{"id":99108,"date":"2026-06-25T17:55:38","date_gmt":"2026-06-25T17:55:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1198-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:55:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:55:38","slug":"stc1198-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1198-2017\/","title":{"rendered":"STC1198-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1198-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-02044-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de fe  brero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 24 de noviembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Felipe Vertel Urango contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ese mismo departamento.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa y \u00ablibertad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, se \u00abdeclare la nulidad del proceso seguido contra LUIS FELIPE VERTEL URANGO (sic), a partir de la providencia que lo declar\u00f3 reo ausente\u00bb y que \u00abse decrete la libertad inmediata e incondicional del condenado\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        En contra del accionante, en condici\u00f3n de reo ausente, se adelant\u00f3 un proceso penal por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb, con ocasi\u00f3n de una masacre en la cual fallecieron varios miembros de una misma familia.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Mediante sentencia del 29 de junio de 2007, la cual, en sentir del promotor, reviste notables falencias de valoraci\u00f3n probatoria, el juzgado accionado declar\u00f3 al actor, junto con otro sindicado, responsable de la aludida conducta punible, imponi\u00e9ndole la pena de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que fue apelada por el Ministerio P\u00fablico, por los problemas que se hab\u00edan suscitado en torno a la identificaci\u00f3n del procesado Vertel Urango.  <\/span><\/p>\n

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2.3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, a trav\u00e9s de providencia del 22 de abril de 2009, confirm\u00f3 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        En febrero de 2015, el gestor del amparo fue capturado, momento en el cual \u00abse enter[\u00f3] del proceso judicial seguido en su contra y de la condena impuesta como coautor de la masacre\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Adujo el quejoso que \u00abla defensa de oficio que tuvo (\u2026), poco o nada tuvo que hacer\u00bb, al punto que \u00abestar\u00edamos ante una deficiente defensa t\u00e9cnica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Agreg\u00f3 que, en declaraci\u00f3n extraproceso, Virginia Padilla Guerra, \u00abmiembro vivo de la familia PADILLA GUERRA (\u2026), manifest\u00f3 que el causante de la masacre de sus familiares NO (sic) fue el interno presente [Luis Felipe Vertel Urango], sino el se\u00f1or LUIS GONZAGA BERTEL DURANGO (sic)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        El 25 de julio de 2016 \u00abel postulado a Justicia y Paz, se\u00f1or JESUS IGNACIO ROLDAN PEREZ, a quien se le identifica como \u201cMono leche\u201d (\u2026), rindi\u00f3 declaraci\u00f3n juramentada (\u2026), en donde claramente expres\u00f3 que dicho interno [Luis Felipe Vertel Urango] NUNCA FUE MILITANTE DE LAS AUTODEFENSAS\u00bb y que \u00abel verdadero culpable de la matanza de la familia Padilla es \u201cel se\u00f1or LUIS GONZAGA BERTEL DURANGO, alias (EL COMPRADRE)\u201d (sic)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8.        Adujo el quejoso que \u00ab[s]u \u00fanico pecado es que sus nombres y apellidos fon\u00e9ticamente son iguales al del se\u00f1or LUIS GONZAGA BERTEL DURANGO, quien al parecer (\u2026), fue uno de los autores de la masacre\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       1.        La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia expres\u00f3 que \u00abel accionante cuenta con un mecanismo de defensa judicial para verificar la ausencia de participaci\u00f3n en los hechos objeto del proceso, como lo es la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.        El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, tambi\u00e9n de Antioquia, indic\u00f3 que \u00abno vislumbra que se haya incurrido en alguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3.        El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda, precis\u00f3 que \u00abla inconformidad se remonta a un posible error de identificaci\u00f3n surgido en el tr\u00e1mite del proceso penal, y no sobre alg\u00fan tema en especial surtido en esta etapa post-procesal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       4.        El Fiscal 11 Especializado de la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00eda Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se\u00f1al\u00f3 que \u00abdentro de la actuaci\u00f3n procesal (\u2026), LUIS FELIPE VERTEL URANGO, siempre tuvo asistencia t\u00e9cnica jur\u00eddica de parte del defensor de Oficio (sic), raz\u00f3n por la cual no se vulner\u00f3 su derecho al debido proceso ni a la defensa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo deneg\u00f3 el resguardo al encontrar que \u00abla demanda de amparo incumple el principio de inmediatez\u00bb y, adem\u00e1s, por cuanto \u00aben el presente caso existe un procedimiento expedito, como lo es, la acci\u00f3n extraordinaria de revisi\u00f3n, que es un instrumento procesal concebido para la tutela de los derechos fundamentales del sentenciado en aquellos casos en los que considera tener nuevos elementos de juicio con los que demuestra su inocencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante, como \u00fanico motivo de inconformidad, se\u00f1al\u00f3 que el a quo \u00abomiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas [y] tampoco hizo pronunciamiento alguno sobre la eventual inconducencia de las mismas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que el accionante tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en los art\u00edculos 220 y siguientes de la Ley 600 de 2000, a fin de aportar las pruebas que, seg\u00fan \u00e9l, dan cuenta de su inocencia, como lo son las declaraciones de Virginia Padilla Guerra y Jes\u00fas Ignacio Roldan P\u00e9rez.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, al verificarse la improcedencia del amparo reclamado, as\u00ed deber\u00e1 declararse, al existir ese otro mecanismo de defensa para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        Finalmente, en cuanto a la ausencia del decreto de las pruebas reclamadas por el promotor del mecanismo de protecci\u00f3n, estima la Sala que no se incurri\u00f3 en ninguna irregularidad, pues advirtiendo que la queja constitucional resultaba a todas luces improcedente, ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para la salvaguarda de los derechos que el accionante considera vulnerados, aqu\u00e9llas resultaban innecesarias, lo que tornaba improcedente su decreto acorde con lo reglado en el art\u00edculo 22 del decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Frente a la falta de obligaci\u00f3n de decretar pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u00abresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u00bb (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterado en STC5449-2016, 28 abr. 2016, rad. 2016-00122-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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