{"id":99104,"date":"2026-06-25T17:55:10","date_gmt":"2026-06-25T17:55:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1194-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:55:10","modified_gmt":"2026-06-25T17:55:10","slug":"stc1194-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1194-2017\/","title":{"rendered":"STC1194-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1194-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-002-2016-00288-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 22 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Deluque Epinayu, Luis Segundo Ipuana, Alberto Meza Ipuana, Rafael Ipuana, Ramas Uriana, Antonio Gouriyu, obrando en calidad de Autoridades Tradicionales de las comunidades ind\u00edgenas de  \u201cChurupa\u201d, \u201cTapuaja\u201d, \u201cAlitayen\u201d, \u201cKouchimana\u201d, \u201cAtunla\u00b4in\u201d y \u201cUrraichikat\u201d, con jurisdicci\u00f3n en Manaure, contra el Instituto Nacional de V\u00edas \u2013Inv\u00edas- y el Ministerio del Interior, extensiva a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -Anla-, a Valores y Contratos S.A. -Valorcon, el departamento de la Guajira, la Procuradur\u00eda Doce Judicial II Agraria y Ambiental, la Defensor\u00eda del Pueblo y a las \u201cComunidades \u00e9tnicas, ind\u00edgenas y afrodescendientes, que habitan en la regi\u00f3n de influencia del proyecto contenido en el contrato de obra N\u00ba 1391 de 2015\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. Los promotores demandan la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, \u201cinformaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas\u201d, participaci\u00f3n ciudadana, buena fe, igualdad, \u201crespecto (sic) por el consenso\u201d, \u201cpacto social y la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos\u201d, consulta previa y libertad de locomoci\u00f3n, presuntamente vulneradas por los accionados.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostienen, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 25):  <\/span><\/p>\n

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2.1. Las comunidades ind\u00edgenas de  \u201cChurupa\u201d, \u201cTapuaja\u201d, \u201cAlitayen\u201d, \u201cKouchimana\u201d, \u201cAtunla\u00b4in\u201d y \u201cUrraichikat\u201d, con jurisdicci\u00f3n en Manaure, pertenecen al Resguardo de la Alta Media Guajira, sector Mayapo.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Los entutelados autorizaron a Valores y Contratos S.A. \u2013Valorcon, construir un tramo vial sobre \u201cuna trocha que va desde Mayapo hasta el P\u00e1jaro y Manaure (sic), sin (\u2026) haber socializado [esa obra] a trav\u00e9s de la consulta previa que establece la Ley, (\u2026) [ni] identifica[do] las posibles afectaciones que [dicho] proyecto puede traer consigo a la cultura y a la organizaci\u00f3n de las comunidades tribales\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Concretamente, explican, que esa obra, traer\u00e1 a sus pobladores afectaciones en sus territorios ancestrales y compromete sus derechos leg\u00edtimos de propiedad que tienen sobre los clanes dominantes; adem\u00e1s, se interrumpir\u00eda su tranquilidad presente y futura, menoscabando \u201csu diversidad sociocultural\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agregan que la carretera se convertir\u00eda en \u201cotra  v\u00eda p\u00fablica tipo autopista donde atropellan personas y animales sin que nadie responda por esos hechos, terminando los ind\u00edgenas como responsables por los accidentes vehiculares que a diario se presenten (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Refieren que el Ministerio del Interior \u201c(\u2026) ha hecho caso omiso frente a [su] problem\u00e1tica (\u2026)\u201d, pues no ha adelantado ning\u00fan \u201cproceso de fortalecimiento dirigido\u201d a ese colectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Se\u00f1alan que requirieron informaci\u00f3n a los convocados, para conocer si \u201c(\u2026) la sociedad Valorcon S.A. solicit\u00f3 el procedimiento de consulta previa para el proyecto vial y el permiso o licencia ambiental (\u2026)\u201d, pedimento que no obtuvo respuesta.  <\/span><\/p>\n

