{"id":99122,"date":"2026-06-25T17:56:42","date_gmt":"2026-06-25T17:56:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1232-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:42","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:42","slug":"stc1232-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1232-2017\/","title":{"rendered":"STC1232-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1232-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2016-00423-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 29 de noviembre de 2016, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por \u00c1lvaro de Jes\u00fas Vel\u00e1squez Osorio contra los Juzgados Primero y Sexto de Familia de Oralidad de la misma ciudad y la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Amaga, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, a la seguridad social y a la \u00abdignidad\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas, con ocasi\u00f3n de la sentencia del 28 de noviembre de 2003, en virtud de la cual se decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, dentro del proceso ordinario de mutuo acuerdo por \u00e9l promovido junto con Rosa Gilma Muriel Muriel.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se declare la nulidad de todo lo actuado en el litigio a que se ha hecho referencia, espec\u00edficamente, de la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Medell\u00edn el 28 de noviembre de 2003, y, en consecuencia, que se ordene a la Notar\u00eda \u00danica del Circulo de Amaga, \u00abanular la anotaci\u00f3n que reposa en el folio No. 974398 del 5 de abril de 1991\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reparo, aduce en s\u00edntesis, que el 5 de enero de 1981, contrajo matrimonio con la referida se\u00f1ora Rosa Gilma, fallecida el 31 de octubre de 2004, y a quien la hoy liquidada Cajanal, le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez mediante Resoluci\u00f3n No. 024947 del 9 de diciembre de 1997, raz\u00f3n por la cual, y con soporte en su convivencia continua e ininterrumpida con aqu\u00e9lla, inici\u00f3 los tr\u00e1mites pertinentes para reclamar ante Colpensiones el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a que considera tiene derecho; sin embargo, advierte, cuando solicit\u00f3 el registro de matrimonio requerido para tal fin, evidenci\u00f3 que \u00abmediante sentencia del 28 de noviembre de 2003, el Juzgado Primero de Familia de Medell\u00edn hab\u00eda decretado la cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico, [y, en consecuencia, hab\u00eda] ordenado a la Notaria \u00danica de (\u2026) Amaga, realizar la [respectiva] anotaci\u00f3n en el folio No 974398 del 5 de abril de 1991\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que nunca fue enterado de tal determinaci\u00f3n, pues \u00aben vida [su] c\u00f3nyuge jam\u00e1s [le] manifest[\u00f3 su] intenci\u00f3n de (…) separar[se]\u00bb, por lo que se dirigi\u00f3 al Despacho de conocimiento, en donde, tras revisar el expediente contentivo del referido asunto, constat\u00f3 que el mismo hab\u00eda sido adelantado de \u00abmutuo acuerdo\u00bb por los c\u00f3nyuges, ello con la representaci\u00f3n de la abogada \u00c1ngela Chavarriaga Muriel, hija de la difunta, quien se fundament\u00f3 en un poder por \u00e9l supuestamente otorgado para los efectos, situaci\u00f3n que lo impuls\u00f3 a presentar denuncia penal en contra de \u00e9sta por la presunta comisi\u00f3n del delito de \u00abfraude procesal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aun cuando en el marco de tal investigaci\u00f3n se demostr\u00f3 la falsedad de las firmas que figuraban en el poder mencionado, en \u00e9sta \u00abse configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n y por lo tanto se declar\u00f3 extinguida la acci\u00f3n penal\u00bb; empero, con sustento en lo all\u00ed evidenciado, reclam\u00f3 nuevamente la pensi\u00f3n de sobrevivientes anteriormente referida, siendo la misma denegada a trav\u00e9s de Resoluciones \u00abRDP046286 del 9 de noviembre de 2015\u00bb y \u00ab001885 del 22 de enero de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que el 19 de abril de 2016, solicit\u00f3 a trav\u00e9s de incidente ante el Juzgado Primero de Familia de Medell\u00edn, la nulidad de la referida sentencia, lo que le denegado mediante providencia del 31 de mayo siguiente, con el argumento que la misma \u00abya se encontraba ejecutoriada y deb\u00eda acudir a otras v\u00edas legales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Tras ese relato afirma, nos encontramos frente a un \u00aberror inducido\u00bb, toda vez que dicha autoridad jurisdiccional fue \u00abv\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de la abogada que present\u00f3 la acci\u00f3n judicial, como se dej\u00f3 claro en la investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, lo que admite la procedencia de este mecanismo excepcional, m\u00e1xime si tiene en cuenta que la determinaci\u00f3n criticada no pudo ser por \u00e9l cuestionada a trav\u00e9s de los recursos de ley que resultaban procedentes (fls. 1 a 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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a.  El Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, se limit\u00f3 a remitir el expediente contentivo del proceso de divorcio cuestionado (fl. 51, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.  