{"id":99120,"date":"2026-06-25T17:56:37","date_gmt":"2026-06-25T17:56:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1230-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:37","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:37","slug":"stc1230-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1230-2017\/","title":{"rendered":"STC1230-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1230-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01067-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 5 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de amparo, acumuladas, promovidas por Andr\u00e9s Felipe Morales contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la \u00abdebida\u00bb administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al rechazar las acciones populares que promovi\u00f3 contra Audifarma S.A. de la ciudad Pereira, por los hechos acaecidos en \u00abla calle 127 No. 20-78 piso 2 y en la Avenida Suba No. 145-85 Int. Salud Total\u00bb, de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de ello, solicita entonces, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abDAR tr\u00e1mite a [su] ACCI\u00d3N POPULAR, CONCEDIENDO AMPARO DE POBRE\u00bb (fls.  1, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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Indica que aunque interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra esas determinaciones, la aludida autoridad judicial mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, y deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada, circunstancias que, afirma, desconoce los precedentes jurisprudenciales sobre la materia y vulnera las prerrogativas superiores invocadas (\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a.        La Procuradora Regional de Risaralda indic\u00f3, que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el Juez (\u2026), sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego\u00bb (fl. 8, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b.        El mandatario judicial del citado municipio, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, tras indicar que no tuvo injerencia alguna en las decisiones de que se duele el actor (fls. 10 y 11, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c.        El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir copia de las decisiones censuradas (fl. 20, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por incumplir con el requisito de procedibilidad de la inmediatez, pues \u00ablas providencias mediante las cuales se rechazaron las acciones populares (\u2026) referidas fueron proferidas por el juzgado accionado el 31 de marzo de 2016 y las que definieron la reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n frente a las mismas el 12 de abril de la misma anualidad\u00bb, mientras que el acto radic\u00f3 la tutela el \u00abd\u00eda 18 de noviembre\u00bb siguiente (fls. 32 a 39, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, sin exponer los motivos de su inconformidad (fl. 41, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto, la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra los prove\u00eddos proferidos el 12 de abril de 2016, a trav\u00e9s de los cuales el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira resolvi\u00f3, entre otras, \u00abNO REPONER\u00bb los autos 31 de marzo anterior, a trav\u00e9s de los cuales hab\u00eda dispuesto \u00abRechazar de plano\u00bb las acci\u00f3n populares que Andr\u00e9s Felipe Morales promovi\u00f3 contra las sucursales de Audifarma S.A. ubicadas \u00aben la Avenida Suba No. 145-85\u00bb y \u00abcalle 127 No. 2078 piso 2\u00bb, en la ciudad de Bogot\u00e1 D. C. (fls. 21 a 24, Cit.),  pues en sentir del \u00e9ste, se desconoci\u00f3 que en virtud del art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, \u00e9l pod\u00eda escoger a prevenci\u00f3n el Despacho Judicial que conociera de las controversias.  <\/span><\/p>\n

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  3.         Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, por incumplir con el presupuesto de la inmediatez, las providencias que hoy se censuran, se itera, datan 12 de abril de 2016 (fls. 22 y 24, \u00edd.), mientras que las acciones de tutela fueron presentadas s\u00f3lo hasta el 18 de noviembre de 2016 (fls. 2 y 4, \u00eddem), lo que evidencia que transcurri\u00f3 con largueza un t\u00e9rmino superior a seis (6) meses, el cual es estimado como razonable por esta Corporaci\u00f3n para intentar la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, como quiera que transcurrieron m\u00e1s de 7 meses sin que el interesado solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dichas decisiones, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3  oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en STC506-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Conforme a lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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