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3. Imploran dejar sin efecto el \u201cproyecto contenido en el contrato de obra N\u00ba 1391 de 2015\u201d a trav\u00e9s de las cual Inv\u00edas autoriz\u00f3 a Valorcon S.A. construir un tramo vial sobre \u201cuna trocha que va desde Mayapo hasta el P\u00e1jaro y Manaure (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados y convocados  <\/span><\/p>\n

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a. El Ministerio del Interior explic\u00f3 que en la base de datos de esa cartera \u201cno se evidencia que el ejecutor del proyecto \u2018Contrato de Obras N\u00ba 1391\u2019 hubiese solicitado certificaci\u00f3n de presencia o no de grupos \u00e9tnicos, ni se adelant\u00f3 consulta previa (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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b. El Instituto Nacional de V\u00edas -Inv\u00edas se opuso al ruego tuitivo, arguyendo que el proyecto de la v\u00eda Mayapo-Manaure \u201cno requiere licencia ambiental para su [materializaci\u00f3n]\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3 que realizaron consulta previa a las comunidades con ocasi\u00f3n de un contrato anterior, celebrado en el 2005, (n\u00ba 1592) el cual abarcaba la obra que aqu\u00ed se censura, \u201cobteniendo complacencia de la mayor\u00eda de las autoridades tradicionales, [quienes] reconocieron el beneficio que traer\u00eda mejorar el carreteable con el levantamiento de bancada y posterior recubrimiento con cinta asf\u00e1ltica (sic)\u201d.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales \u2013Anla relat\u00f3 no haber incurrido en conducta transgresora de las prerrogativas iusfundamentales invocadas, aclarando que ese procedimiento fue \u201csocializado\u201d con los habitantes de la regi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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d. Contratos S.A. -Valorcon\u2013 exigi\u00f3 la denegaci\u00f3n del auxilio, pues \u201c(\u2026) las actuaciones de las entidades accionadas se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido por la Constituci\u00f3n y la Ley (\u2026)\u201d,  esgrimiendo que en ese asunto la consulta previa es \u201c(\u2026) inexigible, (\u2026) pues la misma se realiz\u00f3 con las comunidades ind\u00edgenas asentadas en la vecindad de la v\u00eda entre Mayapo y el P\u00e1jaro, con ocasi\u00f3n del contrato 1592 de 2005\u201d.  <\/span><\/p>\n

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e. La Procuradur\u00eda Doce Judicial II Agraria y Ambiental coadyuv\u00f3 la pretensi\u00f3n del extremo actor por falta de realizaci\u00f3n de la consulta previa, requisito indispensable para adelantar cualquier obra de esa \u00edndole.  <\/span><\/p>\n

