00ba 1638 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Cartago, gravamen acordado por 10 millones de pesos. En esa misma fecha, el primero de ellos suscribi\u00f3 tres letras de cambio a favor del segundo, una por 10 millones de pesos y las dos restantes, cada una por 20 millones de pesos, para un total de 50 millones de pesos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        El 5 de marzo de 2012 la gestora del amparo, como nueva propietaria del referido inmueble, efectu\u00f3 al acreedor un pago parcial de \u00abla hipoteca abierta\u00bb por 20 millones de pesos al capital y 5 millones 250 mil pesos por intereses.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        La peticionaria afirma que el ejecutante minti\u00f3 en la elaboraci\u00f3n del instrumento p\u00fablico n\u00ba 460 de 1\u00ba de marzo de 2012, dado que la suma por capital abonada fueron 20 millones de pesos, mientras que ese acto de protocolizaci\u00f3n s\u00f3lo registr\u00f3 el pago por dos millones de pesos; tal documento fue tachado de falso desde que se replic\u00f3 el libelo, lo cual fue confesado por el acreedor en el interrogatorio de parte.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago inform\u00f3 que conoci\u00f3 en segundo grado del proceso ejecutivo fuente del reclamo constitucional, en el que emiti\u00f3 sentencia teniendo en cuenta las pruebas legal y oportunamente aportadas (folio 104, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Juzgado Tercero Civil Municipal de esa localidad hizo un extenso recuento de las actuaciones surtidas en el juicio, aduciendo que fue negada la prosperidad de las defensas propuestas por la ejecutada, comoquiera que fueron centradas en la hipoteca, pero no cuestion\u00f3 para nada los documentos base del cobro que gozan de pleno valor legal, insistiendo en que se est\u00e1n ejecutando los t\u00edtulos valores garantizados con el gravamen real.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dijo que la escritura p\u00fablica n\u00ba 1638 de 28 de julio de 2011, expresamente consagr\u00f3 en su cl\u00e1usula quinta el objeto de la hipoteca, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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\u2026esta hipoteca tiene por objeto garantizarle a Jos\u00e9 Rogelio Gonz\u00e1lez Morales y\/o Teresita de Jes\u00fas Gil Arias, todas las obligaciones que por cualquier concepto tenga o llegare a tener la parte hipotecante, por capital, intereses, costos y gastos de cobranza si fuere el caso. Las obligaciones respectivas pueden constar en cualquier clase de t\u00edtulos valores, certificados y notas debito en los que figure la parte hipotecante, de manera conjunta o individualizada, sus integrantes o cualquiera de las personas que as\u00ed mismo garanticen, sea de manera conjunta o individual, directa o indirectamente, obligados como giradores, aceptantes, endosantes, suscriptores u ordenantes\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que contrario a lo expuesto por la actora en dicho instrumento p\u00fablico no se estableci\u00f3 monto alguno para la obligaci\u00f3n afianzada con la hipoteca que all\u00ed se constitu\u00eda, por lo que no puede hablarse de la limitaci\u00f3n a la que se sujeta el art\u00edculo 2455 del C\u00f3digo Civil, pues la constancia a que alude la interesada como monto de la misma dice expresamente \u00abpara efectos fiscales, la presente hipoteca se liquid\u00f3 por la suma de diez millones de pesos\u00bb, lo que dej\u00f3 sin soporte la reclamaci\u00f3n, dado que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, y no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o por causas legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo que respecta al pago total o parcial realizado de las obligaciones cobradas, explic\u00f3 que como los t\u00edtulos valores exigidos se hallan en poder del acreedor, en principio, resulta desvirtuada por ese solo hecho la excepci\u00f3n, y