{"id":99106,"date":"2026-06-25T17:55:26","date_gmt":"2026-06-25T17:55:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1196-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:55:26","modified_gmt":"2026-06-25T17:55:26","slug":"stc1196-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1196-2017\/","title":{"rendered":"STC1196-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1196-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00893-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Ignacio Brice\u00f1o S\u00e1nchez contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto \u201c(\u2026) verbal (\u2026) para la recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n (\u2026)\u201d iniciado por el aqu\u00ed actor frente a Fanny Luc\u00eda M\u00e9ndez Prado y Harold Humberto Medina Rivera.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantados por la autoridad jurisdiccional acusada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, manifiesta que inici\u00f3 el juicio censurado alegando su calidad de poseedor de la oficina 303, ubicada en el tercer piso del edificio Residencias Aristi en Cali.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que tal condici\u00f3n la adquiri\u00f3 el 31 de enero de 2005, en virtud de una promesa de compraventa celebrada sobre el bien anotado con V\u00edctor Manuel T\u00e9llez Cobo, representante de Fanny Luc\u00eda M\u00e9ndez Prado, propietaria del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que en la fecha mencionada, Lucy Salazar, empleada suya, recibi\u00f3 las llaves de la heredad, oportunidad a partir de la cual \u00e9l comenz\u00f3 a ejercer actos de se\u00f1or y due\u00f1o, efectuando, incluso, reparaciones locativas para adecuar su negocio, llamado Inmobiliaria Brisa.  <\/span><\/p>\n

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Relata que en ese documento se comprometi\u00f3 a pagar $35.000.000 por el terreno, precio cancelado en cuotas, siendo la \u00faltima la sufragada el 16 de noviembre de 2006.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que el 22 de agosto de 2013 fue despojado de forma violenta y arbitraria del inmueble en disputa, pues aprovechando su ausencia, los demandados ingresaron a la oficina y levantaron un acta \u201c(\u2026) proced[iendo] a tomar la posesi\u00f3n, por lo que t\u00e1citamente se admite que \u00e9sta hab\u00eda sido perdida (\u2026)\u201d, acto del cual se enter\u00f3 el 3 de febrero de 2014.  <\/span><\/p>\n

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Tras surtirse las etapas correspondientes y recaudarse las pruebas decretadas, salvo los interrogatorios de los integrantes de la pasiva, quienes no asistieron, \u201c(\u2026) configur\u00e1ndose la confesi\u00f3n ficta (\u2026)\u201d, se emiti\u00f3 sentencia el 21 de abril de 2016, orden\u00e1ndose la cesaci\u00f3n de la perturbaci\u00f3n de su se\u00f1or\u00edo e imponi\u00e9ndose la devoluci\u00f3n del predio.  <\/span><\/p>\n

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Esa autoridad incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defectos sustantivos y f\u00e1cticos, pues (i) bas\u00f3 su decisi\u00f3n exclusivamente en la enunciada promesa de compraventa; (ii) interpret\u00f3 err\u00f3neamente la jurisprudencia de esta Corte, por cuanto ese documento \u201c(\u2026) no es indicativ[o], por s\u00ed sol[o], de tenencia ni de posesi\u00f3n (\u2026)\u201d, adem\u00e1s, si se pacta la entrega del predio, como ocurri\u00f3 en su caso, debe comprenderse la trasmisi\u00f3n del se\u00f1or\u00edo; y (iii) desconoci\u00f3 todos los elementos de convicci\u00f3n dirigidos a comprobar sus actos dispositivos, entre tales, algunos testimonios, ciertas declaraciones extrajuicio y recibos de servicios p\u00fablicos e impuestos cancelados por \u00e9l (fls. 1 al 13, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, dejar sin efecto el fallo emitido por el despacho atacado e imponer la emisi\u00f3n de otro (fl. 15, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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El juez querellado se\u00f1al\u00f3 haber enviado las diligencias cuestionadas al estrado de origen, por lo cual manifest\u00f3 atenderse \u201c(\u2026) a lo consignado en el expediente (\u2026) y a las motivaciones expuestas en la parte considerativa de la providencia de segunda instancia, mediante la cual se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d en ese asunto (fl. 387, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la salvaguarda peticionada porque no hall\u00f3 arbitrariedad en la providencia proferida por el fallador convocado.  