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f. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Contratista y contratante (Inv\u00edas y Valorcon S.A.) decidieron no iniciar el proceso de consulta previa al considerar que este tr\u00e1mite ya se hab\u00eda agotado con ocasi\u00f3n del contrato 1592 de 2005 \u2018en el que se desarroll\u00f3 la primera etapa\u2019 de la v\u00eda Rioacha-Manaure incluyendo obras del tramo Mayapo \u2013 El P\u00e1jaro\u2019 y que dada la identidad (no se sabe si parcial o total) de la obra proyectada en esa \u00e9poca y la ejecutada ahora, no era necesaria una nueva consulta previa.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPues bien, sobre este punto sorprende a la Sala la absoluta carencia probatoria de la afirmaci\u00f3n de las demandadas, pues, ni siquiera se aport\u00f3 al presente expediente el contrato primigenio (1952 de 2005), ni el que actualmente se pretende ejecutar (1391 de 2015); de modo que no es posible establecer si se presenta en este caso la supuesta identidad entre las obras proyectadas en esa ocasi\u00f3n y las que ahora se adelantan, para concluir entonces que, en efecto, la comunidad s\u00ed tuvo la posibilidad de participar y deliberar sobre la realizaci\u00f3n de las mismas en sus territorios haciendo innecesaria una nueva consulta.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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\u201cEl segundo argumento de las demandadas es la inexigibilidad de consulta previa por tratarse de obras de \u2018mantenimiento\u2019 o \u2018mejoramiento\u2019. Al respecto, lo que habr\u00e1 de se\u00f1alarse es que, en esencia, no se trata de obras de mantenimiento, pues expresamente el Decreto 769 de 2014 considera las obras de pavimentaci\u00f3n y similares como el mejoramiento; de ah\u00ed que, aun cuando la Directiva Presidencial 01 de 2010 dijera lo que las demandadas alegan, lo cierto es que tampoco en ese caso esta obra estar\u00eda de plano exenta de consulta previa, pues recu\u00e9rdese que la Directiva refiere exclusivamente a las obras de mantenimiento de la malla vial, no as\u00ed a las de mejoramiento y rehabilitaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAdem\u00e1s de lo anterior, como se explic\u00f3 suficientemente, las obras de mejoramiento, rehabilitaci\u00f3n y mantenimiento de obras p\u00fablicas no est\u00e1n exceptuadas de consulta previa de forma general, sino que, en cada caso particular, debe establecerse si se da o no la afectaci\u00f3n directa de las comunidades ind\u00edgenas y su territorio, en cuyo caso debe adelantarse la consulta previa (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, dispuso  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) (i) [Ordenar] a (\u2026) Valorcon S.A. para que, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, radique ante la Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la solicitud de certificaci\u00f3n de presencia de comunidades ind\u00edgenas, cumpliendo todas las exigencias legales y sustentando las razones por las cuales considera que en el presente caso no se debe realizar consulta previa. Realizada la confrontaci\u00f3n del caso y practicada la visita de verificaci\u00f3n de campo, aqu\u00e9lla entidad determinar\u00e1 si hay lugar o no a consulta previa, respecto a las obras a desarrollarse en el contrato en cuesti\u00f3n y cu\u00e1les comunidades ind\u00edgenas deben ser convocadas a este proceso consultivo, pronunci\u00e1ndose sobre el caso particular de la comunidad Alitayen y su representaci\u00f3n en conflicto actual, seg\u00fan informa el municipio de Manaure. En caso que se determine que debe adelantarse consulta previa, deber\u00e1 sujetarse estrictamente a las disposiciones legales aplicables, especialmente a la Directiva Presidencial 10 de 2013, as\u00ed como a las pautas que se\u00f1ale la Direcci\u00f3n de Consulta Previa, adem\u00e1s de las subreglas trazadas por la Corte Constitucional.  <\/span><\/p>\n

\u201c(ii) Al se\u00f1or Director General del (\u2026) Inv\u00edas para que vigile y acompa\u00f1e permanentemente las gestiones ordenadas al contratista Valorcon S.A.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(iii) Se ordena igualmente la suspensi\u00f3n de las obras adelantadas con ocasi\u00f3n del contrato de obra N\u00ba 1391 de 2015, hasta tanto la Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior certifique que no hay lugar a consulta previa para su ejecuci\u00f3n, o, en caso contrario, hasta que culmine el proceso consultivo del caso (…)\u201d (fls. 214 a 231).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el Instituto Nacional de V\u00edas -Inv\u00edas precisando que la empresa contratista Valorcon S.A. \u201cs\u00ed requiri\u00f3 las certificaciones de presencia de comunidades ind\u00edgenas a la Direcci\u00f3n de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que \u00e9sta determinara si hab\u00eda lugar o no a la consulta previa para la ejecuci\u00f3n del contrato de obra N\u00ba 1391 de 2015\u201d (fls. 260 a 264).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Las comunidades ind\u00edgenas de \u201cChurupa\u201d, \u201cTapuaja\u201d, \u201cAlitayen\u201d, \u201cKouchimana\u201d, \u201cAtunla\u00b4in\u201d y \u201cUrraichikat\u201d, cuestionan la implementaci\u00f3n del proyecto de construcci\u00f3n de la carretera \u201cMayapo hasta el P\u00e1jaro y Manaure\u201d, sin haber realizado la consulta previa, teniendo en cuenta la afectaci\u00f3n a sus costumbres y propiedades que esa obra le ocasionar\u00e1 como colectivo.  <\/span><\/p>\n

