{"id":99117,"date":"2026-06-25T17:56:18","date_gmt":"2026-06-25T17:56:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1225-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:18","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:18","slug":"stc1225-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1225-2017\/","title":{"rendered":"STC1225-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1225-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02031-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de noviembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Luc\u00eda Ospina R\u00edos contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la citada Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva del litigio laboral a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, al m\u00ednimo vital, al debido proceso y a la seguridad social, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al no dado respuesta a lo solicitado ante sus dependencias el 16 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, ordenar a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00eda Protecci\u00f3n S.A., de manera provisional, \u00abque empiece a pagar[l]e [sus] mesadas pensionales como lo estipularon las sentencias de primera y segunda instancia, para evitar un da\u00f1o irremediable, mientras la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral se pronuncia de fondo\u00bb (fl. 29, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en lo esencial, que el citado fondo de pensiones fue condenado en ambas instancias por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali  y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, \u00aba pagar[le] (\u2026) la Pensi\u00f3n de Sobreviviente, en condici\u00f3n de ascendiente sup\u00e9rstite del se\u00f1or JULIAN GARCIA OSPINA, a partir de Mayo 14 de 2006, en cuant\u00eda equivalente a $408.000\u00bb, as\u00ed como \u00abun retroactivo de $22.906.300.oo\u00bb, dentro del litigio referido en l\u00edneas precedentes; no obstante, dicha entidad formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia, el cual despu\u00e9s de haber sido concedido por el aludido Tribunal, fue admitido por la Sala de Casaci\u00f3n accionada el 20 de octubre de 2010.   <\/span><\/p>\n

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Expresa que debido a que su proceso lleva 6 a\u00f1os sin ser resuelto por la mentada autoridad, elev\u00f3 una petici\u00f3n al Magistrado que tiene a su cargo el asunto, a fin que se le d\u00e9 resoluci\u00f3n inmediata al mismo; sin embargo, asevera, la secretar\u00eda de esa Corporaci\u00f3n fue quien le respondi\u00f3 su solicitud, \u00abdonde en otras palabras sencillamente [l]e dice que deb[e] seguir esperando hasta que se dignen revisar el asunto\u00bb, sin importarle, dice, \u00abel perjuicio que le est\u00e1n causando\u00bb, as\u00ed como sus \u00abproblemas\u00bb de salud y su precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica, pues subsiste \u00abde la caridad de [su] se\u00f1ora madre\u00bb, situaci\u00f3n que, afirma, le vulnera las prerrogativas superiores invocadas (fls. 1 a 30, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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a.   La representante legal judicial de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00eda Protecci\u00f3n S.A., se opuso al \u00e9xito del reclamo, tras manifestar que \u00abla presente acci\u00f3n no ser\u00eda el mecanismo id\u00f3neo para buscar la tutela jur\u00eddica del derecho pretendido, omitiendo [adem\u00e1s] el cumplimiento del principio de inmediatez\u00bb (fls. 63 a 67, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b.   La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, a trav\u00e9s del Magistrado a quien le correspondi\u00f3 conocer del juicio laboral referenciado, solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo rogado, con sustento en que a la peticionaria se le brind\u00f3 respuesta a su petici\u00f3n, en el sentido de informarle que \u00abexiste un orden y prelaci\u00f3n de turnos\u00bb los cuales se deben respetar, por lo que ahora no puede pretender, a trav\u00e9s de esta v\u00eda, \u00abalterar el orden dispuesto por el juez de acuerdo a la ley, para resolver los procesos\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abno acredita ninguna circunstancia excepcional que amerite una variaci\u00f3n en el turno que le corresponde a [su] proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo advirti\u00f3, que el litigio que origina la presente queja constitucional, \u00abse encuentra en turno para decidir\u00bb (fls. 72 a 74, cdno. 1.).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, luego de rese\u00f1ar los motivos aducidos por su hom\u00f3loga en lo laboral frente a la mora judicial alegada, neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar que \u00abla Sala accionada acredit\u00f3 la imposibilidad cierta de decidir el asunto sometido a su consideraci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos de ley o, por lo menos, en un plazo prudente con fundamento en una justificaci\u00f3n igualmente razonable\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abla parte actora cuenta con otros medios de defensa judicial como es la Vigilancia Judicial Administrativa o la figura jur\u00eddica de la recusaci\u00f3n, a las que puede acudir si considera que injustificadamente el funcionario judicial se ha demorado en la soluci\u00f3n del asunto puesto a su consideraci\u00f3n, mecanismos procesales que tornan inviable el ampro propuesto\u00bb, sumado a que \u00abel requerimiento fue resuelto de fondo y se absolvieron los planteamientos expuestos por la accionante\u00bb (fls. 86 a 100, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La actora se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, esgrimiendo, de manera puntual, que \u00ab[l]e parece injusto que se siga protegiendo los intereses particulares de [la AFP demandada], y le sigan dando pie para que dilate cada vez m\u00e1s el cumplimiento de los fallos de primera y segunda instancia que [l]e favorecen\u00bb (fls. 104 a 107, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.    <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, n\u00f3tese, que no obstante lo anterior, la Corporaci\u00f3n acusada le brind\u00f3 una respuesta concreta a la petente acerca de la posibilidad de dar resoluci\u00f3n al recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto en el marco del litigio laboral al que se ha venido haciendo alusi\u00f3n, explic\u00e1ndole las razones de hecho y de derecho por las cuales no se ha evacuado el asunto (fl. 33, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora, como se tiene dicho que la mora judicial tiene lugar cuando la actuaci\u00f3n del juzgador desconoce los plazos legales y carece de un motivo probado y razonable para excusar su tardanza, evento en el que se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, en el sub examine, como qued\u00f3 visto, el Magistrado que conoce del mentado asunto justific\u00f3 la tardanza en la resoluci\u00f3n del mentado recurso extraordinario, en el hecho de la grave congesti\u00f3n por la que atraviesa dicha Corporaci\u00f3n, situaci\u00f3n que es ampliamente conocida por el pa\u00eds, al punto que el Congreso de la Rep\u00fablica expidi\u00f3 la Ley Estatutaria 1781 de 20 de mayo de 2016, \u201cPOR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ART\u00cdCULOS 15 Y 16 DE LA LEY 270 DE 1996, ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u201d, para hacerle frente a la misma, creando cuatro (4) Salas de Descongesti\u00f3n transitorias, las cuales se espera entren a funcionar el presente a\u00f1o.    <\/span><\/p>\n

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Por ello, cabe recordar, sobre este particular, lo que ha indicado la Corte en anteriores oportunidades, al se\u00f1alar que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC, 19 sep. 2008, Rad. 01138-00, citada recientemente en STC1992-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.   Corolario de lo discurrido en precedencia, como delanteramente se dijo, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 \u201cPor medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petici\u00f3n y se sustituye un t\u00edtulo del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.\u201d    <\/span><\/p>\n

2 CSJ STC 20 y 31 mar. 2000, Rad. 4822 y 4867 respectivamente, reiterada en CSJ STC, 29 ag. 2013, Rad. 00117-01, STC11114-2014 y STC725-2016.      <\/span><\/p>\n

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