{"id":99103,"date":"2026-06-25T17:54:52","date_gmt":"2026-06-25T17:54:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1193-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:54:52","modified_gmt":"2026-06-25T17:54:52","slug":"stc1193-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1193-2017\/","title":{"rendered":"STC1193-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1193-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01100-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y el Procurador Delegado en Acciones Populares, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Banco Colpatria, la Alcald\u00eda Municipal de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas y el Ministerio P\u00fablico Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar al despacho judicial acusado dejar sin efecto el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2015-00456-00; aplicar los art\u00edculos 84 de la ley 472 de 1998 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso; y \u00absancionar en costas a la entidad que perdi\u00f3 la nulidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El quejoso en apoyo de tales pretensiones adujo, en s\u00edntesis, que en la acci\u00f3n popular que \u00e9l formul\u00f3 contra el Banco Colpatria Red Multibanca S.A., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, dicha autoridad \u00abse neg\u00f3\u00bb, (i) a admitir la reforma de la demanda, (ii) a sancionar en costas a la demandada por plantear el \u00abagotamiento de la jurisdicci\u00f3n\u00bb, que no le prosper\u00f3, y (iii) a acumular la acci\u00f3n popular a otras, conforme lo pidi\u00f3 la demandada; adem\u00e1s, puso fin a ese asunto, por desistimiento t\u00e1cito, dejando de aplicar los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la ley 472 de 1998 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira  limit\u00f3 su respuesta a remitir copia de las actuaciones surtidas dentro de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-00456-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que dentro de las inmensurables acciones populares presentadas por el tutelante, se han designado a diferentes funcionarios para dar cumplimiento a lo reglado en art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998; no obstante, advierte que la acci\u00f3n popular objeto de queja no fue promovida por aquella entidad y que su intervenci\u00f3n en esos asuntos est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos colectivos, lo que se produce en el correspondiente pacto de cumplimiento, el que no hab\u00eda sido comunicado a esa agencia, por lo que el resguardo deb\u00eda denegarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira solicit\u00f3 declarar improcedente el tramite tutelar, toda vez que no est\u00e1 llamada a responder por la vulneraci\u00f3n y\/o afectaci\u00f3n del derecho fundamental invocado y presuntamente vulnerado; finalmente pidi\u00f3 condenar en costas al gestor en caso que se compruebe temeridad en su conducta. (Folio 61 a 63, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        El Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., rog\u00f3 denegar el amparo constitucional, toda vez que no se demostr\u00f3 vulneraci\u00f3n o afectaci\u00f3n al derecho fundamental invocado por el tutelante. (Folio 68 a 69, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        La Procuradur\u00eda General para asuntos Civiles de Bogot\u00e1, sostuvo que la situaci\u00f3n denunciada era ajena a dicha entidad, toda vez que no era responsable de los actos jur\u00eddicos emitidos por el juzgado criticado, aunado a que las decisiones de \u00e9ste \u00abno se apartaban de manera caprichosa de la normatividad vigente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia declar\u00f3 improcedente el amparo tutelar al concluir que la decisi\u00f3n de dar por terminada la acci\u00f3n popular, por desistimiento t\u00e1cito, no era arbitraria ni antojadiza, ya que correspond\u00eda a un pronunciamiento serio conforme a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, destacando que la renuencia del actor en asumir con diligencia la m\u00ednima carga procesal impuesta, esto era, la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad, obstaculizaba el curso de la acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