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Especialmente destacable es el art\u00edculo 6 de nuestra Carta Magna, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) El Estado reconoce y protege la diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n colombiana (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, el Convenio N\u00ba 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, introducido al ordenamiento nacional con la Ley 21 de 1991, protege, entre otras prerrogativas, \u201cla integridad cultural de los grupos ind\u00edgenas y tribales\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el referido conjunto de reglas ocupa un lugar preponderante la salvaguarda de los terrenos hist\u00f3ricamente ocupados por los colectivos ind\u00edgenas y afrodescendientes, teniendo en cuenta el especial lazo creado en torno a esos predios, el cual resulta indispensable para su supervivencia material y la de su patrimonio cultural, encontr\u00e1ndose relacionado intr\u00ednsecamente con el plan de vida personal y la libre determinaci\u00f3n como comunidad. Esa prerrogativa est\u00e1 reconocida en el precepto 14 del aludido Convenio OIT en la siguiente forma:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) 1. Deber\u00e1 reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesi\u00f3n sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Adem\u00e1s, en los casos apropiados, deber\u00e1n tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no est\u00e9n exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deber\u00e1 prestarse particular atenci\u00f3n a la situaci\u00f3n de los pueblos n\u00f3madas y de los agricultores itinerantes\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c2. Los gobiernos deber\u00e1n tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protecci\u00f3n efectiva de sus derechos de propiedad y posesi\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c3. Deber\u00e1n instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jur\u00eddico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados (\u2026)\u201d (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte Interamericana de Derechos Humanos defini\u00f3 la relaci\u00f3n vital y cultural que existe entre las minor\u00edas y el territorio:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Entre los ind\u00edgenas existe una tradici\u00f3n comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de \u00e9sta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los ind\u00edgenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relaci\u00f3n que los ind\u00edgenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia econ\u00f3mica. Para las comunidades ind\u00edgenas la relaci\u00f3n con la tierra no es meramente una cuesti\u00f3n de posesi\u00f3n y producci\u00f3n sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(…) El derecho consuetudinario de los pueblos ind\u00edgenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la posesi\u00f3n de la tierra deber\u00eda bastar para que las comunidades ind\u00edgenas que carezcan de un t\u00edtulo real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto)4.  <\/span><\/p>\n

