{"id":99121,"date":"2026-06-25T17:56:39","date_gmt":"2026-06-25T17:56:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1231-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:39","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:39","slug":"stc1231-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1231-2017\/","title":{"rendered":"STC1231-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1231-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02773-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Crysthel Castiblanco Agudelo contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, la Registradur\u00eda Distrital del Estado Civil y la Secretaria General de la Registradur\u00eda Nacional.   <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las entidades accionadas, al sancionarla por no presentarse a ejercer sus funciones como jurado de votaci\u00f3n en las elecci\u00f3n de Presidente y Vicepresidente de la Rep\u00fablica realizadas el 25 de mayo de 2014 (primera vuelta), y el 15 de junio siguiente (segunda vuelta), en la ciudad de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Pide, entonces, concretamente, que se declare que en su nombre \u00abno debe figurar ning\u00fan tipo de cobro coactivo que aumente m\u00e1s el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra\u00bb, toda vez que no fue debidamente notificada del acto administrativo a trav\u00e9s del cual fue designada como jurados de votaci\u00f3n para las mentadas elecciones (fls. 6 y 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, expone en compendio, que mediante las Resoluciones No. 147 y 148 del 7 de marzo de 2016, fue sancionada por inasistir como jurado de votaci\u00f3n a las jornadas electorales referidas en l\u00edneas anteriores; empero, alega, ello respondi\u00f3 a la falta de notificaci\u00f3n del acto administrativo en virtud del cual fue designada para ejercer tales funciones, omisi\u00f3n que, asegura, implica la configuraci\u00f3n de sendas \u00abv\u00edas de hecho y de derecho\u00bb, por lo que acude a este mecanismo excepcional a fin de que se salvaguarden sus prerrogativas fundamentales, pues no puede ella \u00absufragar el pago del yerro jur\u00eddico [en que] ha incurrido un funcionario [del Estado]\u00bb (fls. 1 a 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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       a. Jaime Hernando Su\u00e1rez Bayona y Andr\u00e9s Forero Linares, Registradores Distritales del Estado Civil, despu\u00e9s de pronunciarse respecto a los argumentos en que se sustent\u00f3 el escrito de tutela, y de hacer un recuento de la normativa aplicable al caso en estudio, manifestaron que \u00abla Registradora Distrital del Estado Civil, a trav\u00e9s de diferentes actuaciones administrativas, ha actuado con apego a lo ordenado en el C\u00f3digo Electoral Colombiano y en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respetando en todas sus formas el principio de publicidad, el debido proceso y el derecho de defensa y contradicci\u00f3n del accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En ese orden de ideas resaltaron, que \u00abel cargo de jurado de votaci\u00f3n es de forzosa aceptaci\u00f3n, y la notificaci\u00f3n de tales nombramientos se entender\u00e1 surtida por una sola publicaci\u00f3n o fijaci\u00f3n en lugar p\u00fablico de la lista respectiva\u00bb, tal y como ocurri\u00f3 respecto a la se\u00f1ora Crysthel Castiblanco Agudelo, pues se encuentra demostrado que la Resoluci\u00f3n en virtud de la cual \u00e9sta fue designada para ejercer tales funciones, \u00abfue fijada en la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 D.C., Palacio Li\u00e9vano \u2013 Plaza de Bol\u00edvar, a partir del d\u00eda veintiocho (28) de abril de 2014 y hasta el d\u00eda diecis\u00e9is (16) de junio del mismo a\u00f1o\u00bb, a m\u00e1s que la entidad, \u00absin tener la obligaci\u00f3n legal para ello, con el fin de garantizar una mayor difusi\u00f3n del acto administrativo, estableci\u00f3 otros mecanismos accesorios tales como: La publicaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n de nombramiento en la p\u00e1gina de internet de la Registradora Nacional del Estado Civil www.registraduria.gov.co y la publicaci\u00f3n de un link en esta misma p\u00e1gina de internet, en el cual los ciudadanos pudieron [realizar la respectiva] consulta\u00bb; raz\u00f3n por la cual \u00abno resulta de recibo la