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Enfatiz\u00f3, que la salvaguarda tambi\u00e9n era improcedente respecto a cualquier pronunciamiento relacionado con circunstancias que precedieron a la decisi\u00f3n de declaraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, por sustracci\u00f3n de materia, ya que el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, legalmente, hab\u00eda culminado; a m\u00e1s que frente a los prove\u00eddos mediante los cuales se rechaz\u00f3 la reforma de la demanda y se omiti\u00f3 condenar en costas a la pasiva, el quejoso no interpuso ning\u00fan recurso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que el resguardo tampoco se abr\u00eda paso respecto al Procurador Delegado, al establecerse que \u00e9ste no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al gestor, m\u00e1s aun, cuando ni si quiera fue notificado del tr\u00e1mite popular impulsado por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo sin expresar las razones de su inconformidad. (Folio 91, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, pues el actor reclama la improcedencia de la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito, respecto a lo cual se concluye que la providencia censurada no se advierte arbitraria o caprichosa.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el despacho encartado en el auto del 28 de noviembre de 2016, a trav\u00e9s del cual mantuvo el de 20 de octubre del mimo a\u00f1o, que puso fin a ese asunto por desistimiento tacto, se\u00f1al\u00f3, especialmente frente al impulso oficioso de ese tr\u00e1mite, reclamado por el recurrente, que:  <\/span><\/p>\n

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En el auto de agosto 25 de 2016, se requiri\u00f3 al actor para que procurara la publicaci\u00f3n del aviso anunci\u00e1ndole a la comunidad el inicio de la demanda, para lo cual se le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino a que hace referencia el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, requerimiento que no cumpli\u00f3. Por tal motivo hubo de declararse el desistimiento t\u00e1cito. De tal suerte que las razones por las cuales hubo de tomarse esa decisi\u00f3n han quedado suficientemente claras.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la apreciaci\u00f3n del demandante de que esta figura no est\u00e1 contemplada en las acciones populares, ha de decirse que el art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1988 se\u00f1ala que los aspectos no regulados en ella, se regir\u00e1n por las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy C\u00f3digo General del Proceso, y a ello fue a lo que el Juzgado acudi\u00f3 para tomar la determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Contrario a lo expresado por el actor, el desistimiento t\u00e1cito s\u00ed aplica en la ley 472 de 1998, figura que fue creada precisamente para castigar la desidia de las partes cuando poco o nada hacen para impulsar sus demandas.  <\/span><\/p>\n

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En lo que hace referencia al impulso oficioso ha de se\u00f1alarse, que esta figura no contempla que la labor de quien promueve la acci\u00f3n se limite \u00fanicamente a presentar la demanda y que sean los despachos judiciales, los que deban asumir los costos de notificaci\u00f3n, publicaciones, peritazgos, etc\u00e9tera. Cuando se activa el aparato judicial, las partes est\u00e1n obligadas a asumir unas responsabilidades m\u00ednimas y no se concibe que se traten de evadir al hacerse interpretaciones ama\u00f1adas de las normas.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en auto de octubre 7 de 2015, proferido en la acci\u00f3n de tutela 66001-22-13-000-2015-00422-01, magistrado ponente doctor Dr. Luis Fernando Tolosa Villabona advirti\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa gratuidad de la justicia a la que se pliega el actor implica que el Estado no cobre por este servicio p\u00fablico esencial, salvo excepciones legales, como el arancel en ciertos casos, pero para llegar a ella se deben asumir unas responsabilidades b\u00e1sicas. Entonces, aquel malentiende este principio, as\u00ed como el de \u00aboficiosidad\u00bb, tendiente a que el juez vele por la celeridad en la definici\u00f3n del asunto y evite su par\u00e1lisis injustificada, pues, ninguno de ellos habilita el comportamiento desobligante de los litigantes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En ese contexto, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como el juez accionado decidi\u00f3, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria.  <\/span><\/p>\n

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En un caso similar, la Corte manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

