{"id":99110,"date":"2026-06-25T17:55:49","date_gmt":"2026-06-25T17:55:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1200-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:55:49","modified_gmt":"2026-06-25T17:55:49","slug":"stc1200-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1200-2017\/","title":{"rendered":"STC1200-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1200-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01115-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda y Personer\u00eda Municipales de esa localidad, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular impulsada por el aqu\u00ed actor frente al Centro de Servicios Crediticios, sucursal ubicada en la calle 9 N\u00ba 8-58 de Zarzal, bajo el radicado 2016-00407.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, expone que la titular del estrado convocado rechaz\u00f3 su libelo aduciendo la falta de cumplimiento del \u201c(\u2026) requisito de aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad accionada, sin embargo, dicha exigencia no la contempla el art. 18 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Pide, en concreto, (i) ordenar la admisi\u00f3n de su demanda en el juicio querellado; (ii) se allegue \u201c(\u2026) un listado de todas las acciones populares donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (\u2026)\u201d; y (iii) requerir a la Corte Constitucional y al delegado del Ministerio P\u00fablico para que se expresen \u201c(\u2026) acerca de la legalidad del auto (\u2026)\u201d objeto de queja (fl. 1, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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a)        El juzgador acusado remiti\u00f3 copia del decurso censurado.  <\/span><\/p>\n

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b)        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira manifest\u00f3 no costarle los hechos referidos por el reclamante, por lo cual aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. Adicionalmente, expuso que deb\u00edan recaudarse las pruebas necesarias para determinar la temeridad del accionante y la posibilidad de sancionarlo pecuniariamente (fls.  16 al 18, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c)        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 que los reparos aducidos por el promotor son ajenos a sus facultades, pues su intervenci\u00f3n en los decursos \u201c(\u2026) est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026)\u201d en el respectivo pacto de cumplimiento, el cual no se surti\u00f3 en el caso confutado (fl. 20, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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d)        Los dem\u00e1s guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 el amparo peticionado frente al estrado convocado por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor no formul\u00f3 reposici\u00f3n contra el rechazo de la demanda en el pleito criticado (fls. 24 al  28, cdno. 1).            <\/span><\/p>\n

1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El tutelante impugn\u00f3 sin expresar motivos de disenso (fl. 31, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La queja del promotor se dirige frente al prove\u00eddo de 17 de noviembre de 2016, mediante el cual se rechaz\u00f3 el libelo demandatorio en el caso censurado.  <\/span><\/p>\n

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2.        El reparo incumple el requisito de subsidiariedad, pues revisada la actuaci\u00f3n cuestionada se observa que el petente no agot\u00f3 los medios de defensa a su alcance.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, una vez proferida la providencia confutada, ante la falta de subsanaci\u00f3n de los errores previamente se\u00f1alados por el juzgado convocado, el reclamante omiti\u00f3 formular el recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Esa \u00faltima herramienta resultaba viable seg\u00fan el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998 y es conocida por el tutelante, dada su experiencia en las incontables acciones populares gestionadas por \u00e9l directamente; adem\u00e1s, id\u00f3neo, conforme lo ha se\u00f1alado esta Sala al exponer:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Esta acci\u00f3n impone la utilizaci\u00f3n de todos los instrumentos a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican esta herramienta constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sobre la solicitud dirigida a que se emita un listado de las acciones populares promovidas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga \u201c(\u2026) donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (\u2026)\u201d, se advierte que adem\u00e1s de responder tal apreciaci\u00f3n a la opini\u00f3n del tutelante, \u00e9ste puede efectuar dicho pedimento directamente ante las oficinas judiciales correspondientes, o en su defecto, consultar esa informaci\u00f3n en el portal web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), pues como bien se sabe, las demandas que ingresan a los juzgados se encuentran radicadas en el sistema de Gesti\u00f3n Siglo XXI.  <\/span><\/p>\n

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4.        Respecto de la reclamaci\u00f3n relativa a requerir a la Corte Constitucional y al Ministerio P\u00fablico para que se pronuncien sobre la legalidad del rechazo del libelo incoado por el gestor en el caso fustigado,  se le pone de presente al interesado que esa pretensi\u00f3n desborda los l\u00edmites de este mecanismo extraordinario, el cual est\u00e1 previsto, concretamente, para establecer la vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas fundamentales y adoptar las determinaciones del caso, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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5.        De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. STC de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp.  2010-000380-01.      <\/span><\/p>\n

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