{"id":99124,"date":"2026-06-25T17:56:48","date_gmt":"2026-06-25T17:56:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1235-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:56:48","modified_gmt":"2026-06-25T17:56:48","slug":"stc1235-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1235-2017\/","title":{"rendered":"STC1235-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1235-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b073001-22-13-000-2016-00569-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 28 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Argenis Oviedo contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal, ambos de El Espinal -Tolima, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de los procesos a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades accionadas, al i) ordenar la diligencia de entrega del bien inmueble del que, seg\u00fan sus dichos, ostenta la calidad de poseedora, en el marco del proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer adelantado por Aquileo Medina contra Didima Zamora; y, ii) negar la medida cautelar que solicit\u00f3 en tr\u00e1mite del proceso de pertenencia que instaur\u00f3 contra el mentado ejecutante, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se ordene la suspensi\u00f3n definitiva de la orden de entrega dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal, hasta tanto no se resuelva sobre la medida cautelar \u00abinnominada\u00bb, que solicit\u00f3 ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de la mentada urbe, en tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de usucapi\u00f3n tambi\u00e9n mencionada (fl. 7 y 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que en desarrollo del proceso coercitivo aludido, al se\u00f1or Aquileo Medina le fue adjudicado, en remate, el apartamento ubicado en \u00abla calle 10 No. 5 \u2013 78 de Espinal \u2013 Tolima\u00bb, hecho por el cual, a su favor, se orden\u00f3 la entrega criticada, la que se inici\u00f3 desde el 12 de junio de 2012, momento en el cual, y por no contar con la asesor\u00eda de un profesional del derecho, dice, dej\u00f3 de proponer la respectiva oposici\u00f3n, la cual intent\u00f3 sin \u00e9xito con posterioridad a trav\u00e9s de tr\u00e1mite incidental, pues fue rechazada por extempor\u00e1nea, de conformidad a lo normado en el precepto 338 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, desconociendo con ello, asegura, los derechos que le asisten en calidad de poseedora del inmueble objeto de tal diligencia.  <\/span><\/p>\n

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Indica que con el fin de hacer valer dicha condici\u00f3n, instaur\u00f3 en contra del se\u00f1or Aquileo Medina demanda de pertenencia, la cual fue admitida el 16 de mayo de 2016, tr\u00e1mite en el que adem\u00e1s solicit\u00f3, como medida cautelar, la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega antes referida, de conformidad a lo normado en el precepto 590 del C\u00f3digo General del Proceso, encontr\u00e1ndose pendiente por resolver el recurso de alzada que impetr\u00f3 en contra del auto de 19 de septiembre de 2016, que deneg\u00f3 tal pedimento.  <\/span><\/p>\n

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Relata finalmente que puestas de ese modo las cosas, hasta tanto no se decida acerca de tal cautela, no puede culminarse la pluricitada entrega; no obstante, el juzgado comisionado la program\u00f3 para el d\u00eda 22 de ese mismo mes y a\u00f1o, vulner\u00e1ndose, con ello, dice, las prerrogativas ius fundamentales invocadas (fls. 1 a 8, ejusdem)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        La Juez Primero Civil del Circuito de El Espinal, solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo inquirido, tras manifestar que la decisi\u00f3n de la que se duele la quejosa fue \u00abdebidamente argumentada, motivada y en concordancia con otros pronunciamientos de la H. Corte Suprema de Justicia (\u2026) carente de v\u00edas de hecho o de cualquier acto lesivo a los intereses de las partes\u00bb (fls. 60 y 61, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda deprecada, como quiera que  <\/span><\/p>\n