A\u00f1adi\u00f3 que desde su \u00f3ptica  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) no resultaba posible inferir que (\u2026) el juzgador desatendi\u00f3 las dem\u00e1s pruebas documentales y testimoniales recaudadas, pues adem\u00e1s de que el mismo se dirigi\u00f3 al contrato preparatorio para definir la calidad de tenedor del accionante, siendo \u00e9ste el documento revelador de la intenci\u00f3n de las partes, tambi\u00e9n ocurr[i\u00f3] que ninguno de los medios de prueba desvirtu\u00f3 la confesi\u00f3n relativa a la forma en que entr\u00f3 el interesado al bien (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cY conforme a todo lo anterior, refulge c\u00e1lido que el ad quem exigiera al interesado probar que su t\u00edtulo de tenedor mut\u00f3 al de poseedor, pues as\u00ed lo imponen tanto el art\u00edculo 777 del C.C. (conforme al cual el simple paso del tiempo no genera posesi\u00f3n), y el art\u00edculo 974 ib\u00eddem, a cuyo tenor, para ser titular de la acci\u00f3n posesoria, se requiere ser poseedor del bien (\u2026)\u201d (fls. 29 al 36, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El gestor impugn\u00f3 con argumentos similares a los expresados en el libelo introductor. Asever\u00f3 que el juez constitucional omiti\u00f3 definir los aspectos objeto del resguardo, \u201c(…) y s\u00f3lo se limit\u00f3 a emitir un fallo gen\u00e9rico y sin sustento espec\u00edfico frente al caso concreto (\u2026)\u201d (fls. 414 al 419, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Escuchada la sentencia proferida en el juicio reprochado en audiencia de 22 de septiembre de 2016, mediante la cual se revoc\u00f3 la del a quo, donde se hab\u00eda dispuesto cesar la perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n en favor del aqu\u00ed promotor, para, en su lugar, negar las pretensiones de su libelo, no se observa arbitrariedad lesiva de garant\u00edas supralegales.  <\/span><\/p>\n

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2.        En efecto, se encuentra que la autoridad enjuiciada, tras o\u00edr las alegaciones de los extremos procesales, acot\u00f3 como problema jur\u00eddico, \u201c(\u2026) determinar si el demandante (\u2026) ostenta[ba] la calidad de poseedor frente al bien que se reclama, al momento que aduce fue despojado del mismo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Se refiri\u00f3 entonces a los elementos de la posesi\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil y a lo sostenido por esta Corte en su jurisprudencia, resaltando la posibilidad de ejercer la acci\u00f3n posesoria siempre que se demuestre el se\u00f1or\u00edo aducido. Enseguida,  afirm\u00f3 el concepto de la mera tenencia conforme al canon 775 \u00eddem.  <\/span><\/p>\n

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Luego valor\u00f3 en conjunto las pruebas recepcionadas con el fin de establecer la calidad de poseedor aducida por el tutelante; as\u00ed, describi\u00f3 cada uno de los elementos de convicci\u00f3n recopilados y de ellos extrajo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [N]o reviste duda alguna la suscripci\u00f3n de un documento denominado contrato de promesa de compraventa, el cual fue suscrito el 31 de enero de 2005, (\u2026) y que de \u00e9l se deriv\u00f3 el ingreso del demandante al inmueble, no siendo desvirtuada ni controvertida la entrega del bien, situaci\u00f3n relevante para la definici\u00f3n del tipo de acci\u00f3n posesoria que aqu\u00ed se analiza (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [H]abi\u00e9ndose centrado el punto fundamento [de la apelaci\u00f3n] (..) en que la promesa no entreg\u00f3 la posesi\u00f3n sino la mera tenencia, (\u2026) [indic\u00f3,] en relaci\u00f3n con esa precisa consecuencia, (\u2026) que (\u2026) nuestra Corte Suprema de Justicia en sentencia de 13 de noviembre de 2001, Exp. 6265, [ha se\u00f1alado] que la promesa de compraventa no es indicativa por s\u00ed misma de la posesi\u00f3n (\u2026), [pues] ese contrato, en l\u00ednea de principio, [supone] el reconocimiento de derecho ajeno sobre el bien que se pretende adquirir (\u2026) [salvo] que en la promesa se [advierta] la voluntad de entrega el bien prometido para que el promitente comprador asuma su gobierno aut\u00f3nomo (\u2026) prop\u00f3sito volitivo que puede generar o derivar una posesi\u00f3n inmediata si es inequ\u00edvoca la intenci\u00f3n de las partes en ese sentido (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Bajo esas premisas concluy\u00f3 que el mero hecho de firmarse el contrato preparatorio no le otorgaba al reclamante la condici\u00f3n de poseedor. Memor\u00f3 que se estaba frente a una acci\u00f3n real que descansaba sobre la calidad de poseedor.