que los recibos aportados por la misma defensa se\u00f1alan que tales abonos se efectuaron a la letra que el acreedor le devolvi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros legales pertinentes considerando que a la interesada no se le vulner\u00f3 derecho alguno, por lo que pidi\u00f3 desestimar la solicitud de resguardo (folios 105 a 110, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al concluir que la providencia censurada no dej\u00f3 de valorar la totalidad de los medios de prueba obrantes en el asunto, en especial los aportados con la contestaci\u00f3n de la demanda y sobre los cuales se soport\u00f3 la defensa, pues lo que se advirti\u00f3 es que el planteamiento del problema jur\u00eddico realizado y la orientaci\u00f3n dada al mismo, no fue errada o caprichosa, en la medida en que concluy\u00f3 que la escritura p\u00fablica n\u00ba 460 de 1\u00ba de marzo de 2012, no ten\u00eda influencia en la decisi\u00f3n a adoptar, dado que el abono all\u00ed referido es ajeno a las obligaciones contenidas en las letras de cambio cobradas, por lo cual concluy\u00f3 que no hubo trasgresi\u00f3n de los derechos de la actora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A igual conclusi\u00f3n arrib\u00f3 en lo referente a la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2455 del C\u00f3digo Civil, en cuanto dijo que la escritura p\u00fablica n\u00ba 1638 de 28 de julio de 2011 no limit\u00f3 el gravamen, por el contrario, \u00e9ste fue acordado como una hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda, por lo cual el acreedor estaba autorizado para cobrar las obligaciones debidas con dicha garant\u00eda (folios 111 a 116, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso la quejosa, por intermedio de su apoderado judicial, reiterando los argumentos del escrito inicial (folio 118, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. Por su naturaleza subsidiaria y residual no puede hacerse uso de ella para sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la jurisprudencia vigente, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la existencia de una actuaci\u00f3n abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, que transgreda los mandatos constitucionales. Esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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Es necesario memorar que s\u00f3lo los pronunciamientos arbitrarios con evidente y directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de quienes participan en los procesos judiciales, son susceptibles de cuestionamiento por esta v\u00eda (CSJ STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-02250-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, la gestora del amparo formula dos cr\u00edticas a las sentencias de instancia emitidas en el proceso hipotecario iniciado en su contra por Jos\u00e9 Rogelio Gonz\u00e1lez Morales, frente a lo cual habr\u00e1 de precisarse, en primer lugar, que se har\u00e1 referencia a la pronunciada en sede de apelaci\u00f3n por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago por ser la decisi\u00f3n que cierra el debate en el proceso ejecutivo en cuesti\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Las censuras se contraen a: (i) la falta de valoraci\u00f3n de la tacha de falsedad propuesta por Lina Mar\u00eda Zapata Rivillas contra la escritura p\u00fablica n\u00ba 460 de 1\u00ba de marzo de 2012, que cancel\u00f3, en parte, el gravamen hipotecario sobre el predio individualizado con folio 375-18846, por pago parcial de la obligaci\u00f3n registr\u00e1ndose en \u00e9sta como abono la suma de dos millones de pesos, cuando realmente el abono se hizo por 20 millones de pesos; (ii) que no se dio cumplida aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 2455 del C\u00f3digo Civil, pues en su sentir la garant\u00eda hipotecaria estuvo limitada desde su suscripci\u00f3n a la suma de 10 millones de pesos.  <\/span><\/p>\n