Por su parte, el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de la misma ciudad, advirti\u00f3 que no cuenta con elementos de juicio para aportar al presente tr\u00e1mite constitucional, pues su actuaci\u00f3n \u00abse limit\u00f3 a la realizaci\u00f3n de la presentaci\u00f3n personal del poder otorgado por el se\u00f1or Vel\u00e1squez Osorio por parte del Secretario, de lo cual no t[iene] ning\u00fan registro\u00bb (fl. 52, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c.   Luis Fernando Restrepo en su calidad de curador ad litem, y representando los intereses de los herederos indeterminados de la se\u00f1ora Rosa Gilma Muriel Muriel, resalt\u00f3 que aun cuando de los hechos narrados por el accionante se advierten \u00abprotuberantes fallas en la administraci\u00f3n de justicia que implicar\u00edan la violaci\u00f3n al debido proceso y al m\u00ednimo vital\u00bb, lo cierto es que la sentencia criticada data del 28 de noviembre de 2003, y como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, \u00abla acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales se debe invocar en un t\u00e9rmino no superior a seis meses\u00bb a partir del momento en que la misma es proferida (fl. 57, cdno. 1)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por ausencia del presupuesto de subsidiariedad, tras advertir que \u00abfrente a la decisi\u00f3n emitida el 16 de mayo de 2016, por medio de la cual el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de la [misma] ciudad neg\u00f3 la declaratoria de nulidad del proceso, el accionante no formul\u00f3 los medios impugnativos, empero dicho prove\u00eddo ser susceptible de recurso de apelaci\u00f3n conforme ense\u00f1a el art\u00edculo 321 numeral 6\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; en ese orden de ideas, record\u00f3 que \u00ablos medios y recursos ordinarios siguen siendo principales, y a ellos deben recurrir las personas para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos, [pues] la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo subsidiario frente a los dem\u00e1s modos de defensa y su objetivo no es desplazarlos, sino que se convierte en el \u00faltimo recurso para obtener la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, estim\u00f3 que la solicitud tampoco cumple con el requisito de la inmediatez, \u00abhabida consideraci\u00f3n de que la resoluci\u00f3n mediante la cual la Fiscal\u00eda Tercera Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn, declar\u00f3 extinguida la acci\u00f3n penal por encontrar prescrita la misma, y, consecuencialmente, decret\u00f3 la preclusi\u00f3n en favor de la se\u00f1ora Chavarriaga Muriel, le fue notificada al actor el 15 de noviembre de 2012, y aunque es l\u00f3gico que [\u00e9]ste estuviera a la espera de la decisi\u00f3n en la investigaci\u00f3n penal, no menos cierto es que desde esa fecha a la de la presentaci\u00f3n de la (\u2026) tutela (17 de noviembre de 2016) ha transcurrido un periodo de cuatro a\u00f1o\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas afirm\u00f3, que \u00abdicho lapso no es proporcionado, ni razonable, y solamente revela la falta de diligencia del accionante para promover las acciones legales que en su momento ten\u00eda contra la sentencia que decreto la cesaci\u00f3n de los efectos civiles, por divorcio, de matrimonio religioso (\u2026), m\u00e1xime si se tiene en consideraci\u00f3n que pudo haber promovido recurso extraordinario de revisi\u00f3n con fundamento en la causal 6 del art\u00edculo 380 del C. de P. Civil\u00bb (fls. 91 a 97, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el accionante, aduciendo, en suma, los mismos argumentos en que sustent\u00f3 el escrito de tutela, a m\u00e1s de agregar, que \u00abno [le] falt[\u00f3] diligencia en las acciones presentadas, sino que por el contrario existi\u00f3 una negligencia y una falta de asesor\u00eda por parte del Estado\u00bb, pues la prescripci\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal por \u00e9l promovida en contra de la se\u00f1ora \u00c1ngela Yaneth Chavarriaga Muriel, se configur\u00f3 en raz\u00f3n a la \u00ablentitud de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Seccional Antioquia\u00bb, quien, asegura, \u00abdej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente resalt\u00f3, que el Juez Constitucional de primera instancia no valor\u00f3 las diligencias por \u00e9l adelantadas a fin de controvertir la determinaci\u00f3n de que se duele, toda vez que \u00abdesde el a\u00f1o 2004, fecha en que [s]e enter\u00f3 de la sentencia judicial, hasta la actualidad, h[a] realizado todas las actuaciones pertinentes para buscar la nulidad\u00bb de la misma; en este sentido resalt\u00f3, que \u00abel Tribunal se limit\u00f3 a realizar un an\u00e1lisis objetivo sobre los a\u00f1os transcurridos entre el archivo de la investigaci\u00f3n penal y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, desconociendo la solicitud realizada ante Colpensiones, la presentaci\u00f3n de los recursos legales ante dicha entidad y la [petici\u00f3n] de nulidad\u00bb (fls. 86 a 89, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso sometido a examen, el accionante pretende que se declare la nulidad de la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2003 por el Juzgado Primero de Familia de