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que en la promesa  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) no se confiri\u00f3 expresamente a la promitente compradora, se\u00f1ora Lucy Salazar, quien en su declaraci\u00f3n manifest\u00f3 haber actuado en nombre propio y en representaci\u00f3n de los intereses del se\u00f1or Ra\u00fal Ignacio Brice\u00f1o, la calidad de poseedora, pues el texto carece totalmente de la manifestaci\u00f3n expresa sobre ese particular; incluso se aludi\u00f3 a que la entrega del inmueble era inmediata, pero que el otorgamiento de la escritura p\u00fablica se efectuar\u00eda s\u00f3lo hasta el d\u00eda posterior del pago total del precio, de donde se infiere que el demandante, en virtud del contrato preliminar, estaba reconociendo dominio ajeno (\u2026) concretamente a favor de la (\u2026) promitente vendedora, lo que a la par excluye el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, indispensable para el ejercicio de la acci\u00f3n pretendida (\u2026), panorama que sit\u00faa [al] despacho en la prosperidad de los argumentos exhibidos por la parte demandada en el recurso de apelaci\u00f3n, reafirmando que el t\u00edtulo a trav\u00e9s del cual ingres\u00f3 al inmueble, fue de mera tenencia derivada de dicho contrato, calidad esta que se halla en principio llamada a perdurar y permanecer, de manera inmodificable, sin que el simple lapso del tiempo pueda variarla, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 777 del C\u00f3digo Civil (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPor consiguiente, no resulta un\u00edvoco el comportamiento de [los promitentes compradores] sobre la cosa prometida en venta, como para deducir que dej[aron] de reconocer dominio en el promitente vendedor y que por haberse entregado f\u00edsicamente el bien, a partir de entonces, [son] poseedores (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAhora, de la prueba testimonial acopiada tampoco surgen elementos demostrativos que permitan (\u2026) tener la certeza de que el demandante ostentaba la calidad de poseedor al momento en el que fue despojado del bien, pues (\u2026) [ello] no encuentra eco probatorio ni siquiera habiendo ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026). En efecto, las [declaraciones de las testigos] (\u2026) giraron en torno a atribuir al demandante el pago del precio del inmueble prometido en venta, el impuesto predial, los servicios p\u00fablicos y haber establecido reformas o mejoras en el mismo, sin embargo, de tales circunstancias no puede ir concluyendo c\u00e1ndidamente, como lo hizo la juez de primer grado, que de all\u00ed se desprenda posesi\u00f3n alguna en cabeza del se\u00f1or Brice\u00f1o S\u00e1nchez (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAs\u00ed las cosas, conforme al tamiz de la sana cr\u00edtica, no se evidencia \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o en las conductas desplegadas por el demandante cuando ocup\u00f3 el bien reclamado, pues nada impide que una persona pueda realizar tales actos porque se encuentra en el bien como tenedor del mismo, mucho m\u00e1s si se trata de quien se aprestaba a perfeccionar el contrato de compraventa prometido (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDe otro lado, incorporar mejoras a un bien determinado no es un hecho que en forma indiscutible refleje el ejercicio de la posesi\u00f3n material sobre \u00e9l, dado que eventualmente se pueden establecer por quien detenta la mera tenencia, eventualidad que resulta en esos t\u00e9rminos relevante para deducir el yerro valorativo que se le imputa al fallador de primera instancia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAl respecto, debe precisar[se] (\u2026) que para que una persona se repute poseedor[a] de un bien, adem\u00e1s de su detentaci\u00f3n f\u00edsica se requiere un elemento volitivo (\u2026) es decir, que se ejerza el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o sin que se reconozca que le pertenece a persona distinta, aspecto sobre el cual hay orfandad probatoria (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn estas condiciones se hace necesario hablar de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo [y] de la inalterabilidad de la causa de la posesi\u00f3n, dado que la posesi\u00f3n es un hecho, el poseedor no necesita dar la causa de su posesi\u00f3n, sin embargo (\u2026) a fin de demostrar (\u2026) el \u00e1nimus de se\u00f1or y due\u00f1o y comportarse como tal, puede ser relevante, en caso de una disputa, acreditar c\u00f3mo comenz\u00f3 dicha situaci\u00f3n, a efectos de determinar si se trata de posesi\u00f3n o tenencia. Nadie puede cambiar por s\u00ed mismo ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesi\u00f3n. El que comenz\u00f3 a poseer por s\u00ed y como propietario de la cosa contin\u00faa posey\u00e9ndola como tal, mientras no se pruebe que se ha comenzado a poseer por otro. El que ha comenzado a poseer por otro, se presume que contin\u00faa poseyendo por s\u00ed mismo, por el mismo t\u00edtulo, mientras no se pruebe lo contrario. Seg\u00fan este principio, quien ha iniciado la relaci\u00f3n siendo poseedor o tenedor, as\u00ed contin\u00faa. La norma no le permite al poseedor pasar a ser tenedor o viceversa por la simple voluntad (\u2026). [No obstante,] es posible (\u2026) que opere la interversi\u00f3n [de tales calidades] (\u2026), lo cual debe manifestarse de manera p\u00fablica, con verdaderos actos posesorios a nombre propio y con absoluto rechazo del titular (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Tras citar jurisprudencia en torno a la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, a\u00f1adi\u00f3  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) en este caso se hace necesario pronunciarse sobre la r\u00e9plica planteada por el demandante. (\u2026) \u00c9l presenta una grave confusi\u00f3n en la relaci\u00f3n jur\u00eddica que ten\u00eda con el bien (\u2026), pues insiste en que debe (\u2026) rotul\u00e1rsele como poseedor, dado que las declarantes al un\u00edsono manifestaron que \u00e9l era el due\u00f1o del bien; sin embargo, a tama\u00f1a conclusi\u00f3n no puede arribar[se porque en] (\u2026) este singular caso, la prueba practicada a petici\u00f3n del mismo demandante nunca tuvo orientaci\u00f3n a demostrar los actos concretos de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026) y mucho menos el momento en que acaeci\u00f3 la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de mero tenedor a poseedor; por tanto, no puede otorg\u00e1rsele esa condici\u00f3n como en vano pretende (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente acot\u00f3 la imposibilidad de otorgarle m\u00e9rito probatorio a las declaraciones extrajuicio arrimadas al plenario, por cuanto las mismas  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) no cumplen con las exigencias del 299 del CPC, pues carecen de la atestaci\u00f3n en su contenido de que serv\u00edan como prueba en una acci\u00f3n judicial como la de esta naturaleza, a excepci\u00f3n de la rendida (\u2026) por la testigo Lucy Salazar (\u2026), quien ratific\u00f3 su contenido y rindi\u00f3 testimonio en el juzgado de primera instancia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3.        Las elucubraciones transcritas no contienen irregularidad susceptible de conjurarse por esta v\u00eda extraordinaria, pues el fallador denunciado atendi\u00f3 el asunto bajo su conocimiento con apego a la ley y jurisprudencia concordante, sin ser viable reprochar su interpretaci\u00f3n sobre esta \u00faltima si en cuenta se tiene que, en efecto, esta Corporaci\u00f3n ha indicado la posibilidad de entender transferida la posesi\u00f3n a trav\u00e9s de un contrato de promesa de compraventa, siempre que del texto de \u00e9ste se desprenda tal circunstancia sin ambig\u00fcedad1, lo cual no ocurri\u00f3 en el juicio confutado.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, no se revela desafuero en el an\u00e1lisis del caudal demostrativo, por cuanto \u00e9ste fue examinado con esmero y del mismo no pod\u00eda, como acaeci\u00f3, extraerse la posesi\u00f3n reclamada, as\u00ed como tampoco la explicitada interversi\u00f3n del t\u00edtulo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La apreciaci\u00f3n de las probanzas, se caracteriza por ser una actividad aut\u00f3noma e independiente del juzgador natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, aunque no se aceptara \u00edntegramente el criterio comentado, esa circunstancia no permite predicar las irregularidades enrostradas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

4.        Por tanto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. SCC de 30 de julio de 2010, exp. 11001-3103-014-2005-00154-01    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC1196-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00893-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99106\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}