{"id":99118,"date":"2026-06-25T17:56:31","date_gmt":"2026-06-25T17:56:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1227-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:31","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:31","slug":"stc1227-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1227-2017\/","title":{"rendered":"STC1227-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1227-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02126-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de  6 de diciembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jorge Eli\u00e9cer Plazas Acevedo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las decisiones proferidas dentro de la causa judicial seguida en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, en concreto, \u00abreponer el tr\u00e1mite del art\u00edculo 400 de la ley 600 de 2000\u00bb (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que dentro de las diligencias seguidas en su contra se declar\u00f3 la ruptura de la unidad procesal frente a los otros procesados, junto con la nulidad de lo actuado \u00abinclusive, de la audiencia preparatoria\u00bb, y, de que su apoderado puso de presente, antes de practicarse nuevamente la citada diligencia, \u00abla comprobada existencia de irregularidades sustanciales\u00bb desde el momento en que se decret\u00f3 el cierre de la investigaci\u00f3n, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta capital deneg\u00f3 la nulidad invocada, tras considerar que la oportunidad \u00abprecluy\u00f3 y que tampoco [las anomal\u00edas alegadas] comporta[ban] (\u2026) trascendencia o lesividad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra esta determinaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, impidi\u00e9ndole solicitar las pruebas a que hubiera lugar, conforme las previsiones de la Ley 600 de 2000, esto es, antes de la audiencia preparatoria, circunstancia que, afirma, vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 1 a 20, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Fiscal 30 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, precis\u00f3, en suma, que no ha lesionado prerrogativa alguna del interesado, pues \u00e9ste  <\/span><\/p>\n

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\u00absiempre estuvo asistido de defensor de oficio, desde el momento de su vinculaci\u00f3n  y hasta antes de la audiencia preparatoria. Adem\u00e1s vale advertir que (\u2026) ten\u00eda conocimiento que contra \u00e9l se adelantaban tambi\u00e9n este proceso y otros dos m\u00e1s, toda vez que al iniciarse el proceso del secuestro y homicidio de BENJAMIN KOUDARI, tambi\u00e9n exist\u00edan ya los procesos por el secuestro de WILSON QUIROGA MART\u00cdNEZ, LUIS OCHOA CASTRO Y ENID ORT\u00cdZ DE OCHOA, as\u00ed como el de MARTHA CECILIA VEL\u00c1SQUEZ, los cuales estaban unificados al primero, pero luego se hizo ruptura de la unidad procesal del caso (\u2026) KOUDARI y se adelantaron en cuerdas separadas\u00bb (fls. 93 y 94, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b).        El Magistrado Sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y, el titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta capital, en escritos separados, luego de memorar las actuaciones que han conocido con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n penal aludida, coincidieron en precisar, que contrario al dicho del inconforme, \u00e9ste s\u00ed estuvo representado por defensor de oficio hasta la pr\u00e1ctica de la audiencia preliminar, y s\u00f3lo fue en dicha actuaci\u00f3n en la que careci\u00f3 de defensa, lo que origin\u00f3 la declaratoria de nulidad de la citada diligencia; que el mentado profesional del derecho antes de la realizaci\u00f3n de la mentada actuaci\u00f3n, prescindi\u00f3 de solicitar nulidades y las pruebas de que trata el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000 (fls. 97 y 98, 100 a 106, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, neg\u00f3 el amparo incoado, tras advertir que como quiera que la acci\u00f3n judicial endilgada a\u00fan no ha culminado, \u00abes indispensable que el accionante exponga todas las razones por las cuales est\u00e1 inconforme con las determinaciones adoptadas por las autoridades accionadas dentro de las etapas procesales respectivas, para que sea all\u00ed donde dicho debate se desarrolle y se subsanen los presunto errores cometidos\u00bb (fls. 125 a 129, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela (fls. 150 a 153, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme a lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo extraordinario establecido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

