{"id":99119,"date":"2026-06-25T17:56:34","date_gmt":"2026-06-25T17:56:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1229-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:34","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:34","slug":"stc1229-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1229-2017\/","title":{"rendered":"STC1229-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1229-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01952-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 3 de noviembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Eduardo Enrique Jos\u00e9 Garc\u00eda Muentes contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la citada Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la \u00abvida digna\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral que instaur\u00f3 en contra del extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013ISS, hoy Administradora de Pensiones \u2013Colpensiones.    <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, \u00abdejar sin efecto las decisiones judiciales que no han accedido a [sus] pretensiones y ordenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que proceda a reliquidar [su] pensi\u00f3n de vejez de acuerdo con el r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pedimentos, aduce en s\u00edntesis, que pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, acredit\u00f3 que el 1\u00ba de mayo de 1995 se traslad\u00f3 al r\u00e9gimen de ahorro individual, pero el 27 de marzo de 2001 regres\u00f3 al sistema de prima media en el Instituto de Seguros Sociales, y, que al \u00abmomento de expedirse la Ley 100 de 1993 contaba con 48 a\u00f1os de edad y (\u2026) 761.4286 semanas\u00bb de cotizaci\u00f3n, luego entonces, asegura, le era aplicable la transici\u00f3n estipulada en el art\u00edculo 36 de la citada norma, la mentada Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de esta ciudad confirm\u00f3 \u00edntegramente el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral de la misma ciudad, que result\u00f3 adverso a sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, pues, dice, tampoco le era aplicable el art\u00edculo 18 de la Ley 797 de 2003, la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corporaci\u00f3n dispuso no casar el fallo de segundo grado, desconociendo que retorn\u00f3 al ISS antes de la entrada en vigencia de la citada norma, y la edad que ten\u00eda para el momento en que se promulg\u00f3 la Ley 100 de 1993, lo que asegura, vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 1 a 5, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Magistrado Sustanciador de la Sala Especializada de lo Laboral de esta Colegiatura, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna al interesado, pues la decisi\u00f3n que censura se apoy\u00f3 en la  <\/span><\/p>\n

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\u00abjurisprudencia sobre la p\u00e9rdida del r\u00e9gimen de transici\u00f3n para quienes, siendo beneficiarios, se trasladaron al r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, as\u00ed decidan cambiarse luego al de prima media con prestaci\u00f3n definida, pues en esos eventos la persona tendr\u00e1 derecho a que se le apliquen los beneficios de la transici\u00f3n si cumple con dos condiciones: la primera, que se devuelva al sistema de prima media con prestaci\u00f3n definida; y, la segunda, que al haber entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, el 1\u00ba de abril de 1994, hubiere tenido 15 o m\u00e1s a\u00f1os de servicios cotizados en el r\u00e9gimen de prima media (\u2026), sin consideraci\u00f3n a la edad\u00bb (fls. 73 y 74, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, tras considerar que en la decisi\u00f3n acusada la autoridad convocada expuso con suficiencia las razones por las cuales no hab\u00eda lugar a casar la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal convocado, ello destacando la aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial CSJSL-1166-16 del 16 de febrero de 2016, radicado No. 60150 (fls. 75 a 88, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 95 y 96, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada contra el prove\u00eddo dictado el 1\u00ba de junio de 2016, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por medio del cual se dispuso \u00abNO CASA[R]\u00bb la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, calendada 30 de junio de 2011, y que resolvi\u00f3 \u00abconfirmar en su integridad\u00bb el fallo de 30 de noviembre de 2010, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad dispuso negar las pretensiones formuladas por el se\u00f1or Eduardo Enrique Jos\u00e9 Garc\u00eda Muentes (aqu\u00ed interesado), en el marco del proceso ordinario que \u00e9ste promovi\u00f3 contra el extinto Instituto de Seguros Sociales, pues en su criterio, se desconocieron las normas que le eran aplicables y daban cuenta que s\u00ed era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en la ley 100 de 1993 (fls. 13 a 62, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, establecido lo anterior, es del caso se\u00f1alar, que examinada tal determinaci\u00f3n con el l\u00edmite propio del juez constitucional, carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de una hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, y que por tanto, no puede calificarse de antojadiza o caprichosa, lo que impide cualquier intromisi\u00f3n respecto de la misma por parte del Juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, la Colegiatura convocada para decidir de la manera como lo hizo, se itera, en punto de no casar el fallo que caus\u00f3 la inconformidad del aqu\u00ed accionante, luego de memorar el precedente jurisprudencial CSJSL, 17 abr.2008, rad 33287 que fue reiterado y ampliado en la CSJSL-1166 de 16 feb. 2016, rad. 60150, precis\u00f3 en lo fundamental, que el ad quem  <\/span><\/p>\n

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\u00abno incurri\u00f3 (\u2026) en los dilates jur\u00eddicos que le atribuye la censura, pues al compartir los supuestos f\u00e1cticos establecidos en la sentencia, en cuanto que si bien el actor al 1\u00ba de abril de 1994 contaba con 48 a\u00f1os de edad, para esa misma data ten\u00eda un poco m\u00e1s de 14 a\u00f1os de servicios o cotizaciones, resulta di\u00e1fano que el traslado de r\u00e9gimen afect\u00f3 sus expectativas de pensionarse al amparo del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues la \u00fanica posibilidad de mantener los beneficios de \u00e9ste, era contar con 15 o m\u00e1s a\u00f1os de servicios o cotizaciones a la fecha en menci\u00f3n, lo que no ocurri\u00f3 en el caso del demandante\u00bb (fls. 52 a 62, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, examinadas tales motivaciones con el l\u00edmite de la acci\u00f3n de tutela, al margen de que esta Corporaci\u00f3n las comparta \u00edntegramente o no, se concluye que ellas no pueden tildarse de desbordadas o irrazonables, lo cual impide su cuestionamiento en esta Sede, pues la diferencia de criterio que expone el demandante constitucional no permite, por s\u00ed solo, predicar el quebranto de los derechos cuya protecci\u00f3n invoca, pues en la decisi\u00f3n que censura se observaron no solo las normas, sino adem\u00e1s la jurisprudencia que le era aplicable al caso concreto; de all\u00ed que la determinaci\u00f3n impartida no se ofrezca absurda o contraria al ordenamiento que el legislador dispuso para ello.  <\/span><\/p>\n

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5.  T\u00e9ngase presente, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si,  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otra en STC1532-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (ver entre otras STC737-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n constitucional criticada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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