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a.)        Frente al primer reproche, el ad-quem en su decisi\u00f3n sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026En estos t\u00e9rminos holgadamente es sabido que cuando contra tal pretensi\u00f3n tambi\u00e9n se erigen en defensa por el demandado la tacha de falsedad, como existe etapa de conocimiento \u00e9sta se tramita con y como aqu\u00e9llas.  <\/span><\/p>\n

A este respecto, recu\u00e9rdese que conforme al art. 289 C.P.C., la parte contra quien se presenta un documento p\u00fablico o privado podr\u00e1 tacharlo de falso en la contestaci\u00f3n de la demanda si se acompa\u00f1\u00f3 a \u00e9sta y, en los dem\u00e1s casos si se acompa\u00f1\u00f3 dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto que ordene tenerlo como prueba o al d\u00eda siguiente en que haya sido presentado en la audiencia o diligencia, seguidamente estipula que: \u00abno se admitir\u00e1 tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisi\u00f3n, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica\u00bb, al paso que el inc. 1\u00ba art. 290 de la misma obra establece que: \u00aben el escrito de tacha de un documento deber\u00e1 expresarse en qu\u00e9 consiste la falsedad y pedirse las pruebas para su demostraci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

En este estado de cosas, adentr\u00e1ndonos en el estudio del presente caso\u2026, concretamente en lo relativo a la impugnaci\u00f3n del acto escriturario de marras fluye paladino sin necesidad de realizar mayores elucubraciones mentales, que dicha gesti\u00f3n defensiva no puede tener \u00e9xito en tanto que solicitudes de este temperamento s\u00f3lo son procedentes en trat\u00e1ndose de falsedad que alteren la materialidad del escrito, es decir, s\u00f3lo puede disponerse su tr\u00e1mite cuando se alegue la falsedad material en el documento, cosa que, se advierte, no ocurri\u00f3 en este caso, pues lo que se pretende es desconocer el contenido del documento al afirmar que no es cierta la afirmaci\u00f3n vertida en el instrumento p\u00fablico impugnado, que se omitieron unas manifestaciones y se estima que no se ajustan a la realidad, por contera pertenecen a la modalidad de falsedad ideol\u00f3gica o intelectual definida por el alto tribunal constitucional como \u00abfalta de verdad de un documento independiente de su integridad material, as\u00ed el documento que contiene informaci\u00f3n no veraz es ideol\u00f3gicamente falso CC-SC637\/09\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

A lo anterior se suma la equivocaci\u00f3n en que incurri\u00f3 el aqu\u00ed recurrente al promover la tacha en defensa de los intereses de su cliente, pues adem\u00e1s de no intervenir su patrocinada en el acto objeto, lo cual redunda en la ilegitimidad para promoverla, el mecanismo legal que se desecha carece de influencia en la decisi\u00f3n, n\u00f3tese que ataca centralmente la escritura p\u00fablica contentiva de la cancelaci\u00f3n parcial de hipoteca, aduciendo en lo basilar, que el se\u00f1or Jos\u00e9 Rogelio Gonz\u00e1lez Morales falt\u00f3 a la verdad y realiza como pago parcial de la hipoteca\u2026 un valor de dos millones de pesos cuando se le entreg\u00f3 y cancel\u00f3 en efectivo la suma de 20 millones de pesos como pago parcial de la hipoteca, situaci\u00f3n que, de suyo, comporta un prop\u00f3sito diametralmente distinto que enarbola la validez de los t\u00edtulos que dieron origen a este proceso bajo an\u00e1lisis.  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que en el proceso ejecutivo se persigue una sola pretensi\u00f3n, a saber, la satisfacci\u00f3n de un derecho que ya est\u00e1 consolidado en un t\u00edtulo, y es \u00e9l y no otro el que se debe atacar para infirmar, como se dijo, la validez del mismo, ejercicio que lejos estuvo de realizarlo el aqu\u00ed recurrente.  <\/span><\/p>\n