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\u00abtras el escrutinio de rigor, aparece que el despacho judicial accionado, en todas sus determinaciones ha realizado un estudio pertinente y ha concluido que lo pretendido por la opositora no resulta procedente, haciendo una valoraci\u00f3n legal adecuada a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta. Adem\u00e1s no existen los m\u00e9ritos procesales suficientes para suspender la diligencia de entrega, que ya ha sido denegada en otras oportunidades, tales como cuando solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, y formul\u00f3 oposici\u00f3n a la entrega, esta \u00faltima denegada por extempor\u00e1nea, y que no se ha realizado, dadas las solicitudes presentadas por ella, y la acci\u00f3n de tutela que ante la Corte Suprema de Justicia present\u00f3, oportunidad en la que de igual forma se le neg\u00f3 lo que all\u00ed pretendi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, las decisiones que se han adoptado al interior del proceso de pertenencia por parte del Juzgado Cuarto Civil Municipal del (sic) espinal, tampoco se atisban irregulares, pues, ante ese despacho judicial se solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble objeto del proceso de pertenencia ordenada dentro del proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer, en auto del 19 de septiembre de 20165 consider\u00f3 ileg\u00edtimo acceder a dicho decreto, tras considerar que \u201cla ilegitimidad de la medida cautelar pedida, que por tal ha de negarse, se configura cuando ella tipifica una clara excepci\u00f3n de m\u00e9rito que era objeto de discusi\u00f3n al interior del proceso adelantado por el circuito judicial, que o bien no mereci\u00f3 reparo alguno por parte del demandante, al hoy ordenarse la entrega del inmueble, o ya fue decidida la tem\u00e1tica respectiva en su contra, por consiguiente convierte a la actual petici\u00f3n, en petici\u00f3n extempor\u00e1nea o inclusive dilatoria, para la cual no ha de prestarse la funci\u00f3n que ha de cumplir la medida cautelar innominada\u201d. Y, en el recurso de reposici\u00f3n, reiter\u00f3 que no se puede acceder a la medida cautelar, en tanto que \u201cexiste un mecanismo efectivo para cobijar la protecci\u00f3n del derecho que tiene la se\u00f1ora Argenis Oviedo como poseedora del bien objeto de la litis, el cual es la oposici\u00f3n a la entrega (\u2026) es de anotar que al impedir la diligencia ordenada en el juzgado del circuito de esta localidad, se estar\u00eda cercenando los derechos que tiene el interesado en la entrega del inmueble haciendo entonces ilegitima la medida preventiva, por el contrario, la oposici\u00f3n al desalojo, permite que las partes aporten los elementos de juicio que ayuden a definir el \u00e9xito o el fracaso definitivo de la misma\u201d. Con todo, el recurso de apelaci\u00f3n actualmente se encuentra cursando en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, que a la fecha actual a\u00fan no se ha decidido, y dada dicha circunstancia, no se podr\u00eda predicar que se encuentre reunido el requisito de la subsidiariedad\u00bb (fls. 101 a 105, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la accionante, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito inicial (fls. 120 a 127, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.         La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, frente a i) la orden de entrega encomendada al Juzgado Primero Civil Municipal de El Espinal, por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma urbe, al interior del proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer promovido por Aquileo Medina Arteaga contra Didima Zamora; y frente a ii) la negativa del Juzgado Cuarto Civil Municipal tambi\u00e9n de esa vecindad, en lo que tiene que ver con la medida cautelar deprecada por la accionante en tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de usucapi\u00f3n que instaur\u00f3 frente al citado ejecutante, pues en sentir de \u00e9sta, las autoridades judiciales citadas han desconocido la calidad de poseedora que detenta desde hace ya varios a\u00f1os respecto del predio objeto de la referida entrega.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin embargo, examinados los soportes adosados y los informes presentados por las autoridades convocadas, se advierte que la protecci\u00f3n constitucional reclamada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual, tal y como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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4.1.        Ciertamente, en lo relativo a la diligencia de entrega de la que se queja la petente, y que fue ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal en el marco del proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer antes descrito, se advierte que ni una vez abierta tal diligencia, ni dentro de los 20 d\u00edas siguientes a la misma, teniendo en cuenta que la aqu\u00ed tutelante no estuvo asistida, en principio, por mandatario judicial, \u00e9sta se opuso a su pr\u00e1ctica, de conformidad a lo normado en el precepto 338 del Estatuto Procesal Civil, de donde se desprende, entonces, que la quejosa desaprovech\u00f3 la oportunidad con que contaba para su proposici\u00f3n en tiempo, con el fin de dilucidar la condici\u00f3n que dice ostentar respecto del apartamento objeto de tal pr\u00e1ctica judicial.  <\/span><\/p>\n

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Advi\u00e9rtase acerca de lo anterior, que pese a que la mentada diligencia se inici\u00f3 el 15 de junio de 2012, no ha podido materializarse la entrega del bien al interesado, debido a las innumerables peticiones y medios de impugnaci\u00f3n que en uno y otro sentido ha elevado la se\u00f1ora Oviedo, estando pendiente \u00fanicamente el desalojo de \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

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Puestas de ese modo las cosas, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, no cabe duda la improcedencia del amparo invocado, pues habiendo tenido la aqu\u00ed inconforme la posibilidad de controvertir ante el juez natural las inconformidades tra\u00eddas con el tr\u00e1mite del ep\u00edgrafe, propuso extempor\u00e1neamente la oposici\u00f3n pertinente en procura de ello, de forma que no le es dado ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se hayan agotado los medios procesales contemplados en la ley, para controvertir las determinaciones que estima lesivas de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras STC2248-2015 y STC3398-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC2248-2015 y STC3398-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no cabe duda que al estar pendiente el pronunciamiento del juez natural ad quem frente a la medida cautelar solicitada por la gestora de la salvaguarda, resulta presuroso invocar cualquier tipo de manifestaci\u00f3n al respecto, hasta tanto la tem\u00e1tica sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter accesorio que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00; reiterada entre otras en STC6097-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo anterior, se impone mantener el fallo constitucional de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC1235-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b073001-22-13-000-2016-00569-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99124","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99124\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}