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De la misma forma, se ha se\u00f1alado que esta acci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un proceder arbitrario, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las prerrogativas fundamentales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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1. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, se observa que la censura est\u00e1 encaminada, en los fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 24 de octubre de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se dispuso, entre otras, \u00abCONFIRMAR\u00bb el auto dictado en la audiencia el 2 de mayo anterior, por medio del cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, deneg\u00f3 la nulidad deprecada dentro de la causa penal que se sigue en contra del se\u00f1or Jorge Eli\u00e9cer Plazas Acevedo por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado (fls. 57 a 78, Cit.), pues en sentir del sindicado (aqu\u00ed interesado), no se tuvo en cuenta que la acci\u00f3n penal ces\u00f3 por el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, raz\u00f3n por la que, entonces, no hab\u00eda lugar al restablecimiento de los derechos de la denunciante ni a modificar las actas de asamblea del claustro universitario del cual fung\u00eda como representante legal.     <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, una vez examinada la decisi\u00f3n atacada, se advierte que el amparo constitucional invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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3.1.        En efecto, la citada Colegiatura para decidir de la manera como lo hizo, en punto de ratificar la decisi\u00f3n de primer grado que deneg\u00f3 la nulidad deprecada, de cara a la presunta ilegalidad de la vinculaci\u00f3n del procesado, luego de memorar senda jurisprudencia constitucional y del \u00f3rgano de cierre en lo penal, puntualiz\u00f3 sobre la materia, que era posible adelantar la controversia con ausencia de aquel, en cuanto \u00aba) no fue posible su localizaci\u00f3n, no obstante haberse agotado los medios disponibles para lograrlo; y (\u2026) b) que habiendo sido informado, ha asumido una actitud de rebeld\u00eda frente a los llamados de la justicia, margin\u00e1ndose voluntariamente de la posibilidad de comparecer a rendir indagatoria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.2.         Ahora, y como quiera que el aqu\u00ed accionante aleg\u00f3 que no pudo ejercer su defensa material en la investigaci\u00f3n y en los inicios de la fase de juicio (solicitud de pr\u00e1ctica de pruebas y notificaci\u00f3n personal de providencias), la aludida autoridad precis\u00f3, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abello no obedeci\u00f3 a una violaci\u00f3n de dicha garant\u00eda, sino que lo fue porque se sustrajo a la comparecencia al proceso, al fugarse del lugar donde cumpl\u00eda la detenci\u00f3n decretada en otro asunto.  <\/span><\/p>\n

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Esta fue la raz\u00f3n (\u2026), por la cual y al tenor del art\u00edculo 78 de la Ley 600 de 2000, de ning\u00fan modo era imperativa la notificaci\u00f3n personal a PLAZAS ACEVEDO de las resoluciones proferidas en la fase de investigaci\u00f3n, en lo espec\u00edfico, por cuanto no se encontraba privado de la libertad. Adversamente, bien pod\u00edan cumplirse, conforme lo fueron con fundamento en el art\u00edculo 179 ib\u00eddem, por estado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.3.        Finalmente, y en cuanto refiere a la alegada falta de asistencia t\u00e9cnica deprecada por el inconforme, la Colegiatura convocada destac\u00f3, que \u00abuna inactividad de la defensa t\u00e9cnica en el \u00e1mbito probatorio, indicativa del abandono de la gesti\u00f3n confiada, se excluye al advertir, que resulta compatible con las posibilidades que el caso concreto ofrec\u00eda. Esto \u00faltimo, con ocasi\u00f3n de la vinculaci\u00f3n del sindicado mediante [la] declaratoria de persona ausente por haber eludido la acci\u00f3n de la justicia, por raz\u00f3n de lo cual, los defensores de entonces no dispon\u00edan siquiera de la versi\u00f3n de aqu\u00e9l sobre los hechos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo destac\u00f3, que el profesional del derecho designado al accionante, \u00abcompareci\u00f3 a tomar posesi\u00f3n del cargo (\u2026). De igual modo, se notific\u00f3 en forma personal de las decisiones proferidas en el curso de la instrucci\u00f3n, en concreto, de la resoluci\u00f3n de clausura de la misma (\u2026), como tambi\u00e9n, de la acusaci\u00f3n, como lo exige el art\u00edculo 396 de la Ley 600 de 2000\u00bb; lo que permiti\u00f3 concluir, entonces, que \u00aben realidad la garant\u00eda de la defensa t\u00e9cnica result\u00f3 conculcada en el especifico estado afirmado en la primera instancia\u00bb, es decir, \u00abcuando luego de agotado el traslado contemplado en el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000 ante la decisi\u00f3n del funcionario de conocimiento de relevar al entonces defensor de oficio por no haber comparecido a la audiencia preparatoria, a diferencia de los otros acusados no hizo respecto a PLAZAS ACEVEDO la provisi\u00f3n del profesional del derecho que deb\u00eda representarlo\u00bb, lo que a la postre condujo a la ruptura procesal y la declaratoria de nulidad de la citada audiencia, lo que no permit\u00eda \u00abextender la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite a un estadio anterior\u00bb, tal y como lo replica el actor (fls. 57 a 78, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 de que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo, es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que le desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios penales, m\u00e1xime cuando, en efecto, es claro que el actor s\u00ed estuvo representado por un profesional del derecho en la etapa procesal de los traslados de que trata el art\u00edculo 401 de la Ley 600 de 2000, lo que de contera hace infructuosa la conclusi\u00f3n de una posible lesi\u00f3n a sus prerrogativas superiores.   <\/span><\/p>\n

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5.    En este sentido se ha dicho de manera uniforme y repetida, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso.  De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto  configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC2044-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1227-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02126-01      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de  6 de diciembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99118","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99118"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99118\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}