Es que en efecto, en su declaraci\u00f3n, el demandante no s\u00f3lo acept\u00f3 el hecho acabado de mencionar, sino que adicionalmente pormenoriz\u00f3 las circunstancias como se produjo el negocio jur\u00eddico entre aqu\u00e9l y el deudor de la obligaci\u00f3n cartular John Roque Alvis Agudelo, que dio origen a las letras de cambio, cual es el mutuo con inter\u00e9s en relaci\u00f3n a 50 millones de pesos, de los cuales, \u00abposteriormente por solicitud del se\u00f1or Leonardo Barco1, me dijo que por una negociaci\u00f3n que ten\u00eda con el predio que estaba ubicado en Anserma Nuevo necesitaba que hici\u00e9ramos un abono parcial a dicha hipoteca, donde me cancel\u00f3 la suma de 20 millones de pesos con sus correspondientes intereses en su totalidad por los 50 millones de pesos, quedando pendientes por cancelar los 30 millones de pesos restantes cuyos intereses me los est\u00e1 debiendo\u2026\u00bb, lo anteriormente expuesto desnuda como se ha venido expresando la sinraz\u00f3n del planteamiento del mandatario judicial de la parte activa (sic) al momento de edificar su ruego, pues se aclara que el aludido abono [y] cancelaci\u00f3n de uno de los t\u00edtulos precisamente por el valor antes mencionado, 20 millones de pesos, tuvo lugar extraprocesalmente; que en modo alguno forma parte integral de la ejecuci\u00f3n que aqu\u00ed se estudia en sede de alzada, dicho de otro modo, no se est\u00e1 recaudando \u00e9ste como con toda claridad lo adujo la juez de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.)        En torno al segundo ataque, en la providencia se observa que tambi\u00e9n fue despachado desfavorablemente por la falladora, en la medida en que al verificar el contenido literal de la escritura p\u00fablica del contrato de hipoteca, advirti\u00f3 que la voluntad inequ\u00edvoca de los contratantes fue que dicho gravamen garantizara no solo la obligaci\u00f3n vertida en los t\u00edtulos valores objeto de recaudo, sino tambi\u00e9n otras obligaciones a cargo del mismo deudor hipotecario, en ese entendido dijo:  <\/span><\/p>\n

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Por cierto, en el vac\u00edo cae la disertaci\u00f3n efectuada por el apoderado de la parte demandada consistente en que la hipoteca, hecho generador de la acci\u00f3n real que aqu\u00ed se trata, se encontraba limitada en los t\u00e9rminos del art. 2455 C.C. por la suma de 10 millones de pesos.  <\/span><\/p>\n

Como se record\u00f3 en glosas anteriores, conforme a lo dispuesto en el art. 2432 C.C., \u00abla hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor\u00bb, o de los que en lo sucesivo lo adquieran\u2026, [e]ntre las normas que regulan dicho derecho se encuentran la contenida en el canon 2438 de la misma codificaci\u00f3n que dice: \u00abla hipoteca podr\u00e1 otorgarse bajo cualquier condici\u00f3n, y desde o hasta cierto d\u00eda.  <\/span><\/p>\n

Otorgada bajo condici\u00f3n suspensiva o desde d\u00eda cierto, no valdr\u00e1 sino desde que se cumpla la condici\u00f3n o desde que llegue el d\u00eda; pero cumplida la condici\u00f3n o llegado el d\u00eda, ser\u00e1 su fecha la misma de la inscripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Podr\u00e1 as\u00ed mismo otorgarse en cualquier tiempo antes o despu\u00e9s de los contratos a que accedan y correr\u00e1 desde que se inscriba\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en esta disposici\u00f3n la doctrina jur\u00eddica ha aceptado uniformemente el otorgamiento de las llamadas hipotecas abiertas, tambi\u00e9n denominada cl\u00e1usula de garant\u00eda general hipotecaria, muy utilizada en sus operaciones de cr\u00e9dito por las entidades financieras y todos aquellos que se dedican a esta actividad de comercio, como aqu\u00ed ocurre, en virtud de la cual se garantizan obligaciones indeterminadas en cuanto a su naturaleza, es decir, todo tipo de obligaciones que pueden ser puras y simples o sometidas a plazo o condici\u00f3n, actuales o futuras, civiles o comerciales, etc.; que haya contra\u00eddo o que contraiga la persona se\u00f1alada en ella, entre dichas obligaciones se destacan las futuras cuya existencia condiciona la eficacia de la hipoteca.  <\/span><\/p>\n

Dicha forma de garant\u00eda se contrapone a la hipoteca especial o cerrada, que solamente garantiza una o m\u00e1s obligaciones previamente determinadas en el acto de constituci\u00f3n de aquella.  <\/span><\/p>\n

