{"id":99114,"date":"2026-06-25T17:56:06","date_gmt":"2026-06-25T17:56:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1204-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:06","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:06","slug":"stc1204-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1204-2017\/","title":{"rendered":"STC1204-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1204-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01128-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 15 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda y Personer\u00eda Municipales de esa localidad, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de las acciones populares impulsadas por el aqu\u00ed actor a el Centro de Servicios Crediticios, sucursal Zipaquir\u00e1 y Neiva radicadas bajo los n\u00fameros 2016-00394 y 2016-00395, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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2. Como sustento de su inconformidad se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que el estrado convocado rechaz\u00f3 las memoradas acciones populares por no cumplir el \u201c(\u2026) requisito de aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad accionada, sin embargo, dicha exigencia no la contempla el art. 18 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Pide, en concreto, (i) ordenar la admisi\u00f3n de las demandas en los mentados pleitos; (ii) se allegue \u201c(\u2026) un listado de todas las acciones populares donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (\u2026)\u201d; y (iii) requerir a la Corte Constitucional y al delegado del Ministerio P\u00fablico para que se manifiesten \u201c(\u2026) acerca de la legalidad  (\u2026)\u201d de los \u201crechazos\u00bb objeto de este resguardo.  <\/span><\/p>\n

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a. El estrado convocado alleg\u00f3 copias en medio magn\u00e9tico de los litigios en discordia, sin pronunciarse frente a los hechos soporte del auxilio (fls. 10 a 11).  <\/span><\/p>\n

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b. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n y aludi\u00f3 al principio de autonom\u00eda judicial como sustento para denegar las actuales pretensiones del quejoso (fls. 12 a 15).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El juez constitucional de primer grado, neg\u00f3 el amparo, al estimar que \u201c(\u2026) el accionante pretermiti\u00f3 agotar el recurso de reposici\u00f3n (\u2026) frente a los prove\u00eddos que rechazaron la acciones populares, cuando ese era el mecanismo ordinario y expedito que ten\u00eda para procurar que el estrado judicial accionado reconsiderara aquella determinaci\u00f3n  (\u2026)\u201d (fls. 24 a 30).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor sin argumentar la inconformidad (fl. 33).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. El gestor censura los prove\u00eddos de 17 de noviembre de 2016,  a trav\u00e9s los cuales se \u201crechazaron\u201d  los libelos demandatorios de las mentadas acciones populares.  <\/span><\/p>\n

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2. Se negar\u00e1 el auxilio por la desatenci\u00f3n del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el querellante no utiliz\u00f3 los instrumentos a su alcance para atacar las providencias ahora reprochadas. En efecto, aun cuando los \u201crechazo[s] de la[s] demanda[s]\u201d por no haberse subsanado conforme lo orden\u00f3 el juez instructor, eran susceptibles de impugnar mediante el recurso de reposici\u00f3n procedente a voces de lo establecido en el art\u00edculo 361 de la Ley 472 de 1998, herramienta de la cual el interesado no hizo uso2, e id\u00f3nea, conforme lo ha se\u00f1alado esta Sala al exponer:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso.  <\/span><\/p>\n

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En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sobre la solicitud dirigida a que se emita un listado de las acciones populares promovidas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga \u201c(\u2026) donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (\u2026)\u201d, se advierte que adem\u00e1s de responder tal apreciaci\u00f3n a la opini\u00f3n del tutelante, \u00e9ste puede efectuar dicho pedimento directamente ante las oficinas judiciales correspondientes, o en su defecto, consultar tal informaci\u00f3n en el portal web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), pues como bien se sabe, las demandas que ingresan a los juzgados se encuentran radicadas en el sistema de Gesti\u00f3n Siglo XXI.  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, en cuanto a la reclamaci\u00f3n relativa a requerir a la Corte Constitucional y al Ministerio P\u00fablico para que se pronuncien sobre la legalidad de los rechazos de los libelos incoados por el gestor en los casos fustigados,  se le pone de presente al interesado que esa pretensi\u00f3n desborda los l\u00edmites de este mecanismo extraordinario, el cual est\u00e1 previsto, concretamente, para establecer la vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas fundamentales y adoptar las determinaciones del caso, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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7. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 \u201cRecursos de Reposici\u00f3n. Contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recursos de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.\u201d    <\/span><\/p>\n

2 Las diligencias arrimadas en medio magn\u00e9tico, dan cuenta que los autos que ordenaron los rechazos de las demandas, fueron notificados por estado, sin que el accionante haya interpuesto recursos en el t\u00e9rmino de ejecutoria.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.      <\/span><\/p>\n

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