exculpaci\u00f3n de la accionante al argumentar que al notificaci\u00f3n de su nombramiento nunca se realiz\u00f3\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Finalmente manifestaron, que \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada como una jurisdicci\u00f3n paralela que desplaza las instancias de la v\u00eda gubernativa, o para crear una instancia adicional de revisi\u00f3n de actos en la misma, ni menos a\u00fan desplaza las acciones que pueden ejercerse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo u otras instancias\u00bb, por lo que, tras verificar que las Resoluciones atacadas en virtud de las cuales result\u00f3 sancionada la inconforme, se encuentran \u00e9stas debidamente ejecutoriadas, lo que torna improcedente la protecci\u00f3n deprecada (fls. 123 a 139, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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       b.  Por su parte, la apoderada judicial del Consejo Nacional Electoral, tras referirse a los hechos puestos de presente por la accionante en la demanda inicial, record\u00f3 que no es funci\u00f3n de la entidad que representa \u00abrealizar las notificaciones a los jurados de votaci\u00f3n\u00bb, por lo que existe falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y, en consecuencia, aduce, se debe declarar desacertado el amparo (fls. 182- 186, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir que la se\u00f1ora Crysthel Castiblanco censura una decisi\u00f3n de la Registradur\u00eda Distrital del Estado Civil, traducida \u00e9sta en un acto administrativo revestido de presunci\u00f3n de legalidad, \u00ablo que hace improcedente la petici\u00f3n tutelar, pues si [aqu\u00e9lla] considera que la determinaci\u00f3n que all\u00ed se adopt\u00f3 es descartada y que, [por el contrario], no hay lugar a imponerle sanci\u00f3n alguna, adem\u00e1s de los recursos que proced\u00edan frente a la misma entidad y de los cuales no hizo uso oportuno, tiene a su haber las acciones correspondientes ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, las cuales constituyen el medio ordinario de defensa previsto por el legislador para cuestionamientos como los que aqu\u00ed se formulan, y que por su naturaleza resultan id\u00f3neos y eficaz para la protecci\u00f3n del derecho reclamado, pues all\u00ed podr\u00e1 cuestionarlos, debatirlos y allegar todas las pruebas que estime pertinentes y conducentes para respaldar su pretensi\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado estim\u00f3, que de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 105 del C\u00f3digo Electoral, \u00abel cargo de jurado de votaci\u00f3n es de forzosa aceptaci\u00f3n y la notificaci\u00f3n del acto correspondiente se entiende surtida por la sola publicaci\u00f3n o fijaci\u00f3n en lugar p\u00fablico de la lista respectiva\u00bb, por lo que la comunicaci\u00f3n impartida en el presente caso no es \u00abarbitrari[a] ni caprichos[a]\u00bb, y, en este sentido, \u00abno resulta viable predicar vulneraci\u00f3n al derecho al debido proceso de la actora\u00bb (fls. 228 a 233, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo, a m\u00e1s de resaltar, que no resulta l\u00f3gico que a un ciudadano se le aplique un acto administrativo cuando el mismo, dice, fue adelantado a sus espaldas, pues con ello se vulnera su debido proceso, raz\u00f3n por la que, insiste, \u00abmientras no se surta o realice materialmente [tal] notificaci\u00f3n, la decisi\u00f3n administrativa respectiva carece de efectos jur\u00eddicos respecto del administrado, o sea, es ineficaz (fls. 264 a 274, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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3.   Bajo esta perspectiva, de entrada se anuncia que el fallo confutado habr\u00e1 de mantenerse, pues del examen de las pruebas adosadas al expediente, se advierte, como bien lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, que la se\u00f1ora Crysthel Castiblanco Agudelo, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de ejercer los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra los actos administrativos que por esta v\u00eda cuestiona, los cuales eran procedentes de acuerdo a lo consagrado en el art\u00edculo 109 del C\u00f3digo Electoral \u2013Decreto 2241 de 1986, escenario a trav\u00e9s del cual debi\u00f3 ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de obtener con \u00e9xito lo pretendido a trav\u00e9s de esta senda, al haber desaprovechado los mecanismos que estaban a su disposici\u00f3n para controvertir las aludidas actuaciones, las cuales, se itera, hoy estima lesivas de su derecho fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada recientemente en STC7161-2015; STC14062-2015 y STC612-2016)  <\/span><\/p>\n