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La Corte Constitucional de Colombia ha analizado la jurisprudencia emanada del sistema interamericano, compendiando las siguientes obligaciones del Estado frente a las propiedades de esas colectividades:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) a) [R]espetar la diversidad \u00e9tnica y cultural de los pueblos ind\u00edgenas y contribuir con la conservaci\u00f3n del valor espiritual que para todos los grupos \u00e9tnicos comporta su relaci\u00f3n con la tierra y su territorio, entendido este como \u201clo que cubre la totalidad del h\u00e1bitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera\u201d; b) asegurar que a las comunidades ind\u00edgenas se les reconozca el derecho a la propiedad comunal en las tierras asentadas tradicionalmente, una vez se tenga posesi\u00f3n de un territorio; c) garantizar la demarcaci\u00f3n, titulaci\u00f3n y entrega del territorio, consensuada con la comunidad y dentro de un plazo razonable, y en esa medida hacer un reconocimiento formal del territorio ind\u00edgena donde podr\u00e1n desarrollar su subsistencia y vida espiritual \u2013por ejemplo, por medio de figuras como el resguardo-; d) asegurar el uso y goce efectivo por los pueblos ind\u00edgenas de los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio, de acuerdo con su cosmovisi\u00f3n; e) tomar las medidas necesarias para proteger el territorio de injerencias arbitrarias por parte de particulares, y s\u00f3lo en aquellos casos en los que existan motivos que imposibiliten el uso y goce del derecho comunitario, deber\u00e1 el Estado garantizar la participaci\u00f3n de la comunidad, a trav\u00e9s de figuras especiales como la consulta previa, y en dado caso, entregar tierras alternativas de igual extensi\u00f3n y calidad a los miembros de las comunidades ind\u00edgenas respetando sus mecanismos aut\u00f3nomos de organizaci\u00f3n y toma de decisiones (\u2026)\u201d (subl\u00edneas de la Sala)5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Para proteger a las comunidades \u00e9tnicas y a sus territorios de las actividades de la sociedad mayoritaria, se ha dise\u00f1ado la consulta previa, instrumento consagrado en la Carta Pol\u00edtica como una \u201c(\u2026) especial protecci\u00f3n al derecho de participaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas en la adopci\u00f3n de las decisiones que les conciernen y las puedan afectar (\u2026)\u201d, instituci\u00f3n elevada a rango fundamental   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) en pos de preservar la integridad \u00e9tnica, social y cultural de los mencionados grupos \u00e9tnicos y tribales, proceso de consulta que constituye una forma de expresi\u00f3n democr\u00e1tica prevista en el art\u00edculo 330 Superior y con sustento adicional en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 330 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la prerrogativa comentada ha tenido desarrollo en punto de la explotaci\u00f3n de los recursos naturales en los territorios ind\u00edgenas, afrodescendientes y tribales, ya desde la promulgaci\u00f3n de la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, se conceptu\u00f3 que la consulta debe fortalecerse \u201c(\u2026) mediante procedimientos apropiados y (\u2026) a trav\u00e9s de (\u2026) instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La consulta es un derecho de las comunidades; tambi\u00e9n una garant\u00eda, respecto de la cual, la doctrina constitucional ha expresado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a consulta previa es un asunto de inter\u00e9s general adecuado para la protecci\u00f3n de la diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n, puesto que \u2018es el mecanismo que permite ponderar los intereses de los pueblos ind\u00edgenas y tribales en conflicto con intereses colectivos de mayor amplitud, a fin de poder establecer cu\u00e1l de ellos posee una legitimaci\u00f3n mayor\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl derecho a la consulta previa es un mecanismo necesario e indispensable para asegurar que la realizaci\u00f3n de proyectos no afecte en forma irreversible las formas tradicionales de subsistencia de los grupos \u00e9tnicos dentro de sus territorios, las cuales forman parte integrante de su estructura cultural propia y proveen la base para la preservaci\u00f3n y el desarrollo en el tiempo de sus cosmogon\u00edas, saberes ancestrales y formas culturales. Tal y como lo ha precisado la Corte Constitucional en el pasado, haciendo referencia a ejemplos hist\u00f3ricos concretos, la afectaci\u00f3n de estos modos de subsistencia puede traer consigo, en no pocos casos, una amenaza cierta para la subsistencia misma de los pueblos ind\u00edgenas o las comunidades afrodescendientes. Es por esta raz\u00f3n que (\u2026) el derecho de los pueblos ind\u00edgenas a la subsistencia de conformidad con sus formas y medios tradicionales de producci\u00f3n y reproducci\u00f3n material y cultural, dentro de sus territorios propios, es un derecho fundamental, porque de \u00e9l depende la realizaci\u00f3n del derecho a la integridad cultural, social y econ\u00f3mica de dichos grupos (\u2026)\u201d7 (subl\u00edneas de esta Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Para resolver la problem\u00e1tica aqu\u00ed suscitada, es menester esclarecer si para el desarrollo del proyecto denominado \u201cestudios, dise\u00f1os, reconstrucci\u00f3n, pavimentaci\u00f3n y\/o repavimentaci\u00f3n de la v\u00eda Rioacha \u2013Mayapo- El P\u00e1jaro- Manaure, 53.34 kil\u00f3metros\u201d8, era necesario adelantar la consulta previa con las comunidades ancestralmente residentes en la zona de influencia de esa obra.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, debe precisarse que la implementaci\u00f3n del anotado proyecto tuvo lugar porque el mismo depend\u00eda de la ejecuci\u00f3n de \u201cuna primera fase\u201d prevista en un contrato primigenio (1592 de 2005), celebrado por el Inv\u00edas y Valorcon S.A., cuyo objeto consist\u00eda en el mejoramiento de la \u201cv\u00eda Rioacha \u2013 Manaure\u201d, frente al cual, seg\u00fan lo manifest\u00f3 el Ministerio del Interior, s\u00ed se adelant\u00f3 consulta previa.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior cobra mayor calado cuando la se\u00f1alada cartera ministerial certific\u00f3 que sobre el \u201ccontrato (1391 de 2015) no se solicit\u00f3 certificaci\u00f3n de presencia o no de grupos \u00e9tnicos, ni se adelant\u00f3 consulta previa (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, resultaba indispensable efectuar a las comunidades ind\u00edgenas de \u201cChurupa\u201d, \u201cTapuaja\u201d, \u201cAlitayen\u201d, \u201cKouchimana\u201d, \u201cAtunla\u00b4in\u201d y \u201cUrraichikat\u201d la consulta previa, pues el \u201cproyecto contenido en el contrato de obra N\u00ba 1391 de 2015\u201d puede eventualmente afectarlas, debido a la modificaci\u00f3n de su entorno, atendiendo lo definido en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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6. Por las razones anotadas, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

