{"id":99105,"date":"2026-06-25T17:55:21","date_gmt":"2026-06-25T17:55:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1195-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:55:21","modified_gmt":"2026-06-25T17:55:21","slug":"stc1195-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1195-2017\/","title":{"rendered":"STC1195-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1195-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01091-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de diciembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y el Agente del Ministerio P\u00fablico de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, la Personer\u00eda Municipal de Santa Rosa de Cabal y  Servientrega S.A., de la misma municipalidad.  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar al despacho judicial acusado dejar sin efecto el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2014-00152-00.  <\/span><\/p>\n

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2.        El quejoso en apoyo de tal pretensi\u00f3n adujo, en s\u00edntesis, que en la acci\u00f3n popular que \u00e9l formul\u00f3 contra la sociedad Servientrega S.A., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, dicha autoridad puso fin a la misma, por desistimiento t\u00e1cito, omitiendo dar aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la ley 472 de 1998 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira  limit\u00f3 su respuesta a remitir en medio magn\u00e9tico las actuaciones surtidas dentro de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2014-00152-00.  <\/span><\/p>\n

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2.        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que dentro de las inmensurables acciones populares presentadas por el tutelante, se han designado a diferentes funcionarios para dar cumplimiento a lo reglado en art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998; no obstante, advierte que la acci\u00f3n popular objeto de queja no fue promovida por aquella entidad y que su intervenci\u00f3n en esos asuntos est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos colectivos, lo que se produce en el correspondiente pacto de cumplimiento, el que no hab\u00eda sido comunicado a esa agencia, por lo que el resguardo deb\u00eda denegarse.  <\/span><\/p>\n

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3.        Servientrega S.A. solicit\u00f3 denegar el amparo constitucional, por encontrar que la orden de desistimiento t\u00e1cito dictada por el juzgado accionado se encuentra acorde con el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. (Folio 11 y 12, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia declar\u00f3 improcedente el amparo tutelar por prematuro, al concluir que la decisi\u00f3n cuestionada, que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito dentro de la acci\u00f3n popular bajo radicado 2014-00152, fue recurrida por el accionante, en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, encontrando que para el momento de promover la salvaguarda constitucional, tales censuras se hallaban en tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo sin expresar las razones de su inconformidad. (Folio 36, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, pues si bien el actor reclama la improcedencia de la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito, es evidente que tal y como lo mencion\u00f3 el a quo constitucional, al momento de promover la salvaguarda tutelar se encontraban en curso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n que aquel plante\u00f3 frente a esa determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, de las pruebas obrantes en medio magn\u00e9tico se tiene que el prove\u00eddo que orden\u00f3 declarar el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular objeto de estudio fue dictado el 24 de noviembre de 20161, notificado por estado al d\u00eda h\u00e1bil siguiente, el mismo, en oportunidad, fue recurrido por el accionante2; y el presente tramite tutelar fue radicado el d\u00eda 28 de los mismos mes y a\u00f1o ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, evidenci\u00e1ndose as\u00ed, que al momento de la formulaci\u00f3n de la salvaguarda, aun se encontraban en tr\u00e1mite los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de alzada, interpuestos por el convocante en contra del prove\u00eddo que orden\u00f3 declarar terminado el tr\u00e1mite popular .  <\/span><\/p>\n

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Entonces, resulta prematura la petici\u00f3n de amparo, destacando que mientras la vulneraci\u00f3n que aduce el accionante no concurra, mal hace en solicitar a un juez constitucional que intervenga para anticiparse a las decisiones que debe adoptar el juzgador natural, incurri\u00e9ndose as\u00ed en la causal de improcedencia de la tutela que contempla el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00badel Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, no puede permitirse que de manera anticipada y por medio de este tr\u00e1mite constitucional se d\u00e9 soluci\u00f3n a las cuestiones que le corresponde dirimir el juez natural en un escenario procesal que fue suscitado y est\u00e1 en curso, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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ACLARACI\u00d3N DE VOTO  <\/span><\/p>\n

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Comparto el criterio expuesto por la Sala en la sentencia emitida en el asunto objeto de estudio, en cuanto a su improcedencia, pero no solo por el argumento que all\u00ed se expuso, esto es, la prematurez de la solicitud de amparo al estar pendientes de decisi\u00f3n los recursos que contra el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en la acci\u00f3n popular No. 2014-00152-00, interpuso el accionante, sino tambi\u00e9n por las razones que a continuaci\u00f3n se expondr\u00e1n.  <\/span><\/p>\n

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La solicitud de amparo tampoco satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad, en tanto el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses a que hace alusi\u00f3n el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.  <\/span><\/p>\n

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De modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque, para el suscrito, la naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n en comento, impide aplicar el fen\u00f3meno jur\u00eddico del desistimiento t\u00e1cito y sus consecuencias sancionatorias.  <\/span><\/p>\n

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Ello, porque, de conformidad con el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso de la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz y preferencial desarrollo, debe adoptar las medidas procesales necesarias para removerlos, pues se trata de un asunto prevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de la orden que se imparta, no puede convertirse en una barrera para adelantarlo.  <\/span><\/p>\n

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La acci\u00f3n popular es un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00ba, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00ba, ejusdem), cuyo tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos procesales intervinientes (Art. 5\u00ba, inc. 3\u00ba, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No en vano el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab\u2026impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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De la forma que precede, y con el mayor respeto, dejo expresada mi aclaraci\u00f3n de voto.   <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado  <\/span><\/p>\n

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1 P\u00e1g. 153, medio magn\u00e9tico visible a folio 29, cuaderno 1.    <\/span><\/p>\n

2 P\u00e1g. 155, medio magn\u00e9tico visible a folio 29, cuaderno 1.      <\/span><\/p>\n

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