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4.        Aunado a lo anterior, se advierte el fracaso de lo pretendido al tenor de lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que para cuestionar la legalidad de los actos atr\u00e1s rese\u00f1ados, la accionante tiene o tuvo a su alcance la posibilidad de promover la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, escenario en el cual podr\u00e1 explicar las razones por las cuales los considera contrarios al ordenamiento jur\u00eddico, e incluso, solicitar el decreto de la medida cautelar que estim\u00e9 necesaria, seg\u00fan lo disponen los art\u00edculos 229 y 230 de la Ley 1437 de 20111.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha considerado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]n principio las controversias en torno de la legalidad de los \u2018Actos Legislativos\u2019 y \u2018actos administrativos\u2019, como lo son, ya los preparatorios ora los de ejecuci\u00f3n (\u2026), deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, sin que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo especial de protecci\u00f3n de las garant\u00edas inherentes a las personas, lo cual desnaturaliza la s\u00faplica tutelar que, en modo alguno, puede servir de medio para ventilar disconformidades que no se han puesto previamente en conocimiento de los acusados, habida cuenta de su car\u00e1cter subsidiario\u00bb (ver entre otras, en STC5357-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Ahora bien, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece, que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aqu\u00e9lla se formule para evitar un perjuicio irremediable; sin embargo, en el sub examine la accionante no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el presente reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio. Sobre el tema la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01).  <\/span><\/p>\n

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6.        Por \u00faltimo, cabe precisar que no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a establecer la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso por indebida notificaci\u00f3n, pues tal y como lo dispone el art\u00edculo 105 del C\u00f3digo Electoral \u2013Decreto 2241 de 1986, \u00abel cargo de jurado de votaci\u00f3n es de forzosa aceptaci\u00f3n, y la notificaci\u00f3n de tales nombramientos se entender\u00e1 surtida por la sola publicaci\u00f3n o fijaci\u00f3n en lugar p\u00fablico de la lista respectiva, que har\u00e1 el Registrador del Estado Civil o su delegado diez (10) d\u00edas calendario antes de la votaci\u00f3n\u00bb (Subrayas fuera de texto), tal y como ocurri\u00f3 en el caso que ahora se estudia, toda vez que en \u00e9ste la Resoluci\u00f3n No. 405 del 21 de abril de 2014, \u00abpor la cual se nombran los Jurados de Votaci\u00f3n en el municipio de Bogota D.C, para las elecciones de presidente y vicepresidente de la rep\u00fablica, que se realizar[on] el d\u00eda 25 de mayo de 2014 \u2013Primera vuelta, y el 15 de junio [siguiente] \u2013Eventual segunda vuelta\u00bb, fue fijada en \u00abla Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 D.C., Palacio Li\u00e9vano \u2013 Plaza de Bol\u00edvar, a partir del d\u00eda veintiocho (28) de abril de 2014 y hasta el diecis\u00e9is (16) de junio del mismo a\u00f1o, surti\u00e9ndose su notificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el art\u00edculo [en cita]\u00bb, informaci\u00f3n que, de conformidad con el informe rendido por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, pod\u00eda ser consultada tambi\u00e9n en la p\u00e1gina web de la entidad, esto es,  www.registraduria,gov.co (fl. 128, Op. Cit.).   <\/span><\/p>\n

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7.        De este modo, las razones consignadas se estiman suficientes para mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1231-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02773-01      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99121\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}