                 <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Entre los instrumentos internacionales debe resaltarse el precitado Convenio 169 de la O.I.T., la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, la Declaraci\u00f3n de Santiago de Chile de 2000, Convenci\u00f3n internacional sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n racial y la recientemente aprobada Declaraci\u00f3n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas.    <\/span><\/p>\n

2 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 estatuy\u00f3 medidas especiales a favor de esos colectivos, entre otros, en los art\u00edculos 1, 2, 7, 8, 10, 13, 18, 63, 68, 70, 72, 96, 171, 246, 329 y 330, preceptos desarrollados en normatividad adicional, respecto de la cual, en lo pertinente, se har\u00e1 menci\u00f3n en lo sucesivo.    <\/span><\/p>\n

3 Corte Constitucional, sentencia T-955 de 2003.    <\/span><\/p>\n

4 Corte IDH. Sentencia de 31 de agosto de 2001, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Adem\u00e1s, l\u00e9anse adem\u00e1s las siguientes providencias: Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, sentencia 15 de junio de 2005; Caso Comunidad Ind\u00edgena Yakye Axa Vs. Paraguay, sentencia 17 de junio de 2005; Caso Comunidad Ind\u00edgena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Suriname, sentencia de 28 de noviembre de 2007; y Caso Pueblo Ind\u00edgena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, sentencia de 27 de junio de 2012.    <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional, sentencia T 379 de 2014.    <\/span><\/p>\n

6 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de agosto de 2010, exp. No. 00022-01, reiterada el 27 de agosto de 2012, exp. 00200-01, reiterada en fallo STC5742 de 9 de mayo de 2014, exp. 2014-00034-01.    <\/span><\/p>\n

7 Corte Constitucional. Sentencia T-547 de 1\u00b0 de julio de 2010.    <\/span><\/p>\n

8 Informaci\u00f3n suministrada por el Inv\u00edas, disponible en el informe obrante a fls. 105 a 198.      <\/span><\/p>\n

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               Magistrado ponente      STC1194-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-002-2016-00288-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 22 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99104","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99104"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99104\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}