En el caso que nos ocupa ocurre que la hipoteca constituida por el se\u00f1or Alvis Agudelo (sic) es abierta, como se indic\u00f3, lo cual significa que ella garantizaba no solo la obligaci\u00f3n vertida en los t\u00edtulos valores objeto de recaudo, sino tambi\u00e9n otras obligaciones a cargo del mismo deudor hipotecario porque as\u00ed fue su voluntad expresa e inequ\u00edvoca; luego, no puede admitirse que existe una limitaci\u00f3n del rubro a garantizar, pues al paso que tampoco intervino en ese acto su patrocinada, esa manifestaci\u00f3n de que quien en ella acudi\u00f3 de ser abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda tiene s\u00f3lido arraigo legal sin que con ello pueda afirmarse v\u00e1lidamente que se ha abusado de la posici\u00f3n dominante o preeminente del acreedor en sus relaciones comerciales con el deudor.  <\/span><\/p>\n

Es claro, d\u00edgase finalmente que, si por v\u00eda de excepci\u00f3n acogi\u00e9ramos semejante teor\u00eda, pretender el reconocimiento de l\u00edmites ser\u00eda tanto como desconocer la voluntad de los entonces contratantes, oponi\u00e9ndose al actual titular de la garant\u00eda una condici\u00f3n en t\u00e9rminos diferentes a los pactados.  <\/span><\/p>\n

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Es importante precisar lo dicho por la alta Corporaci\u00f3n ordinaria, lo siguiente: \u00abno es menester ni la preexistencia ni la determinaci\u00f3n de las obligaciones principales a la constituci\u00f3n de la garant\u00eda, desde luego que la prestaci\u00f3n futura es indeterminada en su existencia y cuant\u00eda, aunque determinable al instante de su cumplimiento y ejecuci\u00f3n seg\u00fan corresponda su funci\u00f3n p\u00fablica puede convenirse antes del contrato principal, se permite que la obligaci\u00f3n futura garantizada sea de cuant\u00eda indeterminada y porque al decir del art\u00edculo 2455 que: \u201cla hipoteca podr\u00e1 limitarse a una determinada suma\u201d, sienta la regla de la indeterminaci\u00f3n y la excepci\u00f3n de las limitaciones importe o admite la posibilidad de restringirla o no a una suma concreta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Por supuesto que lo antes transcrito constituye motivaci\u00f3n suficiente para sellar la suerte adversa de las gestiones defensivas de la ejecutada, de lo cual se sigue la confirmaci\u00f3n in extensa de la sentencia apelada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.)        Bajo ese contexto es evidente la improcedencia del amparo en el caso concreto, comoquiera que las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, pues obedecieron a los supuestos de hecho del asunto particular, a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente y al precedente jurisprudencial establecido para casos como el de ahora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ello por cuanto, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n que efectu\u00f3 el despacho accionado de la tacha de falsedad aducida frente a la escritura p\u00fablica n\u00ba 460 de 1\u00ba de marzo de 2012, as\u00ed como de la lectura que le dio a la escritura de hipoteca n\u00ba 1638 de 28 de julio de 2011, concluyendo que el documento cuestionado carec\u00eda de influencia en la decisi\u00f3n, dado que no enarbol\u00f3 reproche alguno contra los t\u00edtulos valores que originaron el cobro compulsivo; al igual que la hipoteca contentiva de la garant\u00eda que se pretend\u00eda hacer efectiva fue convenida \u00ababierta en primer grado y de cuant\u00eda indeterminada, a favor de Jos\u00e9 Rogelio Gonz\u00e1lez Morales y\/o Teresita de Jes\u00fas Gil Arias\u00bb, por lo que no se pod\u00eda desconocer la voluntad de los suscriptores del pacto; inferencias que no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese, por dem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela:  <\/span><\/p>\n

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\u2026no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u2026 (CSJ STC, 6 may. 2011, rad. 2011-00829-00).  <\/span><\/p>\n

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4.        Baste lo dicho en precedencia para respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Apoderado judicial de la accionante.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1190-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2016-00383-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99102\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}