En efecto, la autoridad accionada al emitir la providencia que puso fin a la acci\u00f3n popular, se\u00f1al\u00f3: \u00abPor cumplirse los presupuestos establecidos en el numeral segundo del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se dispone: PRIMERO: Decretar la terminaci\u00f3n del presente asunto por DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb\u2026  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, una vez atacada la anterior determinaci\u00f3n, el juzgado convocado resalt\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa figura del desistimiento t\u00e1cito en los t\u00e9rminos consagrados en el C\u00f3digo General del Proceso, es de aplicabilidad para las acciones populares, en la medida que es la misma ley reguladora de [\u00e9]stas la que remite a la codificaci\u00f3n procesal civil (\u2026) sin que pueda estimarse que (\u2026) se aplica selectivamente para unos actos procesales (verbi gracia pruebas, recursos, etc.) y para otros no, pues esa no fue la finalidad de la norma. Ahora bien, no puede decirse que el desistimiento t\u00e1cito ri\u00f1e con la finalidad de la acci\u00f3n popular como protectora de derechos colectivos y por tanto de inter\u00e9s general, como quiera que, en virtud de la ausencia de caducidad de la acci\u00f3n, puede ser promovida en cualquier tiempo siempre y cuando subsista la vulneraci\u00f3n, lo que quiere decir, que no resulta acertado el indicar que al terminar mediante este modo anormal el asunto, no se afectan [s\u00f3lo] derechos del actor popular sino tambi\u00e9n de terceros, dada su calidad, ya que dichos afectados si as\u00ed lo consideran necesario y dada la eventualidad, pueden y se encuentran debidamente facultados y autorizados por la ley para promover la acci\u00f3n pertinente, en b\u00fasqueda de la protecci\u00f3n de tales derechos e intereses colectivos\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo expuesto en precedencia se advierte entonces, que la validez de las decisiones debatidas fluye del contenido de las mismas, pues, incorporan razonamientos que estrictamente no son antojadizos y no carecen de respaldo legal; as\u00ed las cosas, contrario a lo que refiere la interesada, la interpretaci\u00f3n del despacho accionado resulta incuestionable en esta Sede, puesto que el resguardo constitucional no es una instancia adicional para imponer el criterio del inconforme o del juez constitucional, sino para corregir los yerros superlativos en que incurren los juzgadores en los asuntos sometidos a su decisi\u00f3n, que conforme se ha visto, no se consolidan en las providencias examinadas (STC13811, 9 oct. 2014, rad. 2014-01633-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        As\u00ed mismo, en lo concerniente al reproche presentado contra el auto de 19 de septiembre de 2016 que deneg\u00f3 (i) la solicitud de nulidad por \u00abagotamiento de la jurisdicci\u00f3n\u00bb y (ii) la acumulaci\u00f3n de acciones populares, reclamadas por el Banco Colpatria S.A., se encuentra que la salvaguarda no est\u00e1 llamada a prosperar, toda vez que si lo pretendido por el actor era que se sancionara en costas a la entidad financiera o que se accediera a la acumulaci\u00f3n, en cuanto a lo primero, debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n del prove\u00eddo ante el juez natural o en su defecto, respecto a los dos aspectos, recurrir la decisi\u00f3n en reposici\u00f3n, medios procesales pertinentes para exponer los motivos de inconformidad que por este tr\u00e1mite exhibe, de los cuales no hizo uso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comparto el criterio expuesto por la Sala en la sentencia emitida en el asunto objeto de estudio, en cuanto a su improcedencia, pero no por los argumentos que all\u00ed se expusieron, esto es, la razonabilidad de la orden de terminaci\u00f3n anticipada de la acci\u00f3n popular No. 2015-00456-00, en virtud de la aplicaci\u00f3n de la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito, sino por la insatisfacci\u00f3n del requisito de subsidiariedad que gobierna a la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. En efecto, estimo que la raz\u00f3n por la cual debi\u00f3 negarse la concesi\u00f3n de la tutela fue la falta de utilizaci\u00f3n de las herramientas jur\u00eddicas que permit\u00edan al reclamante controvertir la negativa de la autoridad accionada a conceder el recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 contra el prove\u00eddo que declar\u00f3 dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico, pues si \u00e9l estimaba, como lo deja ver en su queja, que tal censura era procedente, as\u00ed debi\u00f3 alegarlo por medio de la reposici\u00f3n, que de acuerdo con lo consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el 318 del C\u00f3digo General del Proceso, es el instrumento adecuado para controvertir los autos que dicte el juez, para que se reformen o revoquen.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la idoneidad de la impugnaci\u00f3n que se extra\u00f1a, ha reiterado la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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\u201cY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u201d(CSJ STC 3 ago. 2011, Rad. 0741-01, reiterada en fallos de 18 mar. 2013, Rad. 2012-0176-02; y 23 may. 2013, Rad. 0060-01.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el peticionario del amparo contaba con la posibilidad de solicitar, subsidiariamente (art. 353 ej\u00fasdem), la expedici\u00f3n de copias de la actuaci\u00f3n, a efectos de que se tramitara el recurso de queja, que al tenor de lo previsto en la regla 352 del citado ordenamiento, tiene como finalidad cuestionar la negativa del juez de primera instancia a conceder la impugnaci\u00f3n ante el superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto a esta herramienta y su eficacia en el proceso, se ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u2026como el petente declin\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de queja con que contaba para controvertir, ante los juzgadores ordinarios, la decisi\u00f3n proferida por la Jueza querellada el 28 de febrero de 2012, providencia en que adujo que no era susceptible del recurso vertical la de 16 de enero de esta anualidad, resoluci\u00f3n \u00e9sta que en \u00faltimas es la que motiva su descontento, tal proceder resulta suficiente para concluir la improcedencia de su reclamaci\u00f3n, dado el apuntado atributo propio de la acci\u00f3n de tutela, el cual, como bien se sabe, proh\u00edbe su interposici\u00f3n ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial de los derechos que se predican como conculcados en tanto que su naturaleza obedece al postulado de la subsidiariedad, am\u00e9n que tampoco es esta una herramienta que pueda activarse a discreci\u00f3n del interesado, circunstancia por la cual no resulta de recibo que el accionante haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, toda vez que como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso.\u201d (STC 26 jul. 2012. Rad.00086-01; reiterada en STC 16 abr. 2013, Rad. 00025-01, entre otros)  <\/span><\/p>\n