Medell\u00edn, a trav\u00e9s de la cual se decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico de los se\u00f1ores \u00c1lvaro de Jes\u00fas Vel\u00e1squez Osorio (aqu\u00ed accionante) y Rosa Gilma Muriel, hoy difunta; toda vez que, alega, tal determinaci\u00f3n respondi\u00f3 a un \u00aberror inducido\u00bb, pues la firma por \u00e9l plasmada en el poder conferido para adelantar dicho tr\u00e1mite fue \u00abfalsificada\u00bb por la abogada \u00c1ngela Yaneth Chavarriaga Muriel, contra quien impuls\u00f3 acci\u00f3n penal, la que fue archivada por prescripci\u00f3n, supuesto que, en su sentir, le ha impedido acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes a que considera tiene derecho, pues por aparecer la anotaci\u00f3n de divorcio en el folio del registro civil de matrimonio, la misma no le ha sido reconocida por Colpensiones.  <\/span><\/p>\n

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1. Bajo esta perspectiva, de entrada se anuncia que el fallo confutado habr\u00e1 de mantenerse, pues del examen de las pruebas adosadas al expediente se encuentra, como bien lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, que el se\u00f1or Vel\u00e1squez Osorio en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de ejercer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n bajo el amparo de la causal 6\u00aa del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en ese entonces vigente, seg\u00fan la cual ese medio procede por \u00abhaber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicio al recurrente\u00bb, eso s\u00ed, siempre y cuando se interponga \u00abdentro de los dos a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia\u00bb, tal y como lo exige el art\u00edculo 381 siguiente ejusdem; as\u00ed pues, se advierte que para la fecha en que el accionante dice haber tenido conocimiento de la determinaci\u00f3n proferida por el Juzgado Primero de Familia de Medell\u00edn el 28 de noviembre de 2003, esto es, el a\u00f1o 2004, dicho mecanismo de defensa resultaba todav\u00eda procedente, y pese a ello no lo utiliz\u00f3 en procura de obtener sus intereses, lo que cierra toda posibilidad de acudir con \u00e9xito al amparo para obtener lo reclamado.    <\/span><\/p>\n

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4.   Aunado a lo anterior, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, encuentra la Sala que el interesado, con los mismos argumentos y las mismas s\u00faplicas aqu\u00ed tra\u00eddas, promovi\u00f3 incidente de nulidad con el fin de atacar el fallo de instancia referido en l\u00edneas anteriores, el cual, mediante providencia de 31 de mayo de 2016, fue resuelto de manera adversa a sus intereses, determinaci\u00f3n en contra de la cual dej\u00f3 de ejercer los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que resultaban procedentes, ello de acuerdo a lo consagrado en los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso, desaprovechado as\u00ed los mecanismos que estaban a su disposici\u00f3n para controvertir la actuaci\u00f3n que hoy tambi\u00e9n estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada recientemente en STC7161-2015; STC14062-2015 y STC612-2016)  <\/span><\/p>\n

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5.    Ahora bien, respecto a la resoluci\u00f3n en virtud de la cual la Fiscal\u00eda Tercera de la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn, resolvi\u00f3 declarar extinguida la acci\u00f3n penal en el proceso que por el delito de fraude procesal adelant\u00f3 el se\u00f1or Vel\u00e1squez Osorio en contra de la profesional del derecho \u00c1ngela Yaneth Chavarriaga Muriel, advierte la Sala que no se satisface el requisito de la inmediatez propio de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque dicha determinaci\u00f3n le fue notificada al actor el 15 de noviembre de 2012 (fl. 370, cdno. copias actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda), la presente demanda constitucional s\u00f3lo se radic\u00f3 hasta el 17 de noviembre de 2016, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del amparo.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se elev\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo de tiempo significativo (aproximadamente (4) a\u00f1os), sin que el actor solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados con dicha decisi\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve la inactividad del inconforme y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan la cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con el indicado requisito, ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, que cuando la presunta vulneraci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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\u00abno guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparad[a], en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 19 jun. 2015, rad. 01070-01, reiterada en CSJ STC, 16 jul. 2015, rad. 01437-00, reiterado en STC506-2016).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda rem\u00edtase al Despacho de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1232-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2016-00423-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99122"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99122\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}