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Entonces, el actor constitucional no pod\u00eda pretender que por medio de este tr\u00e1mite se brindara soluci\u00f3n a cuestiones que correspond\u00eda dirimir a los jueces de instancia en un escenario procesal que no se suscit\u00f3, pues la acci\u00f3n de tutela no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los instrumentos de oposici\u00f3n establecidos por la ley, que el interesado desaprovech\u00f3 como consecuencia de su incuria.  <\/span><\/p>\n

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2. Adicionalmente, la solicitud de amparo tampoco satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad, en tanto el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses a que hace alusi\u00f3n el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.  <\/span><\/p>\n

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De modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

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Ello, porque, de conformidad con el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso de la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz y preferencial desarrollo, debe adoptar las medidas procesales necesarias para removerlos, pues se trata de un asunto prevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de la orden que se imparta, no puede convertirse en una barrera para adelantarlo.  <\/span><\/p>\n

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La acci\u00f3n popular es un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00ba, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00ba, ejusdem), cuyo tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos procesales intervinientes (Art. 5\u00ba, inc. 3\u00ba, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal.  <\/span><\/p>\n

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No en vano el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab\u2026impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que esta Sala ha sido reiterativa al afirmar que la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios, sino que debe revisarse en forma concreta el asunto y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que generan su decreto, hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, una abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

En este sentido, en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como las acciones populares aqu\u00ed cuestionadas, no puede tener cabida la mencionada norma, porque en ellas se debaten derechos colectivos irrenunciables, inajenables e imprescriptibles, especialmente protegidos por el legislador, al otorgar al instrumento id\u00f3neo de defensa de los mismos, un rango constitucional.  <\/span><\/p>\n

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De la forma que precede, y con el mayor respeto, dejo expresada mi aclaraci\u00f3n de voto.   <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado  <\/span><\/p>\n

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   AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC1193-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01100-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99103","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99103","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99103"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99103\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99103"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99103"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99103"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}